ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL. TRATÁNDOSE DEL NOMBRAMIENTO DE SUS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, PUEDEN ESTABLECERSE EN LA LEY MECANISMOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL. AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY QUE LA CREA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE JUNIO DE 2006, ES CONSTITUCIONAL. AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO. LA OBJECIÓN A LA DESIGNACIÓN DE SU DIRECTOR GENERAL POR EL SENADO O, EN SU CASO, POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LOS DEMÁS EMPLEADOS DE LA UNIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN II, ÚLTIMA PARTE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU INTERPRETACIÓN DEBE REALIZARSE A LA LUZ DEL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE. FACULTAD DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DETERMINADOS CARGOS, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU ALCANCE.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de mayo de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a) Autoridad emisora: Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, con domicilio en avenida Congreso de la Unión Número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, México, Distrito Federal y la Cámara de Senadores, con domicilio en Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06030, México, Distrito Federal. b) Autoridad promulgadora: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de los Pinos, número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, México, Distrito Federal. II. Norma general cuya invalidez se reclama: El artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada el 2 de junio de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, cuyo ejemplar se anexa a la presente."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer son los siguientes:
"Único. El artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, conculca los numerales 16, 49, 89, fracción II, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo del citado ordenamiento que se tilda de inconstitucional señala lo siguiente: (se transcribe). De la lectura del precepto citado con antelación, se desprende que el nombramiento del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano estará a cargo del Poder Ejecutivo, pudiendo la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente, objetar dicho nombramiento por mayoría. Al respecto, es importante destacar que el funcionario a que se hace referencia en el párrafo que antecede es el titular del órgano de dirección del organismo descentralizado denominado Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Dicho organismo forma parte de la administración pública paraestatal, por lo que se encuentra en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Ahora bien, de conformidad con los artículos 16, 49, 89, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actuación del legislador se debe ajustar estrictamente al marco de sus facultades, pues, de lo contrario, violentaría el sistema constitucional, lesionando el principio de división de poderes y, en consecuencia, la supremacía constitucional. Los artículos constitucionales que se estiman vulnerados prevén: (se transcriben). La ley combatida actualiza diversas violaciones a la Ley Fundamental, porque el legislador federal se excedió en el ámbito de sus facultades y, por consecuencia, violenta el principio de división de poderes, por lo que es menester señalar lo siguiente: El principio de división de poderes consignado en el artículo 49 de la Carta Magna tiene como fin limitar y equilibrar el poder público, impidiendo que un poder se coloque por encima de otro o que un individuo sea el depositario de dos o más poderes. Así, en el orden constitucional mexicano, se establecen las funciones de cada uno de los tres Poderes de la Unión, con el fin de distribuir y controlar el ejercicio del poder público. Ahora bien, tratándose de la existencia de cualquiera de los poderes previstos en la Constitución General de la República -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, debe partirse del supuesto de que cada poder cuenta con todos los elementos necesarios para subsistir y ejercer sus funciones en forma independiente, correcta y oportuna, sin que para ello necesite depender de otro poder, ya que, de lo contrario, éste último absorbería a aquél y lo haría dependiente, lo cual redundaría en perjuicio de su quehacer público. La división de poderes no opera de manera tajante y rígida, sino que ha sido modulada con numerosas excepciones, con el fin de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas entre los poderes federales, excepciones que se traducen en el establecimiento de un régimen de cooperación y coordinación entre ellos y que, en muchas ocasiones, funcionan como medios de control recíproco, lo que evita el abuso en el ejercicio del poder público y garantiza la unidad del Estado y la voluntad de éste para establecer y preservar un Estado de derecho. El que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre los poderes del Estado existe una colaboración y coordinación, pero no debe ser entendida al grado de arrogarse facultades que correspondan a otro poder. La colaboración entre poderes opera por dos medios principales: a) Exigiendo la participación de dos de los poderes para la validez de un acto. Tal es el caso del proceso legislativo (artículos 72 y 89, fracción I), aprobación de tratados (artículo 76, fracción