Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2000. · Registro digital (IUS): 7056
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PINOS, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 1318.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PINOS, ESTADO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Ramírez Gallegos, con el carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Pinos, Estado de Zacatecas, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto que a continuación se señala, emitido por la autoridad que se menciona en el párrafo siguiente:

"Resolución de la LVI Legislatura del Estado de Zacatecas, emitida en la sesión ordinaria celebrada el trece (13) de junio retropróximo y en la cual dicho órgano de poder ordenó al Ayuntamiento que represento lo siguiente, cuyos tres puntos resolutivos, textualmente transcribo: 'Primero. Se aprueba en todas y cada una de sus partes el contenido de la presente resolución, en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo.-Segundo. Se apercibe al presidente municipal para que en el término de quince días naturales, contados a partir de que se le notifique esta resolución, acredite con documento fehaciente, que han sido revocados los acuerdos de Cabildo asentados en el acta de 17 de septiembre de 1998, en que se nombró secretario del Ayuntamiento a Raúl Rodríguez Gómez, y titular del Departamento de Desarrollo Económico y Social para la Cabecera Municipal a Juan Jaime Reyes Vázquez; y, consecuentemente, el Ayuntamiento ha designado para tales cargos, a personas elegibles en términos de ley (sic).-Tercero. Notifíquese y cúmplase.-Dado en la sala de sesiones de la honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, a los trece días del mes de junio del año dos mil.'.-La resolución que impugno de la legislatura y que contiene las órdenes que refiero, no fue publicada en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, pero fue comunicada, hasta el día veinte (20) de tal mes, al presidente municipal de Pinos, profesor Carlos Quintero Nieto, mediante oficio número setecientos ochenta (780) del propio trece (13) del anterior mes de junio, que suscriben los diputados secretarios de dicha legislatura, Enrique Ramírez Hernández y profesor Rodolfo Ortiz Aréchar."

SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:

"1. La resolución que impugno remata o concluye un procedimiento que se inició con la denuncia ante la Legislatura del Estado de Zacatecas, que el ocho (8) de junio del año inmediato anterior presentaron en contra del Ayuntamiento que represento, el regidor de éste, Rafael Salazar Cuevas y el particular Juan Rivera Alonso, por presunta violación a la fracción V del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en Zacatecas y que hicieron consistir en que: 1. Que el quince (15) de septiembre (de mil novecientos noventa y ocho) se había constituido el Ayuntamiento que legalmente represento, integrado por veinte (20) regidores, uno de los cuales era Alfredo Rodríguez Gómez y que en la propia fecha se habían designado funcionarios del primer nivel, entre ellos, al profesor Raúl Rodríguez Gómez, hermano del regidor últimamente referido; que de inmediato los denunciantes expresaron su inconformidad al respecto, pero que el presidente municipal había manifestado que el designado era un elemento muy destacado y que tal cargo se revisaría en un periodo considerable para cambiarlo o sustituirlo por otro; pero que como a la fecha de presentación de la denuncia no se habían tomado cartas al respecto, querían que la legislatura lo hiciera; que la regidora Ana María Pérez Gómez tenía el cargo de secretaria y que el señor Jaime Reyes Vázquez, cuñado de ésta, fungía como director de desarrollo económico en la cabecera municipal; y 3. Que el señor Javier Rosso Argüello fungía como secretario particular del presidente, a pesar de que era su cuñado.-En la propia fecha y ante el oficial mayor de la Legislatura del Estado, los denunciantes ratificaron su denuncia.-2. En oficio 919/99 del veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), dirigido al presidente municipal de Pinos, profesor Carlos Contreras Nieto, por el diputado Rafael Candelas Salinas, en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia de la legislatura de referencia, se informó al primero de tal denuncia y se le pidió el informe escrito respectivo.-3. El presidente municipal contestó mediante oficio 35350 el primero (1o.) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) arguyendo que los denunciantes ninguna prueba habían aportado a fin de demostrar los extremos de su denuncia y que en los casos de Javier Rosso Argüello y la regidora Ana María Pérez Gómez se trataba de parentesco por afinidad y que, además, el primero no laboraba en la presidencia municipal como empleado de ésta, sino como trabajador personal del presidente. Finalmente, por lo que se refiere al secretario, profesor Raúl Rodríguez Gómez, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), de la cual envió copia certificada a la legislatura, había decidido por mayoría, con la presencia del propio regidor denunciante, la designación del profesor Raúl Rodríguez Gómez como secretario de Juan Jaime Reyes Vázquez y las de los demás funcionarios, en el entendido de que si no respondían acertadamente, se prescindiría de sus servicios. En el propio informe, el presidente municipal denunciado adjuntó fotocopia certificada expedida por el tesorero municipal de Pinos, en el sentido de que la única persona que aparecía como secretario particular del presidente era el profesor José Luis Báez Rivera y ninguna otra persona.-4. Mediante oficio 1052/99 del dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), el referido presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de Zacatecas requirió al presidente municipal de Pinos para que le enviase fotocopias certificadas de las actas de nacimiento de Raúl Rodríguez Gómez, Alfredo Rodríguez Gómez y Ana María Pérez Gómez. También de la de matrimonio de Jaime Reyes Vázquez. Igualmente, constancia expedida por el suscrito síndico y por el tesorero municipal en el sentido de que Javier Rosso Argüello no cobraba ningún emolumento en la administración municipal. Constancia, igualmente, de las dos (2) oficinas referidas en el sentido de si Ana María Pérez Gómez tenía plaza vigente como trabajadora administrativa, además de ser regidora. Por último, copia de la más reciente nómina de sueldos de los trabajadores del Municipio. En oficio 498/99 del diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), el presidente satisfizo el requerimiento de la Comisión de Justicia de la legislatura.-5. El veintiuno (21) de junio inmediato anterior le fue entregado al presidente del Ayuntamiento que legalmente represento, profesor Carlos Contreras Nieto, el oficio número setecientos ochenta (780) del trece (13) del propio mes. Tal documento aparece firmado por los diputados de tal legislatura, señores Enrique Ramírez Hernández y Rodolfo Ortiz Aréchar. Con dicho oficio le fue entregada también copia de la resolución de la legislatura, suscrita el propio trece (13) de junio anterior, por los propios diputados de referencia y, además, por la diputada licenciada Aurora Cervantes Rodríguez, en su carácter de presidenta de la legislatura. La resolución aparece dada o aprobada por dicho cuerpo legislativo el propio trece (13) del mes de referencia.-6. A petición del presidente municipal de Pinos, el oficial mayor de la LVI Legislatura de Zacatecas, mediante oficio número novecientos setenta y dos (972) del tres (3) de julio en curso, le remitió, en cuarenta y seis (46) fojas útiles, fotocopia certificada del acta relativa a la sesión ordinaria de tal legislatura correspondiente al trece (13) de junio retropróximo, en la cual se votó la resolución de la propia fecha que es la que motiva la inconformidad del Ayuntamiento que represento y de la cual he transcrito precedentemente los tres (3) puntos resolutivos.-7. El cuatro (4) de julio en curso, a las nueve (9) horas, se llevó a efecto, en el Centro Cultural de la ciudad de Pinos, Zacatecas, declarado recinto oficial para tal efecto, la sesión ordinaria de Cabildo en la que fueron tratados varios asuntos; entre otros, la información a los ediles de la resolución de la legislatura en la cual ésta ordena la revocación de los acuerdos del Ayuntamiento, asentados en el acta del diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en que se nombró secretario del Ayuntamiento al profesor Raúl Rodríguez Gómez y al titular del Departamento de Desarrollo Económico y Social para la Cabecera Municipal de Pinos; también la destitución de dichos servidores públicos. Por mayoría, dieciséis (16) de los veintitrés (23) ediles o integrantes del Ayuntamiento, expresaron su determinación de que se ocurriera a defender la autonomía del Municipio, pues se consideró que la resolución de la legislatura viola la Constitución General de la República. Máxime que desde el acuerdo tomado en la sesión del diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se habían aprobado los nombramientos del secretario del Ayuntamiento, profesor Raúl Rodríguez Gómez y del titular del Departamento de Desarrollo Económico y Social para la Cabecera Municipal, Juan Jaime Reyes Vázquez. Y que dichos nombramientos habían sido ratificados, previa evaluación del desempeño de dichos servidores, de tal forma que la ratificación de ambos había sido votada por la mayoría de los integrantes del Cabildo, según se prueba con las fotocopias certificadas de las actas de Cabildo relativas a las sesiones ordinarias del diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y de trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)."

