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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, AL IMPONER AL TITULAR DE ÉSTA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR UN INFORME ANUAL SOBRE EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN AL CONGRESO DE LA UNIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, AL ESTABLECER QUE LOS SEIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES QUE CONSTITUIRÁN EL CUERPO COLEGIADO DE ESA PROCURADURÍA SERÁN DESIGNADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA O, EN SU CASO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, AL NO DAR INTERVENCIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS SEIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES QUE CONSTITUIRÁN EL CUERPO COLEGIADO DE ESA PROCURADURÍA, VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO ARTÍCULO 90, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SU DESESTIMACIÓN SI NO SE ALCANZA LA VOTACIÓN DE OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2006. · Registro digital (IUS): 20938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 1129.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de febrero de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil seis en el domicilio particular del secretario autorizado para recibirla, según se advierte de la anotación de recepción que obra al reverso de la foja treinta y dos de autos, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5o., fracción VII, 9o., párrafos primero y segundo, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil seis, en la que solicitó su invalidez, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: 1) Autoridad emisora: Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, ... y la Cámara de Senadores, ... . 2) Autoridad promulgadora: presidente de los Estados Unidos Mexicanos ..."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primero. Los artículos 9o., párrafos primero y segundo, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, conculcan los numerales 49, 89, fracción II y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Consideraciones previas. Las normas generales que se impugnan a través de la presente acción de inconstitucionalidad versan sobre la designación de los titulares de los órganos de gobierno del organismo autónomo descentralizado de la administración pública federal. Por tanto, previo a la exposición del concepto de invalidez, se estima pertinente realizar algunas consideraciones, respecto de la administración pública federal y de lo que debe entenderse por organismo público descentralizado. El autor Miguel Acosta Romero en su libro titulado ‘Teoría General del Derecho Administrativo’, señala que la administración pública es la forma en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, directa e indirectamente, a través de relaciones de jerarquía y dependencia, para lograr una unidad de acción, de dirección y de ejecución, en la actividad de la propia administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado. Para que el titular del Poder Ejecutivo pueda llevar a cabo su tarea administrativa rápida, eficaz y convenientemente, es ineludible estructurar y ordenar las diversas unidades administrativas que dependan de dicho poder, directa e indirectamente, para lograr responder lo mejor posible a las necesidades de nuestro país. En este sentido, el precepto 90 de la Constitución Federal establece: (se transcribe). Como puede apreciarse, la administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cumpliendo con el mandato de la disposición constitucional transcrita, detalla y regula la composición, estructura y funciones de ambas formas del quehacer administrativo. Dentro de la administración pública centralizada se encuentran las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por su parte, la administración pública paraestatal comprende los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, instituciones nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros, organizaciones auxiliares nacionales de crédito. La doctrina utiliza indistintamente los términos ‘paraestatal’ y ‘descentralizada’, para designar aquellos órganos auxiliares de la administración pública federal necesarios para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. La descentralización es una forma jurídica en que se organiza la administración pública, que se integra con entes públicos creados por el legislador o el Poder Ejecutivo, quienes los dotan de personalidad jurídica y patrimonios propios, y les asignan una actividad especifica del interés público. Los objetivos de un organismo descentralizado necesariamente deben estar referidos a la realización de una actividad prioritaria o estratégica, a la prestación de un servicio público o social y/o a la obtención o aplicación de recursos públicos para fines de asistencia o seguridad sociales; es decir, son ejecutores de objetivos que deben reputarse como propios del Estado o como fines públicos. Generalmente, los organismos descentralizados son instituidos para descargar a la administración central de ciertas actividades especializadas y tienen por objeto la realización de un servicio público, la explotación de bienes o recurso propiedad de la Nación, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia social o seguridad social. A través de esta forma de organizaciones y acción administrativas, que es la descentralización administrativa, se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos. La multiplicación creciente de los fines del Estado, particularmente de orden económico, justifica la adopción de esta figura jurídica para la realización de actividades estatales dirigidas a atender otros fines públicos. Respecto de la