ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, ASÍ COMO EL 68-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL REFERIDO MUNICIPIO, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE PRESTE CAUSARÁ DERECHOS SOBRE EL PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE REALICEN LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, Palacio Legislativo, Plaza de la Patria No. 109 Oriente, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, Palacio de Gobierno, Plaza Principal s/n, Centro Histórico, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. II. Norma general cuya invalidez se reclama: El artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, publicada el 29 de diciembre de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. La parte promovente señaló como preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos infringidos el 16, 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), 124 y 133, con base en el siguiente concepto de invalidez:
"Primero. (sic) El artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 124.’ (se transcribe). ‘Artículo 133.’ (se transcribe). El numeral 16 de la Constitución Federal, establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija los alcances de sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40 en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo, in fine, del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos, todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, los cuales no son aplicables en el caso del derecho de alumbrado público. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de la Unión. Así, de la lectura integral del Periódico Oficial de la entidad de 29 de diciembre de 2005, se advierte la publicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis señalan: ‘Capítulo XIII. ‘Por derechos de alumbrado público. ‘Artículo 28.’ (se transcribe). ‘Artículo 29.’ (se transcribe). De la lectura de los artículos impugnados, se advierte que los elementos del derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tarifa: 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF, H, HM-RM. d) Tasa: 10% en razón del consumo que se genere de energía eléctrica. e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de luz, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior, tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 10% por concepto de la tasa por el consumo generado de energía eléctrica, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, en el que señaló: (se transcribe). De tal modo que si la legislatura de Aguascalientes con la emisión del numeral 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 1334 y 317, que a continuación se transcriben: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGO LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos, la garantía de legalidad, en cuanto a la fundamentación y motivación de dichos actos, se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de la atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere; y respecto a la motivación ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna. Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República, impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional ..."
TERCERO. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 16/2006, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
CUARTO. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil seis, el Ministro instructor reconoció la personalidad del promovente, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes.
Asimismo, por diverso auto de diecisiete de febrero del mismo año, el Ministro instructor ordenó dar vista al síndico del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para que formulara las manifestaciones que estimara pertinentes dentro del plazo de diez días hábiles.
QUINTO. Mediante proveído de primero de marzo de dos mil seis, se tuvo al Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, rindiendo el informe que le fue solicitado, en el cual se manifestó, básicamente, lo siguiente:
a) Quien emitió el Decreto Número 103 que contiene la norma impugnada fue la LIX Legislatura del Poder Legislativo de Aguascalientes.
b) La Constitución del Estado sólo faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo Estatal, sea el propio titular del Poder Ejecutivo Estatal quien la mande publicar, y la citada publicación solamente se da en acatamiento al sistema jurídico federal y del propio Estado.
c) El gobernador no tiene concedida facultad alguna en la aplicación de la norma cuya validez se impugna, ya que de conformidad con la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, quien tiene esa facultad es la autoridad municipal.
d) Es improcedente la controversia constitucional porque es la Ley de Hacienda Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, la ley específica que establece el derecho de alumbrado público en su artículo 68 Bis, la cual se encuentra en vigor desde el veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, por lo que los artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos que se impugnan en la acción sólo derivan de la ley señalada, ya que las Leyes de Ingresos sólo constituyen un catálogo de los recursos que obtendrá el Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente, cuya aprobación anual no permite su impugnación cada año.
SEXTO. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil seis, se tuvo al presidente y secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes con tal personalidad, rindiendo el informe solicitado en representación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en el cual, en lo toral, se señaló:
a) Que el artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, no quebranta los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que para su aprobación se observaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo previstas en la Constitución del Estado de Aguascalientes y en la Ley Orgánica del Congreso de la entidad.
b) Que por mandato del artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal y de la legislación estatal, los Municipios tienen a su cargo el servicio de alumbrado público, y para que el Municipio se encuentre en posibilidades de proporcionarlo requiere de recursos económicos indispensables, razón por la cual se aprobó la norma impugnada.
c) La prestación del servicio de alumbrado público es esencial para el Municipio aquí involucrado, pues procura seguridad y bienestar, por lo que la falta del servicio acarrearía graves daños a la sociedad.
d) Si bien es cierto que se ha venido fortaleciendo al Municipio dotándosele de atribuciones que le permitan dar solución a la problemática básica de la sociedad, también lo es que en la actualidad no se han encontrado los esquemas adecuados de financiamiento que posibiliten el cumplimiento pleno de los servicios que se le han encomendado.
