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Modo: Corpus Pro

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. ES INFUNDADA E INATENDIBLE AQUELLA EN QUE SE ADUCEN VICIOS DE LEGALIDAD QUE AFECTAN A UN SERVIDOR PÚBLICO COMO PERSONA Y NO AL ÓRGANO DEL QUE ES TITULAR. LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. AL CONTEMPLAR LA FISCALIZACIÓN, REVISIÓN, REINSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, NO VULNERA LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL OTORGA A LOS MUNICIPIOS PARA EXPEDIR REGLAMENTOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/97. · Registro digital (IUS): 6968
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, , Pág. 1351.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de enero de dos mil uno.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento de Monterrey, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional, en la que solicitaron la invalidez de las disposiciones y los actos que adelante se precisan en contra de las autoridades que a continuación se indican:

"Demandados: Entidad: Estado de Nuevo León; Poder: Congreso del Estado y titular del Poder Ejecutivo: gobernador del Estado; órganos: secretario de Gobierno y secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León, todos ellos con sus domicilios en sus respectivos recintos oficiales en la Cd. de Monterrey, N.L. Pretensiones: a) La anticonstitucionalidad del Estado de Nuevo León por la actuación del Estado frente al Municipio de Monterrey, por la invasión de esferas en la elaboración, expedición y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León. b) Norma general: Los artículos 1o., fracciones I y VI, 2o., 3o., fracciones III y IX, 46, 63, 64, 67, 68, 70, 72, fracciones III y V, 73, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 130, 133, fracción I y 134, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Nuevo León, expedida por el Congreso del Estado el 22 de enero del presente año y publicada en el Periódico Oficial del día 29 de enero del presente año, con vigencia a partir del día siguiente, en virtud de que invade la esfera de acción que corresponde al Municipio en cuanto le compete expedir disposiciones reglamentarias relativas a las responsabilidades de los servidores públicos que de éste dependen. c) La ilegalidad o nulidad de la actuación del gobernador del Estado, del secretario general de Gobierno y secretario de la Contraloría General del Estado, en cuanto al mandamiento de promulgación y refrendo del mismo, de fecha 24 de enero de 1997, relativo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, en cuanto representa invasión de esferas de las atribuciones atinentes al Ayuntamiento y al presidente municipal en la expedición de disposiciones reglamentarias relativas a los servidores públicos del Municipio, en cuanto al primero; y al segundo en cuanto a la facultad de promulgar el reglamento municipal. d) La ilegalidad o nulidad de los actos realizados por el C. Secretario de la Contraloría del Estado en cuanto a la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del día 29 de enero del año en curso, con vigencia a partir del día siguiente, en lo concerniente a la manifestación de bienes de los servidores públicos del Municipio de Monterrey, obligarlos a presentar declaraciones, llevar registro, imponer el deber de comunicarle las sanciones e inhabilitaciones, aplicar suspensión o destitución e imponer sanciones económicas, cuya regulación debe corresponderle, en ejercicio de su independencia y autonomía al Municipio de Monterrey por conducto del R. Ayuntamiento a cuyo órgano de administración le compete la facultad reglamentaria. Los anteriores actos realizados por el Estado de Nuevo León, por el Congreso, gobernador constitucional sustituto, secretario general de Gobierno y secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León, invaden la esfera de acción competencial del Municipio, y por sí mismos son conculcatorios a los principios de distribución de competencias derivados del Estado de derecho y específicamente de los contenidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"I. El día 22 de enero del año en curso, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, y el 24 de enero del presente año el gobernador sustituto constitucional expidió el mandamiento de que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento como decreto promulgatorio, con el refrendo de los CC. Secretario general de Gobierno y secretario de la Contraloría General del Estado. Se publicó dicha ley en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de enero del año en curso. Conforme al artículo primero transitorio, la referida ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. II. El Estado de Nuevo León, de esa forma, ha intervenido en el Municipio invadiendo la esfera de acción de éste con motivo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, en cuanto corresponde, en la especie, al Municipio de