I), ratificación de nombramientos presidenciales por el Senado (artículo 76, fracción II), salida de tropas fuera del país (artículo 76, fracción III), disposición de la Guardia Nacional fuera de sus Estados, designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (artículos 76, fracción VIII y 89, fracción XVIII) y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación (artículo 74, fracción IV). b) Otorgando a los poderes facultades que no les resulten propias. Tal es el caso de las facultades concedidas: i) al presidente, para legislar (artículos 29, 131), para reglamentar leyes (artículo 89, fracción I) o para conceder indultos (artículo 89, fracción XIV); ii) facultades concedidas al Poder Legislativo para admitir nuevos Estados, formar nuevos Estados, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, declarar la guerra, al conceder licencia al presidente de la República, al designar a quien debe sustituirlo, en forma interina o provisional y al aceptarle la renuncia (artículo 73, fracciones I, III, XI, XII, XXVI y XXVII), para conceder amnistías (artículo 73, fracción XXII), declarar que ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que incurran en delito (artículo 74, fracción V) o erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político (artículo 76, fracción VII) y iii) al Poder Judicial, para expedir reglamentos y acuerdos generales que le competen y los acuerdos generales para la adecuada distribución de los asuntos (artículos 11, fracciones III, IV y XXI y 81, fracción II, de la ley orgánica del mencionado poder), al nombrar, promover y cambiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al designar, adscribir y cambiar a los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura (artículo 100 constitucional). Así las cosas, para que un poder ejerza funciones propias de otro poder, es necesario que así lo consigne la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que la atribución respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia, tal como se explica en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, de rubro y texto siguientes: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’. En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades que tiene el presidente de la República, las que se pueden clasificar en legislativas (29, 71 y 131, segundo párrafo, constitucional), jurisdiccionales (89, fracción XIV) y administrativas, entre las que destacan, para efectos del presente estudio, las relativas a nombramientos, establecidas en el artículo 89, fracciones II, III, IV, V y IX, de la Carta Magna. Los nombramientos atribuidos por la Constitución al presidente de la República pueden clasificarse en tres grupos: a) Nombramientos absolutamente libres: Entre éstos se encuentran los nombramientos que se hagan de los secretarios de despacho y demás funcionarios o empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en la ley (89, fracción II); b) Nombramientos sujetos a ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente: El presidente de la República designa con ratificación del Senado al procurador general de la República (89, fracción IX), a los Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales (89, fracción III), a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y a los empleados superiores de hacienda (89, fracción IV) y c) Nombramientos que deben hacerse conforme a lo dispuesto en la ley: El presidente de la República puede nombrar a los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes (89, fracción V) y a todos aquellos funcionarios que, de conformidad con la legislación secundaria, tengan que ser designados por el titular del Ejecutivo Federal (89, fracción II). Ahora bien, la facultad prevista en el artículo 89, fracción II, de la Constitución, reconoce la facultad originaria de libre nombramiento con que cuenta el presidente de la República, la cual puede ser limitada en la Constitución o en las leyes. Por lo que respecta a la limitación en la Constitución, en diversos artículos de la misma se prevé la colaboración entre poderes para el nombramiento de determinados servidores públicos, como es el caso de los artículos 76, fracción II y 89, fracciones II, IV y IX, mediante los cuales se faculta al Senado para ratificar los nombramientos que el presidente haga de: a) Procurador general de la República; b) Agentes diplomáticos; c) Cónsules generales; d) Empleados superiores de hacienda, y e) Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. En esa virtud, se considera que, conforme al principio de división de poderes, en tanto una disposición constitucional no señale que le corresponde a otro poder realizar o intervenir en el nombramiento de servidores públicos de la Unión, dicha facultad le corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal. Fuera de los casos expresamente previstos en la Constitución, la ley ordinaria no puede facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión a intervenir en el nombramiento de funcionarios de un órgano de la administración pública federal, ya que las Cámaras no pueden tener más atribuciones que las expresamente señaladas en la Constitución. En efecto, la propia Constitución (no un ordenamiento secundario) establece expresamente los casos excepcionales en los que para el perfeccionamiento de un acto se requiere la cooperación de cuando menos dos poderes. Lo anterior ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.’