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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE ESTABLECE QUE SÓLO LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE POR LO MENOS HUBIESEN OBTENIDO EL 3% DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA EN LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR PARA DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, PODRÁN TENER UN REPRESENTANTE EN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD, NO VIOLA EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 215 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE SEÑALA UN PORCENTAJE MÍNIMO DEL 3% DE LA VOTACIÓN EMITIDA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBERÁN OBTENER PARA CONSERVAR SU REGISTRO, ASÍ COMO LAS PRERROGATIVAS QUE ESE ORDENAMIENTO ESTABLECE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 154, 156 Y 157 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL CONDICIONAR LA OBTENCIÓN DE DIPUTADOS POR DICHO PRINCIPIO, A QUE EL PARTIDO POLÍTICO HAYA OBTENIDO POR LO MENOS EL 3% DE LA VOTACIÓN EMITIDA, SON CONSTITUCIONALES. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 159 Y 160 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉN QUE PARA LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBERÁN HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL 3% DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, SON CONSTITUCIONALES. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2005. · Registro digital (IUS): 19414
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL TRABAJO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1299.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2005. PARTIDO DEL TRABAJO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARA GÓMEZ PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de diciembre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el domicilio particular del secretario autorizado para recibir promociones de término el día treinta de octubre de dos mil cinco, y presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta y uno octubre siguiente, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las normas y autoridades que a continuación se indican:

"III. Normas generales cuya invalidez se reclaman y medio oficial en que se publicaron.

"1. Artículos 64, 154, 156, 157, 159, 160 y 215, todos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada el treinta de septiembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro de Arteaga.

"IV. Actos que se atribuyen a cada una de las autoridades responsables.

"1. Del presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, se reclama la instalación ilegal de la sesión del día 27 de septiembre de 2005, en la que se realizó la aprobación del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, violando las etapas procedimentales a las que por ley está sujeto.

"2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro de Arteaga, se reclama la aprobación, promulgación y publicación del decreto precisado con antelación."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

En el primer concepto de invalidez, la parte promovente cuestiona aspectos inherentes al proceso legislativo del cual derivó la reforma electoral emitida por el Congreso del Estado de Querétaro publicada el treinta de septiembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial de dicha entidad pues, en su concepto, no se respetaron las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de ese Estado, ya que a pesar de las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo a la reforma aprobada por el Congreso del Estado, ésta no fue sometida de nueva cuenta al procedimiento legislativo como lo dispone el artículo 35 de la Constitución del Estado de Querétaro, incumpliéndose con ello las etapas establecidas para la formación de la ley; además, aduce que el presidente de la mesa directiva no citó a la sesión del Pleno mediante convocatoria escrita o a través de medios electrónicos con un día hábil de anticipación de la fecha en que hubo de celebrarse la misma, lo cual estima igualmente violatorio del proceso legislativo local.

En el segundo concepto de invalidez, el promovente aduce, esencialmente, que con la reforma al artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se violan los derechos de los partidos políticos minoritarios porque se excluye su participación en la integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al establecerse en la fracción III de dicho numeral que para tener derecho a participar en la conformación de ese órgano colegiado, es necesario que el partido político hubiere obtenido, por lo menos, el 3% (tres por ciento) de la votación total emitida en la elección inmediata anterior para diputados de mayoría relativa, en lugar del 2.5% (dos punto cinco por ciento) que establecía antes ese mismo artículo.

En el tercer concepto de invalidez, el accionante aduce que la reforma a los artículos 154, 156, 157, 159, 160 y 215 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que aumentó el umbral del 2.5% (dos punto cinco por ciento) al 3% (tres por ciento) del total de la votación emitida en el Estado en la elección como requisito para tener derecho a la asignación de diputados o regidores por el principio de representación proporcional, no permite una competencia significativa y unas elecciones disputadas, ya que priva de igualdad de derechos a los oponentes, les impone impedimentos desproporcionados, no defiende al electorado en una situación de libre mercado, no permite la entrada al mercado de nuevos competidores y no brinda a la ciudadanía la posibilidad de optar ampliamente entre todas las opciones políticas con presencia, así sea mínima, en el Estado.

