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Modo: Corpus Pro

MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2001. · Registro digital (IUS): 17591
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN, CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 898.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2001. MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN, CONTRA LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de marzo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de junio de dos mil uno, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Luis Ignacio Pozo Rocha y Roberto Ramírez Villarreal, ostentándose como presidente municipal, síndico segundo y secretario, respectivamente, todos del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional, demandando de las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente, la invalidez de la norma que más adelante se señala:

"Entidades, poderes u órganos demandados: a) El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, depositado en el H. Congreso del Estado de Nuevo León, integrado por la Sexagésima Novena Legislatura, con domicilio en su respectivo recinto oficial, sito en la calle Matamoros y Zaragoza, torre administrativa, planta baja, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, del cual se demanda la inconstitucionalidad e invalidez de la aprobación y expedición de las normas de carácter general contenidas en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 y en el párrafo final del artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y el artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de fecha 11 de mayo de 2001; ello por la violación del párrafo segundo y el inciso b) del párrafo tercero de la fracción II y en los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115, y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la aprobación y expedición de los preceptos anteriormente señalados que se contienen en el Decreto Número 49 citado; decreto el anterior, que fue promulgado y publicado por el Ejecutivo del Estado. b) El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, depositado en el gobernador del Estado, con domicilio en el Palacio de Gobierno ubicado en las calles de Zaragoza y 5 de Mayo de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, del que se demanda la inconstitucionalidad e invalidez de la promulgación y publicación de las normas de carácter general contenidas en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 y en el párrafo final del artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y el artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido por el H. Congreso del Estado en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de fecha 11 de mayo de 2001; ello por la violación del párrafo segundo y el inciso b) del párrafo tercero de la fracción II y de los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115, y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se demanda del gobernador del Estado como titular del Poder Ejecutivo del Estado la inconstitucionalidad e invalidez del acto de la publicación del contenido total del Decreto 49 antes señalado con base en las atribuciones establecidas en la fracción X del artículo 85 de la Constitución Política del Estado, y en los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, por la violación del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. c) El secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en el Palacio de Gobierno, ubicado en las calles de Zaragoza y 5 de Mayo de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, del cual se demanda como responsable directo de la publicación del Periódico Oficial del Estado, de conformidad al artículo 8o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y la fracción XXII del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la inconstitucionalidad e invalidez del refrendo o firma, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, de la promulgación de la reforma por modificación de las normas de carácter general contenidas en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 y en el párrafo final del artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y el artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 11 de mayo de 2001; ello por la violación del párrafo segundo y el inciso b) del párrafo tercero de la fracción II y en los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115, y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 79 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Asimismo, se demanda del secretario general de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, la inconstitucionalidad e invalidez del acto de la publicación del contenido total del Decreto Número 49 antes señalado, con base en sus atribuciones establecidas en los artículos 5o., 8o. y 10 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en las fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, por la violación del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. d) El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, con domicilio en el Palacio de Gobierno ubicado en las calles de Zaragoza y 5 de Mayo de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, la inconstitucionalidad e invalidez del refrendo o firma, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, de la promulgación de la reforma por modificación de los artículos 23 y 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y el artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo León en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 11 de mayo de 2001; ello por la violación del párrafo segundo y el inciso b) del párrafo tercero de la fracción II y en los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115, y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 79 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. e) El secretario de Desarrollo Humano y del Trabajo del Estado de Nuevo León, con domicilio en Avenida Churubusco, número 495 Norte, colonia Fierro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la inconstitucionalidad e invalidez del refrendo o firma, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, de la promulgación de la reforma por modificación de los artículos 23 y 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y el artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido por el Congreso del Estado en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 11 de mayo de 2001; ello por la violación del inciso b) del párrafo tercero de la fracción II y en los párrafos penúltimo y último de la fracción IV del artículo 115, y los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 79 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: A) Normas de carácter general. Las contenidas en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23, párrafo final, del artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y artículo tercero transitorio del Decreto Número 49, expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, en fecha 26 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 11 de mayo de 2001, disposiciones que se contienen en el decreto anterior que fue promulgado y publicado por el Ejecutivo del Estado. Además se solicita la declaración de inconstitucionalidad e invalidez de todas las normas que reglamenten dichas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que se declaren inconstitucionales o inválidas mediante sentencia que dé razón a esta demanda, por ser dichas normas reglamentarias necesariamente inconstitucionales. B) Acto cuya invalidez se demanda. La invalidez del acto de la publicación del contenido total del Decreto Número 49 que aparece en el Periódico Oficial del Estado de fecha 11 de mayo de 2001 y que contiene las reformas por modificación, adición y derogación de diversas disposiciones contenidas en los artículos 23, 63, 125, 128, 129, 131 y 132, con tres artículos transitorios, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León."