descentralización, Andrés Serra Roja señala en su libro ‘Derecho Administrativo’ que descentralizar no es independizar, sino solamente dejar o atenuar la jerarquía administrativa, conservando el poder central limitadas facultades de vigilancia y control. Asimismo, señala que la descentralización administrativa es la técnica de organización jurídica de un ente público que integra a una personalidad, a la que se le asigna una limitada competencia territorial o aquella que parcialmente administra asuntos específicos, con determinada autonomía, y sin dejar de formar parte del Estado. En este contexto, podemos considerar a un organismo descentralizado como aquellas personas jurídicas colectivas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, la prestación de un servicio público o social, o bien, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia y seguridad social. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su numeral 45, establece lo siguiente: (se transcribe). Así tenemos que los organismos descentralizados tienen características muy particulares de su génesis jurídica, entre las que se encuentran: La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano colegiado que podrá ser una Junta de Gobierno o un director general. El director general será designado por el titular del Ejecutivo Federal, o en su caso por el órgano de gobierno; la entidad paraestatal formulará sus presupuestos conforme a los lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o, en su caso, los que defina su coordinadora sectorial; la paraestatal manejará y erogará sus recursos propios, subsidios y transferencias, a través de sus órganos; habrá un órgano de vigilancia de los organismos descentralizados, integrados por un comisario público propietario y un suplente que designa la Secretaría de la Función Pública; dicha secretaría puede realizar visitas y auditorías a las entidades paraestatales, cualquiera que sea su sectorización; el Ejecutivo Federal actuará en los casos en que el órgano de gobierno, el Consejo de Administración o el director general no den cumplimiento a las obligaciones legales que les atribuya la ley para subsanar las deficiencias y omisiones, sin perjuicio de las medidas que se adopten en materia de responsabilidades. En virtud de lo anterior, aun cuando los organismos descentralizados gocen de personalidad jurídica y patrimonio propios y que, además, gocen de cierta autonomía de gestión en el desarrollo de sus funciones, no significa que su actuación esté libre o exenta del poder de control del Ejecutivo, ya que la administración pública es una sola, y se encuentra, en su totalidad, en la esfera y bajo la dirección del Poder Ejecutivo. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia número P./J. 97/2004 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XX, septiembre de 2004, página 809, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA.’ (se transcribe). En este orden de ideas, es importante señalar que la ley que se analiza prevé en su artículo 2o. que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado. Ahora bien, de conformidad con los antes señalado, la procuraduría se encuentra dentro de la administración pública federal, en su rama paraestatal y aun cuando sus relaciones con el Ejecutivo Federal son indirectas, su subordinación continúa a éste, en términos del artículo 90 de la Constitución Federal. 2. Inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Precisado lo anterior, se pasa a demostrar que los numerales 9o., párrafos primero y segundo, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, vulneran los artículos 49, 89, fracción II y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a las consideraciones lógico-jurídicas que a continuación se vierten. Los artículos constitucionales que se estiman vulnerados establecen lo siguiente: ‘Artículo 49.’ (se transcribe). ‘Artículo 89.’ (se transcribe). ‘Artículo 90.’ (se transcribe). Por su parte, los artículos que se tildan de inconstitucionales señalan: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). ‘Artículo 12.’ (se transcribe). Los preceptos legales citados prevén, por un lado, que la designación del procurador de la Defensa del Contribuyente estará a cargo del Senado de la República o de la Comisión Permanente, de entre la terna que proponga el presidente de la República y, por el otro, que los consejeros integrantes del órgano de gobierno de dicho organismo serán designados por la Cámara de Senadores o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Asimismo, que el procurador podrá ser ratificado por un nuevo periodo. Dichas disposiciones actualizan diversas violaciones a la Ley Fundamental, toda vez que son contrarias al principio de división de poderes, a la facultad de libre nombramiento del presidente de la República, así como a las bases constitucionales respecto a la organización de la administración pública paraestatal. El principio de división de poderes, consignado en el artículo 49 de la Constitución Federal, tiene como fin limitar y equilibrar el poder público, impidiendo que un poder se coloque por encima de otro o que un individuo sea el depositario de dos o más poderes. Así, en el orden constitucional mexicano se establecen las funciones de cada uno de los tres poderes de la Unión, con el fin de distribuir y controlar el ejercicio del poder público. Tratándose de la existencia de cualesquiera de los poderes previstos en la Constitución General de la República -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, debe partirse del supuesto de que cada poder cuenta con todos los elementos necesarios para subsistir y ejercer sus funciones en forma independiente, correcta y oportuna, sin que para ello necesite depender de otro poder, ya que de lo contrario este último absorbería a aquél y lo haría dependiente, lo cual redundaría en perjuicio de su quehacer público. La división de poderes no opera de manera tajante y rígida, sino que ha sido modulada con numerosas excepciones con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los Poderes Federales, excepciones que se traducen en el establecimiento de un régimen de cooperación y

