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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 53 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS QUE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE COMO CUESTIONES MÍNIMAS QUE LAS CONSTITUCIONES LOCALES DEBERÁN PLASMAR EN SUS TEXTOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2000. · Registro digital (IUS): 17134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 810.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT Y ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de mayo de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de marzo del año dos mil, Evaristo Ernesto Reyes Cárdenas y José Timoteo Melo Ramos, en su carácter de presidente municipal y síndico único del Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz, promovieron demanda de controversia constitucional, en contra de las normas generales y de las autoridades que enseguida se precisan:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. 1) El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 2) El C. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 3) El H. Congreso Local del Estado de Veracruz, con domicilio en Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Encanto esquina con Lázaro Cárdenas. 4) Los Ayuntamientos miembros del Constituyente Permanente del H. Estado de Veracruz que aprobaron la precitada reforma constitucional, cuyos nombres son los siguientes: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Alpatlahua, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de Los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Las Choapas, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, El Higo, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, Las Minas, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Los Reyes, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Temapache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlaltetela, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tonayán, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Las Vigas de Ramírez, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo, con domicilios en el Palacio Municipal de cada Ayuntamiento mencionado. 5) La Diputación Permanente de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio en Avenida Encanto, esquina con Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que se publicó. La expedición del decreto publicado el jueves 3 de febrero de 2000 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, donde la Diputación Permanente de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz declaró aprobada la Ley Número 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz del jueves 3 de febrero de 2000."

SEGUNDO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 29, 39, 40, 113, fracción I, 115, 116 y 128.

TERCERO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

Que el tres de febrero de dos mil se publicó el decreto en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante el cual la Diputación Permanente de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz aprobó la Ley Número 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

CUARTO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, señalan:

"Primero. Que la expedición del decreto publicado el jueves 3 de febrero de 2000 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, donde la Diputación Permanente de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz declaró aprobada la Ley Número 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz; es en la gramática o en el concepto literal una 'reforma y derogaciones', pero en el fondo, en el contenido, en el cuerpo de la ley se trata verdaderamente de una 'nueva Constitución de Veracruz', y no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente si se trata de una nueva Constitución, lo que sin duda violó flagrantemente lo dispuesto en los artículos 116, 39 y 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución General establece que: 'Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas ...'. Por su parte, los artículos 39 y 40 de la Constitución General, respectivamente, disponen que: 'La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.' y 'Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.'. En este sentido, la denominada 'reforma integral' a la Constitución de Veracruz, trastoca lo anteriormente dispuesto, porque del número y análisis de los artículos reformados y derogados se desprende un nuevo ordenamiento, que obviamente al revestir dicha característica lo hace inconstitucional e inválido, porque ha sustituido la piedra angular de la soberanía popular del Estado de Veracruz, reconocida textualmente por la Constitución General en cuanto a su régimen interior. Efectivamente, sólo un 'Poder Constituyente' (entendido como el medio por el cual el pueblo deposita el ejercicio de su soberanía en un cuerpo, compuesto de representantes populares denominado Congreso o Asamblea Constituyente, que tiene como objetivo o misión única la elaboración de una Constitución en su nombre) es el facultado para confeccionar una nueva Constitución, ya que el Poder Constituyente Permanente a que se alude para reformar y modificar la Constitución, no implica de ninguna manera dicha facultad, pues la potestad reconocida es sólo para enmiendas, reformas o adiciones, pero nunca para su eliminación integral o para cambiar su esencia o sustancia -principios fundamentales- no implica la facultad para sustituir a la Constitución entera y dar vida a una nueva, por más que se quiera disfrazar mediante una literalidad en el decreto. En efecto, durante mucho tiempo la idea de la soberanía ha sido motivo de grandes discusiones en la historia mundial; durante mucho tiempo se aceptó o se hizo aceptar que la soberanía residía en el príncipe o en el rey. No obstante, en los comienzos del siglo XVII, el alemán Althusius en su obra denominada 'Política Methodice Digesta' aparecida en 1603, atribuyó la titularidad de la soberanía en el pueblo, como la comunidad política, producto de la unión voluntaria de los hombres. Con estas ideas se arrebata a los reyes la tesis de que la soberanía absoluta les pertenecía. Asimismo, otras tesis vinieron a reafirmar que la soberanía reside en el pueblo. En el constitucionalismo mexicano vigente es reconocido dicho postulado. Partiendo de que el pueblo, como suma de personas humanas reales agrupadas en comunidades naturales (como la familia, la tribu, el Municipio, las organizaciones, del trabajo o de profesión, de cultura, entre otras, hasta dar origen al Estado), para la realización de propósitos, de destinos, de necesidades humanas, decidió y necesitó darse una organización jurídica-política, creando el derecho que a su vez da vida al Estado como persona moral, es que se otorga dicha estructura jurídico-política mediante la expresión de un ordenamiento fundamental denominado Constitución, como el ordenamiento que estructura normativamente a ese pueblo. Es en la Constitución en donde el pueblo apunta sus fines, sus derechos, etc., aquí se rige la actividad del Estado, es decir, el poder público se subordina a la Constitución, misma que tiene su nacimiento 'originalmente del pueblo'. Es así que el Poder Constituyente está inescindiblemente vinculado al de la soberanía, como capacidad de la voluntad general o del pueblo de darse un ordenamiento constitucional. Insistimos, el Poder Constituyente es la soberanía misma en cuanto tiende a estructurar primaria y fundamentalmente al pueblo mediante la creación de una Constitución en su sentido jurídico-positivo, que contiene las normas básicas y supremas. En tal virtud correspondía al pueblo de Veracruz haber decidido darse una nueva Constitución, ya que el Poder Constituyente, al detentarse en el pueblo como elemento inseparable e inescindible de la soberanía, es decir, como la potestad de darse una Constitución, es que también a él corresponde el sustituirla por otra o modificar los principios cardinales sobre los que descansa, por lo que nadie ni nada fuera del pueblo tiene dichas facultades. Entiéndase por esto que los órganos constituidos, es decir, los que se hayan creado en la Constitución, no tienen semejantes facultades; suponer lo contrario sería una aberración, e incluso, el aniquilamiento sobre el origen y esencia de la soberanía del pueblo. No obstante lo anterior, en el caso de la Constitución de Veracruz, recientemente aprobada, se vulneró la soberanía popular de los veracruzanos y, obviamente, de los Municipios que también quedamos sujetas a ella, aun a pesar que se estuvo en contra de su aprobación. Consideramos que se confundieron y, por tanto, se rebasaron las facultades de un Poder Constituyente y el de los Poderes Constituidos, entre los que se incluye el llamado 'Constituyente Permanente' (en el caso federal: Congreso de la Unión y Legislaturas Locales; en el caso local: legislatura y Ayuntamientos), toda vez que hay diferencia sustancial entre uno y otro. Como ya se dijo, el Poder Constituyente, que es la soberanía misma, tiene como objetivo construir una Constitución. Entre tanto, el Poder Constituido y, con mayor precisión, el denominado 'Constituyente Permanente', que tiene la facultad de adicionar o reformar la Constitución, facultad que consideramos consiste en modificar las normas constitucionales que reconocen los derechos fundamentales, que estructuran las instituciones políticas, sociales, económicas, etc., perfeccionando o aclarando sus postulados básicos, pero sin alterar su esencia o suprimiendo o tergiversando principios torales en que se sustenta dicho ordenamiento. El Poder Constituyente Permanente enmienda o modifica lo que no es esencial en ella, pero no puede establecer o crear una nueva Constitución, ya que la misma no lo autoriza, máxime cuando se ha dicho que los gobernantes pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido y el poder público sólo aquello que le está permitido, ya que el Estado y, por ende, el poder público, debe o está forzosamente sometido al orden jurídico fundamental que le da vida. No coincidimos con la tesis de que la actual redacción del artículo 135 o 130 de la Constitución Federal o de Veracruz, respectivamente, al disponer que 'la Constitución puede ser adicionada o reformada', implique que no existen límites y que en tal sentido es posible que el Poder Revisor pueda promulgar una nueva Constitución bajo el previo y formal procedimiento. Esta interpretación es totalmente aberrante, como ya se ha demostrado con antelación, ya que efectivamente, insistimos, dicho Poder Revisor o Constituyente Permanente 'no constituye', sólo modifica o enmienda, no 'abroga'. De aceptarse la citada tesis, diremos que el pueblo ha dejado de tener la soberanía, lo cual es ilógico, ya que no puede aceptarse que no pudo haberse despojado de su soberanía para conferirla al Congreso de la Unión y a las legislaturas (federal) o legislatura y Ayuntamientos (local). Finalmente, cabe decir, que respecto al caso de Veracruz, las consultas populares, foros, pláticas con expertos, académicos, etc., de ninguna manera presuponen una manifestación de la voluntad general veracruzana, para pensarse que estamos en presencia de un Poder Constituyente, pues éste sólo puede devenir, o bien de una ruptura social o revolución, o cuando la propia Constitución así lo prevea, que no es el caso. Nosotros estamos convencidos de que la Constitución de Veracruz debe perfeccionarse, evolucionar, debe ser dinámica para responder a las necesidades sociales actuales, sin que ello implicara desposeer, aniquilar o desplazar al verdadero titular de la soberanía del Estado: el pueblo veracruzano, y con ello atentar contra uno de los principios fundamentales que sustenta nuestra Constitución General; aunado a las demás violaciones que más adelante se precisan que violan principios de esta misma Ley Fundamental. Segundo. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que: 'Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.'. El control de la constitucionalidad que establece nuestra Norma Fundamental, consiste en encomendar dicho control al Poder Judicial Federal, principal pero no exclusivamente a través del amparo. Tena Ramírez sostiene que 'si en el aspecto teórico el juicio de amparo no puede ser considerado como una auténtica defensa de la constitucionalidad, en la práctica dicho juicio ha derivado, natural y lógicamente, hacia una defensa de la simple legalidad ... Pero entre las garantías individuales que en 57 quedaron protegidas por el amparo, había una (la que, entre otras varias, consignaba el artículo 14), según la cual nadie podrá ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicadas al hecho. Pronto se esgrimió por los litigantes, y se hizo triunfar ante la Corte, la tesis de que la garantía de que se habla, resultaba infringida cuando la ley no se aplicaba exactamente; desde entonces el Juez constitucional tuvo que examinar en el amparo si el Juez común había aplicado o no exactamente la ley ordinaria, lo que equivalía a conocer de la legalidad de la actuación judicial, de las violaciones a las leyes ordinarias, tal como se había propuesto por Rejón y por Otero'. Es evidente que corresponde a los tribunales federales velar por que se respeten todas las garantías individuales y, en general, el cumplimiento de la Constitución Federal, lo que abarca la protección de todos los derechos que ampara tanto la Constitución Federal, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales, así como por la garantía de legalidad el respeto a la aplicación exacta de cualquier ley, incluidas las Constituciones Locales. Debido a la reforma constitucional el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz establece que: 'Las autoridades del Estado, en su correspondiente esfera de atribuciones, tiene el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos; la violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de ley.'. También, debido a la precitada reforma, el artículo 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz establece que: 'Para el cumplimento de las atribuciones señaladas en las fracciones I y II del artículo 56 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por tres Magistrados, que tendrá competencia para: I. Conocer y resolver, en los términos de la ley respectiva, del juicio de protección de derechos humanos, por actos o normas de carácter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes de: a) El Congreso del Estado; b) El gobernador del Estado; y c) Los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, municipal y de los organismos autónomos de Estado.'. Como es evidente, se crea una nueva figura denominada juicio de protección de derechos humanos cuyo objeto es proteger los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve. El juicio de protección de derechos humanos que se pretende crear está invadiendo la esfera de competencias federales. Es claro que corresponde a los tribunales federales velar porque se respeten todas las garantías individuales y, en general, el cumplimiento de la Constitución Federal, lo que abarca la protección de todos los derechos que ampara tanto la Constitución Federal, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales, así como siguiendo el principio de legalidad todo el orden jurídico mexicano en general. Por lo que cualquier 'derecho humano que se reserve el pueblo de Veracruz' ya está incluido, ya forma parte de la competencia federal; es decir, es innecesario que exista tal juicio de protección a los derechos humanos, toda vez que su objeto forma parte de la competencia de los tribunales federales. Los tribunales federales tienen dentro de su competencia las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, las cuales abarcan todos los derechos que ampara la Constitución Federal (entre los que destaca la garantía de legalidad, la cual implica el respeto a toda ley), las leyes que de ella emanan, y los tratadosinternacionales. El precitado juicio de protección a los derechos humanos invade la competencia exclusiva de la Federación. Abundando en el tema, en los casos en que el control de la constitucionalidad es compartido por la Federación y por las entidades federativas se manifiesta expresamente en la misma Norma Fundamental, como ocurre con la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. La existencia del juicio de protección de derechos humanos, que por actos o normas de carácter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, causa agravio a los Municipios veracruzanos, toda vez que la población de nuestros Municipios podrá combatir los actos de autoridad que expida el Ayuntamiento tanto por la vía del amparo como por la del precitado juicio de protección de derechos humanos, y las autoridades del Ayuntamiento deberán contestar en estas dos vías, creando una situación de inseguridad jurídica. Por lo que se hace evidente, no sólo la duplicidad y la invasión de competencias, sino la posibilidad real de que las sentencias sean contradictorias, creando un verdadero estado de indefensión, tanto a la autoridad municipal, como al habitante del Municipio. También, causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Federal, hemos protestado guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, toda vez que la existencia del juicio de protección de derechos humanos representa una evidente violación a la Norma Fundamental. Tercero. El párrafo segundo del artículo 17 de la precitada reforma establece que: 'No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, asamblea o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del artículo 33 y III del artículo 65 de esta Constitución.'