TERCERO.-Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"Primero. La Constitución mexicana diseña un sistema que tiene como principio toral el de legalidad, consistente en que limita el quehacer de las autoridades frente a los particulares y la competencia de aquéllas entre sí mismas, las que deben acotar sus funciones a lo estrictamente permitido por la Constitución y por las leyes, acordes con ésta de la que derivan. Así, reconoce los principios de soberanía popular; forma de Estado representativo, democrático y federal, con sus tres ámbitos o esferas de competencia; la división de poderes y la responsabilidad de los servidores públicos en su cuádruple dimensión: política, penal, administrativa y, como en el caso de cualquier particular, de carácter civil. Consecuentemente, ubica a cada órgano de representación primaria: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, en sus respectivas órbitas y les demarca su competencia, es decir, su ámbito de potestades y atribuciones a fin de mantener un equilibrio armónico entre todos ellos.-En el caso, el acto de la legislatura cuya invalidez pido a nombre del Municipio y Ayuntamiento que legalmente represento, viola en perjuicio de éste y, por ello, del primero por él representado, las disposiciones constitucionales que invoco y tales vulneraciones se producen directamente a las normas primarias; indirectamente, pero vinculadas de manera fundamental al acto reclamado, siendo aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 23/1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS.-Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.'.-En el caso, la Legislatura del Estado de Zacatecas incumplió los mandatos de las normas constitucionales que estimo infringidas. Lo hizo directamente al no fundar ni motivar la atribución que se arroga para injerirse o intervenir en la esfera de autonomía del Ayuntamiento y, vale decir, del Municipio a quien esté representado, a grado tal que pretende obligarlo a revocar acuerdos en el que el primero determinó, en ejercicio de su autonomía, el nombramiento de dos (2) servidores administrativos: el secretario del Ayuntamiento y el director de Desarrollo Económico y Social para la Cabecera Municipal de Pinos, Zacatecas; también intenta el acto constitucionalmente inválido, contra la opinión mayoritaria del Cabildo, que se destituya a ambos servidores públicos, cuyo desempeño ha sido eficiente y honesto. Y no sólo eso, sino que apercibe o advierte a los integrantes del cuerpo edílico con aplicarles las sanciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente en Zacatecas. Y aun, subrepticia, pero evidentemente, amenaza con declarar desaparecido al Ayuntamiento en caso de que no se pliegue al ukase (sic) de la legislatura demandada, y a tal grado llega la arbitrariedad de ésta que no se siente obligada a fundar y a motivar su resolución, pues no invoca en qué disposición constitucional, o siquiera legal, pretende apoyar su actitud de inmiscuirse en las decisiones internas de la administración municipal que, constitucional y legalmente, sólo conciernen al Ayuntamiento. Y al asumir dicha actitud, la legislatura vulnera en perjuicio de éste, y del Municipio que aquél representa los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Es aplicable al caso la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal, que literalmente dice: 'Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo III, Parte SCJN. Tesis 73. Página 52.-FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.-Séptima Época: Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos.-Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.-Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.-Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.-Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos.'.-Pero la legislatura demandada no únicamente omitió fundar y motivar el acto intervencionista e injerencias contra la autonomía del Municipio, representado por su Ayuntamiento, sino que violentó su propia normatividad al emitir, al margen de la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su propio reglamento interior, la resolución que impugno y cuya naturaleza jurídica no está clara y precisamente determinada, de tal forma que podamos saber si se trata de un decreto o de un acuerdo y, en la última hipótesis, si es de carácter administrativo o económico.