CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL MUNICIPIO, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR EL ACUERDO DE CABILDO EN QUE SE DESTITUYE A UN CONTRALOR MUNICIPAL Y ORDENA SU REINSTALACIÓN CON LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Betancourt Sánchez, síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Villanueva, Zacatecas, en representación del Ayuntamiento, promovió demanda en la vía de controversia constitucional en contra de la Legislatura del Estado de Zacatecas por el acto que a continuación se indica:
"Resolución de la LVI Legislatura del Estado de Zacatecas, emitida en la sesión ordinaria celebrada el quince (15) de junio retropróximo y en la cual dicho órgano de poder ordenó al Ayuntamiento que represento lo siguiente cuyos dos puntos resolutivos, textualmente transcribo: 'Primero. Se aprueba en todas y cada una de sus partes el contenido de la presente resolución, en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo.-Segundo. Se apercibe al Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para que en el término de quince días naturales contados a partir de que se le notifique esta resolución, acredite con documento fehaciente, que ha sido revocado el acuerdo de Cabildo asentado en el Acta No. 71, de fecha 18 de abril del año actual, en que se destituye como contralor municipal al C. Ing. Sergio Leaños Lamas, y consecuentemente, éste sea reinstalado en el cargo de contralor del Municipio de Villanueva, y se le restituya íntegramente en sus derechos laborales, con carácter retroactivo a partir de la fecha en que fue separado del cargo. De no hacerlo, se aplicarán las sanciones que previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.-Tercero. Notifíquese y cúmplase.-Dado en la sala de sesiones de la honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado a los quince días del mes de junio del año dos mil.'.-La resolución que impugno de la legislatura y que contiene las órdenes que refiero, no fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, pero sí comunicada el propio día de su fecha, al presidente municipal de Villanueva, profesor Mariano Ureño Gurrola, mediante oficio número setecientos noventa y seis (796) del propio quince (15) del anterior mes de junio, que suscriben los diputados secretarios de dicha legislatura, Enrique Ramírez Hernández y profesor Rodolfo Ortiz Aréchar."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. La resolución que impugno fue la culminación de un procedimiento que se inició con la denuncia, ante la Legislatura del Estado de Zacatecas que, el veinticinco (25) de abril retropróximo, presentaron en contra del Ayuntamiento que represento, el regidor de éste, Luis Hurtado Huerta y otras personas, por presuntas irregularidades cometidas al llevar a efecto una sesión de Cabildo de carácter extraordinario. Con la denuncia anexaron copia del oficio número ochocientos uno (801), sin fecha, por el que el presidente municipal de Villanueva, cita al regidor Gabriel de Santiago Juárez, a una reunión extraordinaria de Cabildo.-2. Después de la primera lectura que se dio al escrito de denuncia en sesión ordinaria de la misma fecha en que aquélla se presentó, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la legislatura para su análisis y dictamen. Éstas acordaron enviar al presidente municipal de Villanueva, mediante oficio número 610 del veintiocho (28) de abril retropróximo, copia del escrito de denuncia a fin de que expresara lo que a su derecho conviniera. Posteriormente, en oficio 649/00 de once (11) de mayo del año en curso un recordatorio al respecto. Posteriormente, el treinta y uno (31) del propio mayo, el presidente envió el informe que se le requirió. Aquí omito referirme a la denuncia en lo que respecta al regidor Gabriel de Santiago Juárez, sólo lo menciono porque la legislatura estimó que, en los términos de los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 51 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, compete a los Ayuntamientos expedir los reglamentos que regulen la administración pública municipal y que, conforme al acta de Cabildo ya mencionada, el proyecto de reglamento de cuya aprobación se quejó el regidor Gabriel de Santiago Juárez, había sido aprobado por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento que represento, sin que ella transgrediera ni la Constitución ni la ley y que: 'En consecuencia no le compete a la legislatura intervenir en este hecho concreto, debiendo resolverse la improcedencia de la denuncia respecto de este