CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS EXHORTA AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA A QUE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL SE REALICE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE DICHO ESTADO Y DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS DICTADOS POR EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO EN LA PARTE EN QUE SE RECHAZÓ LA TERNA PARA OCUPAR AQUEL CARGO, NO INVADE LAS FACULTADES Y AUTONOMÍA GUBERNATIVA DEL REFERIDO MUNICIPIO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2002. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ESTADO DE ZACATECAS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y J. JESÚS REBOLLO GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de junio de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alan Antonio Martínez Pérez y Ángel Romero Gutiérrez, quienes se ostentaron como presidente y síndico del Municipio de Juan Aldama, Estado de Zacatecas, promovieron controversia constitucional en la que demandaron de la autoridad que a continuación se señala la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Este carácter de demandado le corresponde asumir al Poder Legislativo Local del Estado de Zacatecas, denominado oficialmente Legislatura del Estado de Zacatecas, ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiese publicado. El acto dictado por la autoridad legislativa local demandada que combatimos lo constituye el acuerdo y/o determinación de fecha 30 de abril del año en curso, mediante la cual dicha demandada puso fin y resolvió la pseudodenuncia (ya que por sí era infundada e improcedente conforme a derecho) que en fecha 13 de noviembre del año 2001, presentaron los regidores que en atención a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio en vigor en el Estado de Zacatecas, constituye la primera minoría en el H. Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, como resultado de la elección de éste, denuncia que por cierto, y como ese H. Supremo Tribunal podrá apreciar, fue encausada indebida, caprichosa y arbitrariamente por la demandada, ya que su sustanciación además de que no se ciñó siquiera a las disposiciones legales aplicables, mucho menos lo hizo dentro de la lógica jurídica y los principios del derecho constitucional y administrativo que como especies (sic), disciplinas o ramas del derecho público deben inspirar todos los actos de las autoridades tanto para con los particulares como entre los propios órganos y entidades de los tres niveles de gobierno, como se lo expresamos y lo planteamos en el capítulo de los conceptos de invalidez de la presente demanda, resolución de todo ilegal e inconstitucional y que invade la esfera de facultades que la propia Carta Magna otorga a la parte actora material (sic) que representamos y que en consecuencia combatimos a fin de que sea declarada inconstitucional e inválida de la cual adjuntamos la copia autorizada por la propia demandada, misma que fue notificada o comunicada al H. Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, después por conducto de la presidencia de éste, ya que al suscrito presidente municipal se me notificó por correo el 17 de mayo del año en curso, siendo enterado el Pleno del Ayuntamiento en forma oficial el día 8 de junio pasado, como se confirmará en la etapa procesal respectiva."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, en síntesis, los siguientes:
1. Que el diecinueve de septiembre de dos mil uno, los tres regidores electos por el principio de representación proporcional (integrantes de la primera minoría), presentaron al Municipio actor una terna para elegir contralor municipal, y en sesión de Cabildo celebrada el primero de octubre del año dos mil uno se acordó que ninguno de los integrantes de dicha terna resultaron dignos de fe, ni de confianza; además de que en ningún momento adjuntaron documento ni medio de prueba idóneo para acreditar que las personas que se propusieron en la referida terna reunían los requisitos de elegibilidad formales que prevé el artículo 104 de la Ley Orgánica del Municipio, razones por las cuales no fue admitida dicha terna.
2. Que los integrantes de la primera minoría de Cabildo inconformes con la resolución anterior, interpusieron el medio de impugnación administrativo denominado recurso de revisión, que la Ley Orgánica del Municipio prevé en sus artículos 133 a 145, mismo que se interpone y sustancia ante la Secretaría de Gobierno Municipal, recurso que fue desechado, por considerar que éste no procede contra actos del superior jerárquico de la propia secretaría.
3. Que los citados inconformes acudieron ante la Legislatura del Estado a denunciar la negativa de la aceptación de la terna propuesta y la determinación de la Secretaría de Gobierno Municipal de no sustanciar el recurso que ante ella pretendieron presentar.