oordinación entre ellos y que en muchas ocasiones funcionan como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho. El que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre los Poderes del Estado existe una colaboración y coordinación, pero no debe ser entendida al grado de arrojarse (sic) facultades que correspondan a otro poder. La colaboración entre poderes opera por dos medios principales: Exigiendo la participación de dos de los poderes para la validez de un acto. Tal es el caso del proceso legislativo (artículos 72 y 89, fracción I), aprobación de tratados (artículo 76, fracción I), ratificación de nombramientos presidenciales por el Senado (artículo 76, fracción II), salida de tropas fuera del país (artículo 76, fracción III), disposición de la Guardia Nacional fuera de sus Estados (artículo 76, fracción IV), designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (artículos 76, fracción VIII y 89, fracción XVIII) y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación (artículo 74, fracción IV). B) Otorgando a los poderes facultades que no les resulten propias. Tal es el caso de las facultades concedidas: I) al presidente para legislar (artículos 29 y 131), para reglamentar leyes (artículo 89, fracción I) o para conceder indultos (artículo 89, fracción XIV); II) facultades concedidas al Poder Legislativo para admitir nuevos Estados, formar nuevos Estados, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, declarar la guerra, conceder licencia al presidente de la República, designar a quien debe sustituirlo, en forma interina o provisional, y aceptarle la renuncia (artículo 73, fracciones I, III, XI, XII, XXVI y XXVII) para conceder amnistías (artículo 73, fracción XXII); declarar que ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que incurran en delito (artículo 74, fracción V) o erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político (artículo 76, fracción VII), y III) Al Poder Judicial, para expedir reglamentos y acuerdos generales que le competen y los acuerdos generales para la adecuada distribución de los asuntos (artículos 94 de la Constitución y 11, fracciones II, IV y XXI y 81, fracción II, de la ley orgánica del mencionado poder), nombrar, promover y cambiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al designar, adscribir y cambiar a los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito y al Consejo de la Judicatura Federal (artículo 100 constitucional). Así las cosas, para que un poder ejerza funciones propias de otro poder, es necesario que así lo designe la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o que la atribución respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensablemente para hacer efectiva la facultad propia, tal como se explica en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, de rubro y texto siguientes: ‘DIVISIÓN DE PODERES, SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’ (se transcribe). En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades que tiene el presidente de la República, las que se pueden clasificar en legislativas 89, 71 y 131, segundo párrafo, constitucional), jurisdiccionales (89, fracción XIV) y administrativas, entre las que se destacan, para efectos del presente estudio, las relativas a nombramientos, establecidas en el artículo 89, fracciones II, III, IV, V y IX de la Carta Magna. Los nombramientos atribuidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al presidente de la República pueden clasificarse en tres grupos: a) Nombramientos absolutamente libres: Entre éstos se encuentran los nombramientos que se hagan de los secretarios de despacho y demás funcionarios o empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en la Ley (artículo 89, fracción II); b) Nombramientos sujetos a ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente: El presidente de la República designa, con ratificación del Senado, al procurador general de la República (artículo 89, fracción IX); a los Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales (artículo 89, fracción III); a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y a los empleados superiores de hacienda (artículo 89, fracción IV), y c) Nombramientos que deben hacerse conforme a los dispuesto en la ley: El presidente de la República puede nombrar a los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes (artículo 89, fracción V), y a todos aquellos funcionarios que de conformidad con la legislación secundaria tengan que ser designados por el titular del Ejecutivo Federal (artículo 89, fracción II). Conforme a lo anterior, la facultad prevista en el artículo 89, fracción II, de la Constitución Federal, reconoce la facultad originaria de libre nombramiento con que cuenta el presidente de la República, la cual sólo puede ser limitada en la Constitución o en las leyes. Por lo que respecta a la limitación en la Constitución General de la República, en diversos artículos de la misma se prevé la colaboración entre poderes para el nombramiento de determinados servidores públicos: Artículo 76: i) Prevé la ratificación por parte del Senado de la República del nombramiento que haga el presidente del procurador general de la República, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de hacienda y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. ii) Dispone la designación por