Monterrey la facultad de expedir reglamentos relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos municipales, ya que de acuerdo con la estructura de distribución de competencias existe una Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, distinta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal; y así como en la Federación la relación de jerarquía en la administración pública centralizada se encuentra regulada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el ámbito de acción que corresponde en esa área al Municipio debe ser estrictamente respetado por el Estado, Congreso Local, gobernador sustituto constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de la Contraloría, quienes con los actos que se les imputan en esta controversia constitucional invaden la esfera de acción del Municipio de Monterrey y restringen la actividad que al órgano de administración de éste le corresponde en cuanto a la regulación de relaciones Municipio-servidores públicos."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:

"Primero. El Estado de Nuevo León invade la esfera de la acción del Municipio de Monterrey, tanto con motivo de la expedición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, como de los mandamientos de imprimir, publicar, circular y dar cumplimiento a dicha ley, expedido por el gobernador sustituto constitucional y el refrendo a los mismos, por parte de los secretarios General de Gobierno y de la Contraloría del Estado, porque no respeta la relación Federación-Estado-Municipio que se constituye en un esquema fundamental para la descentralización de decisiones de suerte que, con propiedad, se habla de tales niveles de gobierno, inclusive, ahora el atinente al Distrito Federal con las reformas al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, se lee: 'La descentralización exige un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz, de la revisión de competencias constitucionales entre Federación, Estados y Municipios: proceso que deberá analizar las facultades y atribuciones actuales de las autoridades federales, y de las autoridades locales y municipales, para determinar cuáles pueden redistribuirse para un mejor equilibrio entre las tres instancias del Gobierno Constitucional.'. De esa suerte se emprendió la acción tendiente a entregar o devolver al Municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de dicha institución como lo es el concerniente al gobierno directo de la comunidad básica. El órgano de administración del Municipio: el Ayuntamiento, quedó fortalecido al señalársele las atribuciones para la prestación de los servicios públicos asignados al Municipio, atendiendo a las bases generales que al efecto expida la Legislatura Local y se otorgaron al Municipio atribuciones para apoyar y fortalecer la estructura de su órgano de decisión, estableciendo los requisitos indispensables para la suspensión, declaración, desaparición de los poderes municipales o revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos, a la vez de proteger la hacienda municipal, robustecer jurídicamente la personalidad y el patrimonio del Municipio y previendo la seguridad de las relaciones laborales entre el propio Municipio y sus trabajadores. Para la realización de las atribuciones atinentes a la administración del Municipio, en Nuevo León, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal el 27 de diciembre de 1990, y en dicha ley se contienen las facultades y obligaciones que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, regidores, síndicos, secretario del R. Ayuntamiento y tesorero, además de disponer lo atinente a que para el ejercicio de atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se podrá auxiliar por dependencias y entidades de la administración pública municipal que estarán bajo las órdenes del presidente municipal, expidiéndose el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, en el cual se desarrollan las atribuciones que le corresponden a las dependencias administrativas y organismos descentralizados. En dicho Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey se señalan a las secretarías del R. Ayuntamiento, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Obras Públicas, de Desarrollo Social, de Administración, de Servicios Públicos, de Vialidad y Tránsito y la de la Contraloría, con facultades, para ésta, de establecer y expedir manuales que regulen el funcionamiento de los procedimientos de control de la administración pública municipal, vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización administrativa interna, además de practicar inspecciones, revisiones, auditorías, peritajes y las demás que le asigne el presidente municipal. Luego, siguiendo el sistema de organización y distribución de competencias que se desprenden de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en cuyos apartados se menciona a la Secretaría de la Contraloría de una y otra de las esferas de acción de los referidos gobiernos, en