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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2000. · Registro digital (IUS): 6809
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 885.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de octubre de dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Ramiro Becerra Madrigal, J. Jesús Gómez Ortiz (sic), Bruna Madrigal Uribe, Aurelio Castillo Vicente, Rubén Cervantes Mendoza, María Guadalupe Díaz Encarnación, Leticia Castro Íñiguez, Ricardo Beleche Zúñiga, Francisco Bonilla Navarro, el primero en su carácter de secretario y síndico del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco, y los restantes ostentándose exclusivamente como funcionarios públicos del citado Ayuntamiento, promovieron controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades mencionadas en el párrafo siguiente:

"Autoridades demandadas. Señalamos como ordenadoras a: H. Congreso del Estado, con sede en esta ciudad y domicilio conocido.-Y como ejecutoras: La H. Comisión de Diputados integrantes del Congreso del Estado, que se hubiese designado para ejecutar dicho decreto en términos de la última parte del artículo único del decreto reclamado, con domicilio, al igual que la anterior, en el edificio que ocupa el H. Congreso del Estado de Jalisco.-El Gobernador Constitucional del Estado y el C. Secretario general de Gobierno, por lo que atañe a la sanción, promulgación y publicación del decreto reclamado (como se establece en el numeral 140 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado), con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco.-Director de Seguridad Pública del Estado, con domicilio en Avenida Libertad, esquina 16 de Septiembre en el centro de esa ciudad capital del Estado de Jalisco.-Director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con domicilio en Alcalde No. 1351, edificio C, primer piso, en Guadalajara, Jalisco.-IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial de publicación. Los actos reclamados son: a) El inconstitucional Decreto No. 18060, emitido por el H. Congreso del Estado, mediante el cual declara la desintegración del Cabildo de Zacoalco de Torres, Jalisco, sin que exista causa legal para ello, pues en la especie no se reúnen los extremos que establecen tanto la Constitución General de la República, como las Leyes Orgánicas del Congreso del Estado y de los Municipios del Estado de Jalisco, como la Constitución Política del Estado de Jalisco, y la pretendida ejecución o fiel cumplimiento que pretendan dar las responsables ejecutoras.-Y nos ostentamos conocedores del decreto en virtud de haber estado presentes en el espacio para el público, en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, el día 25 de noviembre de 1999, aproximadamente a las 16:00 dieciséis horas y de los actos por impedírsenos el acceso al edificio que ocupa la Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, desde el día 7 de diciembre próximo pasado.-Por lo que se refiere a la Comisión de Diputados, la pretendida entrega y toma de posesión de los cargos de concejeros a los nombrados en dicho decreto.-Del Gobernador Constitucional del Estado y del C. Secretario general de Gobierno la sanción, promulgación y publicación del decreto reclamado (como se establece en el numeral 140 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado) a fin de dar cumplimiento a la orden decretada, así como la orden que éstos emitan para la publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’.-Del director de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, el apoyo policial que llegue a proporcionar para dar cumplimiento a dicho decreto para que se logre la toma de protesta y entrega de posesión de los cargos de presidente del Concejo y concejeros municipales a las personas nombradas, en dicho decreto.-Por lo que ve al director del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el cumplimiento del decreto mediante la orden de publicación del mismo que recibiera por conducto del secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco y su debido cumplimiento, sin que a la fecha del presente se hubiere publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, exhibiendo los periódicos publicados, desde el 26 de noviembre de 1999, al 14 de diciembre de 1999, para acreditar nuestro dicho.-b) La ausencia de conceder al Cabildo actor, y a sus integrantes, el derecho de audiencia y de defensa previsto por la Constitución General de la República, artículos 8o., 14, 16 y 115, así como las Leyes Orgánicas Municipal, artículo 28 y del Congreso del Estado, así como la Constitución Política del Estado, artículo 76, lo que trae como consecuencia la ilegal declaración emitida en el decreto reclamado, para que desaparezca el cuerpo edilicio, dando lugar al nombramiento de un Concejo Municipal, sin que previamente se otorgare el derecho de audiencia y defensa que le asiste al Cabildo y en particular, a cada regidor, en relación con el decreto impugnado, cuya emisión se apoyó en un dictamen parcial inexacto y a la postre ilegal y también por ello inconstitucional.