Por último, el partido promovente de la presente acción de inconstitucionalidad, manifestó en sus conceptos de invalidez, lo siguiente:

"Los artículos que hoy combatimos a norma reclamada (sic) en este concepto de invalidez, al determinar la nueva forma de que mantengan su registro deberá obtener cuando menos el tres por ciento de la votación, lo que lo hace inequitativo, limitando aquellos partidos que son de nueva creación o que se han constituido como minorías, situación que más que afectar de manera económica a un partido político, lesionan gravemente el interés general de la sociedad, ya que al ser los partidos políticos entidades de interés público, son el único medio para acceder a cargos de elección popular y participar en la vida democrática de la entidad ..."

Asimismo, manifestó lo siguiente:

"Resulta obvio que las normas reformadas, adicionadas y derogadas, y hoy combatidas vulneran flagrantemente en el principio la Carta Magna (sic), lo que constituye la fehaciente inconstitucionalidad de las normas materia de esta acción."

Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que a continuación del capítulo de "Conceptos de invalidez", el promovente de la presente acción de inconstitucionalidad expone otro capítulo titulado "Conceptos de violación" en el que, esencialmente, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra una serie de principios que deben ser respetados, dentro de los cuales se encuentra el "derecho a participar en elecciones estatales y municipales", expresando enseguida diversos razonamientos y transcripciones que, en opinión del promovente, se encuentran relacionados con ese principio.

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son los artículos 14, 16, 40, 41, 54, 116 y 133.

CUARTO. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 34/2005, y por razón de turno designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.

QUINTO. Mediante diverso proveído de la misma fecha, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en consideración que el Ministro instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia designado como instructor, se encontraba desempeñando una comisión de carácter oficial, ordenó remitir el expediente al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano a efecto de que proveyera lo conducente para la tramitación del asunto, hasta en tanto el Ministro instructor se reincorporase a sus actividades.

SEXTO. Por auto del mismo tres de noviembre de dos mil cinco, el Ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, actuando en suplencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, admitió la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que rindieran sus respectivos informes; al presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para que informase la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad; y al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al procurador general de la República, a fin de que rindieran su opinión en el caso.

SÉPTIMO. Por auto de siete de noviembre de dos mil cinco, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que en esa misma fecha se había incorporado a sus actividades el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ordenó remitir el expediente referido al Ministro a fin de que continuara proveyendo lo conducente para la tramitación de este procedimiento constitucional.

OCTAVO. Mediante oficio de fecha cinco de noviembre de dos mil cinco, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, informó a este Alto Tribunal que de conformidad con la normatividad electoral del Estado, el próximo proceso electoral iniciará con la declaratoria que se emitirá en la sesión del consejo que se celebre dentro de los primeros quince días del mes de enero de dos mil seis.

NOVENO. Mediante oficio SUP-AES-18/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su presidente, hizo del conocimiento de este Alto Tribunal su opinión sobre la presente acción de inconstitucionalidad en la que, sustancialmente, manifestó que dado que la Sala Superior es el órgano especializado en materia electoral del Poder Judicial de la Federación, no le correspondía a ella emitir opinión alguna respecto de las cuestiones que no estuviesen estrictamente vinculadas a la materia electoral; asimismo, señaló que "en relación con los temas específicos de la materia electoral, tampoco se estima necesario emitir una opinión, en relación con los tópicos examinados en la resolución de otras acciones de inconstitucionalidad", esto es, que respecto de los temas en los cuales ya existiera algún pronunciamiento de este Alto Tribunal, de igual manera estimaba innecesario emitir opinión alguna. En orden a ello, concluyó: "Por lo anterior, no serán motivo de opinión por parte de este órgano jurisdiccional los conceptos de invalidez expuestos por el Partido del Trabajo", explicando a continuación nuevamente, la razón de dicha aseveración.

DÉCIMO. Mediante oficio de fecha nueve de noviembre de dos mil cinco, José Alfredo Botello Montes, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Querétaro y en representación del gobernador de la entidad, presentó su informe en el que, únicamente, se concretó a señalar que "es cierto que esta autoridad promulgó y publicó la Ley que reforma, deroga y adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro".

DÉCIMO PRIMERO. Por oficio presentado el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, el presidente de la mesa directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro, en representación de la misma, rindió su informe en el que, sustancialmente, manifestó las "razones y fundamentos para sostener la validez de la ley de que se trata", no obstante lo cual, al final concluyó en los términos siguientes:

"Por lo anterior esta LIV Legislatura expresa de manera firme y definitiva, la legalidad de la sesión plenaria de fecha 29 de septiembre de 2005, en la cual se aprobaron las reformas y adiciones a la Ley Electoral del Estado, ahora impugnadas por la promovente, acompañando a la presente copia certificada de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga, por lo que se solicita el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad que se contesta."

