CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE ACTAS LEVANTADAS EN DILIGENCIAS DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, SE REDUCEN A NEGARLES VALOR LEGAL, SIN QUE EL CONGRESO LOCAL QUEDE OBLIGADO A ORDENAR O PRACTICAR NUEVAMENTE, A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS COMPETENTES, LAS DILIGENCIAS PERTINENTES. CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. SU REVISIÓN POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN PRINCIPIO, RECAE SOBRE LAS DEL AÑO ANTERIOR AL EN QUE SE PRACTIQUE, PERO PUEDE ABARCAR OTROS PERIODOS. CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre del año dos mil.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José C. Ramírez Acuña, José Antonio Hernández Ortiz y Pablo Aguilar Lucio, en su carácter de presidente, secretario y síndico, respectivamente, del Ayuntamiento de Zapopan, Estado de Jalisco, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicho Estado, de la Comisión de Inspección, del oficial mayor y de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del mismo Estado, por los actos que a continuación se indican:
"a) El Acuerdo Económico Número 613/2000 aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, en sesión celebrada el día 13 de marzo del año en curso, por el que instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda de dicho Congreso, para que conjuntamente con los regidores interesados del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, tengan a su disposición diversa documentación del mismo Ayuntamiento y certifiquen, en su caso, dichos documentos. b) El Acuerdo Número 1 tomado por la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Jalisco, en la sesión ordinaria de trabajo número 67, celebrada el día 14 de febrero del año en curso, por el que se instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda para que procediera a conseguir diversa documentación del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, y la entregara a diversos regidores. c) Orden emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en oficio 577/1638/00, de fecha 10 de abril de 2000, para llevar a cabo diligencia de arqueo de fondos y valores en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. d) Diligencia practicada el día 10 de abril de 2000 por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, al amparo de la orden referida en el inciso anterior. e) Orden emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda el día 12 de abril de 2000 en oficio 578/1639/00, para continuar una diligencia de arqueo de fondos y valores en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. f) Diligencia practicada el día 6 de abril de 2000 por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. g) Diligencia practicada el día 7 de abril de 2000 por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. h) Diligencia practicada el día 12 de abril de 2000 por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. i) La colocación de sellos llevada a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en diversos bienes muebles que se encuentran en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. j) Diligencia que se pretende practicar el día 2 de mayo de 2000 por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. k) Los demás actos que se realicen por las autoridades demandadas en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, dentro del ilegal procedimiento de arqueo de fondos y valores que han venido realizando, así como en el procedimiento de requerimiento y certificación de documentos."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. La Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, solicitó al H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, le remitiera diversa documentación correspondiente al ejercicio fiscal de 1998 de dicho Municipio. La solicitud anterior se hizo en oficio número 0154/0857/00 de 23 de febrero de 2000, indicándose en el oficio de referencia que dicha solicitud de documentación se hacía en cumplimiento de las instrucciones que le dio la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Jalisco, según acuerdo tomado en sesión ordinaria número 67 de fecha 14 de febrero de 2000 por dicha Comisión de Inspección. Debe resaltarse el hecho de que la resolución que antes se indica se trata de una solicitud para remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda diversa documentación respecto del ejercicio fiscal de 1998. 2. En oficio número 057/2000 suscrito por la tesorera municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, le indicó a la Contaduría Mayor de Hacienda, en respuesta al oficio referido en el punto anterior, que la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal de 1998, fue realizada por dicha dependencia del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 1999, según se hizo constar en acta de auditoría que al efecto se levantó y que inclusive se acompañó al oficio número 057/2000 antes referido. También se indicó a la Contaduría Mayor de Hacienda que la Tesorería Municipal estaba atendiendo el pliego de observaciones levantado a consecuencia de la revisión y que la diversa documentación que le solicitaba en algunas partidas, no fue motivo del pliego de observaciones remitido por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, mas sin embargo se le indicó que la información solicitada se encontraba a disposición de dicha dependencia en las oficinas de la Tesorería Municipal. 