. El artículo 65, fracción III, establece que: 'El Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en los términos que establezca la ley, de los asuntos siguientes: ... III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga: a) El gobernador del Estado; o b) Cuando menos la tercera parte de los Ayuntamientos. La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o decreto de que se trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.'. Este precepto rompe con el principio general de derecho que establece que nadie puede ser Juez y parte, toda vez que en este supuesto el tribunal juzgará sobre la base de una normatividad que él mismo ha elaborado. Rompe, del mismo modo, con la división de poderes que tiene por objeto evitar el abuso en perjuicio del pueblo que puede presentarse cuando se juntan en una misma corporación el Poder Legislativo y el Judicial. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 'El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...'. La Constitución Federal no establece ninguna excepción al principio de que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación; por tanto, en la Constitución Local no puede existir este tipo de preceptos. Debemos recalcar que una norma jurídica no puede contradecir a una de mayor jerarquía. Respetar el Estado de derecho implica el estricto cumplimiento de la Norma Fundamental, base de nuestro sistema jurídico. La existencia de las acciones por omisión legislativa causa agravio al Municipio Libre, toda vez que dejan tanto al Ayuntamiento como a los habitantes de los Municipios en un estado de indefensión, ya que se encuentran al arbitrio de las decisiones materialmente legislativas que toman un órgano que no está facultado para ello, el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los Municipios quedan a merced de una corporación que, inconstitucionalmente, reúne en sí misma dos poderes el Legislativo y el Judicial. También causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Federal, hemos protestado guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, toda vez que la existencia de la omisión legislativa representa una evidente violación a la Norma Fundamental. Cuarto. De igual forma, el párrafo segundo del artículo 17 de la precitada reforma establece que: 'No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, asamblea o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del artículo 33 y III del artículo 65 de esta Constitución.'. El artículo 33, fracción XXXIII establece que: 'Son atribuciones del Congreso: ... XXXIII. Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y con aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, las facultades extraordinarias que necesite para salvar la situación en caso de alteración del orden o peligro público.'. Debemos reiterar que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 'El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...'. Y que la Constitución Federal no establece ninguna excepción al principio de que no se depositará el Legislativo en un solo individuo; por tanto, en la Constitución Local no puede existir este tipo de preceptos. Debemos reiterar que una norma jurídica no puede contradecir a una de mayor jerarquía. Respetar el Estado de derecho implica el estricto cumplimiento de la Norma Fundamental, base de nuestro sistema jurídico. Además, debemos citar el artículo 29 de la Constitución Federal, que ordena: 'En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. ...'. Del precepto transcrito es claro que el orden federal es el único facultado para afrontar situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, y no los Gobiernos Locales (con la excepción que marca el artículo 118, fracción III, de la Constitución Federal, que ordena que los Estados no pueden sin consentimiento del Congreso de la Unión: 'Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al presidente de la República.'. Por lo que esta facultad representa una grave invasión de competencia. Además, las 'facultades extraordinarias' de las que habla la Constitución Local pueden interpretarse en el sentido de poder suspender garantías individuales, lo que representaría otra gravísima invasión de facultades. Para terminar, debemos agregar que el artículo 119 de la Constitución Federal establece que: 'Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. ...'. La existencia de estas normas causa agravio a los Municipios, toda vez que los dejan en estado de indefensión frente al gobernador que asume facultades extraordinarias en forma inconstitucional. Los Municipios quedan al arbitrio de una persona que inconstitucionalmente adquiere facultades que atentan contra nuestra Ley Fundamental. También causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Federal, hemos protestado guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, toda vez que los precitados preceptos de la Constitución veracruzana representan una evidente violación a la Norma Fundamental. Derecho. 1. Esta demanda de controversia constitucional es procedente y es competencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Esta demanda es interpuesta en tiempo, con fundamento en los artículos 2o., 3o. y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta controversia constitucional se interpone sin la solicitud de la suspensión de la norma general cuya invalidez se reclama. 4. Con fundamento en el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17134-8ab84a2c/controversia-constitucional-el-decreto-por-el-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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