punto' (considerando primero, in fine de la resolución impugnada). Y contrasta la abstención referida de la legislatura con el ánimo de injerirse en el asunto relacionado con la remoción o destitución del contralor municipal Sergio Leaños Lamas. En efecto, aquí sí la legislatura, sin ningún escrúpulo respecto de su competencia para intervenir al respecto, decidió emitir la resolución que ahora impugno, en la cual ordena al Ayuntamiento demandante que revoque el acuerdo destitutorio indicado y que restituya al ingeniero Leaños Lamas en el puesto de contralor municipal del que fue removido. El presidente de la legislatura, mediante memorándum 183/00 del veinticinco (25) de abril anterior, turnó la denuncia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictamen, las que con inusual diligencia emitieron su dictamen que fue leído y aprobado, nemine discrepante, o casi, en la sesión del quince (15) de junio retropróximo.-3. El dictamen, ya transformado en resolución del Pleno de la legislatura, fue comunicado al presidente municipal del Ayuntamiento que represento, mediante oficio setecientos noventa y seis (796), el propio día quince (15) referido. Tal resolución no especifica su naturaleza legislativa, si es decreto o acuerdo y, en el último caso, de cuál tipo, si administrativo o económico. Independientemente de la índole legislativa específica a que pertenezca la resolución que ahora impugno, ella no fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, conforme lo ordena la Constitución Política Local.-4. Aunque fechado el día trece (13) del mes de julio en curso, fue entregado el día de ayer lunes diecisiete (17) del presente mes en curso, en la presidencia municipal de Villanueva, Zacatecas, el oficio número 1033, que suscriben los diputados secretarios de la legislatura demandada, ingeniero Arturo Ramírez Bucio y licenciado Catarino Martínez Díaz, dirigido al presidente municipal de Villanueva, profesor Mariano Ureño Gurrola, en el que requieren a éste, por acuerdo de la Comisión Permanente de la legislatura referida a que, dentro del término de cinco (5) días naturales acredite con documento fehaciente ante dicha comisión el cumplimiento de la resolución impugnada en esta demanda: 'De lo contrario advierten, se procederá a la aplicación de las sanciones que previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.'. Obviamente, los diputados secretarios no mencionan el fundamento legal de la determinación respectiva de la Comisión Permanente. Se concretan a expresar el fundamento del por qué ellos firman o transcriben la resolución mencionada. Con lo que ésta resulta carente de fundamentación y motivación y violatoria de la Constitución General de la República, no sólo por tal deficiencia, sino por la intromisión en los asuntos internos del Gobierno del Municipio. De igual forma resulta carente de fundamentación y motivación el señalamiento de cinco (5) días.-Para probar lo anterior adjuntamos fotocopia certificada por el secretario del Ayuntamiento del oficio de referencia."
TERCERO.-El Ayuntamiento actor señaló como violados los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, 108, último párrafo, 109, fracción III, primer y segundo párrafos, 113, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. La Constitución mexicana diseña un sistema que tiene como principio toral el de legalidad, consistente en que limita el quehacer de las autoridades frente a los particulares y la competencia de aquéllas entre sí mismas, las que deben acotar sus funciones a lo estrictamente permitido por la Constitución y por las leyes, acordes con ésta de la que derivan. Así, reconoce los principios de soberanía popular, forma de Estado representativo, democrático y federal, con sus tres ámbitos o esferas de competencia; la división de poderes y la responsabilidad de los servidores públicos en su cuádruple dimensión: política, penal, administrativa y, como en el caso de cualquier particular, de carácter civil. Consecuentemente, ubica a cada órgano de representación primaria: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios en sus respectivas órbitas y les demarca su competencia, es decir, su ámbito de potestades y atribuciones a fin de mantener un equilibrio armónico entre todos ellos.-En el caso, el acto de la legislatura cuya invalidez pido, a nombre del Ayuntamiento que legalmente represento, viola en perjuicio de éste y, por ello, del Municipio por él representado, las disposiciones constitucionales que invoco y tales vulneraciones se producen directamente a las normas primarias; o, indirectamente, pero vinculadas de manera fundamental al acto impugnado, siendo aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 23/1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS.-Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.'.-En el caso, la Legislatura del Estado de Zacatecas incumplió los mandatos de las normas constitucionales que estimo infringidas. Lo hizo directamente al no fundar ni motivar la atribución que se arroga para injerirse o intervenir en la esfera de autonomía del Ayuntamiento, y vale decir, del Municipio a quien éste representa, a grado tal que pretende obligarlo a revocar un acuerdo en el que el primero determinó destituir al contralor municipal; también, intenta el acto constitucionalmente inválido, de restituir a éste nulificando la decisión de la mayoría de los integrantes del Cabildo. Y no sólo eso, sino que apercibe o advierte a los integrantes del cuerpo edilicio con aplicarles las sanciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente en Zacatecas. Y la legislatura demandada no funda o invoca en qué disposición constitucional o, siquiera legal, pretende apoyar su actitud de inmiscuirse en las decisiones internas de la administración municipal que constitucional y legalmente sólo conciernen al Ayuntamiento. Y al asumir dicha actitud, la legislatura vulnera en perjuicio de éste, y del Municipio que aquél representa los artículos 14, 16 y 115, párrafo primero y fracciones I y II de la Constitución General de la República. Es aplicable al caso la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal, que literalmente dice: 'Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo III, Parte SCJN. Tesis 73. Página 52.-FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.-Séptima Época: Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos.-Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahin. 20 de febrero de 1970. Cinco votos.-Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos.-Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos.-Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos.'.-Pero la legislatura demandada no únicamente omitió fundar y motivar el acto intervencionista e injerencista contra la autonomía del Municipio, representado por su Ayuntamiento, sino que violentó su propia normatividad al emitir, al margen de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su propio reglamento interior, la resolución que impugno y cuya naturaleza jurídica no está clara y precisamente determinada, de tal forma que podamos saber si se trata de un decreto o de un acuerdo y, en la última hipótesis, si es de carácter administrativo o económico.-En efecto, es cierto que el artículo 64 de la Constitución Política de Zacatecas establece, en lo conducente que: 'Toda resolución de la legislatura tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo ...'. Por su parte, el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, dispone en lo pertinente: 'Artículo 14. Las atribuciones de la legislatura en lo general son: I. Iniciar, expedir, derogar, abrogar leyes, decretos y acuerdos ...'. Y el artículo 133 del propio ordenamiento señala que: 'Artículo 133. Las iniciativas deberán presentarse por escrito a la legislatura y podrán ser: I. De ley, cuando contienen un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o impongan obligaciones a todas las personas en general; II. De decreto, cuando se trata de un proyecto de resolución por el que se otorguen derechos o impongan obligaciones a determinadas personas físicas o morales; y III. De acuerdo, si se refiere a cualquier otra resolución que no sea ley o decreto.'. Por su parte, el artículo 106 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas define: 'El acuerdo administrativo, es el instrumento jurídico que sirve de base a la creación de órganos que se insertan en la estructura de la administración, para atender asuntos concernientes a la especialización y desconcentración de funciones.'. Y el artículo 108 del mismo ordenamiento precisa: 'El acuerdo económico es una resolución de carácter interno y obligatoria en términos de ley y reglamento, para simplificar procedimientos, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, puede ser tomado por el Pleno, la mesa directiva, la Comisión Permanente, la Gran Comisión o las Comisiones Legislativas.'. Por su parte, el artículo 134 de la ley referida dispone que: 'El reglamento interior de la legislatura prescribirá la forma en que deban presentarse las iniciativas de ley, decreto o acuerdo, y el modo de proceder a su admisión y votación.'