INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ELECCIÓN COMO CANDIDATO O REPRESENTANTE ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 50, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE ESTABLECE ESA SANCIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, PORQUE LA MISMA LEY PREVÉ UN MEDIO DE DEFENSA QUE PUEDEN HACER VALER LOS SANCIONADOS. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DE ESE ESTADO, EN CUANTO ESTABLECE EL REQUISITO DE UN MÍNIMO DE 3% DE LA VOTACIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN UN REPRESENTANTE EN EL CONSEJO GENERAL DE AQUÉL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 154, 156 Y 157 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL IMPONER UNA BARRERA LEGAL DEL 3% PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO, SON CONSTITUCIONALES. INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ELECCIÓN COMO CANDIDATO O REPRESENTANTE ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 50, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE ESTABLECE ESA SANCIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2005. PARTIDO CONVERGENCIA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día cinco de diciembre del año dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y representante del Partido Político de Convergencia, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma general emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
a) La LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Querétaro.
b) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
c) Secretario general de Gobierno del Estado de Querétaro.
Norma General cuya invalidez se reclama:
La reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro en diversos artículos de manera particular la que afecta los artículos 50, párrafo 3o., 64, fracción III, 154, párrafos 2o. y 3o., 156, párrafos 1 y 2, 157, incisos b) y c), 160, fracciones I, II y III y artículo 215, misma que fue publicada el día 30 de septiembre del presente año en el Periódico Oficial del Estado, en la publicación número 49 Tomo CXXXVIII del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, denominado "La Sombra de Arteaga".
SEGUNDO. En la demanda se señalan como antecedentes del caso los siguientes:
"A) ... dentro del procedimiento de creación de reformas a diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se cometieron un sin número de violaciones constitucionales al procedimiento de creación de la ley, como se verá en la manifestación de antecedentes que expongo a continuación: 1. En la ciudad de Querétaro, Querétaro, citados en la Sala de sesiones Constituyentes 1916-1917, sede del Poder Legislativo el día 29 de septiembre el diputado presidente de la Cámara de Diputados Local en la LIV Legislatura, cita a las diez de la mañana de ese día para una sesión solemne la cual tenía como finalidad llevar a cabo el informe de la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro y la cual el orden del día señalaba como único punto de la orden del día de dicha sesión solemne. Al terminar dicho informe el diputado presidente cita para las once horas del mismo día, para que se lleve a cabo una sesión ordinaria en el mismo lugar para desahogar los siguientes puntos: a) Pase de lista y comprobación del quórum. b) Consideraciones al acta de la sesión anterior. c) Observaciones al proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro, presentada por el titular del Poder Ejecutivo. d) Asuntos generales. e) Término de la sesión. 2. Al arribar a las once horas con dieciséis minutos el diputado presidente José Hugo Cabrera Ruiz da inicio a la sesión a la que fueron convocados, en ese momento el diputado Fernando Julio César Orozco Vega, solicita el uso de la tribuna en donde menciona ‘que la presente sesión no tiene ninguna validez, ya que existen una serie de irregularidades y situaciones en las que se están violando los derechos de los diputados, toda vez que en su carácter de segundo secretario de la mesa directiva no fue convocado para que ésta tomara el acuerdo y se citara a la presente sesión de Pleno de la Cámara de Diputados’, violando con ello lo establecido por los artículos de la ley orgánica que rige la vida interna del Poder Legislativo del Estado de Querétaro de Arteaga, que dice a la letra: ‘Artículo 27.’. ‘Artículo 35.’ (se transcriben). 