ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintisiete de enero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las disposiciones que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades siguientes:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, Palacio Legislativo, Plaza de la Patria No. 109 Oriente, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.
"b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado, Palacio de Gobierno, Plaza Principal s/n, Centro Histórico, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.
"II. Norma general cuya invalidez se reclama:
"El artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, publicada el 29 de diciembre de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."
SEGUNDO. Los planteamientos de invalidez formulados en la presente acción de inconstitucionalidad, son los siguientes:
"Primero. El artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: (se transcriben). El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija los alcances de sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio prístino, al cual ese Máximo Tribunal de la Nación ha denominado como competencia constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40, en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo, in fine, del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales facultades residuales. Siguiendo con el razonamiento que nos ocupa, es de observarse que de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, por lo cual es inequívoco que las legislaturas estén impedidas para ejercer tal atribución. Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, elementos que indiscutiblemente no son aplicables en el caso del derecho de alumbrado público, el cual goza de una naturaleza distinta a la del impuesto de consumo de energía eléctrica, como adelante se precisará. Señalado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho establecido en el numeral 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, tiene la naturaleza de una contribución, la cual, por ser materia de energía eléctrica, únicamente compete establecerla al Congreso de Unión. Así, los artículos 38 y 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 29 de diciembre de 2005, los cuales en la parte que interesa, señalan: Capítulo XVII. Alumbrado público. ‘Artículo 38. Se consideran derechos de alumbrado público, los ingresos que obtenga el Municipio por el cobro a los usuarios domésticos, comerciales e industriales del servicio de energía eléctrica descritos en el artículo siguiente, propietarios o poseedores de predios en la jurisdicción del territorio municipal en la cantidad equivalente al 10% del consumo que éstos generan y serán cobrados en los recibos de consumo de la Comisión Federal de Electricidad.’. ‘Artículo 39. Son causantes del derecho por concepto de alumbrado público en calles, plazas, jardines y demás lugares de uso común, los consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15,1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF, H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1986, 10 de noviembre de 1991, 3 de abril de 1992, 13 de mayo de 1993, 4 de octubre de 1993 y 30 de septiembre de 1994.’. De la anterior transcripción se desprende que los elementos del supuesto derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. b) Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tarifa: 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF, H, HM-RM. d) Tasa: 10% en razón del consumo que se genere de energía eléctrica. e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Ahora bien, para una mejor comprensión del problema planteado, cabe precisar que en nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso a estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, lo anterior de conformidad con el artículo 2o. del código federal tributario, que señala: Código Fiscal de la Federación. (se transcribe). En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala: (se transcribe). Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica; así las cosas, el artículo que se tilda de inconstitucional, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación con lo que el contribuyente consume de luz. De lo anterior, resulta que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menor consumo de luz, menor la base gravable y, por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior, tiene mayor relevancia si se considera que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 10% por concepto de la tasa por el consumo de energía eléctrica que se genere, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la ley de ingresos municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión de que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución (sic). Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, en el que señaló: (se transcribe). De tal modo que si la Legislatura de Aguascalientes con la emisión del numeral 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben: (se transcriben). Además no es obstáculo para arribar a la anterior conclusión el hecho de que en el artículo primero transitorio de la norma impugnada se establezca que la Ley de Ingresos en cita se suspenderá en sus efectos en lo que contravenga la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues si bien es cierto que las disposiciones jurídicas contravienen el diverso 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por establecer una contribución en materia de energía eléctrica que no le compete, no menos cierto es que las violaciones constitucionales expresadas en el cuerpo del presente ocurso subsisten, toda vez que la norma hasta en tanto no sea derogada por el mismo poder que la creó seguirá vigente y en todo caso los efectos que el día de mañana se produzcan en su aplicación o no, dependerán de quien ejecute la norma, lo que se traduce en que la disposición jurídica hasta en tanto no sea reformada sigue en vigor. Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos la garantía de legalidad en cuanto a la fundamentación y motivación de dichos actos se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento, constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere; y respecto a la motivación esta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 157-162 Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe: (se transcribe). De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgrediendo con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna. Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones; consecuentemente, la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional. Por los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente ocurso, se reitera, que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006."
TERCERO. El promovente estima que las disposiciones cuya invalidez solicita, violan los artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Federal.
CUARTO. Mediante acuerdo del treinta de enero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 23/2006 y por razón de turno designó como instructor al señor Ministro Juan Díaz Romero.
