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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE DURANGO. SU FACULTAD REGLAMENTARIA PREVISTA EN EL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD NO ES EXTRAORDINARIA. FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. HABILITACIÓN REGLAMENTARIA. EL ARTÍCULO 93 DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL DE DURANGO QUE LA PREVÉ EN FAVOR DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE DURANGO. SU FACULTAD REGLAMENTARIA, AL NO EXCEDER LA RESERVA DE LEY PREVISTA POR EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2006. · Registro digital (IUS): 20100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1100.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2006. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DÍAZ, MARAT PAREDES MONTIEL Y RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil seis.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Por oficio recibido el veintinueve de septiembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de Jesús Espino Barrientos, ostentándose como presidente nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

"II) Órgano legislativo y ejecutivo que emitió y promulgó las normas generales impugnadas. El órgano legislativo es la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Durango, y el Ejecutivo lo es el C. Gobernador de Durango, así como el secretario general de Gobierno del mismo Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. III) Norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado. La contenida en el Decreto 290 que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día 30 de agosto de 2006, porque ilegal e inconstitucionalmente se aprueban los artículos 93 y 207 del Código Estatal Electoral, referente a la fórmula para asignación de prerrogativas de los partidos políticos y al procedimiento de fiscalización de los mismos, en el Estado de Durango."

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que el Congreso del Estado de Durango no dio cumplimiento a lo dispuesto por los preceptos 115 y 116 de la Constitución Federal, en cuanto a que la legislación electoral debe ser suficiente y congruente y no delegar a los órganos electorales la aprobación de los reglamentos que contengan las disposiciones a cumplir por los partidos políticos.

b) Que el Congreso del Estado de Durango omitió legislar respecto del contenido del artículo 25 de la Constitución Local, delegando al órgano administrativo electoral la facultad para que reglamente lo relativo a las reglas y procedimientos sobre el financiamiento y fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, sin que previamente exista una ley en donde se establezcan las reglas y procedimientos respectivos.

c) Que el artículo 25 de la Constitución Local, en cumplimiento al mandato de los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, señala que las leyes de la materia establecerán las reglas y procedimientos a que se sujetarán el financiamiento público y privado de los partidos políticos, los límites y topes a las erogaciones de campaña, así como las sanciones por incumplimiento de las reglas aplicables. En consecuencia, la facultad de reglamentar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas es atribución exclusiva del órgano legislativo estatal, por lo que su delegación a otro órgano resulta inconstitucional.

Que son aplicables las tesis de jurisprudencia de rubros: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.", "DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO.", "DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE." y "FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCIÓN (LEY NÚM. 6 DE PLANIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE)."

d) Que el citado artículo 93, al otorgar al Consejo Estatal Electoral la facultad de aprobar el reglamento de referencia, la cual es una facultad extraordinaria por no estar prevista en la Constitución de Durango, contraviene los artículos 1o., 25, 29, 51, 55, 70, fracción II, 121, 124 y 130 de la Constitución Local.

Que, en consecuencia, tanto la aprobación de la reforma al Código Estatal Electoral realizada por el Congreso del Estado de Durango, como la orden de publicación realizada por el gobernador del Estado resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen, la que por ser de mayor grado, abarca a las demás actuaciones realizadas, como sus efectos y consecuencias.

e) Que la legislación electoral reformada resulta violatoria de garantías, porque los partidos políticos en lugar de estar sujetos a lo que dispone la Constitución del Estado de Durango, en cuanto a que gozarán de financiamiento en las formas y términos de ley, serán regulados por un reglamento, sin contar con una ley emitida por autoridad competente que previamente determine las reglas y procedimientos básicos, y sin que se haya otorgado consulta a los partidos políticos previo a su aprobación, dejándolos, en consecuencia, sin audiencia previa en la labor legislativa y en estado de indefensión.