3. En ese momento el diputado Jaime García Alcocer, solicita la palabra y el diputado presidente José Hugo Cabrera Ruiz da el uso de la misma, donde el diputado Jaime García Alcocer solicita en tribuna se someta a la consideración del Pleno ‘la dispensa’ de los trámites que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro, para llevar a cabo la presente sesión del Pleno, en ese momento el diputado José Luis Aguilera Rico, desde su lugar solicita al presidente José Hugo Cabrera Ruiz, no tome en cuenta dicha petición del diputado Jaime García Alcocer, en virtud de que de hacerlo así, se estaría violando la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que ningún artículo hace referencia el poder someter a consideración del Pleno, el violentar la propia ley orgánica tal y como lo solicitaba el diputado Jaime García Alcocer. 4. A lo que haciendo caso omiso, el diputado presidente José Hugo Cabrera Ruiz somete a votación la propuesta formulada para dispensar el trámite legislativo para llevar a cabo la sesión de Pleno, resultando de dicha votación un rechazo de diez votos a favor y 15 votos en contra. 5. Enseguida hace uso de la palabra el diputado Arturo García Pérez para mencionar que existen las facultades suficientes en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, particularmente para el presidente y en caso de emergencia además de existir un interés público en la publicación de la Ley Electoral para el Estado de Querétaro, por lo que no considera necesario la dispensa en los trámites para la convocatoria. 6. Posteriormente haciendo caso omiso de la pasada votación que fue de 15 votos en contra de una dispensa de trámite legislativo para citar al Pleno de la Cámara de Diputados, el legislador presidente José Hugo Cabrera Ruiz, sigue con la sesión y con el desahogo de la orden del día. 7. Enseguida hacen uso de la palabra el diputado José Orlando Caballero Núñez, el diputado Fernando Julio César Orozco Vega, quienes expresan que si del resultado de la votación emitida, fue en sentido de rechazo, para continuar con la misma, ¿por qué se sigue violentando nuevamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo?. 8. Nuevamente el diputado presidente hace caso omiso a lo ya manifestado en tribuna respecto a las violaciones reiteradas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y somete a consideración el acta de la sesión solemne celebrada a las diez de la mañana del mismo día, mes y año. 9. Siguiendo con el trámite del desahogo de la orden del día el diputado secretario Fernando Julio César Orozco Vega, da lectura a la observación que remite el titular del Poder Ejecutivo en relación al proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y una vez concluida su lectura se turna a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales a fin de emitir un nuevo dictamen, tomando en cuenta dichas observaciones. 10. Acto seguido, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, solicita un receso de 20 minutos a fin de que la comisión que él preside, conozca, analice, discuta y en su caso apruebe dicho documento, en ese momento el diputado José Luis Aguilera Rico solicita el uso de la tribuna y lo concede el diputado presidente José Hugo Cabrera Ruiz, ‘señala que existen violaciones reiteradas tanto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro y lo que resulta más grave a la propia Constitución Política del Estado de Querétaro, Arteaga, en sus artículos: Constitución Local. Artículo 35.’ (se transcribe). En este artículo se explica claramente cuál es el proceso legislativo y cuál es el trámite que se le debe de dar al rechazo de publicar una iniciativa por parte del Ejecutivo, en sus fracciones VII y VIII. Ley Orgánica del Poder Legislativo. ‘Artículo 27.’ (se transcribe). 11. Así también el diputado José Luis Aguilera Rico, señala que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro señala claramente el trámite de las observaciones que envía el Ejecutivo al Legislativo que a la letra dice: ‘Artículo 159.’ (se transcribe). 12. Señala el diputado José Luis Aguilera Rico, el tiempo para conocer y convocar a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales no respetó la ley orgánica en sus siguientes artículos, ya que las observaciones del Ejecutivo llegaron el día 28 de septiembre de 2005, a las veintiún horas con treinta minutos, quiere decir que un día antes se estaban recibiendo en la oficialía de partes y como lo mencionan los siguientes artículos, se cita a comisión con tres días antes de llevarse a cabo dicha sesión ordinaria de comisión legislativa: ‘Artículos 78, 79 y 81.’ (se transcriben). 13. Enseguida el diputado presidente José Hugo Cabrera Ruiz, somete a votación la propuesta para declarar veinte minutos de receso misma que se aprueba con 17 votos a favor y 8 en contra, declarándose formal el receso solicitado por el diputado José Antonio Mejía Lira, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales. 14. Siendo las doce horas con cinco minutos del día de su inicio, se da cuenta de la asistencia de los 25 diputados integrantes de la LIV Legislatura por lo que existiendo el quórum legal requerido, se reanuda la sesión. A continuación el diputado José Antonio Mejía Lira solicita hacer uso de la voz, para solicitar que se incluya en el orden del día de la presente sesión el dictamen de las observaciones al proyecto de Ley que reforma, deroga y adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en virtud de lo anterior se somete a votación la propuesta en comento la cual se aprueba con 19 votos a favor y 6 votos en contra, a lo que dan lectura los diputados José Antonio Mejía Lira, Arturo Maximiliano García Pérez y Miguel Calzada Mercado, hecho lo cual se somete a discusión interviniendo para ello los diputados José Orlando Caballero Núñez, José Luis Aguilera Rico y Fernando Julio César Orozco Vega, manifestándose nuevamente en contra del procedimiento que se dio para citar a la presente sesión a lo que solicita el diputado José Orlando Caballero Núñez quede asentado en el acta correspondiente las reiteradas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro, menciona que los diputados están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, en este acto de igual forma el diputado José Luis Aguilera Rico solicita se asiente en el acta que el presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales nunca presentó las convocatorias a los diputados para sesionar en comisión legislativa, tampoco ningún documento que avale un supuesto receso de comisión. 15. En este acto hace uso de la palabra el diputado José Antonio Mejía Lira para mencionar que la comisión estaba citada desde el 26 de septiembre de 2005, y está en receso, levantando en tribuna una hoja simple haciendo alusión que esa era la convocatoria respectiva, mas nunca la presentó o entregó en ese momento a los integrantes de la mesa directiva para dar constancia de su dicho. 16. Acto continuo el diputado José Luis Aguilera Rico, solicita la palabra al diputado presidente de la Cámara de Diputados José Hugo Cabrera Ruiz, la cual se le concede, y señala el diputado José Luis Aguilera Rico que nunca se mostró también la notificación de darle vista al autor que es el Instituto Electoral de Querétaro, el cual es el autor de dicha iniciativa ante la Cámara de Diputados, violentándose el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dice: ‘Artículo 91.’ (se transcribe). 17. Así también violentándose el artículo 152 de la misma ley: ‘Artículo 152.’ (se transcribe). 18. Señalando el diputado José Luis Aguilera Rico que violando la Constitución en su artículo 35, fracciones VII y VIII, donde no se le dio un procedimiento legislativo como señala la propia Constitución, al no darse vista al autor de dichas modificaciones, no se convocó a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales en tiempo y forma, ya que un día antes 28 de septiembre del año 2005, a las veintiún treinta horas llegaron a la Oficialía de Partes de la Legislatura las observaciones emitidas por el Ejecutivo Local por eso la Comisión Legislativa de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, no podía citar como lo dice la ley, tres días antes de celebrar una comisión, y señala el diputado que el artículo 35 de la Constitución Local, fue violado en su fracción VIII la cual a la letra dice: ‘Artículo 35.’ (se transcribe). 19. Por último se somete a votación el dictamen de mérito y resultando 18 votos a favor, 4 abstenciones, 3 votos en contra por lo que declara, el presidente, aprobado el dictamen de referencia y se ordena a fin de que envíe a la Comisión de Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva instruyendo además a los diputados integrantes de ésta a efecto de que sesionen y concluyan sus trabajos el día de hoy 29 de septiembre del año 2005, dada la premura de la publicación del presente asunto, y se expide el proyecto de ley correspondiente debiéndose turnar al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘La Sombra de Arteaga’." (fojas 4 a 15 del expediente).