-c) La grave omisión de dar contestación a múltiples petitorios, pacíficos y respetuosos, que elevamos ante las responsables con diversas fechas de este año de 1999, traduciéndose en no darles curso legal, lo que incidió en la resolución hoy impugnada, pese a que son parte integrante del procedimiento, escritos de los cuales acompañamos copia con acuse de recibo.-d) La grave omisión de integrar los escritos antes citados al procedimiento del Pleno, como de las Comisiones de Gobernación y la de Responsabilidades, respectivamente, todas parte integral del cuerpo legislativo, impidiendo las ordenadoras, de hecho física y materialmente, darles curso legal, para que así incidieran en la resolución hoy impugnada, pues son parte íntegra del procedimiento.-e) La inconstitucionalidad del decreto de mérito, dictado por la responsable ordenadora el día 25 de noviembre de 1999, en asamblea en Pleno, dado que carece dicho cuerpo colegiado, de las facultades para dictar el mismo, en afectación directa de una norma superior, contenida en el artículo 115 de la Constitución General de la República, que prevé la autonomía del Municipio Libre como base del Estado y de la Federación, así como prevé la forma, términos y condiciones, en casos como el presente, que a la postre, resulta ser la forma legal de sustituir a los regidores o munícipes, por renuncia, el término que tienen conforme a las leyes, y las condiciones para ello, en obediencia de lo dispuesto en la fracción I, quinto párrafo, del propio artículo 115 constitucional.-Ya que la demandada, esto es el H. Congreso del Estado, obró aplicando inexactamente el cuarto párrafo del artículo constitucional antes citado.-f) La ilegal y posible ejecución que pretenden darle al decreto de mérito, pues las leyes establecen que las normas, decretos y leyes, entran en vigor al día siguiente de su publicación o el término que en el mismo se establezca, y aun cuando en el presente caso, no se ha publicado, se han trasladado varias personas al edificio de la Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, con la intención de tomar posesión de sus cargos por instrucciones del diputado Felipe de Jesús López García, impidiendo a los suscritos el ingreso a dicho edificio en forma material y por demás ilegal."

SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:

"1. Este Cabildo fue electo mediante el sufragio universal y directo, expresado en las urnas, el día 9 nueve de noviembre de 1999 (sic) mil novecientos noventa y nueve, confiriendo la responsabilidad de representar al Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, como legítimas autoridades municipales, por el periodo 1998-2000, como se establece en el acuerdo de fecha 19 de noviembre de 1997, emitido por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, declarando la validez de la elección del H. Ayuntamiento, así como la elegibilidad de los candidatos que fueron registrados por los partidos políticos, cuya copia certificada acompañaremos al presente examen constitucional.-2. El trabajo del H. Cabildo de Zacoalco, se desarrolló de manera normal desde el primer día hasta el 15 de octubre de 1998, ya que a consecuencia de un accidente automovilístico por demás trágico, perdió la vida el Ing. Braulio Gómez Cortez, quien fungía como presidente municipal; ese mismo día se presentó el diputado local por el Distrito XVII que corresponde a ese Municipio, Lic. Felipe de Jesús López García, quien se hacía acompañar del Lic. Juan Manuel Valle Vázquez Tejeda, representante, este último, del Partido Revolucionario Institucional ante el propio Consejo Electoral del Estado, convocando a una reunión con los regidores de Zacoalco, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, así como a algunas otras personas de la población, con el objeto de sustituir al munícipe fallecido; en dicha reunión el diputado Felipe López García, ordenó que se nombrara a la regidora suplente C. Bruna Madrigal Uribe, ya que a ella le correspondía entrar en funciones porque así lo establecía la Ley Orgánica Municipal vigente en esta época, como igualmente la Ley Electoral del Estado, circunstancias que quedan demostradas con las copias certificadas de las actas de Cabildo, que acompañamos a este libelo.