. Ahora bien, la facultad de libre nombramiento del titular del Poder Ejecutivo se hace aún más patente cuando se trata del nombramiento de funcionarios que integran la administración pública. Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 90 constitucional, el presidente de la República se auxilia de la administración pública federal para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. Además, el propio artículo, en relación con las entidades paraestatales, señala que la ley orgánica definirá ‘la intervención del Ejecutivo Federal en su operación’ y que ‘las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal’, con lo que se corrobora que la Constitución dispone la intervención del Ejecutivo en la operación de las entidades paraestatales, no la del Legislativo. La libertad que tiene el titular del Ejecutivo para designar a sus colaboradores encuentra su justificación en el hecho de que él es responsable de la política interna y externa, así como de la buena marcha de la administración pública, por lo que resulta lógico que pueda seleccionar a todas aquellas personas que sean capaces de responder a las exigencias del cargo, sin estar sometido a ninguna limitación o intervención de otro poder. El hecho de que otro poder intervenga en el nombramiento de los responsables de manejar un ámbito de la administración pública federal implicaría, sin lugar a dudas, una invasión a la esfera de competencias que el Constituyente reservó de forma exclusiva al Ejecutivo Federal. Nuestro máximo ordenamiento jurídico hace referencia a lo que es la administración paraestatal; sin embargo, la doctrina utiliza indistintamente los términos paraestatal y descentralizada, para designar aquellos órganos auxiliares de la administración pública federal, creados para la atención y el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. En este orden de ideas, es importante establecer que, a través de la ley que se discurre, se prevé la creación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, cuyo objeto es coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, tal como lo prevé el numeral 1o. de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el cual establece: (se transcribe). De lo anterior se desprende que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano está inmersa dentro de la administración paraestatal y, por tanto, resulta válido adoptar la postura de circunscribir a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano dentro del ámbito de acción del Ejecutivo, pues se trata de un organismo descentralizado. Es importante enfatizar que las actividades que realizará la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se encuadran únicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ya que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con independencia editorial. Dichas actividades no se realizan en forma coordinada ni en colaboración con otro poder. En tal virtud, no es válido que, en el nombramiento de su director general, participe el Senado de la República, con capacidad para objetar su nombramiento, ya que, en el quehacer ordinario del organismo, como ya se dijo, no hay participación coordinada o colaboración con el Poder Legislativo Federal. Por tanto, debe operar de manera lisa y llana la facultad del presidente de la República para designar libremente a sus colaboradores, porque, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes. Por los razonamientos expuestos, se estima que el nombramiento del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, así como el de cualquier otro órgano de la administración pública federal, encuadra dentro del primer grupo de nombramientos descritos en párrafos anteriores y, por tanto, debe ser hecho de manera libre por el titular del Ejecutivo Federal. Por otra parte, se considera que, fuera de los casos expresamente previstos en la Constitución, la ley ordinaria no puede facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión a intervenir en el nombramiento de funcionarios de la unión, mucho menos, tratándose de un órgano de la administración pública federal, ya que el Poder Legislativo no puede tener más atribuciones que las expresamente señaladas en la Constitución. En este sentido, el numeral 76 de nuestro máximo ordenamiento legal, establece expresamente aquellos supuestos en los que el Senado ratificará nombramientos de determinados servidores públicos, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe). Del numeral transcrito con antelación, se concluye que la Cámara de Senadores tiene la facultad de ratificar únicamente el nombramiento del procurador general de la República, de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, sin que se haga alusión a funcionarios de organismos descentralizados. En adición a lo anterior, es importante señalar que la frase prevista en la fracción II del artículo 89 constitucional ‘cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo ... en las leyes’, no implica que en las leyes secundarias pueda establecerse la participación de dos poderes en el nombramiento de un funcionario. Como ya la Suprema Corte ha reconocido, la colaboración de dos poderes debe estar prevista a nivel constitucional. Sin embargo, de una interpretación aislada de la frase en comento, se podría argumentar que, en este caso específico, la Constitución permitió al legislador ordinario definir modos de nombramiento distintos al presidencial. Esto es del todo incorrecto, ya que -como lo ha señalado el Poder Judicial, en múltiples ocasiones- la correcta interpretación constitucional debe hacerse de