SEGUNDO. Se señalan como antecedentes del caso los siguientes:

Que el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual el Poder Ejecutivo Federal promulgó las referidas reformas al artículo 115 constitucional, modificando los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción I; el párrafo segundo y se adicionaron los párrafos tercero y cuarto de la fracción II; el párrafo primero y sus incisos a), c), g), h) e i), párrafo segundo y se adicionó un párrafo tercero a la fracción III, los párrafos segundo y tercero y se adicionaron los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV, y las fracciones V y VII, todos del artículo mencionado.

Que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, el treinta de enero de dos mil uno, aprobó la propuesta de decreto que reforma "modifica o deroga" diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y que tuvo por efecto adecuar dicha Constitución con respecto a la Norma Fundamental.

Que el veintiséis de marzo de dos mil uno, el Congreso del Estado de Nuevo León expidió el Decreto Número 49, reformando el artículo 23 de la Constitución Local "por modificación al párrafo séptimo, adición de nuevos párrafos octavo y noveno, siendo la parte final del párrafo séptimo vigente incluida en un nuevo párrafo décimo, por lo que el actual párrafo octavo pasa a ser el párrafo undécimo; se modifican las fracciones V, X, XIII, XLV del artículo 63, el artículo 125, el párrafo final del artículo 128, se deroga el artículo 129 y se modifican los artículos 131 y 132, conteniendo tres artículos transitorios", todos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

TERCERO. Como conceptos de invalidez se plantearon los siguientes:

"Primero. Inconstitucionalidad e invalidez de lo establecido en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. En primer lugar, la reforma por modificación del artículo 23 de la Constitución Política del Estado contenida en el Decreto No. 49 del Congreso del Estado de Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 de mayo de 2001 (agregado como anexo 7 en el capítulo de pruebas), viola flagrantemente en perjuicio de nuestro representado el Municipio de Monterrey, el reformado artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consagra la autonomía de los Municipios, lo anterior resulta así toda vez que la Sexagésima Novena Legislatura Local, en el aludido decreto establece serias limitaciones a los derechos constitucionales de los propios Municipios para disponer de los bienes que integran su patrimonio, esto se puede apreciar claramente de la simple lectura de los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado contenido en el referido decreto, ya que el séptimo establece que: ‘El Estado de Nuevo León y sus Municipios tienen derecho para adquirir, poseer y administrar bienes raíces, y esta clase de bienes sólo podrán enajenarse, gravarse o desincorporarse, cualquiera que sea su origen, su destino y carácter mediante decreto del Congreso del Estado que así lo autorice.’; asimismo, el párrafo noveno del mismo artículo reza: ‘Los convenios mediante los cuales se comprometa el libre uso de los bienes inmuebles municipales, se sujetarán a los términos que fijen las leyes, y requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de los Ayuntamientos.’, concluyendo el párrafo décimo con la siguiente disposición: ‘Serán inexistentes las enajenaciones, actos, convenios y contratos que no se ajusten a lo preceptuado por este artículo y la ley.’; estas disposiciones de carácter general contenidas en los párrafos referidos, contrarían directamente lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política Federal en el párrafo segundo y en el inciso b) del párrafo tercero de su fracción II, ya que en el párrafo segundo se establece que: ‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’, asimismo, el párrafo tercero, en su inciso b) de la misma fracción II del mencionado artículo 115 señala que: El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior (es decir las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados) será establecer: ... b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; de lo anterior se infiere que el Congreso del Estado de Nuevo León pretende poner una limitación al libre ejercicio del derecho de propiedad y de disposición de su patrimonio inmobiliario municipal, pues fue concedido tal derecho sin condición alguna en forma específica y expresa a los Municipios por el Constituyente Permanente, a través de la reforma aludida al mencionado artículo 