-3. El día 21 de octubre de 1998, en reunión extraordinaria de Cabildo de Zacoalco de Torres, en la que estuvo presente el propio diputado Felipe de J. López García, se desahogó la orden del día y en primer término se sustituyó la vacante que dejó el Ing. Braulio Gómez Cortez (difunto), por lo que previa convocatoria y notificación personal, se presentó la C. Bruna Madrigal Uribe, quien manifestó su aceptación y se tomó la protesta de ley, como se desprende del Acta de Cabildo No. 24 de esa fecha, y como segundo punto a desahogar, fue la designación mediante el voto directo a quién habría de fungir como presidente sustituto del H. Ayuntamiento de conformidad a lo establecido por el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal, votación que recayó a favor del doctor J. Jesús Gómez Ortiz, por siete votos a favor y dos en contra, quedando legal y debidamente integrado el Cabildo. Lo cual se acredita con las actas respectivas que se contienen en el legajo certificado que acompañamos al presente.-4. De ambas actuaciones anteriores contenidas en una misma acta de Cabildo, fueron remitidas al H. Congreso del Estado, y éste mediante Decreto 17736 de fecha 3 tres de diciembre de 1998, en la cual dicha soberanía declara de legal la elección del presidente municipal sustituto, la persona del Dr. J. Jesús Gómez Ortiz, por reunirse lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 75, mandado sancionar, promulgar y publicar dicho decreto, entrando en vigor al día siguiente, del 18 de diciembre de 1998, por lo tanto, las resoluciones contenidas en el acta de Cabildo indicada, así como las declaraciones contenidas en el propio decreto citado, adquirieron la categoría de ley en los términos de la legislación de Jalisco, decreto que acreditamos su legal publicación, acompañando a este ocurso copia del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de fecha 17 de diciembre de 1998.-5. Posterior a dicha elección, continuó la tarea de legal representación y quehaceres del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco, sin ningún contratiempo, salvo inconformidades del regidor Jorge Ramírez González, quien promovió ante el Congreso del Estado, impugnando la elección por la integración del Cabildo del propio Municipio, mismas que fueron desechadas por improcedentes, según oficio 3323, con relación al acuerdo económico 223/98, emitido por el propio Congreso del Estado, transcurriendo ocho meses sin incidente alguno, tiempo en el que se realizaron obras públicas, apoyos para remodelación y ampliación de escuelas, pavimentación, mejoramiento de suministro de agua, entre otros.-6. Fue el caso, que el 25 de junio de 1999, cuatro regidores propietarios y un suplente de nombres Fausto Castro Ramírez, Miguel Madrigal López, Salvador Beas Arenas y Jorge Ramírez González, así como Justina Jiménez Gudiño, pretendieron desconocer al Cabildo legalmente constituido, tratando de tomar para sí las instalaciones de la Presidencia Municipal, autoproclamándose presidente municipal el cuarto de los nombrados, simulando un decreto por escrito, actos que de ninguna manera fueron avalados por los habitantes de la población; por el contrario, dicho acto generó el repudio y escarnio de la sociedad en general, procediendo los suscritos a formular solicitud de juicio político en su contra, el cual sigue su curso ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado; posteriormente, estos mismos regidores cuestionaron el nombramiento de la C. Bruna Madrigal Uribe, no obstante que ellos mismos votaron a favor de ella, obedeciendo las órdenes del diputado Felipe de Jesús López García, hechos consumados y sancionados por el H. Congreso del Estado, mediante el citado Decreto 17736, antes en copia acompañado.-7. Sin haber sido obstáculo lo anotado en las tres líneas precedentes, a solicitud de los regidores inconformes, el Congreso del Estado emitió en acuerdo económico, la recomendación (simple y llana) de destituir a la C. Bruna Madrigal Uribe y en su lugar nombrar a la C. Justina Jiménez Gudiño; entonces se sometió a Cabildo dicha invitación, votando todos los regidores en contra de aceptar la citada recomendación, en función de que el Cabildo carecía de facultad para destituir a uno o varios de sus regidores, según dispone la Ley Orgánica Municipal, pues sólo prevé por un lado el juicio político y la suspensión o remoción del funcionario municipal investido de fuero y, por otro lado, la separación del cargo ordenada por el Cabildo por causa justificada, situaciones ambas que no ocurrieron, por tanto, así lo resolvió dicho Cabildo.-8. Así pues, el 4 de noviembre pasado, los CC. Fausto Castro Ramírez, Miguel Madrigal López, Salvador Beas Arenas, Jorge Ramírez González, regidores propietarios, así como Susana González García, Ernesto Toscano Heredia, Justina Jiménez Gudiño y Ricardo Beleche Zúñiga, se presentaron ante el H. Congreso del Estado y ante la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, ratificando un escrito en el cual renunciaban al cargo, argumentando que obedecía a la negativa de aceptar por parte del Cabildo de Zacoalco, la recomendación del Congreso del Estado, lo anterior con la clara intención de desintegrar el Cabildo en una actitud de rebeldía, y habiendo presentado dicha renuncia ante un órgano incompetente para ello (el Congreso del Estado), pues en los términos de la Ley Orgánica Municipal, la facultad de resolver sobre dichas renuncias recae en el propio Cabildo en los términos y con las atribuciones dispuestas en el artículo 115 constitucional y el respectivo de la Constitución Política del Estado.-9. El día cinco de noviembre de este mismo año, dichos regidores antes citados, presentaron por escrito en forma conjunta, una solicitud de renuncia a sus cargos ‘rectificando’ uno de los ocho firmantes de la misma, el C. Ricardo Beleche Zúñiga, en escrito por separado, que de esa manera se retractaba de tal renuncia, por tanto, sólo se trataron en acta de Cabildo la renuncia de cuatro regidores propietarios y la manifestación de tres suplentes, tal y como se desprende en Actas de Cabildo Nos. 56 y 57 de fechas ocho y diez de noviembre del año en curso, desprendiéndose igualmente, que se convocaron a los suplentes en los términos de la Ley Orgánica Municipal, y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliéndose igualmente lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 78, último renglón, informando de tal circunstancia al Congreso del Estado, esto es, el Cabildo sí se integró con los regidores suplentes y, por tanto, no procede la declaración de desintegración y su consecuencia hoy impugnada; la designación del Concejo Municipal.-10. Como consecuencia de la ratificación del escrito de renuncia de dichos regidores propietarios y suplentes, presentada al Congreso del Estado, y antes narrada, la misma se turnó a la Comisión de Gobernación presidida por el diputado Felipe de Jesús López García, dicho escrito, iniciando procedimiento de dictamen de iniciativa, quien no obstante fue recusado por escrito a efecto de que se abstuviera de intervenir en los términos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y de múltiples escritos, tanto informativos como en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al Municipio, no sólo no se integraron al expediente relativo, sino que aun a la fecha no han sido contestados ni notificados del trámite que se hubiese determinado para ellos, sin observar las formalidades esenciales del procedimiento dispuesto para el caso, y sin otorgar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas tanto en la Constitución General de la República, como la del Estado y en las Leyes Orgánicas del Congreso y del Municipio, sin que se hubiese otorgado tampoco el derecho de audiencia y de defensa consignado en la ley, dichos escritos o petitorios que acompañamos en copia, con acuse de recibo, para acreditar nuestro dicho.-Así pues, el día 25 de noviembre de 1999, en asamblea en Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, sometió a votación de los diputados que lo integran y se aprobó sin modificaciones el dictamen de decreto elaborado por la Comisión de Gobernación, en cuyo procedimiento se dispensaron las lecturas indebidamente, sometiéndose a votación con el siguiente resultado: 30 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, emitiéndose el decreto impugnado en el presente, del cual manifestamos no conocer su contenido en su totalidad y toda vez que éste no ha sido sancionado, promulgado ni publicado, por tanto no puede entrar en vigor; ahora bien, el Cabildo de Zacoalco de Torres se integra con nueve regidores propietarios y nueve suplentes, habiendo fallecido uno de ellos restan diecisiete regidores, habiendo renunciado siete de ellos, cuatro propietarios y tres suplentes, aún quedan diez regidores, con lo cual nueve de ellos en la actualidad integran dicho Cabildo, siendo los que suscribimos el presente, aunado al C. Crescencio Laguna Barragán, quien aceptó y protestó el cargo y de ello se informó igualmente al Congreso del Estado, según Acta de Cabildo No. 56, la cual se contiene en el legajo que se exhibe en copia certificada de las actas de Cabildo.-De tal suerte que la figura de la desintegración del Cabildo, se encuentra prevista en las leyes del Estado y en la Constitución, sin embargo, hace distingo entre la desaparición de los Ayuntamientos, y en cuanto a la remoción, este último, se refiere el legislador únicamente a los funcionarios de los Ayuntamientos, diciendo que las legislaturas podrán suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, explicando las causas y el método; y en el primer caso el legislador se refiere a la desaparición de la entidad jurídica del Ayuntamiento en su totalidad, y también explica en la fracción I, párrafos III y IV, del artículo 115 constitucional los casos y el método, circunstancia y extremos de la ley que son de aplicarse en los casos que así ocurra; sin embargo, el que nos ocupa, no se adecua a dicha parte del multicitado dispositivo constitucional, pues el Cabildo de Zacoalco de Torres, Jalisco, se encuentra debidamente integrado, por tanto, las violaciones contenidas en los actos reclamados atentan contra la autonomía y libertad del Municipio, que es en sí mismo, la institución que corresponde a la Constitución General de la República, como la base de la división territorial de los Estados y su organización política y administrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y el caso que ocurrió o derivó de dichas renuncias de los regidores citados, se adecua, en efecto, perfectamente a lo dispuesto por el mismo artículo 115 constitucional, en su fracción I, último párrafo.-Desde luego, reconocemos la autoridad y facultades del Congreso del Estado, para expedir acuerdos, decretos y leyes, en congruencia a las leyes del Estado, reglamentos en general, pero la inconstitucionalidad estriba en que dicha labor legislativa, vaya más lejos del límite impuesto por nuestra Máxima Ley nacional, en el caso que nos ocupa, salta a la vista, que el Congreso del Estado, intenta o pretende aplicar a un caso concreto (renuncia de miembros de un Cabildo), lo dispuesto en la Constitución General de la República, para un caso distinto, falta absoluta de sus miembros del H. Ayuntamiento de Zacoalco, Municipio de Jalisco, o la desaparición del Ayuntamiento o Cabildo como entidad en su totalidad, sin seguir la lógica secuencia que dispone la Máxima Ley; igualmente no se encuentra facultado el Congreso para resolver en forma discrecional o soberana, pues sería inconstitucional que previniéndolo la Máxima Ley en su artículo 115 citado, incluyendo los casos y los métodos, previniéndolo igualmente la Ley Orgánica Municipal, entonces pues se aplicó inexactamente la Constitución, por lo que si la Corte así lo considera, podrá decretarse su invalidez, mediante el procedimiento establecido en la ley de la materia."

TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. El flagrante incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, que se encuentran previstas en el artículo 14 constitucional, por las siguientes consideraciones jurídicas: A) El artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal, establece: ‘Artículo 28. La desintegración o suspensión de Cabildos, y la suspensión o revocación del cargo de munícipe, será declarada por el Congreso del Estado, concediendo el derecho de audiencia y defensa a los afectados y de conformidad con el procedimiento establecido en las leyes que rijan al Poder Legislativo.’.-A su vez, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone: ‘El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar que los Ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por cualesquiera de las causas graves que las leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y defensa correspondiente.-Cuando la desintegración de un Ayuntamiento ocurra durante el primer año de ejercicio, el Consejo Electoral del Estado, en un término que no excederá de dos meses, convocará a elecciones extraordinarias para elegir al presidente, vicepresidente y regidores que habrán de concluir el periodo y el Congreso del Estado elegirá un Concejo Municipal que estará en funciones en tanto ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. De igual forma se procederá en caso de nulidad de elecciones.-Si no procediere que se celebren nuevas elecciones, el Congreso designará de entre los vecinos del Municipio a los integrantes de los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para la elección de presidentes municipales.-Los Concejos Municipales y sus integrantes tendrán las mismas facultades y obligaciones que esta Constitución y las leyes establecen para los Ayuntamientos.’.-Preceptos que evidentemente establecen la obligación legal de respetar los derechos de audiencia y defensa de los peticionarios de garantías, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las leyes del Congreso, oyendo a los afectados, emplazándolos, citándolos y notificándolos, y que se les haya hecho saber las causas de la destitución, las pruebas apuntadas, lo cual no aconteció en la integración del decreto reclamado, como se precisará en párrafos subsiguientes.-En efecto, el 25 de noviembre de 1999, el Congreso del Estado de Jalisco, emitió el Decreto No. 18060, mediante el cual declaró la desintegración del Cabildo de Zacoalco de Torres, Jalisco, designando Concejo Municipal y nombrando concejeros. Sin embargo, tal decreto adolece de legalidad, puesto que pese a que fueron presentados diversos escritos en el sentido de acreditar la debida integración de los regidores suplentes, en los términos del artículo 115 constitucional, fracción I, último párrafo y artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso demandado hizo caso omiso a tal evidencia de notoria influencia en el procedimiento de desintegración del Cabildo que ilegalmente decretaron.-El artículo 115 constitucional, fracción I, último párrafo, dice así: ‘Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.’.