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 14, 16, 17, 40, 41, 54, fracción II, 105, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. El promovente esgrimió los siguientes conceptos de invalidez:
"1. Como se puede apreciar, señores Ministros, las reformas aprobadas por el Poder Legislativo de Querétaro y posteriormente el gobernador del Estado en la publicación de las reformas en el Diario Oficial, están viciadas de origen en virtud de que no se cumplió con el procedimiento legislativo que debe tener todo proyecto de ley o decreto, en consecuencia, nos encontramos ante la invalidez constitucional de las reformas de mérito. La invalidez en nuestro derecho positivo mexicano se considera la calidad atribuida a los actos jurídicos que por no reunir los elementos y requisitos exigidos por la ley para su celebración, se encuentran total o parcialmente desprovistos de eficacia, en este sentido, el decreto de reforma de la ley electoral multirreferida al no contar con el procedimiento legislativo en todas sus fases colmado, la misma carece de eficacia jurídica, por lo que el concepto de invalidez constitucional es completamente aplicable al presente asunto, en cuanto a su contenido, ya que el decreto al no tener las condiciones para su nacimiento exigidas por la ley, trae como consecuencia la invalidez del mismo, tal y como lo señalamos en el capítulo de antecedentes de la presente acción de inconstitucionalidad. El proyecto de reforma, no deja de ser un acto jurídico el cual cuenta con la manifestación de voluntad del órgano competente encaminado a producir consecuencias de derecho y que se apoya, para conseguir esa finalidad en la autorización que en tal sentido concede un sistema normativo, es decir, que el proceso legislativo está normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los reglamentos respectivos, quienes disponen del procedimiento y los tiempos para la emisión del correspondiente decreto de reformas a la ley, el cual está revestido de los elementos de validez que le otorgan legitimidad y constitucionalidad a las normas creadas, el no respetar dicha normatividad trae como consecuencia la invalidez del acto denominado decreto. Por otro lado, una de las finalidades del veto, en este caso ejercido por el gobernador del Estado, es la de evitar la precipitación en el proceso legislativo, tratándose de impedir la aprobación de las leyes inconvenientes o que tengan vicios constitucionales, por lo que resulta absurdo que el presidente de la comisión encargada de los asuntos electorales, pida un receso de 20 minutos para analizar las observaciones enviadas por el Ejecutivo y posteriormente aprueben el decreto de reforma ya en el Pleno, esto habla del apuro y la falta de observación a la Constitución por parte del órgano legislativo en la emisión de la reforma multirreferida. En el caso que nos ocupa, es claro que el Congreso del Estado de Querétaro, en su sesión plenaria y la comisión respectiva encargada de los asuntos electorales no contaron con el tiempo suficiente de reflexión, estudio y debate de las reformas a la ley electoral y mucho menos contaron con el tiempo suficiente para poder notar las observaciones enviadas por el Ejecutivo y percibir la inconstitucionalidad de diversos artículos de la reforma a la ley electoral en comento. Es pues clara la violación de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al emitir un decreto de reforma inválido constitucionalmente, por no contar con los elementos esenciales de producción de las normas jurídicas que establecen el sistema positivo mexicano. Entrando en materia, es inconstitucional el artículo 50, párrafo 3o., del proyecto de reforma, en virtud de que se pretende sancionar al dirigente estatal, al responsable del órgano interno encargado de finanzas y al representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro del Partido Político o coalición que cometan una infracción y que hayan ejercido la responsabilidad en el periodo de incumplimiento. Como puede observarse tanto el dirigente estatal como el responsable de finanzas, así como el representante acreditado ante el consejo general se les puede sancionar por infracciones administrativas, con la inhabilitación para participar en la siguiente elección como candidatos, violentándose sus derechos políticos electorales, impidiéndoles el derecho inherente a ser votado, consignado en los artículos 35, fracciones II y III y 41, párrafo II, fracción I, párrafo II, de nuestra Carta Magna. Lo anterior, es así, porque la reforma otorga a la autoridad administrativa electoral, en franca violación a la Constitución, la facultad de sancionar a las personas antes mencionadas, privándolos de su derecho a ser votados, cuando nuestro sistema electoral privilegia el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante la asociación política a un partido político; en este sentido, las reformas le dan un carácter especial a los funcionarios partidistas antes mencionados, por el solo hecho de ser dirigentes estatales, asimilándolos a funcionarios públicos, ya que la sanción administrativa consiste en la inhabilitación; cabe hacer mención que el proyecto de reforma no contiene, en este caso especial, el derecho a la defensa por parte de los funcionarios partidistas a los que va dirigida la inhabilitación, por lo que de considerarse constitucional la reforma éstos estarían impedidos de su garantía a la defensa por no encontrarse un procedimiento especial en el proyecto de reforma. Por otro lado, con el párrafo del artículo mencionado el mismo