115 constitucional; esto resulta claro, pues la modificación de la Constitución Política del Estado de Nuevo León realizada por la Legislatura Estatal, en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 establece una clara y evidente limitación al mencionado derecho de propiedad y de disposición que poseen los Municipios, en este caso particular que se demanda, del Municipio de Monterrey, para administrar libremente su patrimonio inmobiliario, pues dicha reforma en forma indebida y contraria al principio de supremacía constitucional vulnera lo establecido en la Carta Magna mediante normas de carácter legislativo estatal, pues por el contrario, en armonía legislativa, el Congreso del Estado de Nuevo León debió subordinarse en su potestad legislativa a lo dispuesto a nivel federal, siendo el ámbito legislativo permitido para la Legislatura del Estado, solamente establecer los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, según reza el referido inciso b) del párrafo tercero de la fracción II del artículo 115 constitucional, pues en ninguna forma otorga la Carta Magna potestad a los Congresos Estatales para legislar libremente en esa materia para imponer obligaciones de otra índole a los Ayuntamientos, como lo es condicionar sus actos mediante leyes reguladoras conforme se dispuso en el párrafo noveno o como establece el párrafo décimo, el dictar la inexistencia de las enajenaciones, los actos, convenios o contratos en materia de disposición de los bienes inmuebles que realicen los Ayuntamientos, si no se sujetan a lo regido por la Legislatura Estatal; de lo cual se alega en contrario, que son inconstitucionales tales normas por vulnerar las disposiciones ya referidas del artículo 115 de la Constitución Federal. En efecto, el aludido Decreto Número 49 del Congreso del Estado de Nuevo León, contraría con tales disposiciones las bases constitucionales del artículo 115 de la Constitución Política Federal, pues este último fija las facultades de los Municipios para disponer libremente de su patrimonio inmobiliario sin intervención de otras instancias de gobierno, pues sólo se establece constitucionalmente la intervención de las Legislaturas Estatales para regular los casos específicos por medio de las leyes o disposiciones en materia municipal que expida, para definir en cuáles decisiones que afecten el patrimonio municipal debe, necesariamente, votarse con una mayoría calificada de dos terceras partes del número de los miembros del Ayuntamiento del propio Municipio, facultades establecidas por el Constituyente Permanente como de carácter limitativo a la potestad legislativa de los Estados, pues en caso contrario la enumeración de los incisos A) a E) del párrafo tercero de la fracción segunda no tendrían razón de ser. Para mayor claridad y contundencia, que no deje lugar a dudas o a disertaciones jurídicas sin base, sobre el espíritu y sentido de la reforma que se llevó a cabo en el artículo 115 constitucional, es pertinente acudir al sentido que inspiró al legislador, pues claramente en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, según se puede observar en el diario de debates (contenido en el anexo 4 de pruebas) en el punto 4.2, se dice: ‘La intención de esta comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general. ...’. Por ello, resulta evidente que lo establecido por el Congreso del Estado en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, restringe en forma absoluta las facultades constitucionales de los Municipios al establecer como limitante o requisito esencial de validez que las decisiones del Municipio en cuanto a la disposición de su patrimonio inmobiliario sean autorizadas por el Congreso del Estado y que se ajusten a las leyes que expida y también por decretar legislativamente la nulidad de los actos de los Ayuntamientos que no se ajusten a sus leyes inconstitucionales; de ello cabe señalar los casos específicos de enajenación, gravamen o desincorporación de bienes inmuebles, según se refiere en el párrafo séptimo, siendo aquí manifiesta la transgresión de dicha autoridad a lo establecido en nuestra Carta Magna, pues el Constituyente Permanente, precisamente, se propuso eliminar la intervención de las Legislaturas Estatales u otros órganos de gobierno en los actos de disposición del patrimonio inmobiliario que hicieren los Ayuntamientos por medio de cualquier acto, convenio o contrato, no siendo válida la restricción a dichos actos, como inconstitucionalmente lo estableció en el párrafo décimo la Legislatura del Estado de Nuevo León. Lo