.-El artículo 98 del reglamento mencionado dispone que: 'El dictamen legislativo deberá contener: I. La determinación de la iniciativa haciendo referencia, si se trata de ley, decreto, acuerdo administrativo o económico. ... III. De tratarse de un decreto, el dictamen hará referencia a su estructura jurídica y exposición de motivos ... IV. De tratarse de un decreto, el dictamen propuesto contendrá los considerandos y la resolución sobre el asunto ... V. Para los acuerdos administrativos o económicos, se presentarán en el planteamiento los argumentos de discusión y los resolutivos.'.-Según la resolución legislativa impugnada, la denuncia se presentó el veinticinco (25) de abril retropróximo. El mismo día se dio lectura en el Pleno y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, las que debieron, sin que lo hicieran, haber rendido su dictamen dentro de los diez (10) días siguientes, de conformidad con el artículo 100 del reglamento interior. Tampoco consta que dichas comisiones hayan solicitado al Pleno de la legislatura la prórroga para rendir su dictamen, ni que ésta se les haya concedido, atento lo dispuesto por el segundo párrafo del propio artículo.-Aparentemente, por el trámite que se le dio a la denuncia y dictamen, la resolución que impugno fue acuerdo económico o administrativo pues sólo se le dio una lectura y se sometió a discusión, conforme lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento interior aludido, según se desprende del texto de la resolución combatida con esta demanda, y de la copia certificada del acta relativa a la sesión de la legislatura del quince (15) de junio anterior en la cual dicha resolución se aprobó: mismas que anexo a esta demanda.-Por su contenido, la resolución impugnada no es acuerdo administrativo porque no crea un órgano que se inserte en la estructura de la administración para atender asuntos que conciernan a la especialización y desconcentración de funciones, según define tal tipo de resolución legislativa el artículo 106 del Reglamento Interior del Poder Legislativo de Zacatecas. Tampoco es acuerdo económico porque no es una resolución de carácter interno, con respecto a la legislatura emitida para simplificar procedimientos en los respectivos ámbitos de competencia del Pleno, la mesa directiva, o las comisiones legislativas, según precisa el artículo 108 del Reglamento Interior del Poder Legislativo de Zacatecas.-También, es sintomático que la resolución impugnada no se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, pues si fuera decreto debía obligatoriamente publicarse en dicho órgano conforme a lo dispuesto por los artículos 62, 63 y 64 de la Constitución Política del Estado y 82, fracción II, de la misma.-Sea decreto o acuerdo económico o administrativo, la resolución impugnada, la legislatura referida carece de competencia constitucional y legal, para haberla expedido, pues implica una indebida injerencia, con la concomitante violación, a la autonomía del Municipio, garantizada primordialmente por los artículos constitucionales 14, 16 y 115, párrafo primero y fracciones I y II, de la Norma Suprema mexicana, que obligaban y obligan a tal legislatura a fundar y a motivar su resolución, sobre todo en cuanto se refiere a la pretensión de aquélla en el sentido de que está facultada constitucionalmente para emitir una como la que impugno. Igualmente, que a pesar de la autonomía del Municipio, garantizada por el párrafo primero y fracciones I y II del artículo 115 aludido, así como por los artículos 40 y 41 de la Constitución General de la República, ella no tiene competencia para injerirse en la vida interna del Ayuntamiento, al grado de obligarlo a revocar la determinación que éste haya tomado para destituir a un servidor público municipal y a restituirlo; también, para advertir o apercibir a los munícipes de que serán sancionados como previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en caso de no acatar la anticonstitucional resolución que mediante esta demanda impugno.