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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA LEGALIDAD DE LAS ELECCIONES DE AGENTES MUNICIPALES EN EL ESTADO DE OAXACA, POR UBICARSE DENTRO DE UN PROCESO ELECTORAL REGULADO POR NORMAS GENERALES DE ESA NATURALEZA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2002. · Registro digital (IUS): 17860
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 1051.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2002. MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de octubre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el ocho de julio de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro López Lena Cruz, quien se ostentó como concejal síndico procurador del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en la que demandó de la autoridad que a continuación se señala, la invalidez del acto que también se menciona:

"II. Poder y autoridad demandada. La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La Comisión Permanente de Gobernación de la misma LVIII Legislatura de Oaxaca. III. Acto cuya invalidez se demanda. El Municipio que represento impugna el acuerdo aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fecha cuatro de junio del año en curso, en sesión ordinaria, en el cual la Comisión de Gobernación presentó un proyecto de acuerdo en el cual requieren al presidente del consejo de administración, doctor Héctor Matus Martínez, reconozca como agente municipal a la profesora Georgia Aquino Matus, además resolviera el recurso de inconformidad electoral interpuesto en contra de la elección del agente municipal de La Venta."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"Primero. La Comisión Permanente de Gobernación conoció de la queja presentada por ciudadanos de las Agencias Municipales de Chicapa de Castro y La Venta, ambas del Municipio de Juchitán, quienes solicitaron la intervención del honorable Congreso del Estado para que los concejeros presidente y demás integrantes del Concejo Municipal, reconocieran las elecciones de agente municipal de Chicapa de Castro y resolviera el recurso de inconformidad electoral interpuesto en contra de la elección del agente municipal de La Venta. Segundo. El día 7 de mayo del año en curso, integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación se trasladaron a las comunidades de Chicapa de Castro y La Venta, con la finalidad de conocer el estado en que se encontraban las cosas que fueron denunciadas ante el Congreso del Estado (sin antes acudir con el presidente del concejo, quien es el responsable del Municipio). Tercero. El 9 de mayo de ese mismo año, la presidente de la mencionada Comisión Permanente de Gobernación Dip. Sofía Castro Ríos rindió un informe de la forma en que se percató de la situación en que se encuentran las poblaciones mencionadas y concluyó en dos puntos, en el sentido de que el Congreso del Estado requiera al presidente del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza Héctor Matus Martínez a efecto de que inmediatamente declare como agente municipal de Chicapa de Castro a la Profra. Georgia Aquino Matus, ya que según la propia diputada la documentación que se le exhibió, a su punto de vista, manifiesta que dicha profesora fue la que ganó la elección en el proceso electoral basado en sus usos y costumbres (aclaró que por un hecho sangriento ocurrido hace más de veinte años, por un proceso basado en usos y costumbres en la Agencia Municipal de Chicapa de Castro, se decidió adoptar el régimen de partidos políticos, por voto secreto y directo). Cuarto. Con respecto a la Agencia Municipal La Venta, se recomendó requerir al presidente del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza para que con apego a las disposiciones legales aplicables resolviera el recurso de inconformidad que interpusieron los pobladores en contra de la elección del agente municipal. Quinto. La Comisión de Gobernación en su proyecto de acuerdo manifestó: ‘También se pudo observar inconformidades por la tala de montes y venta de cerros, realizada por los comisariados ejidales y que se dice interviene el presidente del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, a efecto de que se comunique a las autoridades competentes, federales y estatales para que intervengan de acuerdo a sus facultades.’. Sexto. La Comisión de Gobernación alude en su proyecto de acuerdo lo siguiente: ‘Del estudio y análisis realizado, rendido por la presidenta de esta Comisión Permanente de Gobernación, se concluye en que el presidente del concejo Dr. Héctor Matus Martínez debe apegar su funcionamiento a las disposiciones constitucionales y legales a las que protestó cumplir y hacer cumplir, habida cuenta de que las elecciones de los agentes municipales de Chicapa de Castro y La Venta se rigen para la elección de sus autoridades en el derecho consuetudinario, que por mandato del artículo 25, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado, establece que la ley protege las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas, de igual forma los artículos 4o. y 7o. de la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, en relación con el artículo 57, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal, deben respetarse las decisiones de las comunidades, lo que es claro que el presidente del concejo ha omitido su cumplimiento.’. Séptimo. De los planteamientos hechos, la Comisión de Gobernación decidió someter a la consideración de la honorable asamblea, para su aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo, haciéndolo en asuntos generales en dicha sesión ordinaria, no como punto del orden del día, por la trascendencia e importancia. Octavo. Con fecha cuatro de junio del año en curso, en sesión ordinaria, se aprueba dicho acuerdo de la siguiente manera: Primero. Se requiere al presidente Dr. Héctor Matus Martínez e integrantes del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a la profesora Georgia Aquino Matus, apegándose en las obligaciones que le imponen los artículos 25, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado, 4o., 6o., 7o., 12 y demás relativos de la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado y 57, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal. Segundo. Se requiere al presidente Dr. Héctor Matus Martínez e integrantes del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que inmediatamente resuelva el recurso de inconformidad, por la elección del agente municipal, interpuesto por los pobladores de la Agencia Municipal de La Venta, Juchitán, Oaxaca, respetando el derecho consuetudinario de esa comunidad. Noveno. Bajo protesta de decir verdad, con fecha veintisiete de junio del año en curso tuve conocimiento de manera extraoficial del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado, mismo en que no fui parte, ni llamado como representante legal del concejo, en el cual le exigen al presidente Dr. Héctor Matus Martínez a reconocer como autoridad a la profesora Georgia Aquino Matus, en cuanto que esta persona no participó en la elección que se llevó a cabo el catorce de abril en Chicapa de Castro, para elegir al agente municipal."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"PRIMERO. José María Iglesias, antiguo jurista, definía con claridad el principio de supremacía: ‘Sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie’. Este principio se encuentra consagrado por el artículo 133 de la propia Carta Constitucional que dice: ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. El hecho de que la Cámara de Diputados Local haya aprobado en sesión ordinaria de fecha cuatro de junio el proyecto de acuerdo presentado por los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación de la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado, sobre todo ser tratado dicho punto en asuntos generales, restándole la trascendencia de la misma y, además, de aprobar un acuerdo sobre asuntos que sólo le competen ser tratados de una manera interna en el Municipio, tomando en consideración el hecho de que Juchitán es uno de tantos Municipios libres y autónomos, que no debe la Legislatura del Estado estar por encima de la Constitución, ya que con esta acción la Cámara de Diputados Local viola lo que consagra nuestra Constitución Federal; incurriendo la legislatura en una irregularidad, ya que el acuerdo, no obstante haber sido aprobado, es en sí contrario al texto constitucional; tal proceder por parte de la LVIII Legislatura del Estado es violatorio del artículo 115 de la Constitución Federal de la República, pues atenta contra la naturaleza de los Municipios y quebranta leyes de supremacía, además, ataca a la seguridad jurídica que deviene de la observancia, violenta la autonomía y libertad de los Municipios. Lo cierto es que su actuar está sujeto al procedimiento que le determina la propia Constitución; de ahí que, si quienes intervienen en el proceso de tomar acuerdos con clara injerencia en la vida interna de un Municipio libre y autónomo, apartándose y contraviniendo claramente con el espíritu de nuestra Carta Magna, vician el resultado final, esto es lo que se denomina principio de legalidad, que consiste en que los actos de toda clase de autoridad, sin importar rango ni jerarquía entre los que realizan las autoridades que, interactuando, ejercen atribución ordenadora, deben concordar con los límites que les son impuestos por la ley, pues no se concibe que puedan actuar al margen de la propia Constitución Federal, de manera que si su actuar no se ajusta a la forma preestablecida o a la esencia o al espíritu de los ordenamientos jurídicos, su conducta puede ser impugnada, justamente, por haber violado ese principio de legalidad. En el artículo 73, de la sección segunda, de las facultades del Congreso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 59, de la sección cuarta, de las facultades de la legislatura; en ninguna de las legislaciones constitucionales, tanto federal como estatal, le dan facultad alguna al legislativo de intervenir en la vida interna de los Municipios; a lo más que establece la fracción XII del artículo 59 de la Constitución Local es: ‘Resolver en la vía conciliatoria, los conflictos que surjan entre los Municipios entre sí y entre éstos y los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.’; pero no les faculta tener injerencia en supuestos conflictos internos, además, establece conciliatoriamente entre los Municipios, es decir, sólo les faculta intervenir a las partes, pero no decidir unilateralmente, aprobando un acuerdo contrario a las normatividades y por encima de la Constitución Federal. La legislatura debería fortalecer la autonomía y la libertad de los Municipios y no coartar el espíritu y la base de los mismos; no quisiera imaginar que la decisión de todos los conflictos internos de los Municipios se supedite a la voluntad de las legislaturas, definitivamente cualquier injerencia de buena o mala fe es acto irregular, consecuentemente contrario a la normatividad Federal. Aun cuando en el reglamento interno de la Comisión Permanente en una de sus fracciones ilegalmente le otorgue atribuciones para intervenir en los conflictos internos de los Municipios, mismo que podría entenderse que cuando en dicho Municipio haya ingobernabilidad, pero en este caso esa hipótesis no se actualiza en el Municipio que represento, quedando con ello claramente contrario al espíritu constitucional la actuación irregular de la LVIII Legislatura de Oaxaca. Por último, en cuanto a otro punto de inconformidad que hago valer es en el sentido de que el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación se trató en asuntos generales y no como punto del orden del día y, sobre todo, no fue discutido sino simplemente votado tal y cual fue presentado, sin analizar si tenían o no facultades para tomar dicho acuerdo con respecto a la vida interna del Municipio que represento, violando su autonomía. La Constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. En lo normativo a ninguna disposición se le reconoce como superior a ésta. Constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza. La Doctrina nacional respecto de los actos legislativos defectuosos nos enseña: ‘En el procedimiento de discusión y aprobación de una ley o decreto, acuerdo, el Congreso de la Unión o las legislaturas pueden incurrir en tres tipos de irregularidades: a) Cuando la elaboración y aprobación de la ley o decreto (o acuerdo sic) no se realiza de conformidad con las normas que regulan su producción; al respecto Merkl afirma: «pueden ser designados como defectuosos aquellos actos que, en términos generales, advienen con deficiencias jurídicas, esto es, que se hayan de acuerdo con los preceptos jurídicos a cuyo tenor debieron haberse producido, o que no corresponde por completo a su regla jurídica de producción, caso de que nos decidamos a expresar en esta forma el conjunto de preceptos jurídicos que condiciona un acto.». b) Cuando una ley o decreto (sic o acuerdo), no obstante haber sido elaborado o aprobado siguiendo todas las formalidades que marca la ley es en sí, infundado o contrario a algún texto constitucional ... c) Cuando una ley o decreto (sic o acuerdo) ha sido elaborado y aprobado formalmente en términos correctos, pero la voluntad de los integrantes del cuerpo legislativo fue objeto de algún vicio del consentimiento, como error, dolo o violencia.’. Elisur Arteaga Nava. op. cit. páginas 374 y s.s."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son el 14, 16, 40, 41 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de once de julio de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 43/2002 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.

Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor requirió a la promovente para que el signante de la demanda acreditara su personería y remitiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en que se publicó el Decreto Número 42, a través del cual se designó a los integrantes del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca.

Por auto de seis de agosto de dos mil dos, una vez desahogado el requerimiento mencionado, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente, admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Al producir su contestación de demanda, el Congreso del Estado de Oaxaca manifestó, en síntesis:

1. Que el signante de la demanda no cuenta con la representación del Municipio actor, por no tener el cargo de concejal síndico procurador del Concejo Municipal con que se ostenta, sino que, de acuerdo con el Decreto Número 42 de doce de enero de dos mil dos, emitido por el Congreso Local y publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial de la entidad, fue designado como suplente en ese cargo y no como propietario, por tanto, no está facultado para promover, en representación del Municipio, la presente controversia constitucional.

2. Que la controversia constitucional se promovió extemporáneamente, toda vez que el Municipio actor tuvo conocimiento del acto impugnado el diez de junio de dos mil dos, como consta en el acuse de recibo de la compañía de mensajería Estafeta; por tanto, si la demanda se presentó el ocho de julio del mismo año, es claro que transcurrió en exceso el plazo que para promover la controversia constitucional prevé el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.

3. Que es improcedente la controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que los actos impugnados son en materia electoral, por tratarse de la elección de los agentes municipales de Chicapa de Castro y de La Venta, ambos pertenecientes al Municipio actor.

4. Que el acto impugnado no es violatorio de los artículos 73 y 115 de la Constitución Federal, así como tampoco del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, toda vez que el requerimiento que en él se contiene es en el sentido de que el Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza ejerza sus atribuciones en materia electoral, como es lo relativo a la elección de los agentes municipales de Chicapa de Castro y de La Venta; sin que tal recomendación implique una injerencia en la vida interna del Municipio actor.

Que, por otra parte, tal actuación se efectuó con apego a lo dispuesto en la fracción LXV del artículo 59 de la Constitución Local, así como en los artículos 37, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado y 37, fracción III, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que faculta a la Comisión de Gobernación de la Legislatura Local a atender los problemas políticos que surjan en el seno de los Ayuntamientos o en relación con éstos y las organizaciones políticas y sociales del Municipio.

SÉPTIMO. El procurador general de la República externó, en síntesis:

1. Que la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

2. Que el signante de la demanda fue el concejal síndico procurador suplente en funciones del Concejo Municipal, quien acreditó contar con tal carácter y tiene la representación legal del Municipio; por lo que resulta infundada la causa de improcedencia alegada al respecto por el Congreso del Estado de Oaxaca.

3. Que es fundada la causa de improcedencia alegada por el Congreso demandado, en el sentido de que la materia de la controversia constitucional es de naturaleza electoral; por tanto, debe sobreseerse en términos del artículo 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, ya que versa sobre las irregularidades de los procesos electorales de agentes municipales. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial publicada con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO."

4. Que es facultad del Congreso Estatal atender los conflictos políticos que surjan en los Municipios, de tal suerte que el acto impugnado no vulnera la jurisdicción y autonomía municipal, puesto que no actuó como autoridad sino como conciliador, ya que no existe coerción alguna a la autoridad municipal; máxime que en él se acordó remitir el asunto a los integrantes del Concejo Municipal actor para que éstos solucionaran el conflicto ajustándose al marco constitucional y legal que rige en el Estado.

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en cuanto el promovente la plantea como un conflicto entre el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca y este propio Estado en los términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que de acuerdo con el sentido del fallo se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Conviene destacar que en la presente vía el acto impugnado se hizo consistir en el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, que contiene el requerimiento formulado al Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza de esa entidad, para que declare agente municipal de Chicapa de Castro, a Georgia Aquino Matus y resuelva el recurso de inconformidad por la elección del agente municipal en La Venta; de donde se desprende que la naturaleza de lo impugnado, en el caso concreto, es un acto y no una norma general, ya que la resolución controvertida no posee los elementos de generalidad y abstracción que caracterizan a las normas, sino que existe la peculiaridad de que está referida a un caso específico.

Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, tratándose de actos como el que se impugna en esta vía constitucional, la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitucion Federal prevé:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

El precepto transcrito prevé que el plazo para promover la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso particular, el Municipio actor manifestó en su demanda que: "Bajo protesta de decir verdad, con fecha veintisiete de junio del año en curso, tuve conocimiento de manera extraoficial del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado.", de tal suerte que el plazo de treinta días que para la promoción de la demanda prevé el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte actora se ostenta sabedora del acto impugnado, es decir, viernes veintiocho de junio de dos mil dos al lunes veintiséis de agosto del mismo año, descontándose del cómputo respectivo los sábados veintinueve de junio, seis y trece de julio, tres, diez, diecisiete y veinticuatro de agosto de dos mil dos; los domingos treinta de junio, siete y catorce de julio, cuatro, once, dieciocho y veinticinco de agosto de dos mil dos, así como el receso del primer periodo de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la ley reglamentaria de la materia, comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil dos, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de julio de dos mil dos, debe concluirse que fue presentada oportunamente.

No es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior la manifestación hecha por el Congreso del Estado de Oaxaca, en el sentido de que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado el diez de junio de dos mil dos, según constancia de entrega del servicio de mensajería Estafeta que acompañó a la contestación de demanda (foja doscientos treinta y ocho del expediente), ya que con dicha documental no se acredita fehacientemente que el Municipio actor haya tenido conocimiento del acto impugnado en la fecha antes mencionada, toda vez que en él no se describe el documento enviado por conducto del citado servicio de mensajería, sino que únicamente aparece la fecha de recepción y el destinatario; por tanto, al no demostrarse con esta prueba que se trata de la notificación de la resolución controvertida, no se desvirtúa la manifestación de la parte actora respecto de la fecha en que se hizo sabedora de dicho acto.

TERCERO. Por constituir un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción, procede analizar a continuación la legitimación de la parte promovente de la controversia constitucional.

El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, prevé:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

Por su parte, los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia, disponen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De las disposiciones transcritas se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, entre otros casos, de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional; asimismo, se advierte que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

Conviene precisar que de las constancias de autos se desprende que el órgano de dirección y administración política del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, lo constituye "un Concejo Municipal" designado por el Congreso del Estado, mediante Decreto Número 42, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el doce de enero de dos mil uno (fojas veintidós y veintitrés del expediente), en el que se llevó a cabo la designación de los integrantes del Concejo Municipal del Municipio actor, en términos del artículo 59, fracciones IX y XIII, de la Constitución Política de esa entidad, que prevé:

"Artículo 59. Son facultades de la legislatura:

"...

"IX. La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes, ni que se celebraren nuevas elecciones, la legislatura designará entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos Concejos Municipales estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.

"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá, según lo disponga la ley;

"...

"XIII. Designar, a propuesta del gobernador, los integrantes de los Concejos Municipales."

Ahora bien, suscribe la demanda de controversia constitucional Alejandro López Lena Cruz, en su carácter de concejal síndico procurador del Concejo Municipal de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, quien acreditó contar con esa calidad con los siguientes elementos de convicción:

a) Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de doce de enero de dos mil uno, en el que se publicó el Decreto Número 42 de la Quincuagésima Octava Legislatura de esa entidad, en el que se designó a los integrantes del referido Concejo Municipal, advirtiéndose que el signante de la demanda fue designado como concejero síndico procurador "suplente".

b) Copia fotostática certificada de la solicitud de licencia al cargo de concejero síndico procurador de Enedino Jiménez Jiménez (foja veintinueve de autos), quien había sido designado con el carácter de propietario, como se desprende del Decreto Número 42 aludido.

c) Copia fotostática certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo, de treinta y uno de mayo de dos mil dos (fojas veinticuatro a veintisiete del expediente), de la que se desprende que el signante de la demanda tomó protesta del citado cargo, con el carácter de propietario, ante la licencia solicitada por Enedino Jiménez Jiménez.

De las pruebas referidas y de las disposiciones legales transcritas, se desprend

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17860-63346205/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-se-reclama-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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