dispuesto en los párrafos séptimo, noveno y décimo del artículo 23 de la Constitución Estatal contradice, en la letra y espíritu, la reforma del artículo 115 constitucional, pues vulnera el principio fundamental de libertad de los Municipios para administrar libremente su hacienda, pues dicho principio vigente desde la Constitución de 1917 se ha ido fortaleciendo históricamente como puede concluirse con la reforma de 1983 y con la más reciente de 1999, mediante el establecimiento en el artículo 115 de atribuciones directas a los Municipios y mediante el establecimiento de normas que establecen, como en el caso, la restricción constitucional a la intervención que pudieren tener otras instancias distintas a la municipal, como son las Legislaturas de los Estados. A mayor abundamiento, es oportuno analizar el sentido real que motivó al legislador para llevar a cabo el establecimiento de la norma contenida en el inciso b) del párrafo tercero de la fracción II del referido artículo 115 de la Constitución Política Federal; para tal efecto procedemos a transcribir parte del dictamen, visible en el diario de debates que se anexa como prueba, de la reforma al mencionado artículo, el cual fue votado en primera instancia como Cámara de Origen por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismo que a la letra dice en el punto 4.2.2: ‘En el inciso b), se establece que la ley deberá prever el requisito de mayoría calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendrá en la toma de la decisión a los Ayuntamientos.’; de lo anterior se desprende que el espíritu de la reforma en comento fue dotar al Municipio de autonomía plena en cuanto a la administración y disposición de su patrimonio inmobiliario sin la intervención de otra autoridad ajena, señalando concretamente a las Legislaturas Estatales; situación esta que pasa por alto completamente el Congreso del Estado de Nuevo León en la expedición del referido Decreto Número 49, que contiene reformas a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, pues con tal modificación incurre en una flagrante violación al inciso b) del párrafo tercero de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, al exceder la potestad legislativa que en la materia se le atribuye en la Carta Magna. Además, dicha reforma hace nugatorio el anacrónico argumento que justifica dicha intervención de las Legislaturas Estatales al considerar implícitamente como irresponsables o ‘menores de edad’ a los Ayuntamientos; por lo que, se consideraba en el pasado, era justificable dicha intervención de las legislaturas ‘para evitar abusos o irresponsabilidades de los Ayuntamientos’. Pues en efecto, disposiciones de igual o semejante naturaleza que han estado vigentes en los Estados es precisamente lo que el Constituyente Permanente en la reforma al 115, pretendió superar, y arribar así a un nuevo orden en lo que respecta a la libertad hacendaria de los Municipios, eliminando ya sea disposiciones legislativas en la materia que limitaban o limitan aún sus derechos constitucionales al no hacerse debidamente las adecuaciones a las leyes estatales con respecto al ámbito de competencia municipal, o mediante la intervención de las legislaturas en los actos administrativos de los Ayuntamientos; ya fuere para condicionar, por ejemplo, una enajenación, gravamen o desincorporación de un bien inmueble municipal. Pero lamentablemente, al sostener el criterio anacrónico al que se alude en el párrafo anterior o al no interpretar adecuadamente las disposiciones de la Carta Magna, el Congreso del Estado en el dictamen relativo a la reforma de la Constitución Política del Estado en materia de adecuaciones al artículo 115 de la Constitución Federal, describe que el criterio preponderante o espíritu que inspiró al legislador local, según refiere el propio dictamen (que se incluye como anexo 6 de pruebas), en su página 13, fue el siguiente: ‘Primeramente, en relación con el artículo 23, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, consideramos importante mencionar que el espíritu de las reformas se fundamenta en la preocupación que se manifestó en los foros de consulta por parte de autoridades y ciudadanos de no dilapidar el patrimonio municipal, estableciéndose las limitantes y generalidades para la enajenación, gravamen, desincorporación y afectación de los inmuebles. Es importante destacar que dentro de las discusiones que se originaron en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se vertieron lineamientos generales que deberán quedar consignados en las leyes en materia municipal, estableciendo la normatividad necesaria para evitar que los Municipios dilapiden su patrimonio inmobiliario, fijando con claridad los requisitos que deberán cumplirse para su afectación.’