-La dificultad para considerar acuerdo a la resolución impugnada estriba en que, a diferencia de lo que establece el artículo 106 del reglamento interior aludido, por lo que respecta a los de carácter administrativo, la segunda no crea un órgano para insertarse en la estructura de la administración a fin de atender asuntos concernientes a la especialización y desconcentración de funciones; tampoco, como lo establece el 108 respectivo, en lo que concierne a los de carácter económico, es de carácter interno (con relación a la legislatura cuestionada) y obligatoria en términos de ley y reglamento, para simplificar procedimientos, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, puede ser tomado por el Pleno, la mesa directiva, la Comisión Permanente, o las comisiones legislativas. Pareciera más bien decreto, pues la resolución impugnada pretende, aun cuando sea inconstitucionalmente, imponer obligaciones al Ayuntamiento, representante del Municipio que represento y el cual es una persona moral con facultad exclusiva para ejercer el gobierno municipal, en los términos de las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución General de la República, en relación con la fracción I del artículo 21 del Código Civil Federal.-A mayor abundamiento de lo expuesto y al margen de la naturaleza jurídica de la resolución que impugno, es evidente que ésta debía haberse publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 82 de la Constitución Política Local que señala como atribución del gobernador promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás resoluciones de la legislatura y una de tales resoluciones es el decreto o acuerdo que impugno. Consecuentemente, el Ayuntamiento no estaría obligado a obedecer a la legislatura, aun suponiendo, sin admitir, que ésta tuviera la facultad constitucional para ordenarle la revocación de una determinación autónomamente asumida al destituir a un servidor público de la administración municipal, como es el contralor; para obligar al cuerpo edilicio a fin de restituir a aquél y aun para imponerle sanciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos referida, en la hipótesis de que el último no acatara la orden anticonstitucional. Y no estaría obligado el Ayuntamiento porque a la resolución impugnada le faltaría la publicidad que ordena el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política de Zacatecas que, al respecto, debe ser homólogo del sistema que diseña la Constitución General de la República; concretamente el apartado A del artículo 72 de ésta, en cuanto a la necesidad de dar publicidad a las leyes y decretos, sin cuyo requisito dichas resoluciones estarán constitucionalmente incompletas y, por ello, no serán obligatorias.-Al respecto, es pertinente transcribir, en lo conducente, la opinión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que pronunció el veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), al resolver la acción de inconstitucionalidad número 3/98 que promovió el Partido de la Revolución Democrática contra la Legislatura del Estado de Zacatecas: 'De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la ley orgánica y 97, 105, 106 y 108 del reglamento interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, este órgano tiene facultades para emitir leyes, decretos y acuerdos administrativos o económicos.-Concretamente en relación con los decretos, que es la materia de impugnación en el presente caso, es pertinente apuntar que tienen diferencias que lo distinguen de una ley.-Al efecto, el Diccionario de la Real Academia Española, define al decreto como: «Resolución, decisión o determinación del jefe del Estado, de su gobierno o de un tribunal o Juez sobre cualquier materia o negocio. Aplícase hoy más especialmente a las de carácter político o gubernativo.».-Por su parte, la doctrina ha reconocido que decreto es toda resolución o disposición de un órgano del Estado, sobre un asunto o negocio de su competencia que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requiere de cierta formalidad (publicidad), a efecto de que sea conocida por las personas a las que va dirigido.-De lo anterior se colige que un decreto puede contener una disposición sobre una cuestión particular, pero que requiere de formalidad y publicidad para su observancia.' (fojas 50 y 51 de la ejecutoria de referencia).-En virtud de lo anterior, la resolución impugnada tiene vicios de carácter formal que trascienden fundamentalmente a su integridad como norma y, específicamente, a su carácter obligatorio.-Es también oportuno, al respecto, invocar el criterio de la propia ejecutoria a que me he referido con antelación y la cual hace hincapié en que los vicios formales del proceso legislativo, lato sensu (es decir, el que abarca todo tipo de resoluciones formalmente legislativas), que trasciendan de manera fundamental a la norma misma producen su invalidez o inconstitucionalidad, suponiendo, en el caso concreto, que la legislatura tuviese competencia constitucional para emitir resoluciones como la que impugno. El honorable Pleno de la Suprema Corte dice: 'Atento todo lo anterior, se concluye que en la acción de inconstitucionalidad pueden alegarse vicios del proceso legislativo; sin embargo, debe analizarse previamente si los vicios formales atribuidos al proceso legislativo pueden trascender o afectar de manera fundamental la ley impugnada.