el Municipio de Monterrey también, como se dice arriba, se establece en su Reglamento de Administración Pública la Secretaría de la Contraloría, de cuyas normas se desprenden las pautas para facilitar el debido control de los actos u omisiones en los cuales pueden incurrir, en este último caso, los servidores públicos municipales, en el entendido que 'los esquemas de contraloría pública no deberán limitarse a detectar y castigar eventuales infractores, sino ser un elemento de apoyo mediante la detección oportuna de fallas en los sistemas, en los procedimientos o en la normatividad'. Por ello la Suprema Corte de Justicia, en Pleno, al resolver la controversia constitucional 3/93, dejó claramente establecido que en: 'la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de dicha entidad (Nuevo León), sí da bases suficientes para que los Ayuntamientos puedan válidamente expedir normas reglamentarias en materia de responsabilidades de los servidores públicos de los Municipios ...'; y, después de transcribir el contenido de los artículos 14, 27, 30, 31, 79 y 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal determinó: 'Basta la relación de las disposiciones legales transcritas, para llegar a la consideración de que, en general, los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León tienen facultades para expedir normas generales sobre materia de responsabilidades de los servidores públicos municipales, en virtud de que en las leyes aludidas existen las bases que para ello exige el artículo 115, fracción II de la Constitución Federal, cuya validez dependerá, obviamente de su respeto y apego a tales bases.'. Estas consideraciones, como las derivadas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no son atendidas por el Estado de Nuevo León, ya que se atribuye el control, fiscalización, revisión, inscripción de declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales y registro de aquellos que hubiesen sido sancionados, invadiendo la esfera de acción que le corresponde al Municipio como tan claramente lo dejó asentado el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia al considerar que al Ayuntamiento, como órgano de administración, en este caso del Municipio de Monterrey, le corresponde expedir el Reglamento de Responsabilidades de los Servidores Públicos Municipales, en el caso, observando las prescripciones del título sexto, artículos del 160 al 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. Por lo anterior, este concepto de invalidez debe declararse fundado por la evidente invasión de la esfera que corresponde al Municipio de Monterrey, por parte del Estado de Nuevo León. Segundo. Apareciendo que el Estado de Nuevo León obra por conducto del Congreso del Estado al expedir el Decreto 380 de fecha 22 de enero de 1997, promulgado por el gobernador sustituto constitucional y refrendado por los CC. Secretario general de Gobierno y secretario de la Contraloría General del Estado, el día 24 de enero del año en curso y publicado en el Periódico Oficial No. 13, tomo CXXXIV de fecha 29 de enero de 1997, tal acto formal y materialmente legislativo como los realizados por las autoridades administrativas señaladas, constituyen las acciones que invaden la esfera de acción del Municipio, yendo más allá de las atribuciones que el propio Congreso otorgó al R. Ayuntamiento, en las bases generales para expedir los reglamentos que deben estar en vigor en el Municipio y, entre los cuales, debe encontrarse el correspondiente al de responsabilidades de los servidores públicos municipales. Si el Municipio adquirió las características de un verdadero poder y si el artículo 39 de la Constitución Federal determina que la soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo y éste la ejerce, de acuerdo con el diverso 49 de la misma Carta Federal por conducto de los llamados Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en lo que se refiere en todo el territorio nacional y los de igual denominación en cada una de las entidades federativas, de acuerdo con el diverso 116 de la misma Constitución, deberá, indiscutiblemente, respetarse al órgano de administración del Municipio contenido en el artículo 115 de la Carta Magna Nacional. El Estado de Nuevo León no respeta los ámbitos competenciales porque al actuar su poder: Congreso Local, expidiendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y los Municipios de Nuevo León, no indica el campo de acción propio de la entidad federativa en relación con sus respectivos servidores públicos que llegaren a ser considerados como sujetos de juicio político o aquellos contra los cuales hubiere que hacer la declaración de que ha lugar a proceder de encontrar que hubieren incurrido en acciones u omisiones constitutivas de delito. Además, no precisa el campo de acción que compete a la autoridad del Estado para determinar y fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Municipio. Por ello, se considera que los artículos que se han señalado