El treinta y uno de enero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió a trámite dicha acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a la Legislatura del Estado de Aguascalientes que expidió las normas reclamadas y al gobernador de esa entidad federativa que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Mediante acuerdo del catorce de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor ordenó dar vista al síndico procurador del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, para que en el plazo de diez días, manifestara lo que a su derecho conviniera al estimarse que la resolución que se dicte podría llegar a afectar su hacienda pública si se declarara la invalidez de las normas que se impugnan, las cuales prevén una contribución en su favor.
SEXTO. El Congreso del Estado de Aguascalientes al rendir su informe precisó:
"En relación con el concepto de invalidez señalado como primero, mediante el cual se argumenta que el artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que no le asiste la razón a la parte actora, debido a que la expedición del citado precepto legal por esta LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, norma general cuya invalidez se reclama, se llevó a cabo con sujeción estricta a lo establecido en el capítulo IX denominado de la iniciativa y formación de las leyes, que comprende los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como en lo dispuesto en el título cuarto, denominado ‘Del proceso legislativo’, capítulos I, II, III, IV, V y VI, artículos del 124 al 188 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En efecto, el proceso legislativo que concluyó con la emisión de la norma que se objeta por el promovente, inició con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, la cual fue presentada por los CC. Presidente municipal, secretario del H. Ayuntamiento y tesorero municipal de Calvillo, Aguascalientes, dando cumplimiento a lo ordenado por el citado artículo 30, fracción IV, de la Constitución Local y por el artículo 124 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. El H. Ayuntamiento de referencia incluyó en su propuesta de Ley de Ingresos los conceptos relativos a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que le permitirán obtener recursos financieros para poder atender los servicios públicos de su competencia. En el concepto de derechos se incluyó el denominado ‘por derechos de alumbrado público’, por un monto de $1'415,972.99 (un millón cuatrocientos quince mil novecientos setenta y dos pesos 99/100 M.N.), con lo que el Ayuntamiento habrá de cubrir el pago derivado del consumo de energía eléctrica utilizada para el alumbrado público. Por mandato del artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como del artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. d) Mercados y Centrales de Abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen, según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Para que el Municipio se encuentre en posibilidades de dar atención eficiente a las funciones y servicios descritos, requiere contar con los recursos económicos indispensables y en esa virtud, esta legislatura, en acatamiento a lo establecido por el párrafo IV, inciso c), del citado artículo 115 constitucional, aprobó el establecimiento de ingresos derivados por el servicio de alumbrado público que presta el Municipio, ya que de lo contrario dejaríamos insolvente al Municipio de referencia en cuanto a la prestación de este servicio tan importante y trascendente para sus habitantes. El contenido del precitado inciso c), previsto también en la fracción III del artículo 70 de la Constitución del Estado, permite a las Legislaturas Locales aprobarles a los Municipios ingresos que les permitan dar respuesta a la satisfacción de los servicios públicos que el Constituyente tanto federal como estatal estimó deben ser prestados por este nivel de gobierno, por tanto, la aprobación del precepto normativo que se impugna, es acorde a la Constitución Federal y a la particular del Estado de Aguascalientes y, en consecuencia, es válido. La prestación del servicio de alumbrado público es esencial para todo Municipio y en particular para el Municipio que nos ocupa; este servicio proporciona seguridad y bienestar a las personas que normalmente lo habitan y para todas aquellas personas que lo visitan. El alumbrado público es fundamental para prevenir hechos delictivos, provocando que los delincuentes se desistan de sus acciones criminales al darse cuenta que pueden ser observados plenamente y consecuentemente identificados para que sean castigados por la autoridad. Si el Municipio quedara desamparado en este rubro tan importante, al dejar de percibir los recursos necesarios para continuar proporcionando este fundamental servicio público, los actos delictivos indudablemente se multiplicarían, en perjuicio inmediato de su población, obligando injustificadamente a las personas a que por sus propios medios iluminen el frente de sus domicilios, lo que les acarrearía graves daños en su patrimonio. La iluminación de calles y avenidas no es tan sólo cuestión de estética urbana, sino de seguridad, que debe ser procurada ininterrumpidamente, como una función primordial del Estado mexicano, de tal forma que estamos comprometidos con el Municipio para coadyuvar en la obtención de los medios que hagan factible que la prestación de los servicios públicos a su cargo se atiendan con oportunidad y calidad. Si bien es cierto el Municipio se ha venido fortaleciendo, dotándolo de atribuciones que le permitan dar solución a la problemática básica de la sociedad, también lo es que en la actualidad no se han encontrado todavía los esquemas adecuados de financiamiento que posibiliten el cumplimiento pleno de los servicios que se le han encomendado. Sabemos que el primer contacto del gobernado con la autoridad es a través