SOBRESEIMIENTO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA FUERA DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, Antonio Aragón Baranda, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan del Estado de Puebla, promovió controversia constitucional, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"Nombre y domicilio del demandado: Estado Libre y Soberano de Puebla, concretamente contra el titular del Poder Ejecutivo del Estado y sus órganos subalternos, todos con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Puebla: a) Lic. Manuel Bartlett Díaz, gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla.-b) C. Secretario general de Gobierno del Estado de Puebla.-c) Lic. Joé Hernández Corona, secretario de Gobernación en el Estado de Puebla.-d) Lic. Rufo Juárez Peñuela, director general de Gobierno del Estado de Puebla.-e) Lic. Carlos Alberto Julián y Nacer, procurador general de Justicia del Estado de Puebla.-f) C. Director de Seguridad Pública del Estado de Puebla.-Acto reclamado. El acto arbitrario del gobernador del Estado de Puebla, Lic. Manuel Bartlett Díaz de imponer al C. Elpidio Hernández Pavón, regidor de Hacienda del H. Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, Estado de Puebla, como sustituto del presidente municipal, C. Andrés Pavón Rosales, quien falleció el día 19 de marzo del año en curso, cuando constitucionalmente le corresponde asumir dicho cargo al suplente, C. Alfonso Baranda."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Con fecha doce de noviembre de 1995 se realizaron elecciones para integrar el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acteopan, Estado de Puebla, para el periodo 1996-1999. En dicha elección obtuvo la mayoría de votos la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional que encabezó como candidato a primer regidor el señor Andrés Pavón Rosales y de la que el suscrito formó parte, como candidato a síndico municipal, como lo demostraré en su oportunidad con la copia certificada del acta de mayoría que nos expidió el Comité Municipal Electoral del Municipio de Acteopan, de fecha quince de noviembre de 1995.-2. Con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis los miembros de la planilla electa rendimos protesta tomando posesión de los cargos respectivos.-3. Desde la fecha en que tomamos posesión de nuestros cargos, el H. Ayuntamiento vino funcionando normalmente; pero empezaron los problemas cuando el diecinueve de marzo del año en curso, falleció el presidente municipal, C. Andrés Pavón Rosales, en un accidente automovilístico, tal como se demuestra con el original del acta de defunción que se anexa (Anexo dos).-4. El 21 de marzo, después de regresar del entierro del occiso, las demás autoridades del Ayuntamiento, nos reunimos provisionalmente a las afueras de la presidencia municipal para acordar la sustitución del mencionado. Por lo que les indiqué que se debería llamar al suplente y me contestaron que por el momento no, que habría que esperar los ocho días de duelo.-5. En la semana que siguió empecé a notar movimiento de los regidores que se reunían y salían del pueblo y no me informaban de lo que sucedía. Por lo que el día 26 de marzo los busqué en sus domicilios para preguntárselos pero a nadie encontré, sólo me informaban sus familiares que habían salido hacía la ciudad de Puebla. Así que me comuniqué al Palacio de Gobierno con el Lic. Joé Hernández Corona, secretario de Gobernación en Puebla para preguntarle si sabía algo sobre mis compañeros. Me contestó su secretaria y me informó que el citado secretario, me ordenaba estar presente ahí en sus oficinas a las 13:00 hrs. porque todos los compañeros del Ayuntamiento teníamos audiencia. Sin saber qué se trataría en ella, me trasladé para allá.-6. Llegué aproximadamente a las 14:30 hrs. porque el recorrido de mi pueblo hacia la ciudad de Puebla es de casi cuatro horas. Cuando estuve ahí, me encontré con el suplente del presidente a quien tampoco invitaron a ir a la audiencia, sino que por su cuenta había ido a preguntar el procedimiento a seguir para que sustituyera al presidente fallecido y estaba en espera de audiencia.