en la parte superior contenidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, en cuanto a exigir no sólo a los funcionarios de elección popular directa -presidente municipal, regidores y síndicos- sino también a secretarios, tesoreros, directores 'así como aquellos que manejen, recauden o administren fondos y recursos económicos', sin hacer distinción, en este último caso del origen -federal o estadual- de los referidos fondos y recursos económicos, la presentación de declaraciones patrimoniales, la inscripción de dichas reclamaciones, el registro de quienes hayan sido sancionados o inhabilitados, al conceder competencia para ello a la Secretaría de la Contraloría General del Estado sin la intervención de ninguna clase para la Secretaría de la Contraloría Municipal. El régimen de responsabilidades de los servidores públicos está debidamente delimitado en las distintas áreas del gobierno: federal, estatal y municipal. En uno y otro hay excepciones, como cuando los últimos manejan fondos federales o cuando servidores públicos municipales tienen a su cuidado recursos estaduales, pero fuera de ello debe existir la distribución de competencias derivadas del sistema descentralizado y lo que se establezca al respecto no debe ser 'un catálogo frío de deberes burocráticos, como la expresión deontológica del ejercicio del poder público y de la administración como en su más importante manifestación interna'. En el derecho disciplinario de la función pública existe la diferenciación de atribuciones a las entidades participantes: Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal. Debe haber un respeto a los ámbitos de competencia de cada una de ellas, al no acatarlas se genera la invasión de esferas, como en el caso sucede con la expedición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Nuevo León con el consecuente otorgamiento de facultades exorbitantes para el secretario de la Contraloría General del Estado. No existe disposición alguna que otorgue tal clase de atribuciones a un órgano de esta naturaleza. Viola el principio de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite como se lee en la jurisprudencia 166 de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy claramente determinado en el artículo 27 de la Constitución Política de Nuevo León. El señalar como sujetos de responsabilidades a los servidores públicos municipales con la obligación, entre otras, de manifestar bienes y otorgarle la aplicación de la ley a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, traspasando lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, porque comprende a toda clase de servidor público municipal, desde secretarios, tesoreros, directores y todos quienes manejen recursos o fondos económicos y otorgarle amplias facultades a la referida secretaría, se deja sin ejercicio de la facultad reglamentaria, en esa materia, al R. Ayuntamiento de la Cd. de Monterrey. Será en el reglamento que expida éste en donde se establezcan órganos competentes, atribuciones de éstos, obligaciones de los servidores públicos municipales, hipótesis de infracciones administrativas, autoridad competente para conocer el procedimiento de responsabilidad administrativa y órgano adecuado para llevar el registro tanto el de declaraciones patrimoniales como el de servidores públicos sancionados o inhabilitados. Dar una intervención a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para llevar tal clase de registros y a la Secretaría General de Gobierno para publicar los nombres de quienes hayan cumplido la obligación de presentar la manifestación de bienes, es invadir la esfera de acción que le corresponde al Municipio de Monterrey a través de su órgano de administración. La ley de responsabilidades en los preceptos que se tachan de anticonstitucionales por la invasión de la esfera de acción del Estado al Municipio, de los órganos del poder público estatal al de administración del Municipio y la invasión de la Secretaría de la Contraloría General del Estado al campo de acción de la equivalente en el Municipio, al no prever el límite que corresponde al Estado para determinar y fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos estaduales y a servidores públicos del Municipio, va más allá de las atribuciones que de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde, en relación a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Este concepto de invalidez debe ser declarado fundado."

CUARTO. La parte actora estimó violados los artículos 1o., del 108 al 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructor al señor Ministro Humberto Román Palacios.

Por auto de fecha veinte de febrero del citado año, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes reconociendo la personalidad con la que se ostentaron; por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas y al procurador general de la República, y tuvo por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la parte actora a su demanda.