-En efecto, es cierto que el artículo 64 de la Constitución Política de Zacatecas establece, en lo conducente, que: 'Toda resolución de la legislatura tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo ...'. Por su parte, el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, dispone, en lo pertinente: 'Artículo 14. Las atribuciones de la legislatura en lo general son: I. Iniciar, expedir, derogar, abrogar leyes, decretos y acuerdos ...'. Y el artículo 133 del propio ordenamiento señala que: 'Artículo 133. Las iniciativas deberán presentarse por escrito a la legislatura y podrán ser: I. De ley, cuando contienen un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o impongan obligaciones a todas las personas en general; II. De decreto, cuando se trata de un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o impongan obligaciones a determinadas personas físicas o morales; y III. De acuerdo, si se refiere a cualquier otra resolución que no sea ley o decreto.'. Por su parte, el artículo 106 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas define: 'El acuerdo administrativo, es el instrumento jurídico que sirve de base a la creación de órganos que se insertan en la estructura de la administración, para atender asuntos concernientes a la especialización y desconcentración de funciones.'. Y el artículo 108 del mismo ordenamiento precisa: 'El acuerdo económico es una resolución de carácter interno y obligatoria en términos de ley y reglamento, para simplificar procedimientos, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, puede ser tomado por el Pleno, la mesa directiva, la Comisión Permanente, la Gran Comisión o las comisiones legislativas.'. Por su parte, el artículo 134 de la ley referida dispone que: 'El reglamento interior de la legislatura prescribirá la forma en que deban presentarse las iniciativas de ley, decreto o acuerdo, y el modo de proceder a su admisión y votación.'. El artículo 98 del reglamento mencionado dispone que el dictamen legislativo deberá contener: 'I. La determinación de la iniciativa haciendo referencia, si se trata de ley, decreto, acuerdo administrativo o económico. ... III. De tratarse de un decreto, el dictamen propuesto contendrá los considerandos y la resolución sobre el asunto. IV. Para los acuerdos administrativos o económicos, se presentarán en el planteamiento los argumentos de discusión y los resolutivos.'.-Según la resolución legislativa impugnada, la denuncia se presentó el veinticinco (25) de abril retropróximo. El mismo día se dio lectura en el Pleno y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, las que debieron, sin que lo hicieran, haber rendido su dictamen dentro de los diez (10) días siguientes, de conformidad con el artículo 100 del reglamento interior. Tampoco consta que dichas comisiones hayan solicitado al Pleno de la legislatura la prórroga para rendir su dictamen, ni que ésta se les haya concedido, atento lo dispuesto por el segundo párrafo del propio artículo.-Aparentemente, por el trámite que se le dio a la denuncia y dictamen, la resolución que impugno fue acuerdo económico o administrativo, pues sólo se le dio una lectura y se sometió a discusión, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento interior aludido, según se desprende del texto de la resolución combatida con esta demanda, y de la copia certificada del acta relativa a la sesión de la legislatura del quince (15) de junio anterior en la cual dicha resolución se aprobó, mismas que anexo a esta demanda.-También es sintomático que la resolución impugnada no se publicó en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, pues si fuera decreto debía obligatoriamente publicarse en dicho órgano conforme a lo dispuesto por los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución Política del Estado y 82, fracción II, de la misma.