parte de la Cámara de Senadores de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del jefe de Gobierno del Distrito Federal (en los casos previstos en la propia Constitución). Artículo 26: Dispone la ratificación por parte de la Cámara de Senadores de la designación que haga el presidente de la República de los cinco miembros que integren el órgano de gobierno del organismo a cargo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 27: Prevé que la Cámara de Senadores designe a los Magistrados de Tribunales Agrarios, a propuesta del Ejecutivo Federal. Artículo 28: Faculta al Senado de la República para aprobar el nombramiento que haga el presidente de la República de las personas que integren el Banco Central. Artículo 99: Establece que la Cámara de Senadores elegirá a los Magistrados que integren las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 102: Prevé la designación por parte del Senado del presidente consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esa virtud, se considera que conforme al principio de división de poderes, en tanto una disposición constitucional no señale que le corresponde a otro poder realizar o intervenir en el nombramiento de servidores públicos de la Unión, dicha facultad le corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal. Fuera de los casos expresamente previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley ordinaria no puede facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión a intervenir en el nombramiento de funcionarios de un órgano de la administración pública federal, ya que las Cámaras no pueden tener más atribuciones que las expresamente señaladas en la propia Ley Suprema. En efecto, la propia Norma Fundamental (no un ordenamiento secundario) establece expresamente los casos excepcionales en los que, para el perfeccionamiento de un acto, se requiere la cooperación de cuando menos dos poderes. El anterior criterio ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es del rubro y texto siguientes: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.’ (se transcribe). Por los argumentos anteriores, se concluye que la Cámara de Senadores tiene la facultad de ratificar únicamente el nombramiento de los servidores públicos ya señalados, sin que se haga alusión a funcionarios de organismos descentralizados, o a otro servidor que se comprenda dentro de la administración pública federal. El mismo razonamiento debe ser aplicable para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sólo puede intervenir en los nombramientos que la Constitución General de la República expresamente le autoriza. Por su parte, por lo que hace a la limitación que pueda estar prevista en las leyes, cabe señalar que el hecho de que el precepto 89, fracción II, de la Constitución Federal prevea la posibilidad de que el nombramiento de determinados funcionarios se determine en la ley secundaria, es decir, otro modo para el nombramiento de funcionarios distintos a los expresamente señalados en ese precepto constitucional, no significa que el legislador federal pueda establecer en las leyes que será él quien los haga o que intervenga en los mismos, sino que la ley de que se trate pueda determinar que sea otro funcionario quien autorice el nombramiento de otros empleado de la Unión, con el fin de que el presidente de la República no tenga que intervenir de manera personal en todos los nombramientos y remociones. En adición a lo anterior, es importante señalar que la frase prevista en la fracción II del artículo 89 constitucional ‘cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo ... en las leyes’ no implica que en las leyes secundarias pueda establecerse la participación de dos poderes en el nombramiento de un funcionario. Como ya la Suprema Corte ha reconocido, la colaboración de dos poderes debe estar prevista a nivel constitucional. Cabe señalar que de una interpretación aislada de la frase en comento se podría argumentar que la Constitución Federal permite al legislador ordinario definir modos de nombramiento distintos al presidencial. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que -como lo ha señalado el Poder Judicial en múltiples ocasiones- la correcta interpretación constitucional debe hacerse de manera sistemática. Sirve de apoyo lo anterior el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la tesis aislada con número de registro 233,476, página 22, del tomo 39, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1972, cuyos rubro y texto son los siguiente: ‘CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SÍ.’ (se transcribe). En este orden de ideas, la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 89 se debe interpretar conjuntamente con lo que establece el artículo 49 constitucional, que dispone que un poder no puede tener más intervención en la esfera de otro poder que la prevista expresamente en la Constitución Federal. Si se toma en cuenta que el titular del Poder Ejecutivo Federal es el encargado de la dirección administrativa del país, es a él a quien compete elegir y designar a las personas que, por su capacidad y nivel de especialización en las diversas ramas de la administración pública, lo auxilien en dicha tarea, sin que ello implique la injerencia de otro poder. De lo contrario se incurriría, como en el caso a estudio

