COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. LA OBJECIÓN POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA O, EN SU CASO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISIONADOS DE AQUÉLLA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 26, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, VIOLA LOS ARTÍCULOS 49, 89, FRACCIÓN II Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DEBERÁ PRESENTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN UN INFORME ANUAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE ESE ÓRGANO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 37, PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EMITA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, EN LA QUE DETERMINE IMPONER COMO SANCIÓN LA DESINCORPORACIÓN O ENAJENACIÓN DE ACTIVOS, DERECHOS, PARTES SOCIALES O ACCIONES, CORRESPONDE ORDENARLA A LA AUTORIDAD JUDICIAL, VIOLA LOS ARTÍCULOS 16 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN II Y 31, PRIMER PÁRRAFO, Y FRACCIONES I, II, III Y VIII DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DEBERÁ SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de mayo de dos mil siete.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el día primero de agosto de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, señalando como autoridades emisoras y promulgadoras, y como normas cuya invalidez se reclama, a las siguientes:
"I. Autoridad emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, Distrito Federal y la Cámara de Senadores, con domicilio en Xicotécatl 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06030, México, Distrito Federal. b) Autoridad promulgadora: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de los Pinos, número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, Distrito Federal. II. Norma general cuya invalidez se reclama: artículos 24, fracción II, 26, 28, fracción II, 31 y 37 todos de la Ley Federal de Competencia Económica, publicados el veintiocho de junio de dos mil seis, en el Diario Oficial de la Federación. ..."
SEGUNDO. El procurador general de la República hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. El artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica conculca los numerales 49, 89, fracción II y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica que se tilda de inconstitucional, señala lo siguiente: ‘Artículo 26.’ (se transcribe). La disposición transcrita establece que la designación de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica estará a cargo del Poder Ejecutivo, pudiendo la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente, objetar dicho nombramiento por mayoría. Ahora bien, los funcionarios a que se hace referencia en el párrafo que antecede son integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Al efecto, cabe precisar que se denomina desconcentración administrativa a la transferencia a un órgano inferior o agente de la administración central, de una competencia exclusiva o un poder de trámite, de decisión, o de ejercicio, por los órganos superiores, disminuyendo, relativamente, la relación de jerarquía y subordinación. Las características principales de los órganos desconcentrados son: a) Se sitúan dentro de la administración pública centralizada. El órgano no se desliga de este régimen; b) La relación jerárquica no se elimina, pues al poder central se le reservan amplias facultades de mando, de decisión, de vigilancia y competencia, y c) Gozan de autonomía técnica, que es la verdadera justificación de la desconcentración. Al respecto, y en relación con la característica precisada en el inciso c), Andrés Serra Rojas, en su libro ‘Derecho Administrativo, Primer Curso’, Editorial Porrúa, página 550, explica que la autonomía técnica justifica la desconcentración administrativa del Estado debido a la complejidad que día a día va teniendo y por la diversidad de asuntos que necesitan urgente atención. Asimismo, con respecto a la desconcentración administrativa, el referido tratadista señala: ‘Es difícil mantener el principio regular y cotidiano de la jerarquía administrativa. La acumulación de asuntos, la urgencia para resolverlos, la cercanía que permite al poder central la vigilancia, es por lo que no vacila en otorgarles ciertas facultades o poderes de administración, la necesidad de traspasar poderes a órganos lejanos que no tienen una relación fácil con la administración y el mismo sentido democrático de un gobierno, que sin soltar los lazos de una institución centralizada, permite o tolera una cierta injerencia de los particulares o de los órganos que atienden las instituciones. La administración tiene que adaptarse a las exigencias del interés general. La desconcentración administrativa requiere de una cuidadosa reglamentación en las leyes orgánicas de la administración pública y, en todo caso, no debe olvidarse que desconcentrar es sólo un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus poderes de controlar, revisión y demás poderes. La administración pública debe ser flexible y fácilmente adaptable a los crecientes y complejos problemas de la vida moderna. Imaginamos una estructura rígida es anquilosar la marcha administrativa que debe ser siempre expedita, eficaz, adaptable a las circunstancias (sic) útil a los administrados, que permiten al órgano desconcentrado, resolver los asuntos de su competencia en sus lugares de origen.’