Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS LLAMADAS DONACIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 292; 293; 294; 311, FRACCIÓN III; 312, FRACCIÓN III; 327 BIS, FRACCIÓN III; 350, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO F); 356 BIS, SEGUNDO PÁRRAFO Y FRACCIÓN I; 416, FRACCIÓN XIII; 430; 479, FRACCIÓN V; Y 480 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO CONSTITUYEN UNA EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN, SINO UNA MODALIDAD DE LA PROPIEDAD, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL Y, ADEMÁS, UN INGRESO FISCAL, TODA VEZ QUE LOS MUNICIPIOS SE VEN BENEFICIADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTAR FACULTADOS PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU HACIENDA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS LLAMADAS DONACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 292; 293; 294; 311, FRACCIÓN III; 312, FRACCIÓN III; 327 BIS, FRACCIÓN III; 350, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO F); 356 BIS, SEGUNDO PÁRRAFO Y FRACCIÓN I; 416, FRACCIÓN XIII; 430; 479, FRACCIÓN V; Y 480 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL CONSTITUIR UNA MODALIDAD DE LA PROPIEDAD TENDENTE A REGULAR LA ADECUADA FUNDACIÓN DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO URBANO, NO VIOLAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2006. · Registro digital (IUS): 20207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, , Pág. 733.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de enero de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil seis en el domicilio de la licenciada Fabiola León Contreras, autorizada en términos del artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para recibir documentos fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

"I. Autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas.

"a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Plaza de la Patria número 109, Poniente, zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.

"b) Autoridad promulgadora: Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, con domicilio en Palacio de Gobierno ubicado en Plaza Principal, sin número, zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.

"II. Normas generales cuya invalidez se reclama.

"Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 292, 293, 294, 311, fracción III, 312, fracción III, 327 bis, fracción III, 350, segundo párrafo, inciso f), 356 bis, segundo párrafo y fracción I, 416, fracción XIII, 430, 479, fracción V, y 480 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, modificados mediante Decreto 193 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 14 de agosto de 2006, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio."

SEGUNDO. La parte actora estimó infringidas las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual formuló el siguiente concepto de invalidez:

"V. Concepto de invalidez.

"Único. Violación de los artículos 292, 293, 294, 311, fracción III, 312, fracción III, 327 Bis, fracción III, 350, segundo párrafo, inciso f), 356 bis, segundo párrafo y fracción I, 416, fracción XIII, 430, 479, fracción V, y 480 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, al precepto 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Las normas generales cuya invalidez se demanda, prevén: (se transcriben).

"El artículo 27 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, establece que ‘la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada’.

"En el párrafo segundo, el numeral en comento prevé la figura de la ‘expropiación’ como el medio por el cual el Estado puede afectar la propiedad privada, siempre y cuando se reúnan dos condiciones:

"a) Que dicha afectación se realice por causa de utilidad pública; y,

"b) Que se indemnice al particular afectado.

"Así, podemos definir a la ‘expropiación’ como el acto administrativo en virtud del cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva de un bien a su titular, pagando una indemnización.

"Al respecto, el autor Gabino Fraga en su obra titulada ‘Derecho Administrativo’, señala ‘... es un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad ...’.

"Por su parte, Andrés Serra Rojas, en su obra de ‘Derecho Administrativo’, define a la expropiación como ‘... un procedimiento administrativo de derecho público en virtud del cual el Estado, y en ocasiones un particular subrogado en sus derechos, unilateralmente y en ejercicio de su soberanía, procede legalmente y en forma concreta, en contra de un propietario o poseedor para la adquisición forzada o traspaso de un bien, por causa de utilidad pública mediante una indemnización justa ...’

"En ese orden de ideas, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2004, sostuvo:

"‘... si bien es cierto que el texto constitucional en diversas disposiciones (artículo 14, 16 y el propio 27) reconocen como derecho fundamental el de la propiedad privada, la propia Norma Fundamental, como ocurre en casi todos los derechos fundamentales, lo delimita, fijando su contenido y sus fronteras a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como sería el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse en la propia Constitución o bien, autorizar al legislador para hacerlo en determinados casos, pero sin que afecte en esencia el derecho, ni impida su ejercicio ...’

"De lo anterior se desprende que la propiedad privada se encuentra reconocida en la propia Constitución Federal, como un derecho fundamental a favor de los gobernados con las limitantes que dicte el interés público, las cuales sólo pueden establecerse en la Norma Suprema o en la legislación secundaria.

