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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. LOS ARTÍCULOS 202 Y 229 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO NO INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/97. · Registro digital (IUS): 4938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 305.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/97. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Jaimes Serrano, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tenancingo, Estado de México, y en representación del Ayuntamiento de ese propio Municipio, promovió demanda de controversia constitucional, contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"a) El Gobierno del Estado de México, cuyo titular es el gobernador de dicho Estado a quien también se le señala como titular del Poder Ejecutivo que promulgó y mandó publicar el ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, con el secretario general de Gobierno, que intervino en el refrendo ambas autoridades tienen su domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de México ubicado en las calles de Lerdo frente a la Plaza Cívica.-b) La H. Legislatura del Estado de México con domicilio en el Palacio Legislativo ubicado en el lado oriente de la Plaza Cívica de la ciudad de Toluca, México.-c) La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México con domicilio en avenida Morelos Pte. número 7120, colonia Centro en la ciudad de Toluca, México.-d) La Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México con domicilio en la calle de José Vicente Villada número 202 primer piso en la colonia Centro de la ciudad de Toluca, Estado de México.

"Norma general cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que fue publicada: Lo es, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México que fue emitido mediante el Decreto Número 11 de la H. LIII Legislatura del Estado de México y fue publicado en la Gaceta del Gobierno, que es el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, con fecha 7 de febrero del corriente año. Esta ley, cuya inconstitucionalidad se hace valer en vía de acción se reclama dentro del término de 30 días siguientes al acto de aplicación que causa perjuicio a la entidad, poder u órgano actor que ocurrió el día 20 de mayo del año en curso en el recurso de revisión 334/97 que fue tramitado en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México al ser emitida la resolución definitiva en dicho recurso que fue deducido de los expedientes acumulados 153/97 y 157/97 tramitados en la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aludido. Esta ley es reclamada dentro del término a que se refiere el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del Artículo 105 de la Constitución Política Federal."

SEGUNDO.-La parte actora fundó su demanda en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o., 10, 22 y demás relativos de su ley reglamentaria.

TERCERO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:

"1. El síndico municipal y los regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenancingo Estado de México, de nombres Gilberto López Guerrero Morales, Froylán Velázquez Sánchez, David Soriano Oscos, Javier Mondragón Camacho y Manuel Luna García demandaron del presidente municipal y del secretario del H. Ayuntamiento, ante la Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente: ‘Actos impugnados a) Los actos, acuerdos, decisiones, omisiones o abstenciones llevados a cabo en los que, han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo, por los que se nos impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del propio Municipio. b) El acta de sesión de Cabildo celebrada el 10 de marzo de 1997, en el salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Tenancingo México.’. Asimismo, señalaron textualmente lo siguiente: ‘Pretensión que se deduce: Que se declare la invalidez de los actos, acuerdos, decisiones u omisiones o abstenciones llevadas a cabo o en las que, han incurrido las autoridades señaladas como demandadas por las cuales se nos impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento de Tenancingo, México.’.-2. Con motivo de la demanda administrativa, fueron tramitados los expedientes acumulados 153/97 y 157/97 en la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Al contestar la demanda fueron controvertidos los hechos y se opusieron las excepciones y defensas que se consideraron oportunas, en los términos que enseguida se transcriben.-‘Respecto de los hechos los actores señalan como actos impugnados los mencionados en el capítulo de antecedentes y aducen como pretensión que se declare la invalidez de los actos, acuerdos, decisiones, omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en las que han incurrido las autoridades señaladas como demandadas, por las que se les impide formar parte del Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento de Tenancingo México y en el apartado séptimo de su demanda exponen los hechos en los que motivan su pretensión y de la lectura cuidadosa de los hechos que exponen los demandantes, se advierte con claridad que, quienes en su caso impiden a aquéllos integrar el Cabildo o cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento no es precisamente su presidente, secretario o miembros del H. Ayuntamiento demandado, sino un grupo de personas de la municipalidad de Tenancingo, México tal como se advierte en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del apartado señalado pues en ellos se subraya con insistencia que al acudir a las sesiones de Cabildo a las que fueron convocados les fue impedido el acceso por un grupo de más de 150 personas que se encontraban fuera del lugar en donde se iba a llevar a cabo la sesión de Cabildo, a esto debe agregarse que tan es así la situación que inclusive los propios demandantes reconocen que después del día 6 de marzo de 1997 fecha en la que se les impidió según su dicho la entrada por un grupo de más de 200 personas a la sesión de Cabildo que fueron convocados, nuevamente los días 7 y 8 del mismo mes y año el secretario del H. Ayuntamiento demandado los convocó a sesión de Cabildo de donde se deduce que el H. Ayuntamiento de Tenancingo en ningún momento les impedía formar parte del Cabildo puesto que como ellos mismos lo confiesan fueron convocados a asistir a dichas sesiones dejándose en evidencia que, quien en su caso les impide o impidió asistir a ellas lo fue un grupo de personas que acudieron a manifestarle su inconformidad.-De la misma forma debe resaltarse la ineficacia de los agravios planteados por los disconformes cuando señalan como acto impugnado el acta de sesión de Cabildo celebrada el día 10 de marzo de 1997 en el salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Tenancingo por la razón de que en dichos agravios se plantean disconformidades dirigidas a la irregularidad de los actos u omisiones que les impiden formar parte del Cabildo sin embargo ninguna apunta hacia lo irregular o regular del acto de mérito siendo que en la materia del contencioso debe existir relación directa entre el acto impugnado y los agravios que origina éste sin los cuales el acto impugnado debe subsistir en ausencia de disconformidad que objetivice su irregularidad y en los hechos que narraron los actores no se advierte alguno que aluda el acto que se impugna.-Finalmente conviene traer a colación el argumento toral de los actores relacionado con su pretensión subrayada a través del cual patentizan que se les pretende privar de su derecho a formar parte del Cabildo sin que exista mandamiento escrito y sin que se les haya otorgado garantía de audiencia y sin que se cumpla con la fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales a más de que el H. Ayuntamiento demandado carece de competencia.-En la contestación de demanda en el capítulo de excepciones y defensas se hicieron valer las siguientes: la falta de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dinimir (sic) el presente conflicto, porque no se ha dado entre autoridades municipales demandadas y particulares sino que, las pretensiones de los demandantes se refieren a un conflicto político que en última instancia compete resolver a la Legislatura del Estado, pero no a la justicia administrativa. La falta de acto de autoridad por parte de las demandadas en contra de los actores que pudieran haber afectado sus derechos pues jamás se les separó de su cargo de elección popular, sino que simplemente, se llamó a los suplentes ante su inasistencia.’.