. Ahora bien, de conformidad con los artículos 16, 49, 89, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actuación del legislador se debe ajustar estrictamente al marco de sus facultades pues, de lo contrario, violentaría el sistema constitucional, lesionando el principio de división de poderes y, en consecuencia, la supremacía constitucional. Los artículos constitucionales que se estiman vulnerados prevén: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). ‘Artículo 49.’ (se transcribe). ‘Artículo 89.’ fracciones I, II y III.’ (se transcribe). ‘Artículo 90.’ (se transcribe). ‘Artículo 133.’ (se transcribe). La ley combatida actualiza diversas violaciones a la Ley Fundamental, porque el legislador federal se excedió en el ámbito de sus facultades y, por consecuencia, violenta el principio de división de poderes, por lo que es menester señalar lo siguiente: El principio de división de poderes consignado en el artículo 49 de la Constitución Federal tiene como fin limitar y equilibrar el poder público, impidiendo que un poder se coloque por encima de otro o que un individuo sea el depositario de dos o más poderes. Así, en el orden constitucional mexicano se establecen las funciones de cada uno de los tres Poderes de la Unión, con el fin de distribuir y controlar el ejercicio del poder público. Tratándose de la existencia de cualquiera de los poderes previstos en la Constitución General de la República -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- debe partirse del supuesto de que cada poder cuenta con todos los elementos necesarios para subsistir y ejercer sus funciones en forma independiente, correcta y oportuna, sin que para ello necesite depender de otro poder, ya que de lo contrario este último absorbería a aquél y lo haría dependiente, lo cual redundaría en perjuicio de su quehacer público. La división de poderes no opera de manera tajante y rígida, sino que ha sido modulada con numerosas excepciones, con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los poderes federales, excepciones que se traducen en el establecimiento de un régimen de cooperación y coordinación entre ellos y que, en muchas ocasiones, funcionan como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho. El que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre los poderes del Estado existe una colaboración y coordinación, pero no debe ser entendida al grado de arrogarse facultades que correspondan a otro poder. La colaboración entre poderes opera por dos medios principales: a) Exigiendo la participación de dos de los poderes para la validez de un acto. Tal es el caso del proceso legislativo (artículos 72 y 89, fracción I), aprobación de tratados (artículo 76, fracción I), ratificación de nombramientos presidenciales por el Senado (artículo 76, fracción II), salida de tropas fuera del país (artículo 76, fracción III), disposición de la Guardia Nacional fuera de sus Estados (76, fracción IV), designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (artículos 76, fracción VIII y 89, fracción XVIII) y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación (artículo 74, fracción IV). b) Otorgando a los poderes facultades que no les resulten propias. Tal es el caso de las facultades concedidas: i) al presidente para legislar (artículos 29, 131), para reglamentar leyes (artículo 89, fracción I) o para conceder indultos (artículo 89, fracción XIV); ii) facultades concedidas al Poder Legislativo para admitir nuevos estados, formar nuevos Estados, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, declarar la guerra, al conceder licencia al presidente de la República, al designar a quién debe sustituirlo, en forma interina o provisional, y al aceptarle la renuncia (artículo 73, fracciones I, III, XI, XII, XXVI y XXVII) para conceder amnistías (artículo 73, fracción XXII); declarar que ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que incurran en delito (artículo 74, fracción V) o erigirse en jurado de sentencia para conocer del juicio político (artículo 76, fracción VII) y iii) al Poder Judicial para expedir reglamentos y acuerdos generales que le competen y los acuerdos generales para la adecuada distribución de los asuntos (artículos 11, fracciones III, IV y XXI y 81, fracción II, de la ley orgánica del mencionado poder), nombrar, promover y cambiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al