SEXTO. Mediante escritos de fechas catorce de marzo y nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, presentados respectivamente los días uno y nueve de abril del mismo año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador, el secretario general de Gobierno y el secretario de la Contraloría del Estado de Nuevo León; así como el presidente y secretarios respectivos de la Diputación Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, contestaron la demanda, manifestando lo siguiente:

"La respetuosa petición en el sentido de desestimar de plano y desde ahora o a través de resolución definitiva, la promoción de la controversia aducida, la cual fue presentada por servidores públicos municipales del R. Ayuntamiento de Monterrey, por las siguientes razones. En primer término y antes de dar contestación a la demanda, estimamos prudente y legal someter respetuosamente, para su consecuente resolución, a la consideración de esa H. Soberanía de Justicia de la Nación, su razonamiento en el sentido de que en la especie no se surte la hipótesis legal que posibilite que la Suprema Corte de Justicia conozca de este asunto. Se advierte de la simple lectura del escrito de demanda y concretamente en el apartado denominado 'pretensiones', mismo que no se encuentra regulado por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere la controversia constitucional por la elaboración, expedición y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de enero de 1997 (anexo 5), con respecto a la expedición y promulgación de disposiciones reglamentarias relativas a las responsabilidades de los servidores públicos reguladas por el título sexto 'De las facultades reglamentarias de los Ayuntamientos' de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 1991 (anexo 7), supuesto conflicto de leyes locales que no revelan en ninguna forma las disposiciones generales impugnadas de anticonstitucionalidad, sin los motivos, fundamentos y razonamientos que se planteen sobre violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal, y que pueda establecerse la existencia de dichas violaciones entre un Estado y uno de sus Municipios. En consecuencia, corresponde a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las controversias constitucionales en consideración a los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitando su competencia a los actos o normas generales de violaciones de la Constitución Federal y no para dirimir planteamientos contra actos que se atribuyen a violaciones de la Constitución del Estado o de las leyes locales, cuya competencia corresponde, en todo caso, al Constituyente Local o a la Legislatura de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León (anexo 4) y el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (anexo 7). Por lo tanto, la demanda referida presentada ante esa H. Soberanía, refiere esencialmente, sobre la expedición, promulgación, publicación y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, en controversia a los artículos 63, fracción V, de la Constitución Local y artículos 160 al 168 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, no se estiman violaciones a la Constitución Federal, por lo que es indiscutible que, en el caso, no se surte la hipótesis jurídica para que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación considere su competencia, máxime que la propia demanda no precisa los razonamientos de las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encuentra apoyo lo expuesto en lo que al efecto sustenta ese H. Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados. P. XLIV/96. Controversia constitucional 3/93. Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 6 de noviembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 18 de marzo en curso aprobó, con el número XLIV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1996'. Informe al Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 1996, páginas 129 y 130. Con base en lo anterior, suplico atentamente a esa H. Soberanía de la nación, decretar la improcedencia de la demanda y, en su caso, proceda a emitir el sobreseimiento de la controversia constitucional aludida, si así lo considera conveniente, ya sea en la vía incidental o en la resolución definitiva. Respecto de los hechos: I. Con relación a los hechos narrados en el punto No. I de la demanda. Son ciertos. II. Con relación a los hechos narrados en el punto No. II de la demanda. No son ciertos. El Gobierno del Estado de Nuevo León no ha invadido la esfera de acción del Municipio de Monterrey, con motivo de la expedición, promulgación, publicación y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; mismo ordenamiento legal que tiene por objeto reglamentar el título séptimo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que en la especie no le corresponde al Municipio de Monterrey, sino a la Legislatura del Estado, además, dichas normas generales están apegadas en estricto derecho a los preceptos constitucionales federales que estima violados la parte actora; lo anterior en congruencia con las disposiciones establecidas en el título cuarto 'De las responsabilidades de los servidores públicos' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente con los artículos 108, 109 y 113 los que señalan literalmente que las Constituciones de los Estados de la República, precisarán en los términos del primer párrafo del artículo 108 constitucional federal y, para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios; y de que también las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las prevenciones que establecen la responsabilidad política, penal y administrativa; la determinación de los casos y las circunstancias en las que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito; y señalan con precisión respecto a las leyes sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos; determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran; así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas; dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6968-b1fd9a86/ampliacion-de-la-demanda-en-controversia-constitucional-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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