en una flagrante transgresión al principio de división de poderes, estatuido en el precepto 49 de la Constitución Federal. Es más, a pesar de que la fracción II del artículo 89 de la Constitución Federal faculta al presidente de la República para ‘nombrar a los demás empleados de la Unión’, el titular del Ejecutivo Federal no interviene en el nombramiento de empleados de los otros poderes, fuera de los casos expresamente previstos en la Carta Magna, como es de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 96). Tampoco se podría, por ejemplo, darle participación al presidente de la República en el nombramiento de Magistrados electorales con el pretexto de que el artículo 99 de la Constitución prevé que respecto al nombramiento de dichos Magistrados ‘La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente’, entre las que se podría especificar -bajo una lógica equivocada, como la que se utilizó en el artículo impugnado- el visto bueno o la objeción del Ejecutivo Federal. La interpretación que debe darse a la frase citada de la fracción II del artículo 89 constitucional, que a nuestro juicio es la correcta, es aquella que sostiene que la ley puede determinar que sea otro funcionario quien otorgue el nombramiento de otros empleados de la Unión, con el único fin de que el presidente de la República no tenga que intervenir de manera personal y directa en todos los nombramientos y remociones. De esta manera, se tiene que las diversas leyes facultan a los titulares de órganos estatales a efectuar el nombramiento de funcionarios que no sean de primer nivel. Asimismo, en las leyes se pueden establecer requisitos para el nombramiento de los empleados (como también lo prevé el artículo 35, fracción II, constitucional), como son los de carácter profesional o académico, pero ello no significa que se pueda llegar al extremo de facultar a las Cámaras para intervenir directamente en el nombramiento de empleados de la administración pública federal, si no lo prevé expresamente la Norma Suprema. En consecuencia, el legislador federal, al haber emitido la norma combatida en el sentido en que lo hizo, menoscaba la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal de nombrar y remover libremente a sus colaboradores y, por ende, lesiona el postulado fundamental de división de poderes. Cabe reiterar que para que exista colaboración entre dos poderes, es necesario que la misma se prevea a nivel constitucional, como ocurre en el caso de los nombramientos de empleados superiores de hacienda, Ministros y agentes diplomáticos o coroneles del Ejército. De sostener lo contrario, se llegaría al extremo de que las funciones que tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, como en el caso que nos ocupa, se vean mermadas ante las decisiones de un órgano político, como es el Senado, por lo que ante tal situación, un cuerpo colegiado técnico, como es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no puede detener sus funciones ante el rechazo de las decisiones a los nombramientos que proponga el presidente de la República. Adicionalmente, en relación a la posibilidad de que el procurador sea ratificado en su cargo, debe quedar claro que en todo caso, dicha ratificación se deberá llevar a cabo única y exclusivamente por el Ejecutivo Federal, sin que el Senado de la República pueda tener participación alguna, ya que, como se demostró, dicho órgano legislativo no puede tener más intervención en los nombramientos de servidores públicos que los que expresamente ha previsto la Ley Fundamental. Por otra parte, la facultad de libre nombramiento del Ejecutivo Federal se hace aún más patente cuando se trata del nombramiento de funcionarios que integran la administración pública, Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 90 constitucional, el presidente de la República se auxilia de la administración pública federal para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión; además, el propio artículo, en relación con las entidades paraestatales, señala que la ley orgánica definirá ‘la intervención del Ejecutivo Federal en operación’; y que las ‘leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal’, con lo que se corrobora que la Ley Fundamental dispone la intervención del Ejecutivo en la operación de las entidades paraestatales, mas no así del Poder Legislativo. La libertad que tiene el titular del Ejecutivo para la designación de sus colaboradores encuentra su justificación en el hecho de que él es responsable de la política interna y externa, así como de la buena marcha de la administración pública, por lo que resulta lógico que pueda seleccionar, sin estar sometido a ninguna limitación o intervención de otro poder, a todas aquellas personas que sean capaces de responder a las exigencias del cargo. El hecho de que otro poder intervenga en el administración pública federal implicaría, sin lugar a dudas, una invasión en la esfera de competencias que el Constituyente previno de forma exclusiva al Ejecutivo Federal. Nuestro Máximo Ordenamiento Jurídico hace referencia a lo que es la administración paraestatal. Sin embargo, la doctrina utiliza indistintamente los términos paraestatal y descentralizada, para designar a aquellos órganos auxiliares de la administración pública federal, para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. En este contexto, resulta válido adoptar la postura de circunscribir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dentro de la acción del Ejecutivo, pues se trata de un organismo descentralizado que tiene encomendada la ejecución de una ley, como lo es la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, función que compete en exclusiva al Poder Ejecutivo. Además, el organismo se encuentra bajo el control indirecto de ese poder, lo que implica que la designación de sus directivos la debe hacer el presidente de la República, para efecto de que las personas que lo integren se encuentren ligados a la administración p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20938-44291ff5/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-5o-fraccion-vii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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