atenta contra el régimen de partidos, ya que los institutos políticos se verían impedidos a acreditar a su representante ante el consejo general que estimara pertinente por la inhabilitación que ese Instituto Electoral determinará por la responsabilidad del dirigente partidista o del encargado del órgano de finanzas que cometieran por una infracción o incumplimiento a las obligaciones inherentes a los partidos políticos, por lo que se violentan flagrantemente los principios constitucionales de certeza, de legalidad y de objetividad contemplados en el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna ya que la tarea del órgano electoral, entre otras, es la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, quienes en caso de infringir la ley son a estas entidades de interés público a quienes debe sancionarse y no a las personas que representan a dichas instituciones, puesto que de cometer irregularidades los propios partidos políticos o en su caso el órgano electoral podrán denunciarlos ante otras instancias que resulten competentes por responsabilidad civil, administrativa o penal, de tal suerte que para que un partido político participe en una elección y se encuentre representado ante el órgano electoral deben existir los principios suficientes para que el proceso electoral cumpla con las garantías mínimas de constitucionalidad. En este caso podría resultar muy peligroso otorgar facultades al órgano electoral para que sancione a un representante y se puedan suscribir un sin número de procedimientos sancionatorios, por el solo hecho de la manifestación de sus ideas o de la vigilancia del proceso electoral a que tiene derecho por disposición legal y que fuera inconveniente con la realización de su tarea al órgano electoral. 2. Es inconstitucional el artículo 64, fracción III, además de los artículos 156 párrafos I y II, 154, párrafos I y II y 157, incisos b) y c), 160, fracciones I y II y 215, último párrafo, de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Toda vez que para la integración de los miembros del consejo general se exige a los partidos políticos sin distinción alguna, para poder acreditar a un representante por lo menos acrediten hubiesen obtenido el 3% de la votación total emitida en la elección inmediata anterior para diputados de mayoría relativa. Nuevamente, señores Ministros la fracción en comento atenta contra el artículo 41, párrafo 2o., fracción I, de la Carta Magna, pues si bien es cierto que la misma contempla que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales y la ley determinará las formas de participación específica en el proceso electoral, la misma deberá ser con normas que garanticen que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas con condiciones de equidad en la contienda electoral para todos los partidos políticos. Situación que se ve trasgredida en la fracción en comento ya que los partidos políticos nacionales, cuentan con registro otorgado por el Instituto Federal Electoral a nivel nacional, por lo que sólo con el porcentaje contemplado en el Cofipe del 2% en la última elección de diputados de mayoría relativa se accedería a conservar el registro respectivo, situación que se transgrede en el artículo inconstitucional en comento puesto que se exige que para que un partido político nacional pueda participar como integrante del máximo órgano electoral se requiere el 3% de la votación total emitida en la elección inmediata anterior para diputados de mayoría relativa. Cabe hacer mención que no existe razón lógica y jurídica en el considerando 28 del decreto de reformas para aumentar el porcentaje de votación para acceder al registro o la inscripción como partido político nacional ante el órgano electoral pues el impacto de esta situación trastoca el principio de representación proporcional tanto en la elección de diputados como de Ayuntamientos, sin hacer un estudio profundo de la representación política y el derecho a las minorías en las que cualquier sistema de partidos deben considerarse, el legislador ordinario no puede de manera irresponsable hacer señalamientos sin estudios previos de representación social, puesto que el porcentaje mínimo para conservar el registro o la inscripción no es a criterio del legislador por un supuesto llamado de la sociedad sino por un mandato constitucional en el que se privilegia el sistema de partidos en condiciones de equidad y con garantías plenas de que las elecciones serán libres, auténticas y periódicas que garantizan el pleno respeto de la soberanía popular y la pluralidad de las diversas ideologías y formas de pensamiento. Es de destacar, que esta reforma del artículo 64, fracción III, además de los artículos 156, párrafos I y II, 154, párrafos I y II, 157, incisos b) y c), 160, fracciones I y II y 215, tocó de manera indirecta a los principios de elección mediante los cuales se integra la conformación del Poder Legislativo Local, por lo que es de considerarse que causa agravio a mi instituto político en virtud de que atenta contra el principio de la representatividad a que hace referencia el artículo 40 y de la representación proporcional inserta en los artículos 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con tal decisión del legislador local, lo único que se logra es que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerepresentación. Si nos remontamos a las teorías de la soberanía, en las que es relevante señalar que ante la imposibilidad de que exista en el Estado moderno la democracia directa y la imposibilidad de que todo un pueblo