-Por su parte el numeral 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece lo que sigue: ‘Las faltas definitivas y las temporales de un munícipe propietario, en caso de licencia por más de dos meses o por cualquier otra causa, se cubrirán de la forma siguiente: I. Para suplir a un munícipe de mayoría relativa, el Cabildo deberá convocar a su respectivo suplente. En el supuesto de que éste no comparezca, no obstante previo requerimiento de presentación por notificación personal, se llamará al siguiente suplente de la planilla electa de conformidad al orden de prelación establecido. II. En el caso de munícipes de representación proporcional, el Cabildo llamará a cubrir la vacante a la persona que siga en el orden de la planilla, que hubiese registrado el partido político correspondiente ante el organismo electoral; y III. En el caso de que el regidor suplente no se presente por cualquier causa a rendir la protesta de ley, dentro de los quince días siguientes al en que fuese convocado, se procederá en los mismos términos de este artículo.-A falta de quórum en el Cabildo, el llamado a los suplentes lo hará el presidente municipal.-En todos los casos los suplentes deberán cumplir con los requisitos legales para asumir el cargo y el Cabildo informará al Congreso del Estado.’.-De conformidad con este precepto, pues, resulta que era necesario que se siguiera el orden dispuesto por la Constitución, en su artículo 115, con relación a la renuncia o supuesta falta de sus miembros, debiendo convocar a los suplentes a regidor que habría de cubrir el cargo, incluso gozando de un término de 15 quince días para que rindiera su protesta, lo cual sucedió, esto es, sí se integró el Cabildo, incluso los integrantes suplentes rindieron la protesta de ley, cuyos nombres se encuentran a continuación subrayados, y siendo en su totalidad los siguientes integrantes del Cabildo: J. Jesús Gómez Ortiz, Bruna Madrigal Uribe, Aurelio Castillo Vicente, Rubén Cervantes Mendoza, Ma. Guadalupe Díaz Encarnación, Leticia Castro Íñiguez, Ricardo Beleche Zúñiga, Francisco Bonilla Navarro y Crescencio Laguna Barragán, lo cual se acredita con las copias certificadas de las actas de Cabildo, que en copia certificada se acompañan.-Por tal razón, se viola el artículo 14 constitucional, en cuanto prevé que a ninguna ley se dará efecto retroactivo, y en la especie, aún no se ha publicado el decreto impugnado y ya se nos impide siquiera ingresar al edificio municipal, y según sabemos, al parecer, personal de la demandada tomó el edificio de la presidencia, sin haber sido sancionado, promulgado y publicado el decreto en cuestión; por su parte, el mismo dispositivo establece, todo ciudadano debe ser respetado en sus derechos y prohíbe a toda autoridad privarnos de la propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo cual no acontece, pues, se erige la responsable en tribunal de sentencia, sin previamente hacerlo como acusador y, en un procedimiento por demás ilegal, procede a realizar declaratoria de desintegración del Cabildo de Zacoalco de Torres, Jalisco, destituyendo en consecuencia a los suscritos regidores, designados constitucionalmente, sin que para ello se hubieren reunido los requisitos legales para ello y en clara violación de las propias facultades y dispositivos legales constitucionales, que a su vez se reflejan en ordenamientos ordinarios.-En tal virtud, es evidente que el Congreso del Estado de Jalisco, al emitir el decreto impugnado, violó flagrantemente, por omisión, los preceptos legales y constitucionales, antes invocados.-Segundo. También afecta a los quejosos, la violación a las garantías de audiencia y defensa, contenidas en los artículos 8o., 14, 16 y 115 constitucionales, en tanto que no se tomaron en consideración los diversos escritos relativos, en los que se hace notar la forma y modo como se integró el Cabildo con los suplentes, sino que lisa y llanamente el Congreso del Estado de Jalisco, decretó desintegrado el Cabildo.-Tercero. Por otra parte, en consecuencia, resulta por demás ilegal el decreto del Congreso del Estado de Jalisco, en el sentido de que el Cabildo, que integramos los suscritos, según reza la parte del dictamen que dio lugar al decreto impugnado, donde se establece, que el Cabildo haya violado reiteradamente las disposiciones contenidas en los numerales 23, fracción II, y 24 de la Ley Orgánica Municipal, en relación con el 115 constitucional, ya que como insistentemente hemos manifestado, en las constancias certificadas que exhibimos, aparecen las diversas actas de Cabildo, de las que se desprende la debida integración del Cabildo, como dispone la ley, esto es ajustado a derecho, es decir, con los nombres de los peticionarios de esta controversia, como integrantes de dicho Cabildo, dichas actas tienen los Nos. 56, 57 y 58, de fechas 8, 9 y 12 de noviembre de 1999, por consiguiente, la actuación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6809-754169d4/controversia-constitucional-el-decreto-numero-18060-emitido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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