designar, adscribir y cambiar a los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura (artículo 100 constitucional). Así las cosas, para que un poder ejerza funciones propias de otro poder, es necesario que así lo consigne la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o que la atribución respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, tal como se explica en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, de rubro y texto siguientes: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’ (se transcribe). En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades que tiene el presidente de la República, las que se pueden clasificar en legislativas (29, 71 y 131, segundo párrafo, constitucional), jurisdiccionales (89, fracción XIV) y administrativas, entre las que se destacan, para efectos del presente estudio, las relativas a nombramientos, establecidas en su artículo 89, fracciones II, III, IV, V y IX de la Carta Magna. Los nombramientos atribuidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al presidente de la República, pueden clasificarse en tres grupos: a) Nombramientos absolutamente libres: entre éstos se encuentran los nombramientos que se hagan de los secretarios de despacho y demás funcionarios o empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en la ley (89, fracción II); b) Nombramientos sujetos a ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente: El presidente de la República designa con ratificación del Senado al procurador general de la República (89, fracción IX); a los Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales (89, fracción III); a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y a los empleados superiores de hacienda (89, fracción IV) y c) Nombramientos que deben hacerse conforme a lo dispuesto en la ley. El presidente de la República puede nombrar a los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes (89, fracción V) y a todos aquellos funcionarios que de conformidad con la legislación secundaria tengan que ser designados por el titular del Ejecutivo Federal (89, fracción II). Ahora bien, la facultad prevista en el artículo 89, fracción II, de la Constitución Federal reconoce la facultad originaria de libre nombramiento con que cuenta el presidente de la República, la cual puede ser limitada en la Constitución o en las leyes. Por lo que respecta a la limitación en la Constitución General de la República, en diversos artículos de la misma se prevé la colaboración entre poderes para el nombramiento de determinados servidores públicos, como es el caso de los artículos 76, fracción II y 89, fracciones II, IV y IX, mediante los cuales se faculta al Senado para ratificar los nombramientos que el presidente haga de: a) Procurador general de la República; b) Agentes diplomáticos; c) Cónsules generales; d) Empleados superiores de hacienda, y e) Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. En esa virtud, se considera que conforme al principio de división de poderes, en tanto una disposición constitucional no señale que le corresponde a otro poder realizar o intervenir en el nombramiento de servidores públicos de la Unión, dicha facultad le corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal. Fuera de los casos expresamente previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley ordinaria no puede facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión a intervenir en el nombramiento de funcionarios de un órgano de la administración pública federal, ya que las Cámaras no pueden tener más atribuciones que las expresamente señaladas en la propia Ley Suprema. En efecto, la propia Norma Fundamental (no un ordenamiento secundario) establece expresamente los casos excepcionales en los que para el perfeccionamiento de un acto se requiere la cooperación de cuando menos dos poderes. El anterior criterio ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es del rubro y texto siguientes: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.’ (se transcribe). Ahora bien, la facultad de libre nombramiento del titular del Poder Ejecutivo se hace aún más patente cuando se trata del nombramiento de funcionarios que integran la administración pública. Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 90 constitucional, el presidente de la República se auxilia de la administración pública federal para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. La libertad que tiene el titular del Ejecutivo para la designación de sus colaboradores encuentra su justificación en el hecho de que él es responsable de la política interna y externa, así como de la buena marcha de la administración pública, por lo que resulta lógico que pueda seleccionar, sin estar sometido a ninguna limitación o intervención de otro poder, a todas aquellas personas que sean capaces de responder a las exigencias del cargo. El hecho de que otro poder intervenga en el nombramiento de los responsables de manejar un ámbito de la administración pública federal implicaría, sin lugar a dudas, una invasión en la esfera de competencias que el Constituyente previno de forma exclusiva al Ejecutivo Federal. Nuestro Máximo Ordenamiento jurídico hace referencia a lo que es la administración desconcentrada. Sin embargo, la doctrina encuadra a los órganos desconcentrados como parte de la administración pública centralizada, para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. En este contexto, resulta válido adoptar la postura de circunscribir a la Comisión Federal de Competencia Económica dentro del ámbito de acción del Ejecutivo, pues se trata de un órgano desconcentrado que se encuentra bajo la competencia de ese poder, lo que implica que la designación de sus directivos la debe hacer el titular del Poder Ejecutivo. Por tanto, es importante enfatizar que las actividades que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica se encuadran únicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ya que tiene por objeto coadyuvar en el control de las prácticas monopólicas y evitar la concentración de precios máximos de aquellos artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Dichas actividades no se realizan en forma coordinada ni en colaboración con otro poder. En tal virtud, no es válido que en el nombramiento de sus comisionados participe el Senado de la República, con capacidad para objetar su nombramiento, ya que en su quehacer ordinario, como ya se dijo, no hay una participación con el Poder Legislativo Federal. Por tanto, debe operar de manera lisa y llana la facultad del presidente de la República para designar libremente a sus colaboradores, porque de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes. Por los razonamientos expuestos se estima que el nombramiento de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como el de cualquier otro órgano de la administración pública federal, encuadra dentro del primer grupo de nombramientos descritos en párrafos anteriores y, por tanto, debe ser hecho de manera libre por el titular del Ejecutivo Federal. Por otra parte, se considera que fuera de los casos expresamente previstos en la Constitución General de la República, la ley ordinaria no puede facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión a intervenir en el nombramiento de funcionarios de la Unión, mucho menos tratándose de un órgano técnico de la administración pública federal como lo es la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que el Poder Legislativo no puede tener más atribuciones que las expresamente señaladas en la propia Carta Magna. En este sentido, el numeral 76 de nuestro Máximo Ordenamiento legal, establece con claridad aquellos supuestos en los que el Senado ratificará nombramientos de determinados servidores públicos, cuyo texto es el siguiente: ‘Artículo 76.’ (se transcribe). Del numeral transcrito, se concluye que la Cámara de Senadores tiene la facultad de ratificar únicamente el nombramiento del procurador general de la República, de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, sin que se haga alusión a funcionarios de órganos desconcentrados. En adición a lo anterior, es importante señalar que la frase prevista en la fracción II del artículo 89 constitucional ‘cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo... (sic) en las leyes’ no implica que en las leyes secundarias pueda establecerse la participación de dos poderes en el nombramiento de un funcionario. Como ya la Suprema Corte ha reconocido, la colaboración de dos poderes debe estar prevista a nivel constitucional. Sin embargo, de una interpretación aislada de la frase en comento, se podría argumentar que en este caso específico la Constitución Federal permitió al legislador ordinario definir modos de nombramiento distintos al presidencial. Esto es del todo incorrecto, ya que -como lo ha señalado el Poder Judicial en múltiples ocasiones- la correcta interpretación constitucional debe hacerse de manera sistemática. En el supuesto a estudio, la fracción II del artículo 89, se debe interpretar conjuntamente con lo que establece el artículo 49 constitucional, que dispone que un poder no puede tener más intervención en la esfera de otro poder que la prevista expresamente en la Ley Suprema. Se reitera debe ser la propia Constitución General de la República y no la ley ordinaria, la que faculte a las Cámaras a intervenir en el nombramiento de funcionarios de la administración pública federal. Una ley no puede facultar a las Cámaras del Congreso para que sean éstas las que nombren a los subsecretarios y directores generales de las dependencias del Poder Ejecutivo o, como en el caso que nos ocupa, a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Tampoco se podría, por ejemplo, darle participación al presidente de la República en el nombramiento de Magistrados