"En este orden de ideas, todo medio de enajenación de la propiedad privada a favor del Estado, que no reúna los requisitos de la causa de utilidad pública y la correspondiente indemnización, será contraria al texto de la Carta Magna.

"Así las cosas, de la lectura de los preceptos ahora impugnados, se observan ciertas normas a las que se sujetará la autorización de fraccionamientos, relotificaciones y subdivisiones de terrenos en el Estado de Aguascalientes, como son:

"• La obligación de los particulares de donar un porcentaje de terreno al Municipio para determinados fines;

"• La facultad del Ayuntamiento respectivo de señalar los terrenos en donación; y,

"• Se prevé un destino diferente al de utilidad pública, respecto de la superficie que exceda del 50 y 30% de las áreas donadas, consistente en que el Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito.

"De lo anterior se desprende que un particular (fraccionador, propietario de un predio que se pretenda subdividir o quien solicite la relotificación) tiene la obligación, impuesta por ministerio de ley, de ceder un porcentaje de la superficie de un predio de su propiedad, bajo la figura de donación. Ello, sin que el Estado señale la causa de utilidad pública precisamente aplicable al caso concreto y sin que el gobernado reciba indemnización alguna por la privación de su propiedad.

"Así, tenemos que las normas impugnadas permiten que se afecte la propiedad privada de los habitantes del Estado de Aguascalientes, bajo una figura que no es la expropiación, que es la única que autoriza el artículo 27 de la Constitución Federal.

"Es decir, del análisis de las disposiciones que se impugnan, se concluye que se está en presencia de una especie de expropiación, en tanto el Ayuntamiento priva al gobernado del dominio de una parte del bien que es de su propiedad. Sin embargo, no se reúnen los requisitos constitucionales correspondientes.

"Lo anterior es así, toda vez que la Carta Magna establece la expropiación como la vía para ello, y sujeta su aplicación al cumplimiento de requisitos como la existencia de alguna de las causas de utilidad pública definidas por el legislador mediante normas genéricas, abstractas e impersonales y a que la autoridad administrativa declare que se actualiza la hipótesis relativa en el caso concreto, además del pago de la indemnización correspondiente al particular afectado.

"En efecto, respecto a la causa de utilidad pública, los numerales 292 y 293 del Código Urbano de Aguascalientes, señalan que las áreas de donación se destinarán en un 50% para infraestructura, equipamiento y servicios y el 30% para áreas verdes, parques y jardines, sin embargo, por lo que se refiere a la superficie excedente de los porcentajes antes establecidos, se prevé que la autoridad municipal podrá:

"• Ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito, desplegando actos de enajenación para adquisición de otros inmuebles;

"• Arrendarlos, darlos en donación o comodato a favor de asociaciones o instituciones privadas;

"• Enajenarlos a título oneroso a favor de personas de derecho privado; y

"• Permutarlos con inmuebles de la Federación o del Estado, y utilizarlos para la compra o permuta de bienes inmuebles.

"Como se observa, al prever los preceptos impugnados que las áreas de donación se destinarán en un 50% para infraestructura, equipamiento y servicios y el 30% para áreas verdes, parques y jardines, cumple con la causa de utilidad pública, tal como los artículos de la normatividad local, que a continuación se transcriben:

"Ley de Expropiación del Estado de Aguascalientes.

"‘Artículo 1o. Se consideran causas de utilidad pública:

"‘...

"‘III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo ...’

"Código Urbano del Estado de Aguascalientes.

"‘Artículo 2o. Se declara de utilidad pública:

"‘...

"‘X. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

"‘XI. La distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio del Estado;

"‘XII. La planeación y ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos urbanos; ...’

"No obstante lo anterior, el párrafo segundo del precepto 293 del Código Urbano en estudio, se aleja del elemento constitutivo de la figura de expropiación que nos ocupa (causa de utilidad pública), pues establece que en relación con la superficie que exceda de los porcentajes del 50% y 30%, de un predio donado, el Ayuntamiento, entre otros actos, podrá enajenar a título oneroso, arrendar, comprar o permutar el bien adquirido, lo que se traduce en que el Ayuntamiento establezca el destino de los bienes enajenados, antes de haberse determinado la causa de utilidad pública, quedando fuera del cauce establecido en el precepto 27 de la Constitución Federal.

"En otras palabras, el Ayuntamiento no puede ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito respecto de la superficie donada, sin antes haber formulado una declaratoria expresa en donde se hayan justificado las causas de utilidad pública, llevando a cabo el procedimiento correspondiente.