DÉCIMO SEGUNDO. Por último, mediante oficio de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, el procurador general de la República emitió su opinión sobre el asunto, en la que, sustancialmente, manifestó que esta Suprema Corte de Justicia era competente para conocer del caso, que la acción de inconstitucionalidad era procedente, había sido promovida por personas legitimadas y, además, en tiempo y finalmente, que a su juicio procedía declarar infundados los conceptos de invalidez esgrimidos por el Partido del Trabajo.

DÉCIMO TERCERO. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que un partido político planteó la posible contradicción de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, con la Constitución Federal.

SEGUNDO. La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

En efecto, tomando en consideración que la reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día treinta de septiembre de dos mil cinco; que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que "El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. ..." y, por último, que el escrito inicial se presentó el día treinta de octubre de dos mil cinco, esto es, el último día de dicho plazo, debe estimarse que la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

TERCERO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez, para promover la presente acción de inconstitucionalidad en nombre y representación del Partido del Trabajo.

Como bien es sabido, de conformidad con el inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional, así como con el último párrafo del artículo 62 de su ley reglamentaria, los partidos políticos, a fin de poder promover una acción de inconstitucionalidad, deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Contar con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Haber promovido la acción por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso); y,

c) Que quien suscriba el escrito inicial a nombre y en representación del partido político, cuente con facultades para ello en términos de sus estatutos.

En el caso, se encuentra demostrado en autos que el Partido del Trabajo es un partido político con registro nacional ante el Instituto Federal Electoral y, asimismo, que su Comisión Coordinadora Nacional se encuentra integrada por seis miembros, a saber: Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, José Narro Céspedes, Marcos Cruz Martínez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez. Esto se desprende de las certificaciones expedidas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, visibles a fojas cuarenta y siete y cuarenta y nueve del expediente.

Ahora bien, los artículos 43 y 44, inciso c), de los estatutos del Partido del Trabajo que obran a fojas noventa y dos a cincuenta y nueve de autos, señalan:

"Artículo 43. La Comisión Coordinadora Nacional se integrará con seis miembros que designará el Congreso Nacional ordinario y será la representación política y legal del Partido del Trabajo y de su Dirección Nacional. Deberá ser convocada por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cualquiera de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Todos los acuerdos, resoluciones y actos de la Comisión Coordinadora Nacional tendrán plena validez en su caso, con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes."

"Artículo 44. Son atribuciones de la Comisión Coordinadora Nacional:

"...

"c) La Comisión Coordinadora Nacional estará legitimada para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes."

De los preceptos transcritos deriva que la Comisión Coordinadora Nacional efectivamente es el órgano facultado para representar legalmente al partido y promover este tipo de medio de control constitucional en su nombre.

Asimismo, se desprende de lo anterior que pese a que el escrito inicial sólo fue suscrito por cuatro de los seis integrantes de la referida Comisión Coordinadora Nacional, ello es suficiente para estimar que dicho acto es válido, habida cuenta de que el artículo 43 antes transcrito expresamente señala que los actos de ese órgano político tendrán plena validez con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes.

Por tanto, es de concluirse que la acción de que se trata fue hecha valer por parte legitimada, al cumplirse cabalmente con todos los requisitos a que aluden tanto la Constitución General de la República, como la ley reglamentaria de la materia.

CUARTO. En la presente acción de inconstitucionalidad las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia o sobreseimiento, no obstante lo cual, este Alto Tribunal advierte que con objeto de depurar el procedimiento, es menester sobreseer parcialmente en la misma de conformidad con lo que a continuación se expone.

Tal como quedó narrado en los resultandos de esta ejecutoria, la parte promovente, además de impugnar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, señaló en su escrito inicial lo siguiente:

"Del presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, se reclama la instalación ilegal de la sesión del día 27 de septiembre de 2005, en la que se realizó la aprobación del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, violando las etapas procedimentales a las que por ley está sujeto."

Procede sobreseer en este procedimiento por lo que hace a dicho planteamiento.

En efecto, al tratarse de la impugnación de actos concretos y no de normas generales que, además, se reclaman en específico del presidente de la mesa directiva del Congreso, es claro que se surte respecto de ellos la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a la especie por disposición del diverso artículo 65 de este mismo ordenamiento, en relación con el artículo 105, fracción II, constitucional.