. Por lo referido del dictamen anteriormente citado, se concluye en deducción inmediata que el Congreso del Estado de Nuevo León no atiende lo que el legislador federal quiso establecer y plasmó en el texto del artículo 115, sobre todo en las normas que se controvierten. Es decir, tuvo una causa generadora contraria a la Carta Magna. Sobre la motivación y causa generadora de la reforma al artículo 115, concretamente lo referido en lo ya citado en los puntos 4.2 y 4.2.2 de la parte expositiva del dictamen de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que dio origen a la vigencia de la reforma en análisis, es aplicable la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL. Acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acción cuyo objetivo esencial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de tal manera que cada nivel de gobierno esté en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus términos, todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a través de la Carta Magna. Con este propósito, al resolver el fondo, se tendrán que analizar los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos ámbitos de competencia de cada nivel de gobierno y en los que se precisan las facultades y atribuciones de cada uno de éstos, lo cual debe hacerse también considerando la propia motivación y causa generadora que llevó al legislador a la inclusión de dichos principios e instituciones fundamentales como lineamientos de nuestro sistema federal, de tal manera que se aprecie en forma cierta el sentido y teleología de éstos para una correcta interpretación y aplicación de los mismos en beneficio de la sociedad.’ (Recurso de reclamación en la controversia constitucional 51/96. Ayuntamiento de Puebla, Estado de Puebla. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz). Se concluye que la causa generadora del legislador local fue contraria a la del legislador federal. Por último, en este mismo orden de ideas y con el fin de robustecer nuestra aseveración, es procedente mencionar que el dictamen de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como Cámara Revisora aprobó sin modificaciones el proyecto de reforma al artículo 115 aprobado previamente en la Cámara de Diputados, lo que reafirma que es aceptable plenamente la motivación y causa generadora que le dio la Cámara de Origen. Resulta aplicable también, lo establecido en la tesis que adelante se transcribe, en la cual es evidente que persiste, desde que se estableció en 1917, el principio del derecho de los Municipios de administrar libremente los bienes que conforman su patrimonio, resultando inconstitucional la intervención de alguna autoridad diversa al propio Ayuntamiento que pretenda limitar tal derecho. La cual se transcribe: ‘MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES POR LOS. Es de estimarse inconstitucional el acto del gobernador de un Estado, por el cual se incauta de los arbitrios municipales, pues el Constituyente ha querido que los Ayuntamientos, como expresión directa de la voluntad del pueblo, sean los administradores de sus intereses, y constituyan la base de una organización política y administrativa de todo punto independiente; todo lo cual indica que no se les puede privar de su derecho para administrar los bienes municipales. Además cualquiera ley en que se apoye un gobernante para sustituirse en las atribuciones administrativas de los Ayuntamientos, es enteramente anticonstitucional y no debe ser obedecida, por ser contraria al artículo 115 constitucional, que sienta las bases de la organización política de México, sobre los principios del respeto al Municipio Libre y de la administración de sus bienes, sin intervención de ninguna otra autoridad. Por tanto, debe concederse el amparo contra el acto del gobernador, por ser éste violatorio de garantías, y asimismo, respecto a las autoridades ejecutoras, pues se trata de una ejecución inminente, que constituye una amenaza trascendental para las instituciones y para los derechos consagrados a favor de los Municipios.’ (Amparo administrativo en revisión 4600/39. Ayuntamiento de Álamo Temapech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17591-98398fe2/municipes-la-legislatura-estatal-carece-de-facultades-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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