"En cuanto a la indemnización, los artículos impugnados establecen el supuesto en que la autoridad municipal obliga al particular a donar parte de su propiedad, sin recibir retribución alguna por dicho acto, lo cual lleva a concluir que se prevé la apropiación de un bien del gobernado, sin que se actualice la figura de expropiación, pues no se cumple con sus elementos.

"Así tenemos que, se insiste, derivado de un imperativo legal, la autoridad municipal obliga al gobernado a donar parte de su patrimonio, sin recibir la retribución económica que le corresponde por imperativo constitucional, permitiendo la apropiación de la propiedad privada fuera de la expropiación, por tanto, es dable concluir que los numerales impugnados contravienen lo dispuesto en el precepto 27, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues la autoridad municipal se apropia de un porcentaje de la propiedad del gobernado sin que exista un fin de utilidad pública que lo justifique y sin justa retribución.

"Apoyan las anteriores consideraciones, los razonamientos sustentados en las tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito I.15o.A.32 A y I.10o.A.50 A localizables, respectivamente, en las páginas 1396 y 799 del mismo Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a los meses de abril y junio de 2005, de la Novena Época, que señalan lo siguiente:

"‘DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR PERMITIR LA APROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA FUERA DE EXPROPIACIÓN. Ese precepto legal obliga a los propietarios que pretendan realizar una fusión, relotificación, subdivisión o conjunto de terreno, a transmitir a título gratuito a favor del Distrito Federal, determinada superficie de terreno respecto de la cual se realice el trámite correspondiente, o bien, a erogar cierta cantidad de dinero para realizar el cumplimiento sustituto de esa obligación, como sería adquirir para después entregar, una superficie de igual valor al del terreno que debería transmitir; realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor del porcentaje de terreno; o en su defecto, realizar el pago equivalente al valor comercial de la misma superficie, situaciones que, indudablemente, representan una carga de carácter económico para el gobernado. Las obligaciones que dimanan de ese precepto, en especial la de transmitir a título gratuito a favor del Distrito Federal un porcentaje de la superficie de terreno, podría conducir a pensar que se está en presencia de una especie de expropiación, en tanto que la administración pública priva al gobernado del dominio de una parte del bien que es de su propiedad. Sin embargo, tal privación de la propiedad, si bien comprende algunas notas similares a la expropiación, básicamente el apropiarse de un bien del gobernado, no contiene los diversos elementos constitutivos de esa figura, como son, el perseguir un fin común o causa de utilidad pública, e indemnizar al particular afectado, según lo impone el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues el citado precepto legal no establece el destino de la porción de terreno de la que es desposeído el particular, al no precisar de qué forma será utilizada, por lo que bien puede ser empleada para un fin público o enajenada por la propia autoridad a un tercero, caso en el cual no representaría beneficio al bien común. En esos términos, es dable concluir que, en rigor conceptual, se trata de una simple apropiación de la propiedad privada sin objeto definido alguno y sin indemnización, puesto que sólo prevé que el particular será privado de una porción de terreno, pero no señala que deberá recibir alguna retribución o pago al respecto, sin que pueda estimarse a título de indemnización la autorización y el seguimiento de los trámites administrativos, puesto que con independencia del otorgamiento de la licencia de subdivisión, relotificación o fusión de predios, el particular debe efectuar el pago de los derechos correspondientes por tal autorización. Tampoco permite arribar a una conclusión diversa, que el citado precepto legal imponga la transmisión del dominio de esa propiedad, a través de un «convenio de donación», pues dada la naturaleza propia de la donación, debiera predominar la voluntad del donante, y en el caso ésta se encuentra sometida al imperativo legal, de ahí que no se trate de un convenio de donación propiamente dicho. Por consiguiente, es evidente que el artículo 49, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal viola la citada disposición constitucional, ya que permite a la autoridad administrativa apropiarse de un bien del gobernado, sin que medie una expropiación.’