-Nos hicieron pasar, y en su presencia del secretario de Gobernación, Lic. Joé Hernández Corona, éste nos indicó que por instrucciones del Lic. Manuel Bartlett Díaz, gobernador del Estado, el que sustituiría al presidente fallecido, sería el C. Elpidio Hernández Pavón, regidor de Hacienda en nuestro Ayuntamiento, y que yo no tenía por qué intervenir ya que mis compañeros habían aceptado. Protesté y le sostuve que lo que habían acordado era incorrecto y que iba en contra de la ley orgánica del Municipio, que claramente determina que en caso de la falta absoluta del presidente municipal, es el suplente quien tiene que sustituirlo. Me contestó enfáticamente que tenía que acatarme a lo que había ordenado el C. Gobernador, ya que éste le había dado instrucciones precisas para actuar y que evitara contrariarlo para no tener problemas personales y en contra de mis familiares.-7. Posteriormente, me ordenó que subiera en donde todavía se encontraban mis compañeros. Subí y éstos me confirmaron que el acuerdo citado era decisión del gobernador. Les reclamé el porqué lo habían hecho, a lo que se concretaron a contestarme que ya era una decisión y que tenía que firmar las actas que se habían levantado. No estuve de acuerdo, pero me amenazaron de que si no firmaba, tendría problemas incluso con ellos mismos, discutimos mucho y siguieron las amenazas contra mí: que me fincarían falsas denuncias, que no me dejarían trabajar en el Ayuntamiento, incluso no me dejaban salir. Cansado con miedo por mi seguridad personal y solo ante todos ellos, me ví obligado a firmar unos papeles sin que me permitieran leer el contenido, por lo que mi voluntad fue viciada desde ese instante.-8. Al regresarme a Acteopan, ya de noche, nos reunimos mucha gente, y les informé lo que había sucedido en Gobernación y las pretensiones de la toma de posesión del C. Elpidio Hernández. El disgusto no se hizo esperar y acordamos que como acto de protesta yo estaría dispuesto a renunciar a mi cargo de síndico si ellos insistieran en imponer al citado ciudadano como sustituto del presidente.-9. El 27 de marzo de 1997, reunido el pueblo al Palacio Municipal impidió que el multicitado Elpidio Hernández tomara la presidencia, quien iba acompañado de dos visitadores de Gobernación del Estado, cuyos nombres desconozco, pero que el pueblo les exigía que se le diera posesión al suplente, C. Alfonso Aragón Baranda. Lo que no sucedió y se retiraron con la promesa de que lo harían después.-10. El 31 de marzo, cuál sería nuestra sorpresa, que como a las seis de la mañana aproximadamente, empezaron a llegar camiones de Seguridad Pública del Estado, con aproximadamente doscientos cincuenta elementos policiacos, quienes se distribuyeron en la población y según ellos, su presencia tenía como objeto resguardar el orden para darle ‘pacíficamente’ la posesión al C. Elpidio Hernández; aun en contra de la voluntad del pueblo. Como se demuestra con el video que para tal efecto se anexa a la presente (Anexo tres). Sin embargo, sus intenciones no tuvieron éxito porque nuevamente el pueblo lo impidió y de hecho cerró la presidencia; no obstante, la policía permanece aún en el pueblo, aunque en cantidad menor.-11. Así, la presidencia se encontró cerrada este tiempo, a excepción de una vez que la gente que encabezaba al C. Elpidio Hernández intentó abrirla el cinco de mayo pero fue cerrada inmediatamente el seis de ese mes. Todo este tiempo he presentado escritos de protesta ante el mismo gobernador, secretario de Gobierno en el Estado, Dirección de Gobierno, Congreso del Estado de Puebla, pero sin que me respondan hasta la fecha. Como se demostrará en su momento, por lo pronto, anexo escrito dirigido al C. Director de Gobierno del Estado de Puebla, Lic. Rufo Juárez Peñuela, de fecha 7 de mayo de 1997 (Anexo cuatro).-12. Finalmente, el diecisiete de septiembre un grupo de personas encabezadas nuevamente por el C. Elpidio Hernández y con todo el apoyo de los policías que se encontraban en el lugar, forzaron la entrada y la reabrieron para que dicho señor fungiera forzosamente su cargo, usurpando funciones que no le corresponden.-Por otro lado, a mí no me han notificado absolutamente nada respecto si ya el Gobierno del Estado ha reconocido a Elpidio Hernández Pavón como presidente municipal, en su caso, le ha expedido la correspondiente credencial que lo acredita como tal.-Agotados los recursos legales correspondientes para solucionar el conflicto descrito y a raíz de que insiste el gobernador del Estado en imponer a su incondicional, claramente manifestado con la reapertura de la presidencia, a través del apoyo de su fuerza pública del pasado diecisiete de septiembre, venimos a entablar la presente controversia constitucional."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"1. El titular del Poder Ejecutivo, Lic. Manuel Bartlett Díaz y sus subordinados señalados anteriormente como autoridades demandadas, violan en primer lugar, lo establecido en el artículo 115, párrafo primero y fracción I, de la Constitución Política Federal al no respetar la autonomía del municipio de Acteopan, Puebla, toda vez que este precepto establece que: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 1. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.’.-En efecto, las autoridades demandadas, al intervenir en la sustitución del presidente municipal fallecido, presionando física y moralmente a los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, Estado de Puebla, para imponer arbitraria y caprichosamente la voluntad del C. Gobernador del Estado de Puebla, al C. Elpidio Hernández Pavón, en lugar del que legítimamente le corresponde, que es el suplente electo, C. Alfonso Aragón Baranda, actúan anticonstitucionalmente. Y de igual forma violan lo preceptuado en el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Puebla que establece: ‘El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por la planilla que haya obtenido el mayor número de votos, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.’.-2. En segundo lugar, actúan anticonstitucionalmente no sólo por su injerencia en asuntos que no les competen, sino porque pretenden imponer a una persona como suplente del presidente fallecido, sin que tenga derecho a ello, violando flagrantemente lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal que establece, respecto a los integrantes del Ayuntamiento: ‘Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley.’.-Por su parte, la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Puebla, en su artículo 24, letra B, fracción II determina: ‘Las faltas temporales o absolutas de los regidores se sujetarán a las siguientes disposiciones: ... B. Faltas absolutas: ... II. La falta absoluta del presidente municipal será cubierta por su suplente con el carácter de sustituto ...’.-Así, no obstante que se ha hecho valer lo anterior ante las propias instancias y ante los oídos sordos y toda vez que al parecer se consolida la toma de posesión del C. Elpidio Hernández Pavón, como presidente municipal, con la apertura definitiva de la presidencia municipal, de fecha 17 de septiembre pasado y con la intervención clara y contundente del gobernador del Estado de Puebla."
CUARTO.-Por acuerdo de trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, del que por turno correspondió conocer como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.
Por auto de fecha dieciséis de octubre del citado año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a la autoridad demandada; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República y tuvo como tercero interesado en la controversia a Elpidio Hernández Pavón quien según la actora funge como presidente municipal del Ayuntamiento actor.
QUINTO.-El gobernador, secretario de Gobernación, procurador general de Justicia, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y el director de Seguridad Pública, todos ellos del Estado de Puebla, al formular su contestación de demanda, en síntesis, manifestaron lo siguiente:
a) Que la parte actora señala como autoridad demandada al secretario de Gobernación, carácter éste que equivocadamente le atribuye al señor licenciado Joé Hernández Corona, quien actualmente funge como subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, según se acredita con el nombramiento respectivo.
b) Que entre las unidades administrativas y órganos a que se refiere el artículo 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, no se comprende la Secretaría General de Gobierno, por tal motivo en esta controversia no se debe tener como autoridad demandada al secretario general de Gobierno, por la simple y sencilla razón de que dentro de la estructura orgánica del Gobierno del Estado no existe tal cargo.
c) Que atento a lo anterior, en esta controversia constitucional, se debe tener como autoridades demandadas a las que a continuación se señalan, que son quienes suscriben este ocurso:
-Al gobernador del Estado de Puebla, señor licenciado Manuel Bartlett Díaz.
-A quien actualmente funge como secretario de Gobernación del Estado de Puebla, señor Carlos Manuel Meza Viveros.
-Al procurador general de Justicia del Estado, señor Carlos Alberto Julián y Nacer.
-Al subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, señor Joé Hernández Corona.
-Al director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, señor Rufo Juárez Peñuela.
-Al director de Seguridad Pública del Estado de Puebla, general Aniceto Escalante Calderón.
d) Que el acto que falsamente se atribuye tanto al C. Gobernador del Estado de Puebla como a las demás autoridades demandadas, es inexistente, y por ende la presente controversia constitucional deberá sobreseerse en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria.
e) Que es falso que las autoridades demandadas hubieren emitido el acto que se les atribuye es decir el acto cuya invalidez se reclama es inexistente, pues fue la mayoría de los regidores propietarios del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, quienes acordaron designar como sustituto del presidente municipal, a Elpidio Hernández Pavón.
f) Que a quien afecta en forma directa el procedimiento y determinación del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan antes precisado, es a quien se estima que debió designarse como presidente municipal sustituto de dicho Ayuntamiento, señor Alfonso Aragón Baranda. Es decir, éste es el único legitimado para combatir dichos actos.
g) Que si el señor Alfonso Aragón Baranda, consideraba que el acto emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, violaba en su perjuicio las disposiciones legales invocadas, éste estaba en su derecho de intentar los medios de defensa que estimare pertinentes en contra del referido Ayuntamiento.
h) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia toda vez que el acto que se imputa a las autoridades demandadas no es cierto, puesto que quien designó como presidente municipal sustituto del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, fue el propio Ayuntamiento, según acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete.
i) Que el juicio es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con el 1o. de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acto cuya invalidez se reclama es única y exclusivamente imputable al Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, y no a las autoridades del gobierno del Estado de Puebla señaladas como demandadas, agregando que el artículo 105 de la Constitución Federal no prevé, la solución de conflictos que se susciten al interior de un Municipio y entre los integrantes de éste.
j) Que en la especie, el síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, pretende que se declare la invalidez de un acto emitido por el propio Ayuntamiento, lo que nos lleva a concluir que no existe conflicto competencial alguno. Esto es así, puesto que no puede válidamente establecerse que los actos del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, representen una invasión del ámbito de facultades del propio Municipio.
k) Que si se llegare a estimar que con el acto del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan por el que se designó como presidente municipal sustituto a Elpidio Hernández Pavón, se violaron las disposiciones legales a que alude la actora en el escrito inicial de demanda, el único legitimado para combatir dichos actos mediante los medios de defensa que estimare pertinentes, lo era el señor Alfonso Aragón Baranda, quien se estima debió sustituir al presidente municipal.
l) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la parte actora tuvo conocimiento del acto cuya invalidez reclama el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete y fue hasta el día ocho de octubre en que presentó la demanda correspondiente, esto es, siete meses posteriores a que tuvo conocimiento del acto, es decir, la demanda se presentó de manera extemporánea, fuera del plazo previsto por el artículo 21 de la ley reglamentaria y, en consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción VIII del artículo 19 del ordenamiento legal invocado; por ende, la presente controversia constitucional debe declararse improcedente.
SEXTO.-El presidente municipal sustituto del Ayuntamiento, en su carácter de tercero interesado en la presente controversia constitucional, manifestó lo siguiente:
a) Que de la demanda promovida por el síndico del Ayuntamiento se deriva que lo que se combate es el acuerdo tomado en sesión de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, celebrado el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la que designó a Elpidio Hernández Pavón, como presidente municipal sustituto.
b) Que el acto que se combate no es cierto, ya que ninguna de las autoridades del Gobierno del Estado que se mencionan en la demanda, influyeron en la decisión del Ayuntamiento para nombrar como sustituto del presidente municipal al suscrito, ni tampoco ejercieron presión sobre los integrantes del Ayuntamiento para tomar dicha decisión.
c) Que al realizar el análisis de la situación, los regidores del Ayuntamiento se percataron que Alfonso Aragón Baranda quien figura y aparece como suplente en la planilla del PRI que obtuvo el triunfo en las elecciones del doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se encuentra desavecindado del Municipio, y ha perdido sus derechos ciudadanos, pues se encuentra inscrito en el padrón electoral del Estado de México; a este respecto resulta pertinente mencionar que en términos del artículo 23 de la Constitución del Estado son obligaciones de los ciudadanos del Estado, inscribirse en el padrón electoral e inscribirse en el padrón municipal, cuestiones que el señor Alfonso Aragón ha incumplido; también ha incurrido en lo que el artículo 10 de la Ley Orgánica Municipal establece, ya que el mismo dispone que la vecindad se pierde por dejar de residir dentro del territorio del Municipio por el término de seis meses, excepto cuando la no residencia sea motivada por el desempeño de un cargo público, comisión oficial o actividades culturales o artísticas, el señor Alfonso Aragón Baranda ha perdido su vecindad, ya que radica fuera del Municipio.
d) Que el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal dispone que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere ser vecino del Municipio, si el señor Alfonso Aragón Baranda ya no vive en él, ha perdido su derecho de ser miembro del Ayuntamiento, aun cuando haya figurado en la planilla como suplente del presidente municipal.
e) Que todos los regidores propusieron al suscrito para que ocupara el cargo de presidente municipal sustituto; esta decisión fue tomada en la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en las oficinas de la Subsecretaría de Gobernación para asuntos Políticos y Protección Ciudadana, el veintiséis de marzo del año en curso; en dicha sesión participó como testigo de calidad el titular de esa subsecretaría.
f) Que el síndico municipal no puede atacar los actos del propio Ayuntamiento como lo es la sesión de Cabildo de referencia; que el único perjudicado es el señor Alfonso Aragón Baranda quien evidentemente no tiene ningún derecho para atacar la decisión del Ayuntamiento, porque ha perdido sus derechos de ciudadano y, por tanto, de ser miembro del Municipio de Acteopan, aunque el señor Alfonso Aragón atacara la decisión del Ayuntamiento, ésta no prosperaría, ya que perdió sus derechos para integrar el Ayuntamiento que encabezo.
SÉPTIMO.-Por oficio número PGR 052/98, presentado fuera del horario de labores ante la persona designada para tal efecto por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el procurador general de la República, en síntesis, manifestó lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley reglamentaria del artículo 105 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que lo planteado en la misma es un conflicto suscitado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y el Municipio de Acteopan, de la misma entidad, sobre la constitucionalidad de actos del gobernador del Estado, secretario de Gobernación, procurador general de Justicia, director general de Gobierno y director de Seguridad Pública, todos del Estado de Puebla, consistentes en la presunta imposición del regidor de Hacienda del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, como sustituto del presidente municipal, actualizándose la hipótesis normativa referida con anterioridad.
b) Que es extemporánea la presentación de la demanda, ya que la actora no interpuso la misma dentro del término establecido por la ley reglamentaria del artículo 105, al transcurrir más de treinta días, a partir de aquel en que el actor se ostentó sabedor de los actos que se impugnan en la presente controversia; por tanto, se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria del artículo 105, debiendo el Máximo Tribunal sobreseer el presente juicio.
c) Que el síndico del Ayuntamiento de Acteopan cuenta con la legitimación para comparecer en el presente juicio, en representación del Municipio actor y promover la presente controversia constitucional.
d) Que si en la etapa procesal oportuna este Supremo Tribunal considera que no existe o no se prueba la existencia del acto demandado, entonces deberá sobreseer la controversia, y por ello, será hasta la sentencia en que deba resolverse lo que la demandada alega, no siendo posible, en consecuencia, opinar sin conocimiento de las pruebas que se ofrezcan si dicha causal procedió o no.