SÉPTIMO. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil seis, se tuvo a la síndico municipal del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, desahogando la vista que se le dio con la demanda de acción de inconstitucionalidad, manifestando, en síntesis, lo siguiente:
a) El artículo 115 constitucional establece de manera categórica que los Municipios deben percibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, obligando a las Legislaturas de los Estados a determinar tales ingresos, siendo principio consagrado en dicho precepto constitucional el que ninguna persona física o moral puede quedar exenta del pago de tales contribuciones, principio que se contravendría de declararse la invalidez del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del 2006.
b) Es falso lo afirmado en torno a que la determinación del derecho de alumbrado público no es equitativa, pues su cobro es repartido en toda la sociedad con el criterio del consumo de energía eléctrica para que todos cooperen, pues es un servicio de carácter general que se brinda a toda la población.
c) Son infundados los conceptos de invalidez porque no se quebrantan los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, pues con el establecimiento de los derechos por el servicio de alumbrado público no se invade una facultad del Congreso de la Unión, ya que no se está imponiendo una contribución especial sobre energía eléctrica, lo cual sí resultaría inconstitucional, sino un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público.
d) Es improcedente la acción ejercida, pues la norma impugnada tiene carácter temporal y accesorio, pues los derechos por el servicio de alumbrado público están establecidos desde años atrás en el artículo 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, norma que no fue controvertida.
OCTAVO. Formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se promueve por el procurador general de la República planteando la posible contradicción entre el artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente se analizará en primer lugar la oportunidad de la acción.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, sea publicado en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la acción podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, cuyo artículo 28 se impugna, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el jueves veintinueve de diciembre de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado de la foja diecisiete a la veintitrés de autos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del viernes treinta de diciembre al sábado veintiocho de enero de dos mil seis, pudiendo presentarse la demanda hasta el lunes treinta de enero por haber sido inhábil el último día del plazo legal.
En el caso, según consta del sello que obra al reverso de la foja quince de la demanda, ésta se recibió el viernes veintisiete de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, dentro del plazo legal, por lo que es evidente que es oportuna.
TERCERO. Se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, con el carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la República (fojas dieciséis de autos).
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."
De lo previsto por dicho numeral, se desprende que el procurador general de la República podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras.
En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, expedida por el Congreso de esa entidad federativa, por lo que se trata de una ley estatal y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
En este orden de ideas, cabe mencionar que las acciones de inconstitucionalidad son juicios abstractos de contrastación de las normas jurídicas con la Constitución Federal, las cuales pueden ser planteadas únicamente por los sujetos expresamente legitimados por el artículo 105, fracción II, constitucional, supuesto en el que se encuentra incluido el procurador general de la República, quien en el presente caso comparece en ese carácter y no en representación del Congreso de la Unión ni de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual deviene infundado lo aducido por el Poder Legislativo de la entidad en ese sentido.
CUARTO. Es infundada la causal de improcedencia planteada, tanto por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes en su informe, como por la síndico municipal del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, al desahogar la vista que se le dio con la demanda de la presente acción, por encontrarse prevista la contribución que establece el artículo 28 de la Ley de Ingresos impugnada también en el artículo 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, adicionado por decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que ello no puede llevar a tener por consentido el precepto legal citado en primer término al haberse promovido la acción de inconstitucionalidad contra este nuevo acto legislativo dentro del término legal, como ha quedado analizado en el considerando segundo de la presente resolución.
El artículo 68 Bis, adicionado a la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y seis, dispone:
"Artículo 68 Bis. Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF, H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994.
"Los derechos de alumbrado público se cubrirán en un 10% del importe de energía eléctrica de los sujetos obligados al pago de este derecho, los importes que resulten serán recaudados por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, adicionando su monto en las facturas de los consumidores.
"Mensualmente la Comisión Federal de Electricidad presentará estado de cuenta de las aplicaciones al Ayuntamiento para su análisis y aprobación."
Por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2006, establecen:
"Artículo 28. Se consideran derechos de alumbrado público, los ingresos que obtenga el Municipio por el cobro a los usuarios domésticos, comerciales e industriales del servicio de energía eléctrica descrito en el artículo siguiente, propietarios o poseedores de predios en la jurisdicción del territorio municipal en la cantidad equivalente al diez por ciento del consumo que éstos generen y serán cobrados en los recibos de consumo de la Comisión Federal de Electricidad."
"Artículo 29. Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF, H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994."
Deriva de los preceptos transcritos que, efectivamente, el artículo 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, establece el derecho de alumbrado público, también previsto en el artículo 28 de la Ley de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal de 2006.
Lo anterior no puede llevar a considerar que la presente acción de inconstitucionalidad resulte por ello improcedente, pues ha sido criterio de este Tribunal Pleno que este medio de defensa constitucional procede contra cada acto legislativo, aun cuando reproduzca una disposición anterior, máxime que en el caso se trata de la Ley de Ingresos respecto de la cual este órgano colegiado ha determinado constituye un catálogo de gravámenes tributarios que condiciona la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19666-b00ee164/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-28-y-29 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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