"‘DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA Y 75 DE SU REGLAMENTO, AL CONDICIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN ELLOS PREVISTAS SON INCONSTITUCIONALES. Los citados preceptos legales condicionan el otorgamiento de la licencia para la subdivisión de predios a la donación del diez por ciento de la superficie del predio afecto, en beneficio del Distrito Federal, o bien de una superficie de igual valor a la de aquella que originalmente debería transmitir el interesado, ubicada en el lugar que la autoridad indique o, en su defecto, a que el solicitante realice obras de infraestructura o equipamiento urbano por un valor equivalente, también donde la autoridad indique o, en último término y en defecto de las opciones anteriores, a que realice un pago sustitutivo en efectivo, ante la Tesorería del Distrito Federal, por un monto equivalente al valor comercial del terreno que originalmente debería transmitir a título gratuito, cuestiones que por sí mismas se traducen en una verdadera privación de la propiedad del gobernado, sin que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece la expropiación como vía para ello, y sujeta su aplicación al cumplimiento de requisitos como la existencia de alguna de las causas de utilidad pública definidas por el legislador mediante normas genéricas, abstractas e impersonales, y a que una autoridad administrativa declare que se actualiza la hipótesis relativa en el caso concreto, además del pago de la indemnización correspondiente al particular afectado, condiciones que no se satisfacen en el caso, y en atención a que las normas ordinarias en cuestión no pueden exceder de lo previsto en el citado artículo 27, segundo párrafo, de la Carta Magna, debe concluirse su inconstitucionalidad al permitirse en ellas una privación de la propiedad particular fuera del cauce establecido constitucionalmente, además de que, por otra parte, las obligaciones mencionadas no corresponden al entorno normativo que regula el desarrollo urbano del Distrito Federal.’

"En este orden de ideas, tenemos que los numerales impugnados del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, vulneran lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Federal, toda vez que privan a un particular de parte de su propiedad sin que se observen las formalidades previstas en la Carta Magna, a saber, la causa de utilidad pública y la indemnización respectiva.

"En mérito de lo antes expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar inconstitucionales los artículos 292, 293, 294, 311, fracción III, 312, fracción III, 327 bis, fracción III, 350, segundo párrafo, inciso f), 356 bis, segundo párrafo y fracción I, 416, fracción XIII, 430, 479, fracción V, y 480 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, toda vez que como se ha demostrado, son contrarios a lo dispuesto por el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."

TERCERO. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 35/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al señor Ministro Juan Díaz Romero.

En proveído de esa misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO. Al rendir su informe, el presidente y secretario de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Aguascalientes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

1. Que la acción de inconstitucionalidad resultaba improcedente por extemporánea, al actualizarse la causa prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con los numerales 60 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que si bien los preceptos impugnados establecen la donación de áreas para destinarlas al equipamiento, infraestructura y servicios urbanos que se traducen en ‘áreas verdes, parques, jardines, equipamiento de limpia y seguridad pública’, ello de ninguna manera contraviene los principios rectores de la propiedad consagrados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el particular interesado en la construcción de fraccionamientos, acepta someterse a los requisitos previstos para obtener autorización de fracción y por su libre voluntad decide efectuar la donación de tales áreas.

3. Que de conformidad con el artículo 27 constitucional, la propiedad debe ser utilizada con fines sociales, por lo que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fije la ley, esto es, sin estar en condiciones de abusar del derecho de propiedad, por el contrario, al usarla, debe tener siempre presente no causar daño a los demás y en algunos casos utilizarla para beneficio colectivo.

4. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Estado adquirir la propiedad de los particulares por otros medios distintos a la expropiación, sino que se encuentra en posibilidad de acordar con los propios particulares que le cedan gratuitamente parte de sus bienes para destinarlos a obras de interés social, sin que, por tanto, exista necesidad de sujetarse al procedimiento de expropiación.

5. Que las donaciones previstas en los preceptos impugnados, al no constituir una expropiación, no deben necesariamente satisfacer una causa de utilidad pública, y no obstante esto, sí cumplen con dicha utilidad, pues los bienes se destinan para el equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, lo que justifica indudablemente el acto de donación.

6. Que las referidas donaciones no constituyen un acto unilateral de la autoridad para privar de parte de su propiedad a los particulares interesados en realizar las conductas que contemplan los preceptos impugnados, sino por el contrario, se trata de un acto de común acuerdo, donde se manifiesta libremente la voluntad del particular para transmitir una porción de su propiedad a favor del Ayuntamiento correspondiente, con la finalidad de destinarla para el equipamiento e infraestructura urbana de los fraccionamientos, aceptando que de la superficie que exceda del 50% y 30% de las áreas donadas, el Ayuntamiento ejerza actos de dominio a título oneroso o gratuito, pero siempre con la finalidad de otorgar servicios públicos.

7. Que la donación establecida en diversos artículos del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, es un acto constitucional y legalmente permitido, porque no se está privando de sus bienes a los particulares en contra de su voluntad, como sucede en la expropiación, sino que es el propio particular quien decide transmitir tales bienes al Estado, una vez que acepta las condiciones para que se le autorice la construcción del fraccionamiento.