gobierne por sí mismo, fue necesario que el Estado evolucionara a través de la democracia representativa para crear la voluntad estatal, a que se hace referencia precisamente en los artículos antes citados. Al hablar de la democracia representativa debemos enfatizar que en ella se pretende que se expresen todas las corrientes ideológicas y políticas por los medios previstos en la Constitución y que es precisamente a través de los partidos políticos que esta representación puede darse, permitiendo así tener presencia en los órganos de gobierno a que hace referencia el artículo 40 constitucional, en consecuencia, esta reforma hace que nos apartemos del camino de la democracia y nos encontremos así, en un sistema antidemocrático, lo que de manera evidente implica que se está violando nuestra Carta Magna, puesto que el Congreso del Estado de Querétaro está ignorando una de las decisiones políticas fundamentales de la misma, como lo es su forma de gobierno, democrática y representativa principio consagrado en nuestra Ley Suprema. Por otra parte sabemos que la democracia no puede estar desvinculada de lo que se entiende por Estado de derecho, pues atendiendo a que constitucionalmente nuestro país tiene como forma de gobierno una democracia representativa y que si bien es cierto supone el gobierno de las mayorías, también es cierto que reconoce los derechos de todas las minorías, puesto que la palabra representatividad implica pluralismo de ideas, creencias y preferencias políticas; ahora bien, creemos que pensar o actuar en contrario implicaría caer en un sistema demagógico e incluso autoritario ante la imposibilidad de la expresión de las diversas opiniones o ideas de todas las minorías, pues es evidente que la democracia se legitima con el acatamiento de la voluntad política de la mayoría, pero también con el reconocimiento y existencia de los derechos de las minorías, así como en su adecuada y necesaria representación, en los órganos de gobierno federales, estatales y municipales sin ningún tipo de discriminación selectiva o arbitraria. Es decir, que uno de los elementos sustanciales para que la democracia en nuestro país pase del mero procedimiento electoral a una verdadera forma de vida entre todos los mexicanos, es la participación de los ciudadanos a través de los partidos políticos, cuya finalidad es que éstos funcionen en un régimen de pluralismo y de libertad; es evidente que para ello se requiere que los espacios de participación política, como lo es el seno del Legislativo de Querétaro se abran atendiendo a los principios constitucionales de nuestra Carta Magna, para que el verdadero espíritu de la representación proporcional se vea reflejado en la inclusión de todas las corrientes, incluidas las minorías, en los órganos de gobierno de los tres niveles de gobierno, como lo es el órgano legislativo de Querétaro, y así poder participar en la toma de decisiones, y consecuentemente en la verdadera democratización del país. Es así como el principio de la representación proporcional dentro del sistema electoral mexicano visto éste como un todo integral, y no como partes dispersas se traduce en el instrumento del pluralismo político, pluralismo que quedó inserto en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente. El concepto de democracia consiste en el reconocimiento del gobierno de la mayoría pero limitado por los derechos de las minorías, pues suponer lo contrario implicaría caer en una verdadera dictadura de la mayoría, lo cual es incompatible con la idea actual de la democracia constitucional que consagra nuestra Constitución Federal y que, por ende, es parte de nuestro Estado de derecho; pero ir en contra de ello también implicaría un retroceso en la vida democrática nacional, en virtud de que al aumentar el umbral de acceso a la representación proporcional, se está coartando toda posibilidad de expresión y representación de las minorías para la toma de decisiones, al impedir que éstas puedan tener acceso a los órganos de gobierno como es el caso del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en que de manera evidente, con esta reforma, propicia la sobrerepresentación de aquellos partidos consolidados. La idea de que un partido político tenga abiertos los espacios de participación en la vida política nacional y en consecuencia estatal, es la de poder representar los intereses de la nación desde su particular óptica e ideología, lo cual le permitirá proponer o pugnar por aquellas políticas públicas afines al interés de esa minoría que representa; pero al no tener el acceso a esa representación pública ante los órganos de gobierno, no tendrá ni la más remota posibilidad de acceder a la discusión política y menos aún a la toma de decisiones, puesto que no estaría representado. Con esta reforma que altera numéricamente uno de los principios de elección mediante el cual se elegirá a los integrantes del Congreso del Estado de Querétaro, se reducen al mínimo las posibilidades de que nuestro instituto político pueda, a través de sus candidatos a diputados, llegar a tener la representación de esta minoría en la Cámara de Diputados Local y peor aún pierda la inscripción como partido político nacional y la prerrogativa local, lo que atenta sustancialmente el régimen de partidos políticos. En consecuencia, las personas que si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19503-dd7f6246/inhabilitacion-para-participar-en-la-siguiente-eleccion-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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