manera sistemática. En el supuesto a estudio, la fracción II del artículo 89 se debe interpretar conjuntamente con lo que establece el artículo 49 constitucional, que dispone que un poder no puede tener más intervención en la esfera de otro poder que la prevista expresamente en la Constitución. Se reitera, debe ser la propia Constitución y no la ley ordinaria la que faculte a las Cámaras a intervenir en el nombramiento de funcionarios de la administración pública federal. Una ley no puede facultar a las Cámaras del Congreso, para que sean éstas las que nombren a los subsecretarios y directores generales de las dependencias del Poder Ejecutivo. Tampoco se podría, por ejemplo, darle participación al presidente de la República en el nombramiento de Magistrados electorales, con el pretexto de que el artículo 99 de la Constitución prevé que, respecto al nombramiento de dichos Magistrados ‘la ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente’, entre las que se podría especificar -bajo una lógica equivocada, como la que se utilizó en el artículo impugnado- el visto bueno o la no objeción del Ejecutivo Federal. La interpretación que se ha dado a la frase citada de la fracción II del artículo 89 constitucional y que, a nuestro juicio, es la correcta, es aquella que sostiene que la ley puede determinar que sea otro funcionario quien otorgue el nombramiento de otros empleados de la unión, con el único fin de que el presidente de la República no tenga que intervenir de manera personal y directa en todos los nombramientos y remociones. De esta manera, se tiene que las diversas leyes facultan a los titulares de órganos estatales a efectuar el nombramiento de funcionarios que no sean de primer nivel. Asimismo, en las leyes se pueden establecer requisitos para el nombramiento de los empleados, como son los de carácter profesional o académico, pero ello no significa que se pueda llegar al extremo de facultar a las Cámaras para intervenir directamente en el nombramiento de empleados de la administración pública federal, si no lo prevé expresamente la Constitución. En consecuencia, el legislador federal, al haber emitido la norma combatida, en el sentido en que lo hizo, se excede en el ámbito de sus atribuciones, violentando el principio de competencia constitucional, así como el de división de poderes. Asimismo, menoscaba la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal de nombrar y remover libremente a sus colaboradores y, por ende, lesiona el postulado fundamental de la supremacía constitucional. Cabe reiterar que, para que exista colaboración entre dos poderes, es necesario que la misma se prevea a nivel constitucional, como es en el caso de los nombramientos de empleados superiores de hacienda, Ministros y agentes diplomáticos o coroneles del Ejército. De sostener lo contrario, se llegaría al extremo de que las funciones que tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, como en el caso que nos ocupa, se vean mermadas ante las decisiones de un órgano político, como es el Senado, por lo que, ante tal situación, un órgano técnico, como la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, no puede detener sus funciones ante el rechazo de las decisiones a los nombramientos que proponga el presidente de la República. Ahora bien, toda vez que se ha demostrado que el artículo impugnado es inconstitucional, de igual manera transgrede el precepto 16 de la Carta Magna, pues, del contenido del precepto constitucional transcrito en la parte inicial, se desprende una de las garantías pilares de nuestro sistema jurídico, la de legalidad. En esencia, ésta consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero, como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por el segundo, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. La garantía genérica de legalidad, consagrada en el precepto 16 de nuestro máximo ordenamiento legal, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo. En tales condiciones, dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y motivación se realizan de una manera sui generis, respecto de la generalidad de los actos de autoridad. En este sentido, el siguiente criterio de esa Suprema Corte de Justicia así lo reitera: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’. De la tesis antes transcrita, se desprende que, por lo que hace a la fundamentación, ésta se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso de la Unión, al facultar a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente, para objetar el nombramiento del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, transgrede el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en los artículos 49, 89, fracción II y 90, violando con ello el principio de legalidad previsto a nivel constitucional. Por lo antes expuesto, el numeral tildado de inconstitucional, de igual manera transgrede el artículo 133 de la Carta Magna. Este precepto consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone, por un lado, la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones y, por el otro, que la Ley Fundamental debe prevalecer por encima de toda la legislación y los tratados internacionales. En este sentido y toda vez que el precepto que se combate contradice lo dispuesto en los artículos 16, 49, párrafo primero y 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se rompe con la supremacía constitucional, toda vez que la norma impugnada pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 16, 49, 89, fracción II, 90 y 133.