8. Que la donación de áreas a los Ayuntamientos por parte de los fraccionadores es una situación que se justifica legal y constitucionalmente, debido a que quienes se dedican al negocio de la construcción de vivienda, deben proporcionar a los compradores no nada más la casa habitación que cumpla con la característica de vivienda digna, sino que deben dotar además de las áreas necesarias para el equipamiento y la infraestructura urbana, propiciando que la vida de los habitantes del fraccionamiento sea verdaderamente digna.

9. Que los particulares dedicados a la construcción de fraccionamientos deben colaborar con el Estado y en particular con el Municipio para satisfacer las necesidades de infraestructura y equipamiento básico de los desarrollos habitacionales en los que participen, pues sería injusto que el Municipio asumiera completamente el gasto por este concepto, utilizando recursos públicos, cuando los fraccionadores participan en esta actividad como negocio, es decir, obtienen utilidades y es su deber proveer a los fraccionamientos de las áreas para el equipamiento e infraestructura urbana.

10. Que la práctica de la donación de áreas para usarlas en el equipamiento e infraestructura urbana se lleva a cabo en toda la República mexicana, para lo cual se citan diversas disposiciones de los Estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro.

11. Que con los argumentos expresados se demuestra que los preceptos impugnados del Código Urbano del Estado de Aguascalientes no vulneran lo previsto por el artículo 27 constitucional, pues en ningún momento se priva unilateralmente de sus bienes a los particulares, ya que son ellos mismos quienes deciden, por su libre voluntad, entregarlos en donación para los fines que la legislación indica, de ahí que resulte incongruente equiparar ese acto con la expropiación.

QUINTO. Por su parte, el secretario de Gobierno, en ausencia del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que era cierto el acto que le fuera imputado, consistente en la promulgación de los preceptos impugnados, la cual se encuentra fundada en el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

2. Que los preceptos impugnados no contrarían las disposiciones contenidas en el artículo 27 constitucional, por lo que debe declararse su validez.

3. Que la donación prevista en dichos preceptos constituye una contraprestación que debe otorgar un particular con motivo de la autorización concedida para fraccionar un inmueble.

4. Que dicha donación tiene por objeto que el Municipio pueda proporcionar servicios como la construcción de escuelas, parques, hospitales y centros comerciales para satisfacer las necesidades de los habitantes de nuevos fraccionamientos.

5. Que de conformidad con el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tienen derecho a los impuestos que se obtengan, entre otros, por el fraccionamiento de inmuebles.

6. Asimismo, que en términos del precepto constitucional citado los Municipios tienen facultades en materia de desarrollo urbano, las cuales les fueron concedidas para garantizar y robustecer su autonomía.

7. Que se actualiza una causa de improcedencia, toda vez que los preceptos impugnados son válidos al encontrar su fundamento en los artículos 40, 41, 43, 49, 71, fracción III, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 5o., 8o., 14, 15, 27, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y demás relativos del Código Urbano del Estado de Aguascalientes.

SEXTO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

En virtud de que el Senado de la República designó como integrante de este Alto Tribunal al Ministro José Fernando Franco González Salas, en sustitución del Ministro Juan Díaz Romero, quien concluyó su cargo el treinta de noviembre de dos mil seis, mediante acuerdo de tres de enero de dos mil siete le fueron returnados los autos para continuar actuando como ponente en el presente expediente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 7o., fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 292; 293; 294; 311, fracción III; 312, fracción III; 327 bis, fracción III; 350, segundo párrafo, inciso f); 356 bis, segundo párrafo y fracción I; 416, fracción XIII; 430; 479, fracción V; y 480 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se analizará, en primer lugar, lo relativo a la oportunidad de la acción, para lo cual resulta necesario precisar que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."

Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, sea publicado en el correspondiente medio oficial; lo anterior, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

El Decreto 193 que contiene los preceptos impugnados del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el lunes catorce de agosto de dos mil seis, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado de las páginas diecinueve a cincuenta y seis de autos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo trasunto, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del martes quince de agosto al miércoles trece de septiembre de dos mil seis.

Ver calendario

De este modo, según consta del sello que obra al reverso de la página diecisiete del oficio de la acción correspondiente, ésta se presentó el miércoles trece de septiembre de dos mil seis en el domicilio de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20207-afd0a5d3/accion-de-inconstitucionalidad-las-llamadas-donaciones-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.