Ello, tanto porque dicho funcionario legislativo no se encuentra legitimado pasivamente para acudir a un procedimiento de acción de inconstitucionalidad, como porque se trata de la impugnación de actos concretos que, de conformidad con el primer párrafo de la referida fracción II del artículo 105 constitucional, no pueden ser reclamados en este tipo de procedimientos.

Por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, aplicable al caso por disposición del diverso artículo 65 de esta misma ley, procede sobreseer por lo que respecta a dichos actos, sin perjuicio de que se puedan tener como motivos de impugnación de las normas reclamadas.

Por último, conviene señalar que pese a que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, al rendir su informe manifestó al final de su escrito que solicitaba "el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad", ello no puede ser considerado como la exposición de una verdadera causa de sobreseimiento, habida cuenta de que, tal como quedó dicho en los resultandos de esta ejecutoria, los razonamientos expresados en dicho ocurso, más bien hacen referencia al fondo del asunto, sin que en ellos se haga valer alguna causa concreta que pudiese motivar el sobreseimiento del presente procedimiento.

Así pues, al no existir otras causas de improcedencia o sobreseimiento que analizar, procede ahora referirse al fondo del asunto.

QUINTO. Previamente a cualquier pronunciamiento, es menester precisar que mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil cinco, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiocho de octubre siguiente, el Partido Convergencia promovió una diversa acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 50, 64, 154, 156, 157, 160 y 215 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado el treinta de septiembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial del Estado, disposiciones que coinciden con los preceptos impugnados en este procedimiento, salvo por lo que hace al artículo 159 de la misma ley que no fue impugnado por el Partido Convergencia.

Dicho procedimiento fue admitido a trámite e identificado como la acción de inconstitucionalidad 32/2005.

Ahora, según puede apreciarse en el expediente de la referida acción de inconstitucionalidad 32/2005, en ella el partido accionante, sustancialmente manifestó que estimaba que dichas normas eran contrarias a los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 54, fracción II, 105, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente:

1. Es inconstitucional el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que sanciona con la inhabilitación para participar en la siguiente elección como candidatos, con la pérdida del derecho a ser votado -contenido en los artículos 35, fracciones II y III, y 41, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal- al dirigente estatal, al responsable del órgano interno encargado de las finanzas y al representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, del partido político o coalición que cometan una infracción y que hayan ejercido la responsabilidad en el periodo de incumplimiento, violentando con ello los derechos políticos electorales de las indicadas personas.

Se estima inconstitucional esa disposición normativa porque:

a) Vulnera los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad, contemplados en el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna, ya que la tarea del órgano electoral, entre otras, es la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, a los que en caso de infringir la ley debe sancionárseles y no a sus representantes.

b) Viola los derechos políticos electorales, al impedirles el derecho inherente a ser votado contenido en los artículos 35, fracciones II y III, y 41, párrafo segundo, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Local.

c) Atenta contra el régimen de partidos, ya que de estimarse pertinente la inhabilitación, los institutos políticos se verían impedidos para acreditar a su representante ante el Consejo General, violentándose con ello los principios electorales mencionados.

d) Viola la garantía de defensa, al no preverse un procedimiento especial para inconformarse con tales sanciones.

2. Con la reforma a los artículos 64, fracción III, en relación con el 156, párrafos primero y segundo, 154, párrafos primero y segundo, 157, incisos b) y c), 160, fracciones I y II, y 215, último párrafo, de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, se violan los artículos 40, 41, párrafo segundo, base primera, 54 y 116 de la Constitución Federal, al establecer un incremento del 2.5% al 3.0% de los porcentajes de votación que se requieren para que un partido político pueda tener representación en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para que un partido político estatal mantenga su registro y para que tengan derecho a participar en la asignación de diputados y regidores, dado que en el primero de los preceptos cuestionados se exige como requisito para que a los partidos políticos nacionales puedan participar como integrante del Consejo General, el 3% de la votación total emitida en la elección anterior para diputados de mayoría relativa, esto es, un porcentaje mayor que el requerido para conservar el registro como tales, mientras que los demás provocan que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación coartando toda posibilidad de expresión y representación de las minorías en la toma de decisiones; que el porcentaje mínimo para conservar el registro o la inscripción no es a criterio del legislador por un supuesto llamado de la sociedad sino por un mandato constitucional en el que se privilegia el sistema de partidos en condiciones de equidad y con garantías plenas de elecciones libres, auténticas y periódicas que garantizan el pleno respeto de la soberanía popular y la pluralidad de las diversas ideologías y formas de pensamiento.