4. Que la Legislatura del Estado ordenó la sustanciación de dicha denuncia, pero en forma de un recurso de nulidad, sin sustento legal para ello, pues dentro de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas prevé en relación con los Municipios, no se desprende que tenga atribuciones de sustanciar una denuncia en la forma que lo hizo; denuncia que fue turnada a la Comisión de Gobernación, quien solicitó al Ayuntamiento de Juan Aldama el informe de autoridad en relación a los actos y hechos respectivos, mismo que fue rendido en tiempo y forma.
5. Que una vez concluida la etapa de instrucción, la Legislatura del Estado de Zacatecas procedió a la aprobación íntegra del dictamen que le presentó la Comisión de Gobernación el treinta de abril del año dos mil dos.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo en síntesis la parte actora son los siguientes:
1. Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo o la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos, ambas del Estado de Zacatecas, no otorgan atribuciones al Poder Legislativo de la entidad para recibir denuncias respecto de actos emitidos por los Ayuntamientos, así como para resolver sobre la anulación de éstos, con lo que se violentan las garantías de audiencia y de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que en el supuesto de que la autoridad demandada tuviera la facultad de anular los acuerdos dictados por el Cabildo, tal atribución estaría condicionada a que éstos se hayan emitido contraviniendo los artículos 103 a 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, lo que en el caso no sucedió, ya que el órgano de gobierno municipal se negó a aceptar la terna propuesta en acatamiento de los mencionados preceptos legales.
3. Que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, en primer lugar, al expresar que el fincamiento y calificación de la confianza que debe inspirar el contralor municipal es competencia y facultad de los que presentaron la terna y no del Ayuntamiento del que están formando parte y, en segundo lugar, al señalar que el Municipio actor debió requerir a los integrantes de la terna para que acreditaran los requisitos de elegibilidad a que alude el artículo 104 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, no obstante que el cumplimiento de tales requisitos es obligación de quienes proponen la terna y de los que la integran, además, que el Poder Legislativo de la entidad no tomó en consideración que la confianza que se tenga en la persona propuesta es imprescindible para su designación, ya que el contralor municipal no puede ni debe ser impuesto por la primera minoría de los regidores integrantes del Cabildo o por la autoridad demandada.
4. Que las Legislaturas Locales no pueden intervenir en los actos, hechos, ni estados jurídicos que generen, modifiquen o extingan las relaciones laborales de los trabajadores de base o confianza de los Municipios, ya que tales situaciones se encuentran reguladas en el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 constitucional y en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas; y que la competencia e injerencia de las citadas legislaturas se constriñe y circunscribe a intervenir en las cuestiones, conflictos e incluso la suspensión y revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento y no de los trabajadores de éstos, de ahí que el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al anular los acuerdos de Cabildo de primero y cinco de octubre de dos mil uno, invadió la esfera de facultades que el artículo 115 constitucional consagra a favor del Municipio actor, así como su autonomía gubernativa.
CUARTO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda, son violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 39, 40, 41, 115, 123, apartado B, y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 42/2002, y por razón de turno se designó al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de la misma fecha, el Ministro instructor únicamente tuvo por presentado al síndico municipal promoviendo la controversia constitucional, misma que se admitió, teniendo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al que emplazó para que formulara su contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al contestar la demanda manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Que respecto de los artículos 1o., 39, 40, 41 y 128 de la Constitución Federal, que según la actora se violan con la determinación impugnada, no se vierten argumentos para evidenciarlo y, por tanto, no existen conceptos de invalidez.
2. Que los conceptos de invalidez aducidos giran en torno a que la resolución impugnada viola los artículos 14, 16 y 115 constitucionales y respecto de los mismos finca su contestación.
3. Que el acto impugnado no es un acuerdo y/o determinación que ponga fin a una "pseudodenuncia", sino que se trata de una resolución emitida por la legislatura en ejercicio de sus atribuciones, conforme con lo dispuesto por el artículo 5o., punto 1, fracción XXIV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
4. Que los artículos 150, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 11, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad, establecen la acción popular y, en el caso, los regidores de la primera minoría de los integrantes del Cabildo ejercieron su derecho de presentar ante la legislatura una denuncia de hechos, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de la aludida ley de responsabilidades.
5. Que la resolución de treinta de abril de dos mil dos, materia de impugnación, está debidamente fundada y motivada y no viola ninguna garantía constitucional, ya que se respetó el derecho de audiencia de la actora, toda vez que la Comisión de Gobernación de la legislatura, acorde con lo dispuesto por el artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, remitió copia de la denuncia presentada por los regidores, solicitándole que rindiera por escrito un informe para que alegara lo que a su derecho conviniera y se dejó expedito su derecho de aportar las pruebas que considerara convenientes en relación con los hechos y omisiones que los denunciantes le imputaban.
6. Que la resolución dictada por la legislatura, conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, declaró nulos de pleno derecho los acuerdos tomados por el Municipio actor en las sesiones de Cabildo celebradas los días primero y cinco de octubre de dos mil uno, mediante los cuales se rechazó la terna para ocupar el cargo de contralor municipal presentada en tiempo y forma por la primera minoría de los integrantes del Cabildo; lo anterior considerando que tales acuerdos se dictaron en contra de lo que establecen los artículos 103 y 104 de la precitada ley orgánica municipal, ya que, como se razona en la resolución impugnada, el argumento fundamental subjetivo que adujo el presidente municipal para rechazar la terna propuesta fue que "el contralor municipal son los ojos y los oídos del presidente municipal. El contralor es personal de confianza y, a criterio del presidente, las personas propuestas no le inspiraron confianza".
7. Que en la resolución impugnada "únicamente se exhorta al Ayuntamiento de Juan Aldama y a los regidores de la primera minoría para que dentro del término de quince días a partir de que se notifique la resolución legislativa procedan a reponer el procedimiento en los términos previstos por los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica del Municipio", es decir, no se finca ninguna responsabilidad ni se le da trato ofensivo o irrespetuoso a los miembros del Ayuntamiento.
8. Que la Legislatura conoce y respeta el contenido del segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 constitucional y si bien el Ayuntamiento de Juan Aldama, Estado de Zacatecas, puede contratar los servicios de trabajadores de base y de confianza que la ley relativa y su presupuesto de egresos autorice, no puede dictar acuerdos en contravención a lo dispuesto por los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica del Municipio del citado Estado.
9. Que al anular los acuerdos de Cabildo, no se invadió la autonomía gubernativa del Municipio actor, toda vez que ésta no es absoluta, ya que el artículo 115 constitucional y los artículos 65, fracciones XIII, XIV, XVIII, XXVI, XXVIII y XXX, 119, 120, 121, 122, 125 y 126 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, otorgan facultades a la legislatura para intervenir en los asuntos municipales, así como instaurar juicio político o fincar responsabilidades a los miembros del Cabildo, y aun para desaparecer Ayuntamientos. Se cita la jurisprudencia con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA AUTONOMÍA."
SÉPTIMO. El procurador general de la República manifestó en síntesis:
a) Que se actualiza la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.
b) Que el síndico promovente cuenta con legitimación para promover dicho medio de control constitucional en representación del Municipio de Juan Aldama, Estado de Zacatecas.
c) Que es oportuna la presentación de la demanda.
d) Que conforme con lo dispuesto por el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Poder Legislativo de la entidad tiene atribuciones para revisar la legalidad de los actos y determinaciones expedidos por los Ayuntamientos y en caso de resultar contrarios a la ley que los regula, declarar su nulidad.
e) Que en el procedimiento seguido por el Poder Legislativo de la entidad para tramitar y emitir la resolución impugnada, se observaron las etapas y formalidades que prevén los artículos 11 a 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, que regulan el juicio político o el de responsabilidad administrativa a servidores públicos del propio órgano legislativo o a presidentes, síndicos y regidores municipales; sin embargo, tal procedimiento no se estableció para que la autoridad demandada revisara la legalidad de los actos de los Ayuntamientos.
f) Que al aplicar indebidamente artículos que regulan los procedimientos del juicio político y de responsabilidad administrativa, parecería que el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas incurrió en una falta a la garantía de debido proceso legal y, no obstante lo anterior, ante la ausencia de un procedimiento específico para la anulación de los actos de Cabildo del Municipio actor, se considera que la autoridad demandada no vulneró la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que en el procedimiento seguido para la emisión del acto impugnado se agotaron diversas etapas procesales. Asimismo, que sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno 47/95, con el rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
g) Que resulta infundado que la determinación impugnada carezca de fundamentación, toda vez que en el considerando primero de dicho acto se aprecia que el órgano legislativo invocó diversos preceptos legales para sostener la existencia de sus atribuciones para conocer y resolver si procedía o no fincar responsabilidad a los miembros del Ayuntamiento, con lo cual sustenta su competencia para los anteriores efectos; además, que el fundamento para que la demandada hiciera la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos emitidos por el Cabildo del Municipio actor, se contiene en el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio de la entidad.
h) Que si bien la motivación del acto impugnado se encuentra en el considerando segundo de la resolución cuya invalidez se demanda, en donde se expresan los hechos y circunstancias que a juicio de la autoridad fueron suficientes para dar trámite a la denuncia formulada por los tres regidores, tal motivación resulta indebida para sustentar la validez del acto impugnado, considerando que el Poder Legislativo sostuvo su decisión de anular los actos del Ayuntamiento actor que desecharon la terna propuesta para ocupar el cargo de contralor municipal, argumentando que el Cabildo, con el propósito de subsanar las omisiones en que incurrió la primera minoría de los integrantes del Cabildo al presentar la terna de aspirantes, debió requerir a ésta o a los candidatos para ocupar tal cargo para que exhibieran los documentos que acreditaran su elegibilidad y hacer la correspondiente designación y no por ello debe entenderse que el Cabildo dejó de observar tal obligación, máxime que el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas no prevé ese deber.
i) Que, por tanto, si la autoridad demandada consideró que el Ayuntamiento tomó en cuenta diversas apreciaciones subjetivas para desechar la terna propuesta, también dejó de considerar que la primera minoría de los integrantes del Cabildo omitieron demostrar que los aspirantes al cargo de contralor municipal cumplían con los requisitos exigidos en la ley para ocupar tal cargo; por consiguiente, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al realizar un análisis parcial de los hechos que dieron lugar al desechamiento de la terna propuesta, incurrió en una indebida e insuficiente motivación al emitir el acto impugnado, infringiendo la garantía de debida motivación a que alude el artículo 16 constitucional, resultando parcialmente fundados los argumentos de la parte actora.
j) Que son infundados los argumentos del Municipio actor, en el sentido de que la resolución impugnada infringe lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal, al afectar su esfera gubernativa en cuanto al establecimiento, modificación y extinción de las relaciones laborales existentes entre el Ayuntamiento y sus trabajadores, ya que dicha atribución compete de manera exclusiva al Cabildo y para configurar tal invasión se requiere que el órgano legislativo determine la modificación o el cese de las relaciones laborales individuales o colectivas que se encuentran vigentes, lo que supondría que los trabajadores a los que se les modifica su situación laboral o terminación de la misma, se encontraran prestando sus servicios con un nombramiento de duración indeterminada, circunstancia que, en el presente caso, no se actualiza, toda vez que al no haberse hecho la designación del contralor municipal, es evidente que no existió relación laboral que pudiera resultar afectada por la anulación decretada por la legislatura.
k) Que si bien el Ayuntamiento actor considera que el acto impugnado vulnera en su perjuicio los artículos 1o., 39, 40, 41 y 128 de la Constitución Federal, del análisis del oficio de demanda no se advierte argumento alguno tendente a demostrar la violación a dichos preceptos constitucionales, ni del acto impugnado se desprende la existencia de alguna transgresión a éstos, por lo que ante la ausencia de conceptos de invalidez no procede suplir la omisión de los mismos.
OCTAVO. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Por auto de presidencia de tres de diciembre de dos mil tres, el presente expediente se returnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que formulara el proyecto de resolución respectivo y diera cuenta con él al Tribunal Pleno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Zacatecas, a través de su Poder Legislativo, y el Municipio de Juan Aldama, de la propia entidad.
SEGUNDO. Por ser de estudio preferente, en primer lugar se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Del oficio de demanda se aprecia que la actora solicita la invalidez de la resolución de treinta de abril de dos mil dos, emitida por el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, mediante la cual resolvió la denuncia presentada ante dicho órgano legislativo por tres regidores del Municipio actor.
De lo anterior se desprende que la naturaleza de lo impugnado lo constituyen actos, toda vez que es evidente que carecen de las características de generalidad y abstracción que caracterizan a las normas.
Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, tratándose de actos como el que se impugna en esta vía constitucional, la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
De lo transcrito se advierte que el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto, al en que se haya tenido conocimiento de éstos por el actor, o bien, al en que este último se ostente sabedor.
En relación con lo anterior, la parte actora señala que la determinación dictada por el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas "... se le notificó por correo el 17 de mayo del año en curso ...", sin que obre manifestación en contrario por la parte demandada por lo que para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda deberá estarse a la fecha en que el actor indica haber tenido conocimiento de la citada determinación, esto es el viernes diecisiete de mayo de dos mil dos.
Por consiguiente, el plazo de treinta días hábiles para la presentación de la demanda, con relación al acto de referencia, debe efectuarse a partir del día hábil siguiente, es decir, del lunes veinte de mayo al veintiocho de junio de dos mil dos, sin tomar en consideración los sábados veinticinco de mayo, primero, ocho, quince y veintidós de junio y los domingos veintiséis de mayo, dos, nueve, dieciséis y veintitrés de junio de dos mil dos, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo que prevé el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Consecuentemente, si la demanda a estudio se recibió el trece de junio de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del sello estampado al reverso de la última foja del oficio de demanda (foja diez vuelta del expediente), esto es, al décimo noveno día hábil del plazo respectivo, es indiscutible que su presentación resulta oportuna, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
TERCERO. A continuación se procederá al análisis de la legitimación del promovente de la controversia constitucional.
El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, prevé:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, indican:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De las disposiciones transcritas se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, entre otros asuntos, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, y que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
En el presente caso, promueve la controversia constitucional Ángel Romero Gutiérrez, quien se ostenta con el carácter de síndico del Municipio de Juan Aldama, Estado de Zacatecas y en representación de dicho Municipio.
El promovente acredita tal carácter con la copia fotostática certificada de la constancia de mayoría y validez expedida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la que se advierte que fue electo para ocupar dicho cargo para el periodo comprendido del quince de septiembre de dos mil uno al catorce de septiembre de dos mil cuatro (foja once del expediente)
Ahora bien, el artículo 78, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, señala:
"Artículo 78. El síndico, además de la representación jurídica del Ayuntamiento, en todo tipo de juicios, tendrá específicamente las siguientes facultades y obligaciones."
Del mencionado precepto se desprende que el síndico municipal tiene la representación jurídica del Ayuntamiento en todo tipo de juicios; por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el transcrito artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, se reconoce la legitimación únicamente al síndico del Ayuntamiento actor y no así al presidente municipal, ya que éste sólo está facultado para representar jurídicamente al Ayuntamiento cuando el síndico esté impedido legalmente para ello o cuando se niegue a asumir dicha representación.
CUARTO. A continuación se estudiará la legitimación pasiva, condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que la parte demandada debe ser la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que ésta resultare fundada.
La autoridad demandada en este procedimiento constitucional, es el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
Conforme los citados preceptos, tendrá el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional; asimismo, que la demandada deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlas y que, en todo caso,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18349-c7facceb/controversia-constitucional-el-acto-mediante-el-cual-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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