-3. Ahora bien la Primera Sala Regional del conocimiento con fecha 14 de abril del presente año pronunció la resolución de primer grado en los expedientes administrativos acumulados referidos en el hecho precedente en los términos de la parte considerativa, que enseguida se transcribe: ‘1. Esta Primera Sala Regional de lo Contencioso Administrativo del Estado de México es competente para conocer de conformidad con lo que establecen los artículos 1o., 201, 202, 226, 227 fracciones I y V, 228, 272 y 273 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como del precepto 22 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional.-2. Previo al análisis de la litis planteada, por ser cuestión de orden público es menester analizar las causales de improcedencia que propone la autoridad demandada, la cual se hace consistir en la que se contempla en el numeral 267 fracción IX en relación con la fracción II del artículo 268 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dicha causal de improcedencia es invocada por la autoridad demandada porque a decir de la misma los actos de invalidez que señalan los actores en sus demandas, no encuadran en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 229 del código citado, esto es que este tribunal carece de competencia para conocer del conflicto porque no se trata de actos administrativos que las autoridades demandadas hayan pronunciado en contra de los demandantes, ni como servidores públicos, ni como personas físicas. El argumento planteado no es atendible toda vez que contrariamente a las apreciaciones de las autoridades que invocan la causal de improcedencia que nos ocupa, este organismo jurisdiccional sí es competente para conocer y resolver la litis planteada en el presente asunto, en razón de que la fracción primera del numeral 229 del Código de Procedimientos Administrativos y Fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones para el caso que nos ocupa los actores en el presente juicio señalaron como actos impugnados el oficio de fecha 9 de marzo del año en curso emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo México y de dicho oficio claramente se desprende que fue emitido por una autoridad administrativa municipal en ejercicio de atribuciones de tal naturaleza, asimismo también señaló como acto impugnado el acta de sesión de Cabildo de fecha 10 de marzo de 1997 la cual por ser un acto emitido por un cuerpo deliberante reúne las características de acto administrativo, por constituir una declaración unilateral en ejercicio de la función administrativa municipal no considerándose un acto político como lo afirma la demandada. En efecto el acto administrativo supone la existencia de una decisión unilateral previa por parte del titular del órgano de administración en ejercicio de la función administrativa y de que el mismo afecte al sujeto pasivo, su origen es una decisión unilateral, en efecto ha sido criterio sostenido por este órgano de justicia administrativa el que se aprecia en la jurisprudencia número 107 publicada en la edición denominada «Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo.» «ACTOS ADMINISTRATIVOS SU NOCIÓN PARA EFECTOS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Al amparo de los artículos 3o. y 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa estatal el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal. Para efectos de la competencia de esta instancia jurisdiccional, son actos administrativos las declaraciones unilaterales de voluntad que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo en la entidad de los Municipios y de los organismos descentralizados de índole estatal y municipal, en ejercicio de la función administrativa que producen efectos jurídicos de naturaleza particular. Serán pues actos administrativos tanto en el aspecto formal como en el material lo primero porque necesariamente han de provenir de un órgano de la administración pública estatal o municipal y lo segundo en cuanto que deben ser declaraciones unilaterales de voluntad de tal órgano, en ejercicio de la potestad administrativa, que crean, modifican, reconocen transmiten o extinguen situaciones jurídicas de alcance particular es decir de carácter no general.». Por lo tanto no es atendible la causal de improcedencia planteada.-III. En términos del dispositivo 273 fracciones II y III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la litis en el presente juicio se circunscribe a resolver la validez o invalidez de: a) Los actos, acuerdos, decisiones u omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en las que han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo por lo que se les impide formar parte del Cabildo del H. Ayuntamiento citado; b) El acta de sesión de Cabildo celebrado el día 10 de marzo de 1997; c) El oficio sin número de fecha 9 de marzo de 1997, emitido por el secretario del H. Ayuntamiento.-IV. Una vez hecho el análisis del escrito de demanda, la contestación a la misma y los alegatos formulados por las partes en contienda, así como fueron valoradas las pruebas ofrecidas por las mismas en términos de los numerales 32, 38 fracciones II, IV, VI y VII, 95, 100, 105, 199 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad federativa, se analizarán en forma conjunta los actos impugnados señalados en los incisos a y b por encontrarse estrechamente relacionados y de los cuales diremos que esta Sala juzgadora llega a la conclusión de considerar atendibles los conceptos de invalidez planteados por los demandantes en este juicio, dado que con la emisión de los actos impugnados se viola en su perjuicio lo contemplado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que dicen: «Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.».-«Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.». En base al anterior sustento legal, el acta de Cabildo por esta vía combatida dista mucho de reunir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto debe reunir los suplentes de los cargos de síndico procurador y regidores que en el documento se citan, ni mucho menos se emitió disposición alguna a través de la cual se fundamentara la decisión tomada, en base a lo anterior para el caso que nos ocupa se configura la causal de improcedencia que contempla la fracción segunda del dispositivo 274 del Código de Procedimientos Administrativos estatal ya que el acto en estudio no cumple con los requisitos formales que legalmente deben revestir, máxime que a los servidores públicos afectados no se les otorgó su garantía de audiencia a la que tenían derecho. Por otro lado y en relación al oficio de fecha 9 de marzo de este año el cual se encuentra dirigido al C. Froylán Velázquez Velázquez emitido por el secretario del H. Ayuntamiento demandado, corre la suerte del acto impugnado señalado con anterioridad, ya que como se desprende del oficio de referencia, la autoridad demandada no acreditó en el presente juicio que existiera una orden previa de autoridad competente ni que se le otorgara la garantía de audiencia a que tenía derecho para que se le aplicara el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México ni mucho menos en dicho oficio se adecuaron los fundamentos legales aducidos, con el motivo consistente en que la persona afectada ya no era miembro del H. Ayuntamiento multicitado. Bajo estas circunstancias es dable declarar la invalidez del oficio 9 de marzo de 1997 emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo con argumentos defensivos planteados por las autoridades demandadas al dar contestación a la instancia planteada en su contra éstos no son de tomarse en cuenta dado que los mismos forman parte del fondo de la litis planteada y como ya se dijo en líneas anteriores, los actos impugnados fueron omisos de los requisitos formales que todo acto de autoridad debe revestir y es por ello que no se pueden analizar cuestiones de fondo lo anterior encuentra su sustento legal en la jurisprudencia número 5 que se aplica por analogía.-«FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SU EXAMEN EXCLUYE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.-Cuando en un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la Sala juzgadora advierta que el acto de autoridad reclamado es omiso de los requisitos de fundamentación y motivación legales, que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República, debe abstenerse de estudiar las cuestiones de fondo y declarar la nulidad del acto impugnado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa.».-Al margen de lo anterior y en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México es de ordenarse al H. Ayuntamiento presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo a que en un término no mayor de 3 días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, restituyan en pleno goce de sus derechos afectados a los actores los cuales continuarán ejerciendo sus atribuciones constitucionales y legales respectivas.-En mérito de lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.-No son atendibles las causales de sobreseimiento planteadas por las autoridades demandadas en este juicio.-SEGUNDO.-Se declara la invalidez de: a) Los actos, acuerdos, decisiones y omisiones o abstenciones, llevadas a cabo o en los que han incurrido los integrantes del H. Ayuntamiento y el presidente municipal de Tenancingo por lo que se les impide formar parte del Cabildo del H. Ayuntamiento citado. b) El acta de sesión de Cabildo celebrado el día 10 de marzo de 1997. c) El oficio sin número de fecha 9 de marzo de 1997 emitido por el secretario del H. Ayuntamiento de referencia.-TERCERO.-El H. Ayuntamiento, presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo deberá restituir en el goce de sus funciones constitucionales a los señores Gilberto López Guerrero Morales, David Soriano Oscos, Javier Mondragón Camacho, Manuel Luna García y Froylán Velázquez Velázquez dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores al en que cause ejecutoria la presente sentencia.-CUARTO.-Notifíquese personalmente a los autores y por oficio a las autoridades.’.-Esta resolución fue impugnada en revisión por las autoridades municipales demandadas, expresando los agravios que enseguida se transcriben textualmente ... 5. Con fecha 20 de mayo del presente año, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resolvió en definitiva el recurso de revisión 334/97, conforme a la parte considerativa que enseguida se transcribe: ... 6. Ahora bien de la aplicación del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que las autoridades demandadas en la controversia, se advierte que dicho ordenamiento es inconstitucional, pues, contraviene el artículo 115 de la Constitución Política Federal, lo cual se hace valer mediante la controversia constitucional que ahora se pretende, en términos del artículo 105 fracción I, inciso i) de la Constitución Política Federal. Asimismo, se hace valer la inconstitucionalidad de los actos de aplicación de las normas del Código de Procedimientos Administrativos aludido, que hicieron la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y su Primera Sala Regional Toluca, en el respectivo ámbito de su competencia, porque resultan violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de los ahora actores, es decir del Municipio de Tenancingo y del presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento."

CUARTO.-Por auto de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo, y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien por proveído de veinticuatro del citado mes y año, tuvo por admitida la demanda respectiva y ordenó emplazar a las partes respectivas.

QUINTO.-Sustanciado el procedimiento en sus términos, con fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, se celebró la audiencia a que se refieren los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una controversia suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, por actos y disposiciones generales que se atribuyen al primero.

SEGUNDO.-Previamente a cualquier otra cuestión, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

El artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, dispone:

"Art. 21. El plazo para la interposición de la demanda será: I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.-II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ..."

En el caso concreto se impugnan disposiciones generales del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como el acto concreto de aplicación consistente en la sentencia de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, dictada en el recurso de revisión 334/97 por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

Por cuanto hace al acto concreto de aplicación, no obra en autos la constancia de notificación hecha a la parte actora de la sentencia impugnada; sin embargo, aun considerando que en la misma fecha de su emisión se notificó (no pudo haber sido con anterioridad a la de emisión del acto), se concluye que la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal de treinta días hábiles que, para la impugnación de actos concretos, otorga el artículo 21, fracciones I y II, de la ley de la materia antes transcrito.

En efecto, la sentencia combatida, que constituye el acto concreto de aplicación de las disposiciones reclamadas, fue emitida el veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, por lo que, aun considerando que en esta misma fecha se haya notificado, se tiene que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda de controversia venció el dos de julio del mismo año, debiéndose descontar en el cómputo respectivo los días veintiuno de mayo (en que surtió efectos la notificación), sábado veinticuatro, domingo veinticinco y sábado treinta y uno de mayo, domingo primero, sábado siete, domingo ocho, sábado catorce, domingo quince, sábado veintiuno, domingo veintidós, sábado veintiocho y domingo veintinueve de junio, todos de mil novecientos noventa y siete, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., fracciones I y II, y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

En consecuencia, si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, esto es, al vigésimo segundo día hábil, debe concluirse que la demanda se promovió dentro del plazo legal para tal efecto respecto del acto de aplicación.

Por cuanto hace al ordenamiento legal impugnado, al combatirse con motivo de un acto de aplicación, debe analizarse si el acto que la motiva es el primero, a efecto de establecer si la demanda se promovió oportunamente.

Al respecto, el gobernador y el secretario general de Gobierno del Estado de México, aducen que con anterioridad a la sentencia reclamada, ya se habían dado actos de aplicación, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso demandado ya había emitido resoluciones en juicios de los que conoció y a los que se sometió el Ayuntamiento actor y, además, el primer acto de aplicación sería, en todo caso, los autos de admisión de los juicios administrativos que motivaron el recurso de revisión 334/97 cuya sentencia ahora se combate.

El artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Art. 21. El plazo para la interposición de la demanda será: ... II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ..."

De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, en tratándose de disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación o de su primer acto de aplicación.

Debe destacarse que la posibilidad de impugnar una ley con motivo de su primer acto de aplicación, tiene su razón de ser, en virtud de que con ello se da una doble oportunidad para su impugnación cuando no se hizo valer a partir de su publicación o entrada en vigor, pero limitándose esa posibilidad a que se trate del primer acto de aplicación; esto es, esa segunda oportunidad no puede actualizarse o generarse a consecuencia de actos ulteriores de aplicación, sino que está restringido únicamente al primer acto, de tal manera que, si el derecho de ejercer la acción no se hizo valer en alguno de estos dos supuestos (publicación o entrada en vigor de la disposición, o con motivo de su primer acto de aplicación), ya no podrá hacerse en virtud de actos posteriores aun y cuando constituyan también aplicación de la ley combatida.

Ahora bien, en el caso concreto se señala como primer acto de aplicación de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, la sentencia de veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete emitida por el multicitado Tribunal Contencioso, por lo que debe analizarse si con anterioridad a esta fecha ya se habían producido actos de aplicación en virtud de los cuales debió promover la parte actora su demanda de controversia en contra de las disposiciones impugnadas.

Obran en autos copia certificada de las sentencias emitidas por el citado Tribunal Contencioso, en los juicios números 508/97, 398/97 y 154/97; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como primer acto de aplicación en virtud de lo siguiente:

Si bien tales resoluciones se fundan, entre otros, en los artículos 202 y 296, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que son las normas que expresamente se combaten de este ordenamiento legal, es el caso que las dos primeras sentencias se emitieron con fecha posterior a la de la resolución que ahora se combate, pues ésta se emitió el veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete y aquéllas el veintidós de septiembre y el ocho de octubre del propio año, por lo que ninguna de éstas puede constituir el primer acto de aplicación; respecto de la tercer sentencia dictada en el juicio 154/97, si bien se emitió el catorce de abril del citado año, esto es, con anterioridad a la que ahora se impugna, es el caso que en ésta la parte demandada no es el Ayuntamiento del Municipio actor, sino una diversa autoridad.

No pasa desapercibido que esta autoridad es el director de Desarrollo Urba

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4938-17e1b5a8/controversia-constitucional-tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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