Que sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia de rubros: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES." y "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

f) Que se priva a los partidos políticos registrados en el Estado de Durango de opinar, siendo que tienen derecho a que se les legisle conforme a su marco jurídico y a contar con un sistema legal que prevea la fiscalización del financiamiento y erogaciones de las actividades ordinarias y de campaña política, así como de las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incumplimiento.

g) Que la delegación de facultades que hace el Congreso del Estado a favor del Instituto Estatal Electoral para la emisión del "Reglamento de Fiscalización, Procedimientos y Demás Disposiciones de Carácter General que Regulen los Procedimientos, Sistemas o Normas Relativas con el Desempeño de sus Facultades", sin mediar una ley reglamentaria de los artículos 25, 26, 51, 55, 121, 124 y 130 de la Constitución Local, vulnera el principio de división de poderes consagrado por la Constitución Federal en sus artículos 49 y 116.

h) Que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo autónomo que debió estar facultado expresamente en la ley reglamentaria que emitiera el Congreso Local para la fiscalización del financiamiento público y, en ese supuesto, dentro de la órbita de atribuciones que la ley le concediera, podría emitir disposiciones reglamentarias tendentes a la realización de los objetivos que le son propios.

i) Que además, la circunstancia de que el Congreso del Estado de Durango no haya señalado las sanciones aplicables a quienes infrinjan lo relativo a la fiscalización del financiamiento, dejando esa función a la autoridad administrativa electoral estatal, atenta contra el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal.

j) Que la autoridad electoral tiene la obligación de conocer y sustanciar las irregularidades que se produzcan en relación con el proceso electoral, por lo que si durante el mismo no se cuenta con legislación expedida por el órgano competente, no se aplicarían las sanciones que prevé el artículo 116, fracción IV, inciso i), de la Norma Suprema, con lo que se dejaría de impartir justicia en forma pronta y expedita, vulnerándose lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal.

k) Que la fórmula para fijar los topes de gastos de campaña, prevista en el artículo 207 del Código Electoral, es contraria a los artículos 41 y 116 constitucional, ya que permite que el financiamiento privado supere al público.

l) Que el artículo 207, en relación con el 93, fija un excedente gravoso, ya que el financiamiento privado que podrían recibir y gastar los partidos políticos es excesivo, cantidad que el Estado de Durango no podrá cubrir como financiamiento público, lo que permite que el financiamiento privado supere al público, violentándose con ello el artículo 41 constitucional, que establece que debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado.

m) Que en el artículo 207 impugnado se fija un tope excesivo, ya que al aplicar la fórmula del tope de gastos de campaña para la elección de gobernador, un solo partido podría gastar el doble del presupuesto público autorizado para todos los partidos políticos en la última elección que fue de cuarenta y seis millones, con lo que se contraviene la disposición relativa a que el financiamiento privado debe ser menor al público.

n) Que la reforma a la legislación electoral debe invalidarse por haberse violado en su aprobación lo dispuesto en los preceptos 29 y 55 en relación con los artículos 121 y 124, todos de la Constitución del Estado.

o) Que de una interpretación armónica de los artículos 35, fracciones I y II, 36, fracciones II, IV y V, 41, 99, 115 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal se infiere que la autoridad electoral debe ser profesional en su desempeño, lo cual no puede abarcar tener facultades para aprobar reglamentos, normas y disposiciones para fiscalizar a los partidos políticos, que dejó de legislar el Congreso de la entidad, ni tampoco el otorgar un tope de gastos de campaña a los candidatos y partidos políticos que resulte excesivo respecto del financiamiento público que conforme a las disposiciones presupuestales pueda determinar el Estado de Durango, lo cual resulta contrario a los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, y 25 de la Norma Superior del Estado.

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente aduce violados. Los preceptos constitucionales que se estiman infringidos son los artículos 14, 16, 17, 115 y 116, fracción IV, incisos h) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 36/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

En proveído de dos de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango, quienes respectivamente emitieron y promulgaron la norma general impugnada, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.