del Municipio y es a esta célula básica a quien la ciudadanía le exige la satisfacción pronta y efectiva de sus necesidades, pero, qué hacer si el Municipio carece de los recursos suficientes para lograrlo? (sic) indudablemente que la respuesta es acudir en su auxilio, otorgándole los medios que lo apoyen en su trascendental función. En este contexto, esta LIX Legislatura del Estado de Aguascalientes ha aportado lo que le corresponde, aprobando la propuesta de este Municipio para que en el ordenamiento legal correspondiente se prevea el precepto que justifique el cobro por el servicio de alumbrado público, apegándonos a lo ordenado tanto por la Constitución Federal, como por la local. Si algún particular considera lesivo dicho cobro, se encuentra en posibilidades de recurrir a las instancias procedentes para plantear el asunto. Afortunadamente en el Municipio que nos ocupa la mayoría de sus habitantes son conscientes de la importancia que reviste el contar con alumbrado público y del alto costo que esto representa, pagando sin objeción alguna este servicio; los inconformes, indudablemente no lo valoran y, por tanto, no están de acuerdo en su cobro, pero, insistimos, son pocos, quienes aun sin aportar nada se benefician del servicio, gracias a la responsabilidad y solidaridad de los demás."
SÉPTIMO. Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, destacó:
"Independientemente de que sea cierto el acto reclamado por el suscrito procurador general de la República, promovente de esta acción de inconstitucionalidad, es un hecho notorio a observar por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la Constitución del Estado solamente faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo Estatal, sea el propio Poder Ejecutivo Estatal quien la mande publicar; y la citada publicación, solamente se da en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio del Estado, puesto que la facultad para promulgar y promulgar y publicar las leyes expedidas por el Congreso del Estado, es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local, a través del secretario general de Gobierno, atento lo dispuesto por los artículos 32, 35, 46, fracción I y 49 de la propia Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 40 y 8o., fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, por ello, considero que la sola publicación de un documento emitido por el Poder Legislativo Estatal, no es causal de inconstitucionalidad. Es aplicable la tesis jurisprudencial 221, consultable en las páginas doscientos diez y siguiente, Tomo I del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). De igual manera, cabe señalar que el C. Gobernador Constitucional del Estado no tiene concedida facultad alguna en la aplicación de la norma, cuya validez se impugna, ya que de conformidad con la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, es la autoridad municipal a quien le corresponde hacer cumplir las leyes municipales, dentro del ámbito de su competencia, con apoyo en el contenido de los artículos, que a continuación, se transcriben: (se transcribe). De los conceptos de invalidez, que manifiesta el promovente de la acción de inconstitucionalidad, no se desprende alguno que en forma original le sea imputable al titular del Poder Ejecutivo Estatal y que pudiera afirmarse que afecte al procurador general de la República, toda vez que de su análisis se determina que los mismos se refieren al contenido del artículo 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2006, el citado ordenamiento jurídico fue emitido y aprobado por la LIX Legislatura del Congreso del Estado."
OCTAVO. El síndico procurador del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, no realizó manifestaciones en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.
NOVENO. Al estar integrado el presente procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución por acuerdo del cinco de abril de dos mil seis; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y la Constitución Federal.
SEGUNDO. En primer término, se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.
La impugnada Ley de Ingresos para el Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar que obra a fojas diecisiete a la veinticuatro de este expediente; por lo que a partir del día siguiente a la fecha indicada debe hacerse el cómputo respectivo.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."
En consecuencia, el plazo de treinta días para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del treinta de diciembre de dos mil cinco al veintiocho de enero de dos mil seis; de ahí que si la solicitud se presentó el veintisiete de enero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es evidente que se hizo oportunamente.
TERCERO. A continuación procede analizar la legitimación de la parte que promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
En principio, es necesario precisar que la demanda la firmó Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, que lo acredita con la copia certificada de su nombramiento (foja dieciséis del expediente).
En ese tenor, resulta indispensable traer a colación lo que al respecto dispone el artículo 105, fracción II, constitucional:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
"e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea.
"f) L
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19668-308fd4a8/accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, AL ESTABLECER QUE EL (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVIC (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, AL ESTABLECER QUE EL S (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTAN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFESION. (s/clave)
- CONFORME AL ARTICULO 105 DE LA CARTA MAGNA. DEMANDA INADMISIBLE. (s/clave)
- CONFESION. (s/clave)
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis