CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2002. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de julio de dos mil dos, Martín González Jiménez y Gustavo González Villaseñor, quienes se ostentaron como secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación de éste, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
"El H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco. IV. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en el que se hubiera publicado: El Congreso del Estado de Jalisco, al cual representamos, demanda la invalidez del acuerdo que por mayoría de votos tomó el H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, el día 29 de abril de 2002, consistente en la privación de la representación política y suspensión en sus funciones como regidor al ciudadano Salvador Elizondo Sánchez, cargo que le fue conferido por el pueblo del citado Municipio en las pasadas elecciones locales de noviembre de 2000."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"1. El primero de enero de 2001, al igual que todos los demás representantes de elección popular de los Ayuntamientos de Jalisco, entró en funciones como regidor de representación proporcional el C. Salvador Elizondo Sánchez en el Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, Jalisco para el periodo 2001-2003 (contenido en el acuerdo económico 608/02). 2. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, celebrada el 15 de enero del presente año, en el trato del punto 5 del orden del día se enlistó éste bajo la razón: ‘Notificación por parte del oficial mayor Lic. Agustín Ceja Zepeda acerca de la incompatibilidad de funciones del C. Regidor Salvador Elizondo Sánchez’, y se acordó por mayoría de votos lo siguiente: ‘Para la notificación al regidor Salvador Elizondo Sánchez se pide la presencia del oficial mayor Lic. Agustín Ceja Zepeda, quien procede a la comisión que le fue encomendada en la junta anterior entregándole copia del acta en la cual se determinaba la incompatibilidad de funciones y a lo cual se rehusa el regidor a recibir manifestando que se da por enterado y notificado además de decir que no procedía la determinación dictada por no ser la instancia correspondiente.’ (Contenido en el acuerdo económico 608/02). 3. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 29 de abril del año que corre 2002 fue tratado y bajo el número tres del orden del día el que se enlistó con la leyenda ‘Determinación de cumplimiento del artículo 27 de la ley de incompatibilidad de empleos (sic), relativo al procedimiento entablado en contra del C. Regidor Salvador Elizondo Sánchez.’ Recayendo acuerdo por mayoría de votos en el sentido de privar de la representación política y suspender en sus funciones al citado regidor del Ayuntamiento del Municipio de Mazamitla, Jalisco, cargo que le confirió el pueblo en las pasadas elecciones locales (contenido en el acuerdo económico 608/02). 4. La resolución que se impugna es la culminación de un procedimiento que inició el día 18 de septiembre de 2001 el Ayuntamiento del Mazamitla, con una investigación para determinar las consecuencias legales que tendría el regidor Salvador Elizondo Sánchez por estar desempeñando el cargo de elección popular y el de funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, esto consta en el acta del día en mención. 5. En la sesión del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, celebrada en fecha 18 de septiembre de 2001, como consta en el acta de la sesión en comento, quedó asentado que el punto 13 de asuntos varios, inciso D), lo que a la letra dice: ‘El presidente municipal llama al oficial mayor para informar a los regidores sobre la situación legal del regidor LAE Salvador Elizondo Sánchez, relativo a la dualidad de funciones administrativas que le corresponden como regidor, quien manifiesta que si lo solicita el Cabildo está dispuesto a pedir licencia, comisionando el Cabildo en Pleno al oficial mayor para que verifique cualquier anomalía legal que pueda existir relativa a la dualidad de funciones e informe en la próxima junta de Cabildo.’. 6. Como consta en el acta de sesión de fecha 31 de octubre de 2001, celebrada por el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, dentro del orden del día 6, lo que a la letra dice: ‘Para este punto el secretario y síndico hace pasar al licenciado Agustín Ceja Zepeda, quien informa por escrito y lo hace llegar a cada uno de los regidores para que den lectura a lo investigado en el Congreso del Estado, referente a la situación del regidor Lic. Salvador Elizondo Sánchez, así como lo que marca la ley al respecto. Después de leerlo y discutirlo se llega a la conclusión de que en próxima reunión el regidor forme sus alegatos en su defensa para dar una solución justa y de acuerdo a la ley al regidor Salvador Elizondo Sánchez. Aprobado este punto.’. 7. El día 27 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, resuelve ‘la exclusión de funciones’ del regidor Salvador Elizondo y se comisiona al oficial mayor de ese Ayuntamiento para que notifique dicha resolución. 8. En la sesión de fecha 20 de marzo de 2002, celebrada por el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, como consta en el acta respectiva, punto 9 del orden del día, se asentó dentro de la diligencia del proceso de incompatibilidad en funciones de regidor Salvador Elizondo Sánchez, que el oficial mayor de ese Ayuntamiento entrega una copia por escrito de la ley de incompatibilidades de funciones y presenta un escrito a través del cual manifiesta que el citado Ayuntamiento se encuentra facultado para determinar el cargo que deba desempeñar el regidor en comento, excluyendo el otro incompatible. 9. En la sesión de 29 de abril de 2002, el Ayuntamiento ahora demandado, dentro del orden del día, punto 3, como consta en el acta respectiva, se asentó lo siguiente: ‘En este punto y dado que el C. Regidor Salvador Elizondo Sánchez no efectuó la elección de funciones a que lo obliga el artículo 27 de la ley de incompatibilidad de empleos dentro del término preestablecido de cinco días, ante lo cual este H. Ayuntamiento determina que el citado regidor desempeñe sus funciones exclusivamente en la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual ostenta el cargo de coordinador regional de Sedesol. Determinación que se pone a consideración de este Ayuntamiento. La cual se aprueba con 7 votos a favor de la determinación y tres en contra ... Desahogado este punto se acuerda ordenar al oficial mayor gire los oficios correspondientes. Así como para que envíe los oficios a las oficinas pagadoras para que se realicen los reintegros efectivos a que haya lugar conforme a derecho.’. 10. El 31 de mayo de 2002, por medio del oficio No. 044/2002, presentado ante la Oficialía de Partes de este Palacio Legislativo, el oficial mayor del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, Lic. Agustín Ceja Zepeda comunica a este Congreso del proceso de incompatibilidad para los servidores públicos seguido en contra del C. Salvador Elizondo Sánchez, y que se concreta en la determinación de que el citado regidor desarrolle sus actividades únicamente en la Secretaría de Desarrollo Social; es decir, de la exclusión del cargo de regidor al ciudadano Salvador Elizondo Sánchez, acto que ahora reclamamos su invalidez ya que, como quedará acreditada en la presente demanda, dicho acuerdo invade las facultades de este Poder Legislativo, pues dicha facultad es otorgada por la Constitución Política Federal, y plasmada en la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 76 y en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 22."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"A) El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República federal, lo cual significa que es un orden compuesto por normas con validez en todo el territorio nacional y por normas cuyo ámbito espacial se reduce a ciertas porciones de ese mismo territorio. Al primer tipo de orden se le denomina federal, y a los segundos locales, mismos que pueden ser estatales, del Distrito Federal o municipales. En este orden de ideas, el principio de división de poderes se encuentra tutelado en los artículos 49, 116 y 122 constitucionales, respecto de los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal, respectivamente, el contenido de estas normas se hacen consistir en que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial sean efectuadas por distintos órganos de un mismo orden jurídico, y se les impide que tales órganos ejecuten funciones que no les estén expresamente conferidas. En el orden jurídico mexicano la creación normativa se encuentra atribuida a los distintos órdenes ya sean federal, estatal y municipal. En cada caso, la Constitución Federal como ordenamiento supremo del ámbito normativo de todos los niveles de gobierno, obliga, prohíbe o faculta a los titulares de los órganos a realizar una determinada conducta. Debido a la conformación de nuestro país como una República federal y al principio de división de poderes, así como al reconocimiento de tres órdenes de gobierno, es previsible que lleguen a darse conflictos entre estos distintos órdenes de gobierno, y es, por mandato constitucional, que la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de darle solución a estos conflictos mediante el juicio de controversia constitucional, normada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, invade claramente la esfera de competencia del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, al excluir de su cargo de elección popular al regidor Salvador Elizondo Sánchez, acto que realiza sin estar dentro de sus facultades la destitución de funcionarios electos popularmente, lo que contraviene lo establecido en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas, y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Así las cosas, el juicio de controversia constitucional procede en el caso concreto que nos ocupa. A efecto de fundar nuestra afirmación se transcriben las siguientes tesis: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, diciembre de 1998. Tesis: P. LXXII/98. Página: 789. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaran entre la Federación y uno o más Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquellas que se pudieren suscitar entre dos o más Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre órganos de Gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras y, en su caso, a la Comisión Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquellos que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurídica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias.’. ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES. De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a «actos», debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones.’. La Constitución Política Federal diseña un sistema que tiene como principio toral el de legalidad, consistente en limitar el quehacer de las autoridades frente a los particulares y la competencia de aquéllas entre sí, las que deben acotar sus funciones a lo que esté expresamente permitido por la Constitución y por las leyes que de ella emanan. Así, nuestra Carta Magna reconoce los principios de soberanía popular, forma de Estado representativo, democrático y federal, en sus tres ámbitos o esferas de competencia; la división de poderes, ubica a cada órgano de representación primaria: Federación, Estados y Municipios en sus respectivos ámbitos y les demarca su competencia, es decir, su ámbito de obligaciones y prerrogativas a fin de mantener un equilibrio armónico entre todos ellos. Es el caso que el acto del Municipio cuya invalidez pide el Poder Legislativo de Jalisco, que legalmente representamos, viola las normas constitucionales que invocamos, pues tales transgresiones se producen directamente a las normas primarias e indirectamente a las normas secundarias (Constitución Política del Estado de Jalisco y Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal también de esta entidad federativa). El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su fracción I, una de las prerrogativas básicas del Municipio y que es una clara expresión del funcionamiento e -insistimos- de las prerrogativas del Municipio, que a saber: ‘... será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa ...’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER. El análisis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de Estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano.’. En la fracción I, en su párrafo tercero -del citado artículo constitucional- previene la potestad de las Legislaturas Locales para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de algunos de sus miembros. Esto significa que frente a la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene implícita la autonomía, es también de advertirse que el ejercicio del Gobierno Municipal se encuentra con los límites establecidos conforme lo dispone el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política Federal. Desprendiéndose nexos jurídicos indisolubles con los Poderes Locales, que como es el caso en comento, se encuentra lo relativo a la suspensión o desaparición de los Ayuntamientos, suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. ‘AYUNTAMIENTO. LAS CAUSAS GRAVES QUE SUSTENTAN LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE DETERMINAN LA REMOCIÓN DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS DEBEN ENCONTRARSE PLENAMENTE ACREDITADAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL. Del análisis de la evolución del referido precepto constitucional, específicamente de su reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, a través de la cual se estableció la potestad de las Legislaturas Locales para que, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, puedan suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevea, es válido concluir que dicha facultad se insertó dentro de un marco normativo que tiende a fortalecer el principio de autonomía municipal, entre cuyas características destaca la elección libre de los gobernantes de ese nivel de gobierno, prerrogativa cuyo ejercicio corresponde en primera instancia al Municipio y que sólo, excepcionalmente, en razón de la actualización de hechos o conductas que sean calificadas como causas graves por la respectiva ley local, podrá ser afectada por la Legislatura Local mediante la declaración de desaparición de su órgano de gobierno, el Ayuntamiento, o con la revocación o suspensión de alguno de los miembros que lo integran. En esa medida, por el carácter excepcional de la intervención de las entidades federativas en el régimen de elección y permanencia de los integrantes del órgano de Gobierno Municipal, se impone concluir que las causas graves que sustenten los decretos legislativos de revocación de mandato de algún miembro de un Ayuntamiento deben generar una afectación severa a la estructura del Municipio y encontrarse plenamente acreditadas con los elementos de prueba conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, pues de lo contrario los decretos en comento no se apegarán a lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JURÍDICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS. Dentro del orden jurídico estatal se consagra la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonomía funcional para la prestación de los servicios públicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los límites territoriales que le corresponde, a través de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, también guarda nexos jurídicos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerar a los Municipios como un orden independiente del local, entre los cuales se pueden citar los siguientes: creación, suspensión o desaparición de Municipios y Ayuntamientos, revocación del mandato de alguno de sus miembros por la Legislatura Estatal, sujeción de la normatividad y actuación municipal a las bases legales que establezca el Congreso Local, aprobación del Gobierno Estatal de los ingresos y revisión de los egresos municipales, entre otras. De lo anterior se deduce que la pertenencia de los Municipios a un Estado autónomo sujeta a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisión de las autoridades de Gobierno Locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.’. Potestad que está circunscrita a requisitos establecidos en el precepto constitucional federal citado, y que son: 1) que la decisión la tomen las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; 2) que sea por alguna de las causas graves que la ley local prevenga; 3) que sea siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Así las cosas, queda claro que el acto cuya invalidez se reclama no reúne los requisitos constitucionales, más aún, dicho acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, invade la esfera de competencia de esta legislatura. Corrobora lo anterior -a contrario sensu- la siguiente tesis jurisprudencial: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I, tercer párrafo y VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas Locales tienen facultades de revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento por haber incurrido en alguna de las causas graves que la ley local prevenga, pero tal facultad se refiere exclusivamente a los miembros de los Ayuntamientos que se integrarán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, quedando las relaciones de trabajo entre el Municipio y los demás servidores públicos municipales que no integran el Ayuntamiento, y que se regirán por las leyes estatales expedidas con base en lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias, a la competencia de los Municipios y su órgano de gobierno que es el Ayuntamiento, sin injerencia alguna de las Legislaturas Estatales. En tales términos, los artículos 122 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, así como 64 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la propia entidad federativa consignan que los Ayuntamientos y la legislatura, en el ámbito de sus competencias, conocerán y sancionarán los actos que realicen los servidores públicos municipales que den lugar a responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias, correspondiendo a la Legislatura del Estado identificar, investigar y determinar las responsabilidades en mención, así como aplicar las sanciones respectivas, tratándose de presidentes municipales, regidores y síndicos, y a los Ayuntamientos por lo que se refiere a los demás servidores públicos municipales. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en los artículos 101 y 117 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, la Contraloría Municipal será una de las dependencias con que contarán los Ayuntamientos y su titular será designado por el Cabildo de una terna propuesta por el partido político que haya obtenido la primera minoría como resultado de la elección por el Ayuntamiento municipal, siempre y cuando haya alcanzado el veinticinco por ciento de la votación total efectiva, quedando el Cabildo encargado de evaluar de manera acuciosa y permanente el desempeño de sus funciones y teniendo, en caso contrario, la facultad de removerlo y designar a otro contralor municipal, previa aprobación de la mayoría simple de los regidores, sin sujetarse a lo establecido para la primera designación del contralor. Ahora bien, deriva de lo anterior que si el Congreso del Estado, con motivo de la denuncia presentada por regidores y ciudadanos del Ayuntamiento, revisa el acuerdo de Cabildo en que, en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 117 de la citada ley orgánica, determina destituir al contralor municipal, y emite resolución ordenando la revocación de tal acuerdo y la reinstalación en su cargo de contralor con la restitución de todos sus derechos laborales desde la fecha de su separación, apercibiendo, inclusive, a los miembros del Ayuntamiento de que de no hacerlo se aplicarán en su contra las sanciones previstas en la ley de responsabilidades en cita, con tal acto invade la esfera de competencia del Municipio en violación al artículo 115 de la Constitución Federal, al revocar un acuerdo de Cabildo que corresponde a su esfera de autonomía gubernativa y en la que no tiene injerencia alguna la Legislatura Local, ni del que puede, por tanto, derivar responsabilidad alguna para los miembros del Ayuntamiento al no ser un acto prohibido por la ley, sino realizado en uso de las atribuciones que ésta le otorga y respecto del cual el Congreso Estatal no tiene facultades de revisión y modificación o revocación por no afectar aspectos que constitucionalmente se encuentren sujetos a supervisión, vigilancia o fiscalización por parte de la Legislatura Estatal, sino a la competencia exclusiva de los Ayuntamientos, como lo es la relación laboral que el Municipio entable con sus trabajadores por conducto de su órgano de gobierno, que es el Ayuntamiento.’. Por lo que el Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, ahora demandado, al haber emitido en fecha 19 de abril de 2002 el acuerdo referente a la determinación del cumplimiento del artículo 27 de la ley de incompatibilidad de empleos, relativo al procedimiento entablado en contra del regidor Salvador Elizondo Sánchez, y que está contenido en el acta de la sesión del citado Ayuntamiento y que al respecto dice a la letra: ‘... Este H. Ayuntamiento determina que el citado regidor desempeñe sus funciones exclusivamente en la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual ostenta el cargo de coordinador regional de Sedesol. Determinación que se pone a consideración de este Ayuntamiento. Lo cual se aprueba con 7 votos a favor de la determinación y tres en contra ...’. Es decir, que al haber excluido de sus funciones como regidor al ciudadano Salvador Elizondo Sánchez, se contraviene el orden jurídico establecido al ejercer facultades que le están expresamente conferidas al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en contravención de lo establecido en el artículo 115, fracción I, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política Federal que a la letra dice: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Es decir, que si las Legislaturas de los Estados tienen la facultad para suspender o revocar el mandato de los miembros de un Ayuntamiento, sólo por las causas graves que señalan las leyes locales, queda evidenciado que la determinación del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, invade la competencia de este poder público, pues atenta con lo plasmado en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17908-cb025819/congresos-estatales-son-los-unicos-facultados-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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