electorales con el pretexto de que el artículo 99 de la Constitución prevé que respecto al nombramiento de dichos Magistrados ‘la ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente’, entre las que se podría especificar -bajo una lógica equivocada como la que se utilizó en el artículo impugnado- el visto bueno o la objeción del Ejecutivo Federal. La interpretación que se ha dado a la frase citada de la fracción II del artículo 89 constitucional y que, a nuestro juicio es la correcta, es aquella que sostiene que la ley puede determinar que sea otro funcionario quien otorgue el nombramiento de otros empleados de la Unión, con el único fin de que el presidente de la República no tenga que intervenir de manera personal y directa en todos los nombramientos y remociones. De esta manera se tiene que las diversas leyes facultan a los titulares de órganos estatales a efectuar el nombramiento de funcionarios que no sean de primer nivel. Asimismo, en las leyes se pueden establecer requisitos para el nombramiento de los empleados, como son los de carácter profesional o académico, pero ello no significa que se pueda llegar al extremo de facultar a las Cámaras para intervenir directamente en el nombramiento de empleados de la administración pública federal, si no lo prevé expresamente la Norma Suprema. En consecuencia, el legislador federal al haber emitido la norma combatida en el sentido en que lo hizo, se excede en el ámbito de sus atribuciones, violentando el principio de competencia constitucional, así como el de división de poderes. Asimismo, menoscaba la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal de nombrar y remover libremente a sus colaboradores y, por ende, lesiona el postulado fundamental de la supremacía constitucional. Cabe reiterar que para que exista colaboración entre dos poderes, es necesario que la misma se prevea a nivel constitucional, como es en el caso de los nombramientos de empleados superiores de hacienda, Ministros y agentes diplomáticos o coroneles del ejército. De sostener lo contrario se llegaría al extremo de que las funciones que tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, como en el caso que nos ocupa, se vean mermadas ante las decisiones de un órgano político, como es el Senado, por lo que ante tal situación, un cuerpo colegiado técnico como la Comisión Federal de Competencia Económica no puede detener sus funciones ante el rechazo de las decisiones a los nombramientos que proponga el presidente de la República. Segundo. El artículo 28, fracción III, de la Ley Federal de Competencia Económica conculca el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 28, fracción III, de la Ley Federal de Competencia Económica que se tilda de inconstitucional, señala lo siguiente: ‘Artículo 28.’ (se transcribe). De la lectura del precepto transcrito se desprende que se impone al presidente de la Comisión Federal de Competencia, titular de un órgano desconcentrado de la administración pública federal, que depende del Poder Ejecutivo, la obligación de presentar un informe anual al Congreso de la Unión, sobre el desempeño de la citada comisión, lo que conculca el numeral 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, como ya se señaló, establece el principio de la división de poderes y autonomía de los mismos. Lo anterior es así, toda vez que en virtud del principio de división de poderes, para que un poder dé un informe a otro, ello debe encontrarse establecido en la propia Carta Magna, de manera explícita o implícita, y no puede preverse en una ley ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, visible en la tesis aislada P. CLIX/2000, página 28, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre 2000, cuyos rubro y texto establecen: ‘INFORMES ENTRE PODERES. SÓLO PROCEDEN CUANDO, DE MANERA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ESTÉN CONSIGNADOS EN LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Cabe advertir que, de acuerdo al numeral 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene la obligación de presentar al Congreso de la Unión, por escrito, un informe anual del estado que guarda la administración pública federal. Por tanto, al ser la Comisión Federal de Competencia Económica un órgano desconcentrado de la administración pública federal, el informe que rinda el Ejecutivo Federal sobre su administración contendrá también toda la información relativa al desempeño de la comisión. Con ello, se satisfacen las necesidades de dar publicidad a las actividades de ese órgano y, en caso de que cualquier cuestión deba ser analizada con mayor profundidad, el Poder Legislativo podrá hacerlo durante la glosa del informe. Por lo que en el presente asunto nos encontramos ante una franca violación a la Constitución Federal, ya que en una ley ordinaria se obliga a un poder que le informe a otro sobre el desempeño de sus funciones. Luego entonces, procede que ese Alto Tribunal declare inválida la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal de Competencia Económica, por conculcar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Los artículos 24, fracción II y 31 ambos de la Ley Federal de Competencia Económica, conculcan los numerales 16 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 24, fracción II y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica que se tildan de inconstitucionales, señalan lo siguiente: ‘Artículo 24, fracción III.’ (se transcribe). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). Como se puede advertir, los numerales 24, fracción II, en relación con el 31 ambos de la ley impugnada establecen lo siguiente: La comisión deberá solicitar a la autoridad judicial competente o a la del fuero común, en su caso, la autorización para realizar visitas en el domicilio del investigado para ejercer sus atribuciones de verificación del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica; La autoridad judicial competente autorizará por escrito la realización de la visita domiciliaria expresando el objeto y necesidad, la ubicación del lugar a visitar, así como el objeto y alcance a los que deberá limitarse la diligencia; Las visitas se realizarán únicamente por el personal de la Comisión Federal de Competencia que la autoridad judicial competente determine y si en el desarrollo de la visita de verificación se requiere de un especialista en la materia de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, la autoridad judicial, a petición de la comisión, podrá emitir el oficio de encargo a los servidores públicos especialistas en la materia. A través de los numerales en comento, se subordina a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es un órgano desconcentrado de la administración pública federal, dependiente del Ejecutivo de la Unión, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones de verificación, a las decisiones del Poder Judicial. Asimismo, se autoriza una intromisión del Poder Judicial en las facultades que la Constitución ha reservado al Poder Ejecutivo. Por tanto, se contravienen los artículos 16 y 49 de la Constitución General de la República, ya que con dichas disposiciones se rompe con el principio de división de poderes y de autonomía que deben guardar entre sí los poderes de la Federación. Del análisis de las disposiciones que se impugnan se desprende que la reforma en comento ‘confunde’ la naturaleza de las visitas de verificación practicadas por la autoridad administrativa y la de las órdenes de cateo ordenadas por la autoridad judicial. En efecto, el artículo 16 de la Constitución regula el procedimiento que la autoridad debe seguir en la realización de cateos y visitas de verificación y las diferencias entre ambas figuras. Conforme a la disposición constitucional mencionada, la orden de cateo debe ser expedida por un Juez competente, por escrito, y en ella deben expresarse el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. Al llevar a cabo la ejecución de la orden de cateo, la autoridad ejecutiva debe cerciorarse de que la diligencia se limite únicamente a lo señalado en la orden, debe levantar un acta circunstanciada al concluirla, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Por su parte, las visitas domiciliarias o de verificación se llevan a cabo por la autoridad administrativa para cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. El artículo señalado dispone también que para la realización de las visitas deban cumplirse las formalidades establecidas para los cateos y las leyes respectivas. Como puede observarse, aun cuando pareciera que dichas figuras jurídicas son iguales, existen diferencias sustanciales entre una y otra. La primera, que se emiten por autoridades distintas y, la segunda, que su objeto dista uno del otro. Así las cosas, mientras el cateo se emite por autoridad jurisdiccional y su fin es la búsqueda de objetos o personas relacionadas con hechos derivados de posibles conductas criminales, la Cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20687-7357fc99/comision-federal-de-competencia-la-objecion-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL. TRATÁNDOSE DEL NOMBRAMIENTO DE SUS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, PUEDEN ESTABLECERSE EN LA LEY MECANISMOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL. A (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA 2006, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS, ES INOPERANTE EL AMPARO INTERPUESTO CONTRA LA DICTADA POR LA SALA REGIONAL, SI TAMBIEN SE IMPUGNA LA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR EN REVISION DE AQUELLA (s/clave)
- CONFORME AL ARTICULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE. (s/clave)
- CONFORME AL ARTÍCULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE.- (24)
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis