CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIR UN CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE POLÍTICO DE UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS INVOLUCRADOS, ES LEGAL, SI EN LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA SE ESPECIFICA LA CUESTIÓN DE QUE SE TRATA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMOVENTES DEL JUICIO NO LLEVA A SOBRESEER SINO A DECLARAR QUE CARECEN DE ELLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE ESTUDIO DE PRUEBAS EN UN PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, ENTRE ENTIDADES U ÓRGANOS DE PODER, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS ANTE LA LEGISLATURA ESTATAL, NO ES UNA VIOLACIÓN QUE PRODUZCA LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.
PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Domínguez Jarillo, Jorge Luis Lagunas González, Miguel Ángel Tovar Martínez, Héctor Cruz Gutiérrez, Beatriz Nieto Hernández, Rafael Juárez Solís, Juana Ocampo Domínguez, Gloria Morales Hernández, Leticia Delgado Morante, María del Carmen Romero Nápoles y José Luis García Salas, presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, respectivamente, plantearon, a nombre de éste, controversia constitucional en contra del Congreso y gobernador del Estado de Morelos, demandando lo siguiente:
"IV. Norma general o acto de invalidez. Del Congreso del Estado de Morelos, se demanda la invalidez del Decreto Número Noventa y Dos mediante el cual se reconoce la jurisdicción del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, en las áreas geográficas que contiene dicha resolución, publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', Órgano del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete. Del titular del Poder Ejecutivo Estatal, demandamos la invalidez de la publicación del Decreto Número Noventa y Dos emitido por el Congreso del Estado, toda vez que el artículo primero transitorio establece: Que dicho decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en periódico oficial, con lo que al ordenarse su inclusión en el órgano oficial del Gobierno del Estado de Morelos iniciaron los efectos del acto cuya invalidez demandamos del Poder Legislativo del Estado de Morelos."
SEGUNDO. El Ayuntamiento actor invocó como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, señaló como tercero interesado al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y precisó como hechos de su demanda los siguientes:
"1. Mediante Decreto Número Setenta y Seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, de fecha 5 de marzo de 1933, se creó el Municipio Libre de Temixco, integrado por los pueblos de Tetlama, Cuentepec, Acatlipa y el mismo Temixco, como cabecera municipal. Lo que acreditamos con la fotocopia del citado documento, que exhibimos como anexo uno. 2. Con el transcurso del tiempo, dentro del territorio con que inicialmente se dotó al Municipio de Temixco, han surgido nuevos centros de población, cuya adscripción municipal no ha quedado debidamente establecida, por lo que se ha requerido la constante intervención del honorable Congreso del Estado para que éste determine y declare bajo qué jurisdicción territorial municipal deben quedar los habitantes. Sirve de ejemplo el Decreto Número Ciento Setenta y Seis, publicado en el Periódico Oficial con fecha 31 de mayo de 1931, por el cual se declara que el centro de población fundado con el nombre de Palmira, con la nueva denominación de 'Pueblo Nuevo del Puente' se adiciona al Municipio de Temixco; y el Decreto Número Setenta y Cinco, publicado en el Periódico Oficial con fecha 22 de febrero de 1978, por el cual se declara que la colonia 'Lomas de Cuernavaca', pertenece al Municipio de Temixco, Morelos. Exhibimos dichas documentales, la primera en fotocopia y la segunda en ejemplar del Periódico Oficial, como anexos dos y tres. En los considerandos del Periódico Oficial de fecha 22 de febrero de 1978 se hace referencia a otro caso semejante, que nos permitimos transcribir para mejor apreciación: '... Que por Decreto 156 del 13 de noviembre de 1935 publicado el 2 de febrero de 1936 se eleva a la categoría de ranchería el centro de población denominado «Pueblo Viejo» y se adiciona al Municipio de Cuernavaca y en el artículo 3o., se reforma el artículo 9o., de la Ley de División Territorial del Estado señalando que corresponde a la circunscripción del Municipio de Cuernavaca, diversos centros de población sin incluir Palmira; que por Decreto Número 12 del 13 de julio de 1956 publicado el 8 de agosto del mismo año, segrega de Cuernavaca el Centro de Población denominado «Pueblo Viejo» y se anexa a Temixco ...'. 3. Como se desprende de las documentales antes mencionadas, los conflictos que por falta de una adecuada delimitación territorial han tenido los Municipios de Cuernavaca y Temixco datan desde la creación del que representamos, lo que afecta directamente al Municipio de Temixco desde varios aspectos como son el político, el hacendario, el de prestación de servicios públicos y, principalmente el patrimonial, que nosotros como Ayuntamiento estamos obligados a defender. 4. Con fecha 12 de diciembre de 1996 el entonces, secretario general de Gobierno del Estado de Morelos, Lic. Guillermo Malo Velasco, remitió al Congreso del Estado de Morelos una iniciativa de decreto por el que se reconoce la jurisdicción del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en las áreas geográficas a que se refiere dicha resolución. En la iniciativa de referencia el Gobernador Constitucional del Estado, establece que la Ley de División Territorial para el Estado de Morelos, vigente desde el 23 de abril de 1934 no resuelve con exactitud los límites territoriales de los Municipios de Cuernavaca y Temixco, lo que ha originado confusión entre las autoridades de ambos gobiernos municipales, por lo que somete el contenido de su iniciativa de decreto a la soberanía del Poder Legislativo para que con base en las facultades que la ley le asigna, resuelva en definitiva respetando el derecho de audiencia de los Ayuntamientos involucrados y escuchando la opinión del Poder Ejecutivo Local. 5. Con fecha 25 de agosto de 1997, el Congreso del Estado de Morelos, remitió al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos el Decreto Número Noventa y Dos para su publicación en el Periódico Oficial. 6. Con fecha 3 de septiembre de 1997 se publicó en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Decreto Número Noventa y Dos por el 'que se reconoce la jurisdicción del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, en las áreas geográficas a que se refiere esta resolución ...'. 7. Con fecha 23 de septiembre del año en curso, por oficio de fecha 19 del mismo mes, ese Congreso notificó, exclusivamente, al presidente municipal de Temixco, el decreto a que nos hemos referido, para que éste le dé el debido cumplimiento y efectos legales correspondientes. Como se aprecia de la lectura de dicha documental, una vez más el Poder Legislativo insiste en no darle audiencia al Ayuntamiento, pues sólo notifica al presidente municipal."
TERCERO. El Ayuntamiento actor expresó los conceptos de invalidez que a continuación se reproducen:
"Primero: El Decreto Número Noventa y Dos, debe ser invalidado porque viola en perjuicio de nuestra representada lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que refiere que 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento ...'. En la especie, y como se desprende del contenido del Decreto Número Noventa y Dos, el Congreso del Estado de Morelos, sin cumplir con la garantía de audiencia al Ayuntamiento de Temixco, le priva de diversas superficies de terreno como son las precisadas en el cuerpo de dicha resolución en la parte que a continuación se transcribe: '... Se reconoce dentro de la jurisdicción de Cuernavaca, de esta entidad federativa, las áreas geográficas ubicadas al sur de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al ex-ejido de Chipitlán, con superficies de 134,562.00 metros cuadrados, 520,724.00 metros cuadrados, 47,830.00 metros cuadrados, 381,770.00 metros cuadrados, 1,081,507.00 metros cuadrados y 290,233.00 metros cuadrados ...'. La afirmación en el sentido de que no se respetó la garantía de audiencia al Ayuntamiento de Temixco tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que a la letra dice: 'Artículo 7o. La creación y supresión de Municipios, modificación de sus territorios, cambios de residencia de sus cabeceras municipales y las cuestiones que se susciten sobre límites intermunicipales, serán resueltas por la Legislatura del Estado, con audiencia de los Ayuntamientos afectados y opinión del Ejecutivo Estatal.'. El artículo 115 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dice: 'El gobierno del Municipio se ejercerá por un Ayuntamiento de elección popular directa que se renovará cada tres años. Los Ayuntamientos se integrarán con un presidente municipal y un síndico; además con los regidores electos en el número que determine la ley ...'. El artículo 31 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Morelos, establece: 'Los Ayuntamientos, que se renovarán cada tres años, se integrarán con un presidente municipal y un síndico electos por el sistema de mayoría relativa y, además, con los regidores electos por el principio de representación proporcional ...'. Como se desprende de la lectura del considerando único del Decreto Número Noventa y Dos que se impugna, la demandada reconoce que '... deben ser escuchados en audiencia, por el Congreso del Estado, Ayuntamientos afectados, finalmente se determina que el Congreso debe de recibir la opinión del titular del Poder Ejecutivo, respecto de los conflictos de límites territoriales entre Municipios del Estado, esta soberanía apegada al orden jurídico vigente, en su oportunidad, de manera respetuosa hizo comparecer ante el seno de la misma, a los señores presidentes municipales de Cuernavaca y de Temixco, Sergio Estrada Cajigal Ramírez y Antonio Domínguez Jarillo, respectivamente, quienes fueron escuchados en audiencia en dos ocasiones ...'. Como se desprende de la transcripción que antecede, en el trámite realizado por el Congreso del Estado de Morelos, por el cual se determinó que las distintas superficies de terreno que se reconocieron al Municipio de Cuernavaca, por el Decreto Número Noventa y Dos, publicado en el Periódico Oficial el 3 de septiembre de 1997, no se respetó la garantía de audiencia al Ayuntamiento de Temixco, el cual se integra no solamente por el presidente municipal, sino también por el síndico y por los regidores, por lo que, a pesar de que se hubiera convocado al primero, si no se escucha a todos los integrantes del Ayuntamiento, el procedimiento resulta ilegal y nulo en todas sus partes, ya que no se cumple con disposiciones de orden público, como es la garantía que otorga el precepto que se viola en perjuicio de nuestra representada. Son aplicables al presente caso las jurisprudencias que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación transcribimos: 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama. Sexta Época, Tercera Parte: Vol. VIII, pág. 10. A.R. 5804/57. Santiago Nieto Lara y coagraviados. Unanimidad de 4 votos. Séptima Época, Tercera Parte: Vol. 61, pág. 25. A.R. 3494/73. J. Jesús Barragán Valencia y otros. 5 votos. Vol. 62, pág. 25. A.R. 2667/73. Samuel Mondragón Quezadas. 5 votos. Vol. 63, pág. 24. A.R. 1917/73. Vicente Brambila Albertos. Unanimidad de 4 votos. Vol. 66, pág. 49. A.R. 4055/73. Otilia Flores Cabrera. 5 votos.'. 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE. ACTOS ADMINISTRATIVOS. Dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal e imperiosamente obedecible; máxime cuando tal determinación es revocatoria de otra anterior otorgada en favor de algún individuo. Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Sexta Época, Tercera Parte: Vol. XV, página 33. A.R. 7225/57. Benjamín Romero Villa. 4 votos. Vol. XIX, página 47. A.R. 5501/58. Laboratorios Doctomex, S.A. 4 votos. Vol. XXIII, página 9. A.R. 5723/98. Laboratorios Liomont, S.A. 5 votos. Vol. XXXII, página 35. A.R. 2988/59. Meade Johnson de México, S.A. 4 votos. Vol. XXXIII, página 21. A.R. 2125/59. Antonio García Michel. 5 votos.'. 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción. Sexta Época. Tercera Parte: Vol. 26, pág. 122. A.R. 2462/70. Poblado «Villa Rica», Municipio de Actopan, Ver. 5 votos. Vol. 26, pág. 122. A.R. 4722/70. Poblado de las Cruces, hoy Francisco I. Madero, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 5 votos. Vol. 63, pág. 25. A.R. 3372/73. Carmen Gómez de Mendoza. 5 votos. Vol. 63, pág. 25. A.R. 2422/73. Adolfo Cárdenas Guerra. 5 votos.'. Segundo: Igualmente el acto impugnado debe ser invalidado porque viola en nuestro perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, ya que no cumple con las formalidades que exige la ley, puesto que en el presente caso el Congreso del Estado no respeta la disposición de orden público y obligatoria que establece el propio artículo 7o. de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Morelos, el cual exige que el conflicto sobre límites intermunicipales será resuelto con audiencia de los Ayuntamientos y 'opinión del Ejecutivo Estatal'. En el presente asunto el Congreso del Estado no cumple con la formalidad antes indicada, incurriendo en violación a lo dispuesto por el precepto antes citado, ya que la opinión del Ejecutivo Estatal debe ser posterior al ofrecimiento y desahogo de las pruebas que ofrezcan los Ayuntamientos en conflicto, después de que hubieran argumentado lo que a sus derechos conviniera, y no antes de dicha etapa, de lo que resulta que al establecer la responsable que '... en virtud de que la iniciativa que busca resolver el conflicto de límites territoriales, entre Cuernavaca y Temixco, fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo, consideramos innecesario solicitar su opinión, ya que por lógica, si el titular del Ejecutivo presentó la iniciativa, en la misma se contiene su opinión ...', incurre en nuevas violaciones a la garantía de legalidad procesal. A mayor abundamiento, debe decirse que la demandada hace una incorrecta interpretación de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Morelos, pues al considerar que la opinión del Ejecutivo Estatal ya no es necesaria porque ésta se contiene en la iniciativa de decreto que él envía, prejuzga acerca de lo que pudiera manifestar una vez que los presidentes municipales fueron escuchados en audiencia. Tercero: También se considera como concepto de invalidez el hecho de que el decreto multimencionado ocasiona agravios a nuestra representada toda vez que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para que se dictara una resolución por la cual se priva al Municipio de Temixco de una gran parte de su territorio. A saber, el Congreso no hace un correcto análisis y valoración de las pruebas que se ofrecieron por el presidente municipal de Temixco para acreditar que el territorio que se reconoce en el decreto como del Municipio de Cuernavaca, en realidad pertenece a Temixco, pues solamente se limitan a enunciar las documentales unilaterales que le fueron presentadas por el presidente de Cuernavaca, sin que expresen qué valor probatorio les merecen, y sin que establezcan por qué las pruebas que ofreció el de Temixco carecen de valor o no son de tomarse en consideración. Como se desprende del decreto que se impugna, el Congreso le otorga un valor preponderante a las documentales con números 1, 2 y 4, de las cuales la demandada hace una tergiversación respecto al manejo que hace la autoridad federal al otorgar tierras al poblado de Chipitlán, como se aprecia del texto siguiente: '1. Acta de posesión y deslinde, al Ejido de Chipitlán del 12 de febrero de 1936, donde se dice que pertenece al Municipio de Cuernavaca ...'. El texto original dice: 'Primero. Es procedente la ampliación de ejido solicitada por los vecinos del poblado de Chipitlán, Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos ...'. De lo anterior resulta que el ejido de Chipitlán no es lo mismo que el Poblado de Chipitlán, además que, la experiencia nos dicta que existen ejidos que abarcan territorio de más de un Municipio, por lo que no es determinante que el ejido se denomine Chipitlán o que la dotación de tierras se haga a los habitantes de dicho poblado, lo que sí puede ser determinante y que la demandada no tomó en consideración es que las tierras de que se dispuso para el ejido y su posterior ampliación provienen íntegramente de la antigua Hacienda de 'Temixco', lo que sirve para señalar que los territorios que han quedado asignados a Cuernavaca, por virtud del Decreto Número Noventa y Dos, realmente pertenecen al Municipio de Temixco y no considerarlo así viola la garantía que señalamos, pues se priva a nuestra representada del territorio que le corresponde en un procedimiento donde no se cumplen las formalidades esenciales. Las documentales que aquí mencionamos y que no se exhiben, obran en el archivo de la demandada, por lo que deberán aportarse por ésta al momento de dar contestación a la demanda. Cuarto: El Congreso del Estado hoy demandado viola en nuestro perjuicio la garantía de fundamentación y motivación establecida por el artículo 16 de la Constitución Federal, que precisa: '... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ...'. En el caso que nos ocupa, la demandada no cumple con dicha disposición constitucional, pues como se aprecia de la lectura del decreto que emite no expone los fundamentos jurídicos directamente aplicables al trámite que realiza y mucho menos expresa los razonamientos lógico-jurídicos que le hacen arribar a la conclusión en el sentido de que las diversas fracciones de tierra pertenecen al Municipio de Cuernavaca. Consideramos que las expresiones contenidas en el Decreto Noventa y Dos que se impugna no satisfacen el requerimiento constitucional contenido en el artículo 16, al respecto son de aplicarse las siguientes jurisprudencias y tesis: 'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Sexta Época, Tercera Parte: Vol. CXXXII, pág. 49. A.R. 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 5 votos. Vol. CXXXIII, pág. 63. A.R. 9598/67. Óscar Leonel Velasco Casas. 5 votos. Vol. CXXXIII, pág. 63. A.R. 7228/67. Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros. 5 votos. Séptima Época, Tercera Parte: Vol. 14, pág. 37. A.R. 3717/69. Elías Chaín. 5 votos. Vol. 28, pág. 111. A.R. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coag. 5 votos.'. 'MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Sexta Época, Tercera Parte: Vol. LXXVI, pág. 44. A.R. 4862/59. Pfizer de México, S.A. 5 votos.'. De acuerdo con lo expuesto en el presente escrito, la demandada emitió un acto que lesiona los derechos patrimoniales del Municipio de Temixco, Morelos, que los suscritos integrantes del Ayuntamiento de ese lugar, tenemos la obligación de proteger, sin que se haya apegado totalmente a derecho, conculcándole las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16, por lo que debe declararse inválida dicha resolución, ordenando que se realice el procedimiento respectivo respetando la garantía de audiencia y de legalidad que hasta el momento no se han respetado."
CUARTO. Por acuerdo de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional. Asimismo, ordenó entregar los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón, a quien le correspondió actuar como instructor del procedimiento.
En proveído de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor designado admitió la demanda en la vía de controversia constitucional propuesta; ordenó emplazar mediante oficio, a través de los despachos correspondientes, a las autoridades demandadas y entidad tercero interesada, así como dar vista con la demanda al procurador general de la República. En el mismo proveído ordenó formar por separado el incidente de suspensión respectivo.
QUINTO. En escritos presentados el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete (fojas 133 a 145 y 146 a 159), Jorge Carrillo Olea, gobernador del Estado de Morelos, y Emma Margarita Alemán Olvera, en su carácter de presidenta del Congreso de dicha entidad federativa, respectivamente, dieron contestación a la demanda promovida en contra de las autoridades mencionadas.
Asimismo, por escrito de veintiuno del mes y año citados, David Jaime Campos Gómez Marín, síndico procurador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, realizó diversas manifestaciones a nombre de dicha entidad, en su carácter de tercero interesado (fojas 160 a 166).
SEXTO. Por auto de siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor dio vista al Ayuntamiento actor, al tercero interesado y al procurador general de la República con la contestación de las autoridades demandadas.
El Ayuntamiento actor desahogó la vista en términos de su escrito presentado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho (fojas 178 a 180).
SÉPTIMO. El procurador general de la República desahogó las vistas concedidas por el Ministro instructor, mediante escrito presentado el treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho (fojas 182 a 237), en que solicitó sobreseer la controversia respecto de los regidores del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, declarar infundados los conceptos de invalidez propuestos por el actor, constatar la validez del decreto impugnado y que, una vez que sean fijados los límites territoriales a que se refiere dicho acto, sean llevados a la Ley de División Territorial y Bandos de Policía y Buen Gobierno de los Municipios en conflicto.
El cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras lo cual, se pasaron los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución relativo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios.
SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, por las razones que a continuación se expresan.
Conforme al artículo primero transitorio del Decreto Número Noventa y Dos que se impugna, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, su vigencia correría a partir del día siguiente, esto es, el cuatro del citado mes y año. Asimismo, el Ayuntamiento actor manifiesta que le fue notificado personalmente el decreto que impugna el veintitrés de dicho mes y año, manifestación que se corrobora con la copia certificada de la correspondiente notificación, que obra en la foja 124 de autos.
Sobre el particular, cabe destacar que si bien el decreto que se controvierte no reviste el carácter de norma general en sentido formal, sino de una resolución que dirime un conflicto, como sus efectos se traducen en reconocer una extensión territorial como parte del Municipio de Cuernavaca, sobre la cual había ejercido su jurisdicción el Ayuntamiento actor, puede decirse que también tiene la naturaleza de un acto que produce efectos generales, dado que éstos afectan directamente a los habitantes del territorio relativo, al no estar ya sujetos a la jurisdicción del Municipio de Temixco sino al de Cuernavaca.
Respecto de la oportunidad de la demanda, el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, textualmente establece:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
Dados los plazos establecidos en la ley para la promoción de la controversia constitucional, con independencia de la naturaleza jurídica que se le atribuya al Decreto Número 92 que contiene la resolución al conflicto de límites entre los Municipios de Cuernavaca y Temixco, debe concluirse que la demanda presentada en la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de octubre del propio año, invariablemente se interpuso en tiempo, pues aun de considerarla como una norma general se advierte su oportunidad, dado que el cómputo realizado conforme a la fracción II, del precepto transcrito, revela su presentación en el vigésimo noveno día hábil, dentro del plazo de treinta días hábiles que se establece para tal efecto debiéndose descontar en el cómputo respectivo los días seis, siete, trece, catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre, cuatro, cinco, once y doce de octubre, por haber sido inhábiles en este Alto Tribunal. Por consiguiente, de estimar que el decreto impugnado se trata de un acto concreto, debe tomarse como fecha de su conocimiento por el actor el veintitrés de septiembre del citado año, conforme a lo dispuesto en la fracción I del precepto en comento, fecha posterior a su publicación y entrada en vigor, por lo que igualmente la promoción del juicio resulta oportuna bajo esta óptica.
TERCERO. Por razón de orden lógico, se examina en primer término la procedencia de la controversia constitucional, en cuanto a la representación de quienes promueven a nombre del Ayuntamiento actor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, se atiende, en primer lugar, a las consideraciones que, en torno a la representación de la parte actora, expresa el procurador general de la República:
"1. El Municipio de Temixco, Morelos, comparece a juicio por medio del presidente, síndico y regidores del Ayuntamiento. La representación jurídica del Municipio recae en el presidente y síndico municipales, atento a lo dispuesto por los artículos 55, fracción I y 60, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que a la letra dicen: 'Artículo 55. El presidente municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento ... I. a XXX. ...', 'Artículo 60. Los síndicos de los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: I. a II. ... III. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento para el eficaz desempeño de sus funciones; IV. a IX. ...'. Por otra parte, el artículo 63 de la mencionada ley, en ningún momento le confiere la representación jurídica del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6215-dd5230d1/controversia-constitucional-el-emplazamiento-al-procedimiento-para-dirimir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA SÓLO PROCEDE CON MOTIVO DE UN HECHO NUEVO O DE UN HECHO SUPERVENIENTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- SOBRESEIMIENTO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA FUERA DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FR (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. ES INFUNDADA E INATENDIBLE AQUELLA EN QUE SE ADUCEN VICIOS DE LEGALIDAD QUE AFECTAN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA FUNDADA, CONTRA LA RESOLUCION OMISIVA DEL JUEZ. (s/clave)
- CONFESIÓN DEL ACUSADO.- (4073)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO SOBRE LA EXISTENCIA DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA DIVERSAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENT (2a. XXVII/2012 (10a.))
- REGLAMENTOS MUNICIPALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A SU CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA. (XI.3o.26 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis