CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETEPANGO, HIDALGO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de enero de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, Juan Márquez Cruz, que se ostenta como presidente municipal, Marcial Pérez Vargas, en su carácter de presidente de la Asamblea Municipal, Jenaro J. Vázquez Márquez, Rosa Mera Benítez, Antonio Santos Cerón, Gregorio Sánchez Rodríguez, Eufemia Ángeles Cruz, Esperanza Guerrero Barrera como regidores y Sergio Rodolfo García Arrieta, en su carácter de síndico procurador, todos ellos del Ayuntamiento Constitucional de Tetepango, en el Estado de Hidalgo, promovieron controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:
"Órgano demandado.-El Poder Ejecutivo en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el cual tiene su domicilio en el Palacio de Gobierno con ubicación en la Plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, capital del mismo Estado.-Acto cuya invalidez se demanda.-La negativa del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo de entregar por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado los recursos económicos del fondo I de operación, fondo II de infraestructura y fondo III de seguridad pública, correspondientes a los meses de febrero y marzo del año que transcurre, al H. Ayuntamiento Constitucional de Tetepango y como consecuencia directa a los habitantes del Municipio referido."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"I. El día dieciséis del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el C. Domitilo Reyes Jiménez Sánchez quien fungía entonces como presidente municipal de Tetepango, Estado de Hidalgo, presentó solicitud de licencia para ausentarse de su cargo ante el H. Congreso del Estado.-II. Mediante escrito de fecha diecisiete del mismo mes y año dirigido a los integrantes del H. Ayuntamiento de Tetepango, Hidalgo y suscrito por los diputados Saúl Marcelino Hernández Ramírez y Graciela Macip Vera; nos fue remitida la referida solicitud por parte del citado órgano legislativo, en cuyo texto se señala a la letra lo siguiente: ‘De conformidad a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el día de hoy, por instrucciones del C. Dip. José Carmelo Acosta Carrillo, presidente del H. Congreso del Estado, y por ser de su competencia, les estamos enviando el escrito de fecha 16 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Reyes Jiménez Sánchez, presidente municipal constitucional, en donde solicita licencia del cargo por dos meses, a partir del 22 de diciembre del presente año, al 23 de febrero de 1999.’.-En efecto, de conformidad con lo ordenado por los numerales 56, 141, fracciones III y XIX, 143, 145, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 31, 38, fracción XVI, 39 fracción XIII y L de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es una facultad exclusiva de los Ayuntamientos conceder cualquier clase de licencia a sus miembros.-Así mismo, estos ordenamientos señalan como una obligación para el presidente municipal la de solicitar la autorización de la Asamblea Municipal para ausentarse por más de quince días de sus funciones.-III. Por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos citados, con fecha veintiuno de diciembre del mismo año en sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de referencia y en presencia de todos sus integrantes, fue sometido como punto número tres del orden del día la solicitud de otorgamiento de licencia pedida por el presidente municipal, análisis y resolutivo.-Desahogados que fueron los dos primeros puntos del orden del día, se sometió a votación de los integrantes del Ayuntamiento la solicitud de licencia hecha por el entonces presidente municipal en funciones C. Domitilo Reyes Jiménez Sánchez; sin embargo, la mayoría de sus miembros determinó resolver en sentido negativo a su solicitud, no autorizándole la ya referida licencia.-Debemos señalar además, que la facultad del Ayuntamiento está limitada a conceder licencias a sus miembros sólo hasta por el término de treinta días, según lo disponen el artículo 141, fracción III de la Constitución del Estado y 38, fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal; por lo que, al requerirse al Cabildo una licencia durante sesenta y cuatro días, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, al veintitrés de febrero del año subsecuente, estaba solicitando nos excediéramos de las facultades que la Constitución y la ley nos conceden.-IV. No obstante ser la negativa de licencia solicitada una decisión del órgano de gobierno municipal, emitida con fundamento en normas de orden público y en consecuencia de observancia obligatoria, el citado ciudadano Domitilo Reyes Jiménez Sánchez determinó ausentarse de su cargo de presidente municipal el veintitrés de diciembre del mismo año, sin contar con la autorización de licencia o haber acreditado causa justificada sancionada por el único órgano facultado para tal efecto, que es precisamente el Ayuntamiento en los términos del artículo 138 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo.-Por otro lado, el numeral 55 de la Ley Orgánica Municipal establece expresamente como requisito sine qua non para que un funcionario municipal se separe del ejercicio de sus funciones, que se le haya otorgado licencia en los términos de esa misma ley.-V. En tal virtud, y al encontrarse vacante el cargo de presidente municipal, los integrantes del Ayuntamiento de Tetepango en uso de las facultades que nos confieren los artículos 137 último párrafo, 138, 141, fracciones III y XIX, 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 38, fracciones I y XVI; 42, fracción III; 45, 55, 56, 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, llamamos al presidente municipal suplente C. Juan Márquez Cruz haciendo la designación correspondiente en el cargo vacante y tomándole la protesta de ley.-El día veintiocho de febrero del presente año, en asamblea extraordinaria abierta es ratificado el referido funcionario Juan Márquez Cruz como presidente municipal constitucional para concluir el trienio hasta el día dieciséis de enero del próximo año. Para acreditar lo anterior anexamos el acta respectiva.-Al haberse cumplido todos y cada unos de los requisitos que establece la Constitución y la ley de la materia en el Estado, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tetepango quedó integrado en los términos de ley; por lo que mediante escrito de fecha veintinueve de febrero del presente año, dirigido al C. diputado Carmelo Acosta Carrillo, se hizo del conocimiento del H. Congreso del Estado de Hidalgo la ratificación en el cargo de presidente municipal al funcionario referido en el párrafo que antecede y su correspondiente toma de protesta, solicitándole informara al Pleno de dicho órgano legislativo.-Así mismo, mediante escrito de fecha cuatro de marzo del mismo año, recibido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo con fecha cinco del mes y año, se solicitó a esa instancia del Ejecutivo Estatal, se reconociera la firma del C. Juan Márquez Cruz como presidente municipal constitucional en funciones por determinación de la H. Asamblea Municipal, anexándole acta certificada de la correspondiente designación; con la finalidad de recibir de manera regular las ministraciones que corresponden al Municipio y darle continuidad a todas y cada una de las obras de beneficio social proyectadas en tiempo y forma por el Ayuntamiento.-VI. Sin embargo, el Gobierno del Estado de Hidalgo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a la fecha no ha entregado los recursos económicos del fondo I de operación, fondo II de infraestructura y fondo III de seguridad pública correspondientes a los meses de febrero y marzo del año que transcurre, al H. Ayuntamiento Constitucional de Tetepango y como consecuencia directa a los habitantes del Municipio referido sin existir justa causa; recursos económicos que constituyen participaciones de la Federación y la entidad federativa a los que tenemos legítimo derecho en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado, de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tetepango, como órgano de representación y administración del Municipio respectivo.-Ante tal abstención, los integrantes del Cabildo dirigimos oficio No. 28/99 al secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado con fecha trece del presente mes y año, requiriendo la liberación de los referidos recursos y solicitando a su vez nos respondieran por escrito en caso de que la respuesta a nuestra petición fuera en sentido negativo.-VII. Al no obtener respuesta en ningún sentido, con fecha 16 del presente mes y año, los que aquí suscribimos dirigimos escrito al C. Licenciado Ernesto Gil Elorduy presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Hidalgo, para que, con fundamento en el artículo 56, fracción XIII de la Constitución Política del Estado resolviera el citado conflicto entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal, solicitando respetuosamente se requiriera al gobernador del Estado para que por conducto del secretario de Finanzas bajo su mando, entregara al Ayuntamiento de Tetepango las ministraciones a que tenemos legítimo derecho por mandato constitucional y legal.-No obstante tener obligación legal el Congreso del Estado de citar de inmediato a la parte causante del conflicto, a la fecha no ha realizado trámite alguno, ni nos ha otorgado respuesta a nuestra solicitud en términos del numeral 8o. de nuestra Carta Magna por lo que se impide el funcionamiento del Municipio de Tetepango, por corresponder los recursos económicos pendientes de entregar a rubros fundamentales de la actividad diaria del Municipio. Lo deja así mismo en completo estado de indefensión, al ser la última instancia a la que podemos acudir en el Estado para la solución de esta clase de conflictos; por lo cual acudimos a esta Máxima Autoridad Jurisdiccional en el país para que sean subsanadas las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cometidas en nuestro perjuicio, como última instancia para resolver estas controversias y dada la urgencia que implica restituir en su funcionamiento a la autoridad municipal."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su escrito inicial de demanda son los siguientes:
"Lo constituye la negativa del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo de entregar por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración -autoridad ejecutora- los recursos económicos del fondo I de operación, fondo II de infraestructura y fondo III de seguridad pública, correspondientes a los meses de febrero, marzo y el mes que transcurre del presente año, al H. Ayuntamiento Constitucional de Tetepango y como consecuencia directa a los habitantes del Municipio referido.-Como se ha dicho en los antecedentes del caso, los recursos económicos que a la fecha no han sido entregados al Ayuntamiento de Tetepango, constituyen participaciones de la Federación y del Estado de Hidalgo a los que tenemos legítimo derecho como órgano que representa y administra al Municipio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado y de las leyes de la materia. De igual manera, sobre estos recursos tienen interés directo los habitantes del Municipio en virtud de que estas ministraciones son destinadas a atender los ramos fundamentales de la administración municipal, tales como salarios a los empleados, a proporcionar servicios, obras y seguridad pública entre otras, los cuales al no obtener esos ingresos han quedado totalmente desatendidos.-Como se ha descrito también, al abstenerse de enviar estas participaciones el Gobierno del Estado por conducto de su Secretaría de Finanzas, los integrantes del Cabildo dirigimos el oficio 28/99 al titular de esta dependencia con fecha trece del presente mes y año, requiriendo la liberación de los referidos recursos, y solicitando a su vez nos respondieran por escrito, en caso de que la respuesta a nuestra petición fuera en sentido negativo.-Sin embargo, no solamente no se regularizó la entrega de los recursos, sino que tampoco se nos otorgó respuesta a nuestra solicitud en los términos de lo ordenado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a toda autoridad a la que se le haga una petición por escrito, a dictar el acuerdo respectivo en breve plazo, criterio que ha sostenido de manera reiterada este Máximo Tribunal en sus resoluciones.-Aún más, su respuesta debió ser inmediata, porque en el escrito respectivo se le comunicó la relevancia del caso por el tiempo transcurrido sin que se nos otorgaran estas prerrogativas y la autoridad tiene conocimiento suficiente en la materia para saber que eso implicaba el hecho de que se estaba impidiendo el funcionamiento del Municipio.-Al no otorgar respuesta a nuestra solicitud, el Gobierno del Estado viola en nuestro perjuicio y del Municipio que representamos el artículo 16 de la Constitución General de la República; esto en razón de que está emitiendo un acto de autoridad y afectación consistente en un acto negativo -la no entrega de las ministraciones-, sin fundar ni motivar su determinación; no obstante que le fue requerido en el mismo escrito que explicara las razones de cualquier determinación que asumiera, lo cual constituiría las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hubiera tenido en consideración para la emisión del acto negativo. Junto con lo cual además debió señalar los preceptos legales en que fundamentaba su decisión, por mandato constitucional y como lo señala el siguiente criterio jurisprudencial de los Tribunales Colegiados de Circuito: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada (sic) y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’.-Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis Vázquez Camacho. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV-Septiembre. Tesis: XXI.1o.92 K. Página: 334.-Ignoró también la autoridad demandada que la única razón para privar al Ayuntamiento y a los habitantes del Municipio, de las ministraciones multirreferidas es que estuviera debidamente autorizado en la legislación aplicable, circunstancia que en la especie no existe y que al no dar respuesta a nuestra solicitud y realizar el acto de afectación pasa por alto la razón precisamente a lo que es la concepción del principio constitucional de legalidad, que le obliga a realizar como autoridad solamente aquello que la ley expresamente le permite, habida cuenta que su actuar envuelve de manera necesaria el ejercicio de la soberanía del Estado.-Carecen de fundamentación y motivación sus actos, en virtud de que, no sólo no existe disposición expresa en la ley que lo faculte, sino tampoco al emitir el acto de molestia fundamentó y motivó su determinación, ya que no cita la responsable algún precepto jurídico que establezca atribuciones de la autoridad para otorgar las ministraciones a que tenemos derecho, mientras al resto de los Ayuntamientos se las está entregando de manera regular. No expresa tampoco precepto legal aplicable al caso concreto, ni señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del multirreferido acto negativo; y en consecuencia no existe tampoco en este caso adecuación de la norma al acto, al no configurarse en el caso concreto hipótesis normativa alguna.-Al no fundar y motivar sus actos vulnera el principio de legalidad, pero además, al privar al Ayuntamiento y a sus habitantes de un derecho de manera injustificada violenta el debido proceso legal, que le impone la obligación, al realizar esta clase de actos de afectación que únicamente sea mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; máximas constitucionales emanadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales como autoridad está obligado a cumplir y tutelar.-La nula respuesta a la solicitud realizada al Ejecutivo Estatal por conducto de su secretario de Finanzas, violenta también el artículo 115 de nuestra Carta Magna, que recoge la voluntad del Constituyente de que los Ayuntamientos, como expresión directa de la voluntad del pueblo, seamos los administradores de nuestros intereses, constituyendo la base de una organización política y administrativa independiente, no pudiendo ser privados de nuestro legítimo derecho de administrar los bienes municipales.-Al respecto este precepto constitucional en su fracción IV señala a la letra lo siguiente: ‘IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...’.-De la simple lectura de lo transcrito, se desprende con meridiana claridad que este numeral sienta las bases de la organización política de México, sobre los principios del respeto al Municipio Libre y de la administración de sus bienes, sin intervención de ninguna autoridad. Los actos que por esta vía se impugnan deben declararse inválidos por constituir una amenaza trascendental para las instituciones y para los derechos consagrados en favor de nuestro Municipio.-En consecuencia, y en base a los razonamientos vertidos, se causa agravio al Ayuntamiento de Tetepango, Hidalgo y al Municipio que representa por ser sujetos de las garantías que otorga la Constitución General de la República cuyos preceptos son vulnerados por las razones expuestas, por lo que es procedente se dejen sin efecto los actos reclamados."
CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 8o., 14, 16 y 115.
QUINTO.-Por acuerdo de treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, y se designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.
Por auto de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes, reconociendo la personalidad con la que se ostentan; y en virtud que del examen del escrito de demanda se advertía la participación del Congreso del Estado, requirió a la parte actora a efecto que señalara si en la presente controversia constitucional se debía tener como demandada también a dicha legislatura, requerimiento que fue desahogado mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, señalándose, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:
"... Con fecha dieciséis de abril del presente año los integrantes del Ayuntamiento dirigimos escrito al C. Lic. Ernesto Gil Elorduy presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Hidalgo, para que, con fundamento en el artículo 56, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, esta autoridad resolviera el citado conflicto entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal; solicitando respetuosamente se requiriera al gobernador del Estado para que por conducto del secretario de Finanzas bajo su mando, entregara al Ayuntamiento de Tetepango las ministraciones a las que tenemos legítimo derecho por mandato constitucional y legal.-Es el caso que, a la fecha, el Congreso del Estado no ha realizado actuación alguna tendiente a resolver el referido conflicto, no obstante que tiene obligación legal de citar de inmediato a la parte causante del conflicto, y realizar una serie de trámites previstos en el capítulo XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.-Actos reclamados: Los actos reclamados imputables al Congreso del Estado, se hacen consistir en la omisión de dar el trámite legal a nuestra solicitud, actos negativos que impiden el funcionamiento del Municipio de Tetepango, Estado de Hidalgo; ya que el Poder Legislativo en la entidad federativa es la única instancia capaz de dirimir esta clase de controversias, en términos de la Constitución Política del Estado; y su no actuar, favorece al Ejecutivo Estatal porque se niega a revisar sus actos; y causa perjuicio a mi representado, así como a los ciudadanos del Municipio de Tetepango, porque como se ha dicho, los recursos económicos pendientes de entregar corresponden a rubros fundamentales de nuestra actividad diaria.-Constituye así mismo una violación constitucional la omisión de dar respuesta a nuestra solicitud por escrito, en los términos del numeral 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en breve plazo, y en la que nos indicara las razones por las cuales a la fecha no se ha realizado trámite o actuación alguna tendiente a solucionar la controversia planteada.-Singular importancia tienen los actos reclamados, imputables al Congreso del Estado de Hidalgo, en virtud de que su negación a resolver la controversia que le fue planteada, nos ha dejado en completo estado de indefensión, por constituir la última instancia a la que podemos acudir en el Estado para la solución del conflicto; motivo por el cual acudimos en vía de controversia constitucional ante esta H. Suprema Corte a efecto de que sean subsanadas las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cometidas en nuestro perjuicio, como última instancia para resolver estas controversias y dada la urgencia que implica restituir en su funcionamiento a la autoridad municipal.-Conceptos de invalidez.-Lo constituye la negativa del Congreso del Estado de Hidalgo de dar el trámite legal a la solicitud que realizó el Ayuntamiento de Tetepango, Hidalgo, para que, con fundamento en el artículo 56, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, resolviera el multicitado conflicto entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo Estatal.-Como se ha dicho en los antecedentes del caso planteado en nuestro escrito de demanda, la omisión señalada en el párrafo que antecede, ha traído como consecuencia directa que a la fecha el Ejecutivo Estatal no haya entregado al Ayuntamiento de Tetepango, los recursos económicos a los que tenemos legítimo derecho como órgano que representa y administra al Municipio, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la particular del Estado y de las leyes en la materia. Sobre estos recursos tienen interés directo los habitantes del Municipio en virtud de que estas ministraciones son destinadas a atender los ramos fundamentales de la administración municipal, tales como salarios a los empleados, a proporcionar servicios, obras y seguridad pública entre otras, los cuales al no obtener esos ingresos han quedado totalmente desatendidos.-Como se ha descrito también, al abstenerse de enviar estas participaciones al Gobierno del Estado por conducto de su Secretaría de Finanzas, los integrantes del Cabildo dirigimos oficio No. 28/99 al titular de esta dependencia requiriendo la liberación de los referidos recursos, y solicitando a su vez nos respondieran por escrito, en caso de que la respuesta a nuestra petición fuera en sentido negativo. Al no existir tal, se requirió al Poder Legislativo Estatal para que solucionara el conflicto en los términos que marca la Constitución del Estado, o que en su caso expresara por escrito las razones por las cuales no podía ser atendida nuestra petición, lo cual tampoco ha sido cumplido a la fecha por esta última autoridad; lo cual constituye una franca violación de lo ordenado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a toda autoridad a la que se le haga una petición por escrito, a dictar el acuerdo respectivo en breve plazo, criterio que ha sostenido de manera reiterada este Máximo Tribunal en sus resoluciones.-La sustanciación del trámite y la respuesta a nuestra solicitud por parte del Legislativo Estatal debió ser inmediata, porque en el escrito respectivo se le comunicó la relevancia del caso por el tiempo transcurrido sin que se nos otorgaran nuestras prerrogativas constitucionales, y la autoridad tiene conocimiento suficiente en la materia para saber que eso implicaba el hecho de que se estaba impidiendo el funcionamiento del Municipio.-Al no realizar el Congreso del Estado los trámites tendientes a dar solución al conflicto planteado, ni otorgar respuesta a nuestra solicitud, viola en perjuicio del Ayuntamiento y del Municipio que representa, el artículo 16 de la Constitución General de la República; esto en razón de que está emitiendo un acto de autoridad y afectación consistente en un acto negativo -la nula sustanciación del conflicto hecho de su conocimiento-, sin fundar y motivar su determinación; no obstante que le fue requerido en el mismo escrito que explicara las razones de cualquier determinación que asumiera, lo cual constituiría las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hubiera tenido en consideración para la emisión del acto negativo. Junto con lo cual además debió señalar los preceptos legales en que fundamentaba su decisión, por mandato constitucional y como lo señala el siguiente criterio jurisprudencial de los Tribunales Colegiados de Circuito: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis Vázquez Camacho. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV-Septiembre. Tesis XXI.1o.92 K. Página: 334.-Al no fundar y motivar sus actos vulnera el principio de legalidad, pero además, al privar al Ayuntamiento y a sus habitantes de su derecho a la justicia pronta y expedita, violenta el de debido proceso legal, que le impone la obligación al realizar esta clase de actos de afectación únicamente mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; máximas constitucionales emanadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales como autoridad está obligado a cumplir y tutelar."
SEXTO.-Mediante proveído de trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por desahogado el referido requerimiento; por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda; corrió traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniere; y, en virtud de la solicitud de suspensión de los actos reclamados ordenó formar por separado el cuaderno incidental respectivo.
SÉPTIMO.-Las autoridades demandadas formularon sus respectivas contestaciones en los siguientes términos:
a) El Congreso del Estado de Hidalgo manifestó:
"El Poder Legislativo de referencia, con sede, como ya se ha dicho en la controversia en cuestión, en la carretera México-Pachuca, kilómetro 84 y medio, no ha incurrido en ninguna violación constitucional y legal, pues siendo este asunto de su competencia, ha iniciado su conocimiento abriendo y siguiendo el trámite de él continuadamente en el expediente correlativo para analizar los elementos constitutivos del caso y resolver el conflicto legal y justamente, a la luz de los siguientes antecedentes: I. Con escrito de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el C. Domitilo Reyes Jiménez Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Tetepango, Hidalgo, solicitó al H. Congreso del Estado de Hidalgo, licencia por dos meses comprendidos del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al veintitrés de febrero de mil
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6269-9e2988b9/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-no-se-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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