3. Las reformas impugnadas están viciadas de origen, en virtud de que en su formación no se siguió en todas sus fases el procedimiento legislativo que para tal efecto establecen los artículos 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y los artículos 27, 78, 79, 81, 82, 91, 152 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, concretamente en lo relativo a la citación a la sesión en que se discutió y aprobó dicha reforma, el receso que se aprobó en la misma y el trámite que se dio a las observaciones formuladas por el gobernador del Estado, así como que se omitió fundar y motivar el dictamen de reformas y adiciones.

Tales irregularidades, son en esencia, las siguientes:

1. La convocatoria que se hizo a los integrantes del Pleno de la Cámara de Diputados para asistir a la sesión ordinaria y para desahogar, entre otros puntos, las observaciones al proyecto de ley que reforma, deroga y adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro que presentó el gobernador del Estado, no cumplió con los requisitos exigidos por los citados dispositivos de la ley orgánica y de la Constitución Local, ya que no se lanzó con cuarenta y ocho horas de anticipación.

2. A pesar de que la propuesta del diputado presidente de la mesa directiva de dispensar los trámites legales señalados, que fue sometida a votación, fue rechazada por la mayoría de los legisladores, aquél continuó con la sesión, argumentando que al tratarse de un caso de emergencia y de interés público la publicación de la Ley Electoral para el Estado de Querétaro, resultaba innecesaria la dispensa mencionada.

3. En la referida sesión plenaria, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación solicitó un receso de veinte minutos para que dicha comisión conociera, analizara, discutiera y, en su caso, aprobara las observaciones formuladas por el gobernador del Estado, y una vez transcurrida esa temporalidad, se reanudó la sesión y se aprobó el dictamen recaído a dichas observaciones, incumpliéndose con los requisitos exigidos por las citadas normas legales, porque no se convocó a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales en tiempo y forma, ya que las observaciones llegaron a la oficialía de partes un día antes de su aprobación, cuando debieron mediar tres días entre la presentación de aquéllas y la realización de la sesión de la comisión encargada de dictaminarlas.

4. Se omitió notificar a quien presentó la iniciativa, esto es, al Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

5. La Comisión Legislativa de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Querétaro, omitió fundar y motivar el dictamen de reformas y adiciones a la Ley Electoral del Estado, en cuanto a la necesidad de aumentar el umbral para acceder a la representación proporcional y, en consecuencia, el aumento del mismo porcentaje para conservar la inscripción y las prerrogativas estatales.

Lo anterior pone de manifiesto que, además de que las disposiciones impugnadas son casi idénticas, los motivos de impugnación del Partido Convergencia respecto de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro del treinta de septiembre pasado, son prácticamente coincidentes.

En efecto, el primer concepto de invalidez planteado por el Partido del Trabajo en la presente acción de inconstitucionalidad, es sustancialmente igual al que planteó el Partido Convergencia en su tercer concepto de invalidez, en tanto que los conceptos segundo y tercero del Partido del Trabajo son también sustancialmente iguales a los argumentos esgrimidos por el Partido Convergencia en su segundo concepto de invalidez.

Ahora bien, el día cinco de diciembre pasado, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 32/2005, pronunciándose respecto de todos los planteamientos formulados por el Partido Convergencia, en los términos siguientes:

"SEXTO. Como primer planteamiento de fondo, la actora aduce la inconstitucionalidad del artículo 50, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que sanciona con la inhabilitación para participar en la siguiente elección como candidatos, con la pérdida del derecho a ser votado -contenido en los artículos 35, fracciones II y III, 41, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal- al dirigente estatal, al responsable del órgano interno encargado de las finanzas y al representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, del partido político o coalición que cometan una infracción y que hayan ejercido la responsabilidad en el periodo de incumplimiento, violentando con ello los derechos políticos electorales de las indicadas personas. El promovente de la acción estima inconstitucional esa porción normativa porque:

"...

"e) Vulnera los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad contemplados en el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna, ya que la tarea del órgano electoral, entre otras, es la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, a los que en caso de infringir la ley debe sancionárseles y no a sus representantes.

"f) Viola los derechos políti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19414-7cdd892b/accion-de-inconstitucionalidad-el-articulo-64-fraccion-iii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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