e) Que si una autoridad estatal interviene y dispone la integración del Ayuntamiento, ordenando el nombramiento de determinada persona como presidente municipal, entonces con su conducta estará violando la Constitución Federal; sin embargo, de no existir intervención de las autoridades estatales en la decisión del Ayuntamiento, se quedará sin materia la controversia.
f) Que la carga de la prueba de los actos impugnados recae en el actor, de tal manera que si éste no aporta los elementos de convicción necesarios, entonces se debe sobreseer la controversia por no existir el acto de la demanda, y de no haber acto impugnado no existiría conflicto entre Ejecutivo y Municipio; como consecuencia, sería una instancia local la que tendría que resolver el conflicto, por tratarse de una cuestión interna del Municipio.
g) Que del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal se desprende que en plena concordancia con el artículo 115 de la Constitución Federal, el suplente que aparece en la constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Acteopan, debió ser el que sustituyera al presidente municipal, por así establecerlo nuestra Ley Fundamental y la Ley Orgánica Municipal del Estado, no el regidor de Hacienda, por lo que la transgresión del artículo 115, último párrafo de la fracción I, de la Ley Fundamental, argumentado por la actora, es fundada, de ser ciertos los hechos que en su demanda relata.
h) Que se considera procedente el estudio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal por lo que se aprecia que los regidores violaron las garantías de legalidad en perjuicio del suplente del presidente municipal, toda vez que éste no fue oído ni vencido, antes de privarlo del derecho, proveniente de la norma aplicable, en cuanto a sustituir al presidente municipal fallecido.
i) Que los regidores miembros del Cabildo conforme a los artículos 31 al 39 de la Ley Orgánica Municipal del Estado deben cumplir con los siguientes requisitos para poder sesionar:
-Que la convocatoria sea expedida por el presidente municipal;
-En el caso de que no sea el presidente municipal quien convoque, podrá ser la mayoría de los regidores, y
-En dichas convocatorias se expresarán los asuntos que las motiven y serán los únicos que deberán tratarse en las mismas; las que en la especie no se cumplieron.
j) Que fue una determinación de los regidores del Municipio el nombramiento del presidente municipal sustituto, plasmada en la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, en la que no se cumplieron los requisitos antes expresados. Sin embargo los requisitos para celebrar la sesión de Cabildo, con apego a la Ley Orgánica Municipal, son irrelevantes para el resultado de dicha sesión, porque las violaciones constitucionales dignas de analizarse en una controversia constitucional, en el caso específico, son las que se advierten se sometieron en el acuerdo tomado y no en los requisitos que debieron llenarse para la validez de la sesión en que dicho acuerdo se emitió.
k) Que antes de celebrar la asamblea donde se designó al presidente municipal sustituto, se debió esperar que el Congreso Local decretara la pérdida de derechos del suplente del presidente municipal, para que se respetara la garantía de audiencia, y manifestara lo que a su derecho conviniera.
l) Que con la designación en la sesión extraordinaria del regidor de Hacienda, como sustituto del presidente municipal, se violaron garantías de legalidad en el procedimiento, toda vez que el suplente no fue oído y vencido en juicio.
m) Que si con los medios de prueba que se hagan valer, no se acredita que las autoridades del gobierno del Estado del Puebla vulneraron la autonomía del Municipio, entonces la violación alegada a la garantía de audiencia tendría que ser agotada en otra instancia.
OCTAVO.-Por auto de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor acordó que no había lugar a acordar de conformidad la ampliación de demanda planteada por la delegada de la parte actora por no expresarse nuevos conceptos de invalidez y menos aún la existencia de algún hecho superveniente con relación a la litis planteada.
NOVENO.-Con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se pasó el asunto al señor Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios.
SEGUNDO.-Previamente a cualquier otra cuestión, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Las autorida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5333-91c5331a/sobreseimiento-en-controversias-constitucionales-procede-decretarlo-cuando-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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