CUARTO. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 32/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
En diverso proveído de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Al rendir sus respectivos informes, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión adujeron, en síntesis:
1. Que el procedimiento legislativo por el que se expidió la norma impugnada cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, en relación con el artículo 6o. de la Constitución Federal, así como en los numerales 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que la norma impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues, por una parte, se cumple con el requisito de debida fundamentación, al encontrarse el Congreso expresamente facultado para expedir las leyes que sean necesarias para garantizar el derecho a la información y la libre manifestación de las ideas y, por otra, se satisface el requisito de debida motivación, al referirse la ley combatida a situaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, como en la especie lo es el contenido de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal.
3. Que la norma impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 49 constitucional, en virtud de que, como se ha mencionado, el Congreso tiene facultades -en ningún momento limitadas por el ordenamiento constitucional- para expedir:
a) Las leyes que sean necesarias para garantizar el ejercicio de las libertades consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Ley Fundamental, las que pueden comprender cuestiones tanto sustantivas como orgánicas.
b) Las leyes o decretos a través de los cuales se creen organismos descentralizados que formen parte de la administración pública paraestatal, de conformidad con los artículos 90 de la Constitución Federal y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
c) Las leyes en las que se establezcan las relaciones entre los organismos públicos descentralizados y el titular del Ejecutivo Federal, así como el procedimiento de designación de empleados de la unión distintos de los agentes diplomáticos, secretarios de despacho y empleados superiores de hacienda.
4. Que la norma impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 89 constitucional, puesto que el cargo de director del organismo descentralizado denominado "Agencia de Noticias del Estado Mexicano" queda comprendido dentro del concepto "demás empleados de la Unión" a que se refiere la fracción II del citado numeral, por lo que, derivado de la previsión contenida en la segunda parte de dicho dispositivo, el Congreso puede válidamente establecer -sin violentar el principio de división de poderes- un procedimiento distinto para la designación de este tipo de funcionarios.
5. Que la norma impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, ya que, como se ha manifestado, el Congreso cuenta con facultades para establecer las relaciones que deberán existir entre los organismos públicos descentralizados y el titular del Poder Ejecutivo Federal, dentro de las que se encuentra el procedimiento de designación de funcionarios públicos.
6. Que la norma impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, pues, en ningún momento, se vulnera la jerarquía normativa, pretendiendo colocar a la ley ordinaria por encima de la Ley Fundamental, al encontrarse el Congreso facultado por la propia Constitución para expedir las leyes que sean necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos que en ella se consagran.
Por otra parte, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, reconoce como cierta la promulgación de la norma impugnada en el Diario Oficial de la Federación y fundamenta la validez de su actuación en la obligación que, por mandato constitucional, en ese sentido, le es impuesta.
SEXTO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 16 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20258-56a488ef/administracion-publica-paraestatal-tratandose-del-nombramiento-de-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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