QUINTO. Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. Por su parte, al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de Durango, en lo toral, manifestó:

a) Que los conceptos de invalidez hechos valer por la parte actora resultan vagos e imprecisos al no especificar por qué se violan los artículos 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81 y 122, tercer párrafo, inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trata de disposiciones que no se relacionan con la materia de la presente acción de inconstitucionalidad, ni se ven vulnerados por los artículos 93 y 207 del Código Electoral del Estado, por lo que no existe una verdadera razón y fundamento para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

b) Que al tratarse de un acción en materia electoral, esta Suprema Corte deberá circunscribirse única y exclusivamente a los conceptos de invalidez expresados por la actora, sin que sea posible suplir la queja deficiente, de conformidad con el último párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo aplicable el criterio jurisprudencial de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARA FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."

c) Que el concepto de invalidez consistente en que los artículos 93 y 207 del Código Estatal Electoral de Durango transgreden los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal y los numerales 29, 55, 121 y 124 de la Constitución Local, al delegar facultades al Consejo Estatal Electoral para que en un reglamento se establezcan y regulen las bases y procedimientos del sistema de fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, así como sus gastos de campaña, resulta carente de razón y sustento jurídico, puesto que el artículo 115 de la Constitución Federal, que determina la regulación del Municipio, tema que no tiene relación con la litis.

Que por su parte, el artículo 116, fracción IV, constitucional, establece los lineamientos y bases constitucionales que deberán observar las Constituciones Locales y leyes de los Estados en materia electoral, los cuales se encuentran cubiertos a cabalidad en las disposiciones del Código Estatal Electoral, en estricto apego a lo previsto por el artículo 25 de la Constitución de Durango, en el que se encuentran tutelados, en el ámbito local, los lineamientos que ordena el citado numeral de la Constitución Federal.

d) Que es falso que en el Código Estatal Electoral exista un vacío de reglas y procedimientos sobre el financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas, ya que al respecto dicho ordenamiento legal, en sus artículos 1o., inciso f), 53, fracción VII, 82, 83, 90, 94, 95, 96, 98, 100, 116, fracciones XVI y XVII, y 187, apartado C, establece lineamientos claramente definidos que deben observar las autoridades, instituciones y partidos políticos en esta materia.

e) Que la facultad establecida en el artículo 93 del Código Estatal Electoral de Durango, para que el Consejo Estatal Electoral expida un reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas, está referida a disposiciones de carácter complementario en las que se definan los lineamientos que habrán de seguir todos los sujetos electorales para el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia. Por tanto, resulta inconcuso que no existe vacío procedimental que implique una subrogación de facultades legislativas por parte del Consejo Estatal Electoral, ya que el propio Código Estatal Electoral establece diversas disposiciones que constituyen verdaderos lineamientos en materia de fiscalización de recursos de los partidos y agrupaciones políticas.

Que, en consecuencia, no existe contravención a los artículos 25, 29, 55, 121 y 124 de la Constitución Local.

f) Que por lo que respecta a que los partidos políticos quedan en estado de indefensión, ya que serán regulados por un reglamento sin contar con una ley emitida por autoridad competente que previamente determine las reglas y procedimientos básicos a que se sujetarán los partidos políticos, además de que dicha norma fue aprobada sin que el Congreso del Estado hubiese otorgado consulta a dichos institutos, dejándolos sin audiencia previa; con ello no se transgrede disposición alguna de carácter constitucional ni se viola ninguna garantía de audiencia, puesto que para expedir las reformas al Código Estatal Electoral, el Congreso no se encuentra obligado a oír y dar oportunidad de defensa a todas las personas que se encuentran en los supuestos de las normas jurídicas que elabore. Siendo aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: "LEYES, NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA TRATÁNDOSE DE LA EXPEDICIÓN DE."

g) Que resulta inexacta la apreciación de la parte actora en relación con la circunstancia de que los partidos políticos queden en estado de indefensión al ser regulados por un reglamento sin contar con una ley que previamente determine las reglas y procedimientos básicos en la materia, ya que de conformidad con las disposiciones del Código Estatal Electoral y con la propia Constitución Política del Estado de Durango, no existe vacío de reglas y procedimientos sobre el financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas.

h) Que en los distintos numerales del Código Estatal Electoral se establecen sanciones, así como un sistema claro y definido de medios de impugnación y, por tanto, el reglamento que expida el Instituto Estatal Electoral a través de su consejo, además de ser de carácter interno, deberá ser acorde y funcional en relación con las disposiciones legales y constitucionales.

i) Que existen otros reglamentos ya vigentes expedidos por el Instituto Estatal Electoral, que obedecen al cumplimiento de diversas disposiciones del Código Estatal Electoral y, por ende, es evidente que la parte actora se duele de un reglamento que aún no se expide, por lo que carece de fundamento para señalar que la base del mismo es inconstitucional. En razón de esto, se sostiene la validez de las normas impugnadas y la inoperancia del concepto de invalidez que se contesta.

j) Que los artículos 93 y 207 del Código Estatal Electoral de Durango no contravienen la división de poderes a nivel federal ni local, ya que tal principio no se encuentra relacionado con la litis planteada, la cual se refiere al sistema de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos.

k) Que, además, el artículo 116, fracción XXIX, del Código Estatal Electoral establece como facultad del Consejo Estatal Electoral expedir el reglamento de los organismos electorales, dentro del cual puede considerarse a la Comisión de Fiscalización, y dicho precepto no es atacado en la acción de inconstitucionalidad planteada.

l) Que es falsa la afirmación de que con la aplicación de la fórmula para el cálculo de los topes de gastos de campaña aprobada por el Poder Legislativo del Estado, en el supuesto de que el financiamiento público fuera menor al cincuenta por ciento, de manera automática el financiamiento privado sería superior, ya que no necesariamente debe alcanzarse una erogación del cien por ciento del tope establecido, sino que solamente se trata de un máximo que se puede erogar y no de un gasto obligado.

SEXTO. Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. El Poder Ejecutivo del Estado de Durango al rendir su informe precisó que el treinta de agosto de dos mil seis ordenó la impresión, publicación, circulación y comunicación del Decreto 290 que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos del Código Estatal Electoral, de conformidad con la fracción II del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el cual se publicó en el Periódico Oficial Número 18 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis, y no el día treinta como afirma el promovente.

SÉPTIMO. Opinión del Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresó que no emitiría opinión en virtud de:

a) Que parte de los conceptos de invalidez planteados no son propios de la materia electoral, sino del ámbito del derecho constitucional en general.

b) Que en relación con los topes de gastos de campaña esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido pronunciamiento en la tesis de jurisprudencia de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE ESTABLECE EL MONTO MÁXIMO PARA SU AUTOFINANCIAMIENTO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", en la que se consideró que dicho precepto constitucional no prevé porcentaje o cantidad alguna como tope máximo, ni tampoco prohíbe que las Legislaturas Locales puedan otorgar el derecho a los partidos políticos de autofinanciar sus actividades.

Que, asimismo, este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 30/2005, en relación con el tema del límite máximo de financiamiento privado en precampañas en el Estado de Colima, consideró que no es permisible hacer depender la validez constitucional de la norma impugnada de su efectiva aplicación, ya que el contenido jurídico de la misma debe analizarse con independencia del número de destinatarios que simultáneamente se coloquen en el supuesto normativo.

OCTAVO. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, al formular opinión respecto de la presente acción, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción, quien la suscribe tiene legitimación para ello y su presentación fue oportuna.

b) Que resulta infundado el concepto de invalidez aducido por el Partido Acción Nacional en el sentido de que el segundo párrafo del artículo 93 del Código Electoral de Durango vulnera lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Legislatura del Estado de Durango sí estableció en la normatividad estatal en materia electoral las normas, procedimientos y, en su caso, las sanciones correspondientes en relación a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Además, en el precepto tildado de inconstitucional solamente se encomienda al Consejo Estatal Electoral el establecimiento de las normas reglamentarias que rijan su actuación.

c) Que el promovente aduce que el artículo 93 viola lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal, sin emitir argumento tendente a demostrar tal afirmación, por lo que al tratarse de una acción de inconstitucionalidad se rige por el principio de estricto derecho, debiendo tal concepto declararse inatendible.

d) Que resulta infundado el argumento relativo a que el artículo 93 impugnado vulnera el contenido del numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el proceso de formación de leyes corresponde exclusivamente a los órganos públicos, y los poderes legislativos no están obligados a dar oportunidad de defensa a todas las personas que se encuentren en los supuestos de las normas que emitan, por lo que el Congreso del Estado de Durango no se encontraba obligado a escuchar en defensa de sus intereses a los partidos políticos antes de emitir el precepto que se tilda de inconstitucional.

e) Que el argumento del Partido Acción Nacional en el sentido de que el Congreso del Estado de Durango, al delegar sus facultades para crear normas encaminadas a la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, en favor del Consejo Estatal Electoral, viola el artículo 16 de la Constitución Federal, es infundado, ya que únicamente se otorgan atribuciones al Consejo Estatal Electoral, para emitir la normatividad reglamentaria que rija su actuación, la que deberá ceñirse a las normas generales establecidas por el Poder Legislativo.

f) Que resulta infundada la violación a los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal aducida por el Partido Acción Nacional, en virtud de que de la lectura del artículo 93 impugnado no se desprende que el Congreso del Estado de Durango haya delegado a favor del Consejo Estatal Electoral la atribución de emitir normas para que dicho órgano administrativo establezca los delitos y faltas en materia electoral, así como las sanciones que deban imponerse, sino que únicamente concede a favor de la Comisión de Fiscalización la atribución de formular y someter a la consideración del Consejo Estatal Electoral el Reglamento de Fiscalización.

Que, de igual modo, el precepto impugnado no impide la impartición de justicia, ya que el Poder Legislativo del Estado de Durango, en acatamiento al imperativo del precepto 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución Federal, emitió las disposiciones relativas a los delitos y faltas en materia electoral, así como las sanciones que podrán imponerse por su comisión, normas que serán aplicadas por la autoridad jurisdiccional correspondiente, de conformidad con el mandato del artículo 17, segundo párrafo, constitucional.

g) Que el análisis del concepto de invalidez consistente en que el artículo 207 del Código Electoral de Durango es inconstitucional por permitir que el financiamiento privado otorgado a los partidos políticos supere el monto de los recursos de carácter público, debe realizarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Norma Fundamental que rige para las entidades federativas, el cual no impone reglamentación específica respecto de los montos máximos de las aportaciones de los simpatizantes de los partidos políticos, sino que deja a discreción de los Estados la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, siendo aplicable la tesis de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE ESTABLECE EL MONTO MÁXIMO PARA SU AUTOFINANCIAMIENTO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Que resultan infundados los conceptos de invalidez hechos valer en contra del citado artículo 207, ya que de su lectura no se advierte que la Legislatura de Durango permita que prevalezca el financiamiento privado sobre el público, puesto que únicamente determina las bases que deberá tomar en cuenta el Consejo Estatal Electoral para determinar los topes a los gastos de campaña para la elección de gobernador del Estado, diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.

Que, asimismo, resulta incorrecto que el artículo 207 del Código Electoral de Durango, al autorizar que se determine un tope de campaña muy alto permitirá que los partidos políticos puedan financiar los gastos de campaña con recursos de origen fundamentalmente privado, ya que el propio Código Electoral establece límites al financiamiento privado que obtengan los partidos políticos, con lo cual se garantiza que los recursos utilizados en las actividades ordinarias, precampañas y campañas electorales sean predominantemente públicos.

Que aun cuando conforme al artículo 207 impugnado el Consejo Estatal Electoral determine un tope de campaña muy alto no podría obtenerse una cantidad mayor de recursos privados en relación con el financiamiento público, pues de acuerdo a la normatividad electoral de la entidad, el financiamiento privado está limitado al monto total de los recursos públicos que se obtengan para actividades ordinarias.

NOVENO. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pedimento del procurador general de la República, los alegatos de las partes y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea por parte del partido político promovente la posible contradicción entre una norma general de carácter electoral y la Constitución Federal.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad se computa a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.

El Decreto 290 por el que se aprueban los artículos 93 y 207 del Código Estatal Electoral, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el treinta y uno de agosto de dos mil seis, como se advierte del ejemplar que obra en autos (fojas 37 a 52), por lo que el plazo transcurrió del viernes primero al sábado treinta de septiembre de dos mil seis.

En consecuencia, toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió el viernes veintinueve de septiembre en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y seis del expediente, es evidente que su presentación fue oportuna.

TERCERO. Legitimación del promovente. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(2) los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso).

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

d) Que las normas sean de naturaleza electoral.

En el caso, el Partido Acción Nacional es un partido político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida por el secr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20100-a23fb196/consejo-estatal-electoral-de-durango-su-facultad-reglamentaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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