-En efecto, en primer lugar debe distinguirse que pueden darse violaciones de carácter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal forma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, y otras que, aun habiendo transgredido las disposiciones que rigen el proceso legislativo, no trascienden al contenido mismo de la norma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad.-Esto sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin que hubiere existido iniciativa, quórum necesario o que no haya sido aprobada por el Pleno, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental en la norma, provocando su invalidez o inconstitucionalidad.' (fojas 42 y 43 de la ejecutoria citada precedentemente).-Es evidente que la publicación de cualquiera de las resoluciones de la legislatura es la culminación del proceso constitucional y legalmente normado para crearlas y hacerlas obligatorias y sin aquélla no deben ser obedecidas, ya no sólo por la imposibilidad de conocerlas por sus destinatarios, sino por su inconstitucionalidad, pues recuérdese que la fracción II del artículo 82 de la Constitución Política de Zacatecas obliga al gobernador a publicar todas las resoluciones que emita la legislatura. Robusteciendo lo anterior, los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, dicen textualmente: 'Artículo 2o. El Periódico Oficial del Estado es el órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el ámbito estatal, a fin de que sean observados debidamente, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos de los Poderes del Estado y autoridades municipales en sus respectivas jurisdicciones.'.-'Artículo 3o. Serán materia de la publicación en el Periódico Oficial del Estado: I. Las leyes y decretos expedidos por la H. Legislatura del Estado. ... VIII. Los actos y resoluciones que la Constitución y demás ordenamientos legales dispongan. ...". Y la fracción II del artículo 82 de ésta ordena al gobernador publicar "... las leyes y demás resoluciones de la legislatura ...". Y los acuerdos son también resoluciones de la legislatura, suponiendo sin admitir que la reclamada tuviera el carácter de acuerdo. Pues, en el caso, la resolución impugnada no se adecua a las definiciones de acuerdo administrativo o económico que señalan los artículos 106 y 108 ya transcritos, del reglamento interior de la Legislatura de Zacatecas. Y ello sólo sería suficiente para declarar inconstitucional e inválida la resolución que impugno. Sin embargo, existen otras razones y motivaciones de invalidez constitucional que a continuación expreso.-Por su contenido, inmiscuirse en las decisiones administrativas de un órgano autónomo, como es el Ayuntamiento, instancia máxima de 'gobierno del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad' (artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Zacatecas). Por pretender la restitución de un servidor público que el Ayuntamiento destituyó porque, a su juicio, resulta perjudicial a los intereses del Municipio. Por apercibir, si no amenazar, al órgano de gobierno máximo de éste es evidente que el acto impugnado se infiere o inmiscuye indebidamente en el Gobierno del Ayuntamiento de Villanueva, que según el artículo 115, fracción I, de la Constitución General de la República, debe ejercerse de manera exclusiva por éste y resulta evidente que el nombrar y destituir servidores públicos es el ejercicio de un acto de gobierno, en tanto que el Ayuntamiento dispone de lo que estima conveniente o mejor para el Municipio. Y suponiendo, sin admitir, que la decisión del Ayuntamiento, al destituir al contralor municipal, viole la ley, éste tiene expedito su derecho para reclamar ante la autoridad competente que lo es no la legislatura, sino el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas, los artículos 1o. y 147 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, que derivan directamente del párrafo último de la fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República y de la fracción XIX del artículo 65 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7051-a22ef261/controversia-constitucional-el-congreso-del-estado-de-zacatecas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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