-Sea decreto o acuerdo, económico o administrativo, la resolución impugnada, la legislatura referida carece de competencia, constitucional y legal, para haberla expedido, pues implica una indebida injerencia, con la concomitante violación a la autonomía del Municipio garantizada, primordialmente, por los artículos 14, 16 y 115, párrafo primero, de la Norma Suprema mexicana, que obligaban, y obligan, a tal legislatura, a fundar y a motivar su resolución, sobre todo en cuanto se refiere a la pretensión de aquélla en el sentido de que está facultada constitucionalmente para emitir una resolución como la que impugno. Igualmente, que a pesar de la autonomía del Municipio garantizada por el párrafo primero del artículo 115 aludido, así como por los artículos 40 y 41 de la Constitución General de la República, ella tiene competencia para injerirse en la vida interna del Ayuntamiento, al grado de obligarlo a revocar la determinación que éste haya tomado para destituir a un servidor público municipal y a restituirlo; también para advertir o apercibir a los munícipes de que serán sancionados como previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en caso de no acatar la anticonstitucional resolución que mediante esta demanda impugno.-La dificultad para considerar acuerdo a la resolución impugnada estriba en que, a diferencia de lo que establece el artículo 106 del reglamento interior aludido, por lo que respecta a los de carácter administrativo, la segunda no crea un órgano para insertarse en la estructura de la administración a fin de atender asuntos concernientes a la especialización y desconcentración de funciones; tampoco como lo establece el 108 respectivo, en lo que concierne a los de carácter económico, es de carácter interno (con relación a la legislatura cuestionada) y obligatoria en términos de ley y reglamento para simplificar procedimientos, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, puede ser tomado por el Pleno, la mesa directiva, la Comisión Permanente o las comisiones legislativas. Pareciera más bien decreto, pues la resolución impugnada pretende, aun cuando sea anticonstitucionalmente, imponer obligaciones al Ayuntamiento, representante del Municipio que represento y el cual es una persona moral en los términos de las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución General de la República, en relación con la fracción I del artículo 21 del Código Civil Federal.-A mayor abundamiento de lo expuesto, y al margen de la naturaleza jurídica de la resolución que impugno, es evidente que ésta debía haberse publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 82 de la Constitución Política Local que señala, como atribución del gobernador: promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás resoluciones de la legislatura, y una de tales resoluciones es el decreto o acuerdo que impugno. Consecuentemente, el Ayuntamiento no estaría obligado a obedecer a la legislatura, aun suponiendo sin admitir que ésta tuviera la facultad constitucional para ordenar al Ayuntamiento la revocación de una determinación autónomamente asumida al destituir a un servidor público de la administración municipal, como es el contralor, para obligar al cuerpo edílico a fin de restituir a éste y aun para imponerle sanciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos referida, en la hipótesis de que el último no acatara la orden anticonstitucional. Y no estaría obligado el Ayuntamiento, porque a la resolución impugnada le faltaría la publicidad que ordena el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política de Zacatecas, que al respecto debe ser homóloga del sistema que al respecto diseña la Constitución General de la República concretamente el apartado 'A' del artículo 72 de ésta, en cuanto a la necesidad de dar publicidad a las leyes y decretos, sin cuyo requisito dichas resoluciones estarán constitucionalmente incompletas y, por ello, no serán obligatorias.-Al respecto, es pertinente transcribir, en lo conducente, la opinión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que pronunció el veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) al resolver la acción de inconstitucionalidad número 3/98 que promovió el Partido de la Revolución Democrática contra la Legislatura del Estado de Zacatecas.-'... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica y 97, 105, 106 y 108 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, este órgano tiene facultades para emitir leyes, decretos y acuerdos administrativos o económicos.-Concretamente en relación a los decretos, que es la materia de impugnación en el presente caso, es pertinente apuntar que tienen diferencias que los distinguen de una ley.-Al efecto, el Diccionario de la Real Academia Española define al decreto como: «Resolución, decisión o determinación del jefe del Estado, de su gobierno o de un tribunal o Juez sobre cualquier materia o negocio. Aplícase hoy más especialmente a las de carácter político o gubernativo.».-Por su parte, la doctrina ha reconocido que decreto es toda resolución o disposición de un órgano del Estado, sobre un asunto o negocio de su competencia que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requiere de cierta formalidad (publicidad), a efecto de que sea conocida por las personas a las que va dirigido.-De lo anterior se colige que un decreto puede contener una disposición sobre una cuestión particular, pero que requiere de formalidad y publicidad para su observancia. ...' (fojas 50 y 51 de la ejecutoria de referencia).-En virtud de lo anterior, la resolución impugnada tiene vicios de carácter formal que trascienden fundamentalmente a su integridad como norma y, específicamente, a su carácter obligatorio.-Es también oportuno al respecto invocar el criterio de la propia ejecutoria a que me he referido con antelación y la cual hace hincapié en que los vicios formales del proceso legislativo, lato sensu (es decir, el que abarca todo tipo de resoluciones formalmente legislativas), que trasciendan de manera fundamental a la norma misma, producen su invalidez o inconstitucionalidad, suponiendo en el caso concreto, que la legislatura tuviese competencia constitucional para emitir resoluciones como la que impugno. El honorable Pleno de la Suprema Corte dice: '... Atento todo lo anterior, se concluye que en la acción de inconstitucionalidad pueden alegarse vicios del proceso legislativo; sin embargo, debe analizarse previamente si los vicios formales atribuidos al proceso legislativo pueden trascender o afectar de manera fundamental la ley impugnada.-En efecto, en primer lugar debe distinguirse que pueden darse violaciones de carácter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal forma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, y otras que, aun habiendo transgredido las disposiciones que rigen el proceso legislativo, no trascienden al contenido mismo de la norma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad.-Esto sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin que hubiere existido iniciativa, quórum necesario o que no haya sido aprobada por el Pleno, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental en la norma, provocando su invalidez o inconstitucionalidad. ...' (fojas 42 y 43 de la ejecutoria citada precedentemente).-Es evidente que la publicación de cualquiera de las resoluciones de la legislatura es la culminación del proceso constitucional y legalmente normado para crearlas y hacerlas obligatorias y sin aquélla no deben ser obedecidas, ya no sólo por la imposibilidad de conocerlas por sus destinatarios, sino por su inconstitucionalidad, pues recuérdese que la fracción II del artículo 82 de la Constitución Política de Zacatecas, obliga al gobernador a publicar todas las resoluciones que emita la legislatura. Robusteciendo lo anterior, los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, dicen textualmente: 'Artículo 2o. El Periódico Oficial del Estado es el órgano de Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el ámbito estatal, a fin de que sean observados debidamente, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos de los Poderes del Estado y autoridades municipales en sus respectivas jurisdicciones.'.-'Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado: I. Las leyes y decretos expedidos por la H. Legislatura del Estado ...VIII. Los actos y resoluciones que la Constitución y demás ordenamientos legales dispongan ...'. Y la fracción II del artículo 82 de ésta, ordena al gobernador publicar '... las leyes y demás resoluciones de la legislatura ...'. Y los acuerdos son también resoluciones de la legislatura, suponiendo sin admitir que la reclamada tuviera el carácter de acuerdo. Pues, en el caso, la resolución impugnada no se adecua a las definiciones de acuerdo administrativo o económico que señalan los artículos 106 y 108, ya transcritos, del reglamento interior de la Legislatura de Zacatecas. Y ello sólo sería suficiente para declarar inconstitucional e inválida la resolución que impugno. Sin embargo, existen otras razones y motivaciones de invalidez constitucional que a continuación expreso.-Segundo. Podría parecer intrascendente desde el punto de vista constitucional, las deficiencias de carácter leg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7056-b92acf3f/controversia-constitucional-la-circunstancia-de-que-el-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.