3. En oficio 043/1304/00 (sic) de 2 de marzo de 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado le reitera al H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, el contenido del oficio indicado en el punto 1 anterior, y por ello le da un plazo de tres días a dicho Ayuntamiento para que remita la documentación solicitada, insistiendo que la solicitud de remisión de la documentación obedece al cumplimiento del Acuerdo Número 1, tomado en la sesión ordinaria de trabajo número 67 por la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Jalisco y hace una transcripción de dicho acuerdo en los términos siguientes: ‘Esta comisión solicita al H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, entregue a los CC. Regidores de oposición toda la documentación que solicitan y que tiene que ver con las partidas señaladas en el texto de su ocurso presentado y entregado el día 11 de febrero del 2000 y, en caso de que dicho Ayuntamiento haga caso omiso de este llamado dentro de un tiempo razonable, se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que proceda y consiga esa documentación y se las entregue a los ciudadanos regidores solicitantes (aprobado por consenso).’. 4. En oficio D.P.L.159-LV de 15 de marzo de 2000, suscrito por la oficial mayor del Congreso del Estado, dirigido al contador mayor de Hacienda, con el siguiente texto: ‘El honorable Congreso del Estado en sesión de fecha 13 de marzo de los corrientes, aprobó el Acuerdo Económico Número 613/2000, del cual le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual el Pleno acordó instruirlo a usted por mi conducto, para que personal de la dependencia a su cargo y conjuntamente con los regidores interesados del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se dirijan a la Tesorería Municipal de ese lugar, a efecto de que tengan a su disposición los documentos que le soliciten a la citada dependencia municipal, así como para que les sean certificados los que requieran.’. 5. Con fechas 6, 7, 10 y 12 de abril del año en curso, la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, ha practicado diversas diligencias de inspección en las oficinas del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en las que se han cometido un sinnúmero de irregularidades, como se indicará en el capítulo correspondiente de esta demanda, inclusive hasta se colocaron sellos en diversos bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, inutilizando sus funciones; colocación de sellos que ha ocasionado diversos problemas para la realización de las actividades normales que debe llevar a cabo el propio Ayuntamiento. 6. Posteriormente, la Contaduría Mayor de Hacienda en atención al contenido del acuerdo económico referido en el punto anterior, emitió los siguientes acuerdos: a) Orden de verificación contenida en oficio 577/1638/00 de fecha 10 de abril de 2000, para llevar a cabo diligencia de arqueo de fondos y valores en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. b) Orden de verificación contenida en oficio 578/1639/00, para continuar una diligencia de arqueo de fondos y valores en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. Inclusive la propia Contaduría Mayor de Hacienda tiene programada una diligencia de inspección que pretende llevar a cabo el día 2 de mayo del año en curso, en las oficinas del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. Para los efectos legales a que haya lugar señalamos que los actos y resoluciones que se demandan en este procedimiento constitucional, se hicieron del conocimiento del H. Ayuntamiento que representamos a partir del día 6 de abril del año en curso, fecha en que se llevó a cabo la primera de las diligencias de inspección antes referidas, manifestación que hacemos para los efectos a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia."
TERCERO. El Ayuntamiento actor invocó como violados los artículos 16, 41, 115 y 116 de la Constitución General de la República, con base en los siguientes conceptos de invalidez:
"Conceptos de invalidez. Los diversos conceptos de invalidez que se presentan en los distintos actos y resoluciones que se impugnan mediante esta controversia constitucional, se hacen consistir en lo siguiente: 1. A continuación se procede a señalar a manera de conceptos de invalidez, aquellos argumentos lógico-jurídicos con los cuales se demostrará plenamente a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que los diversos actos y resoluciones que se demandan en esta controversia constitucional, fueron emitidos contraviniendo diversos preceptos legales en perjuicio del Ayuntamiento que representamos. Primero. En principio, debe decirse que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su párrafo inicial que: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ...’. De la transcripción que antes se hace del párrafo inicial del precepto constitucional de referencia, se desprende que el Constituyente Original estableció, en principio, una libertad absoluta para el Municipio y le otorgó una libertad al desarrollo y la realización de las diversas actividades y facultades que le competen a los diversos Municipios del país. Esa libertad absoluta de que antes se habla, en todo caso, sólo puede quedar restringida por la propia Constitución Federal, toda vez que disposiciones legales de inferior jerarquía que la Constitución Federal, no podrían limitar ni modificar esa libertad absoluta de que gozan los Municipios, en los términos del párrafo inicial del precepto constitucional que se analiza. Por ello la parte final de este párrafo, indica que la libertad de los Municipios se da conforme ‘a las bases siguientes’, y dicho precepto legal contiene una serie de disposiciones que regulan la vida jurídica y las diversas actividades y facultades que en su caso, se otorgan por disposición constitucional a los Municipios, y desde luego también algunas limitaciones. Así se desprende que entre otras de las limitantes a la libertad de acción de los Municipios, aparece que las Legislaturas de los Estados, a las cuales pertenezcan dichos Municipios, se encuentran facultadas para que lleven a cabo la revisión de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, esa facultad se desprende de los términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estatuyó que las Legislaturas de los Estados cuentan con facultades suficientes para revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos. Dicho precepto legal, en su parte conducente, señala textualmente que: ‘... Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos, y revisarán sus cuentas públicas. ...’. Para puntualizar lo que debe entenderse por ‘revisión de cuentas públicas’, la misma Constitución Federal señala en el artículo 74 -precepto legal este, que indica las facultades que tiene la Cámara de Diputados-, fracción IV, en sus párrafos primero y cuarto de dicho precepto legal, textualmente lo siguiente: ‘Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. ... La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.’. De las disposiciones legales que antes se transcribieron y que se contienen en diversos preceptos legales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende en forma por demás nítida, en qué consisten las facultades que tienen las Legislaturas de los Estados para revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, facultades que sólo se traducen en una revisión, a fin de conocer los resultados de la gestión financiera de los Ayuntamientos, pero esto, sólo y únicamente respecto de la cuenta pública municipal del año anterior al en que se realice la revisión. Por lo que una actuación diversa a la indicada en los preceptos constitucionales antes referidos, por parte de las Legislaturas de los Estados en el desempeño de la vida municipal, sería un acto ilegal, y por tanto, sin apoyo jurídico alguno, que se traduciría en un abuso de poder, lo que desde luego no encontraría apoyo ni cobijo en las disposiciones constitucionales, dado que no fue ese el espíritu de los Constituyentes originales al crear el artículo 115 de la Constitución Federal, como un precepto legal que norma las facultades y actuaciones de los Municipios del país. Lo que quiere decir que si la actuación de las Legislaturas de los Estados que pretenden revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, se queda fuera del marco de legalidad previsto tanto en el artículo 115 como en el 74, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será una actuación totalmente ilegal y arbitraria que no podrá servir de sustento para la emisión de futuros actos jurídicos y que por ello debe ser anulada por los tribunales competentes, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los funcionarios públicos que hayan ordenado y en su caso practicado el acto al margen de la ley. Expuesto lo anterior, debe hacerse un análisis de los diversos actos y resoluciones que se demandan en esta controversia constitucional, para concluir si los mismos se ajustan a los preceptos constitucionales antes precisados. Como se indicó en el punto 6 de antecedentes de este escrito, la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso del Estado de Jalisco, llevó a cabo los días 6, 7, 10 y 12 de abril del año en curso, diversas diligencias de inspección en el domicilio del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ubicado en la avenida Hidalgo número 151 en Zapopan, Jalisco, diligencias de inspección en las que se cometieron un sinnúmero de irregularidades, y en las que se pasaron por alto, tanto por el Congreso del Estado de Jalisco como por la Comisión de Inspección de dicho Congreso y además por la Contaduría Mayor de Hacienda del mismo Congreso, las disposiciones constitucionales antes precisadas. En efecto, si se analiza el desarrollo de la primera de las diligencias de inspección, misma que dio inicio a las 12:30, doce treinta horas, del día 6 de abril del año en curso, en el domicilio del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ubicado en la avenida Hidalgo número 151 en Zapopan, Jalisco, según los hechos que se encuentran plasmados en un documento denominado ‘acta circunstanciada’ que se levantó en esa fecha por el personal actuante, se desprende que la diligencia de inspección se realiza por personal que dice depender de la Contaduría Mayor de Hacienda y en ese momento dicho personal manifestó que se presentaban ‘al cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio 575/1636/2000, de fecha 05 de abril del 2000, girado por el contador mayor de Hacienda ...’. Agregándose después que: ‘... Acto seguido, en cumplimiento a la orden que se contiene en el oficio antes indicado, se hace del conocimiento de la C. Tesorera municipal, en lo sucesivo y para fines de esta acta «la tesorera», que se está procediendo a dar cumplimiento al Acuerdo Económico 6132000 (sic), que tuvo a bien aprobar el H. Congreso del Estado en sesión de fecha 13 de marzo del año 2000, por lo que conjuntamente con los regidores interesados se solicita le entregue a los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, anteriormente mencionados, la documentación que se relaciona a continuación, misma que se pondrá a disposición de los regidores para que se les certifiquen los documentos que por ellos sean requeridos: «Por los ejercicios fiscales de 1998, 1999 y 2000», y a continuación se indican en los incisos del a) al n), inclusive, diversa documentación, saltando a la vista el contenido del inciso o), en donde se indica textualmente lo siguiente: «Además se reservan los regidores el derecho de solicitar documentación adicional en función de los resultados de la presente diligencia y las fotocopias que determinen de cada uno de los documentos que se les presente.».’. Ahora bien, de la diligencia de inspección antes referida que, como se dice, se practicó el día 6 de abril del año en curso, se desprenden las siguientes irregularidades: a) Se llevó a cabo sin el cumplimiento de los diversos requisitos que indica el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se desprende del artículo 44 del Reglamento Interno de la Contaduría Mayor de Hacienda que rige la actuación de dicha dependencia en el Estado de Jalisco, que la práctica de las actuaciones a que se contrae ‘el presente capítulo’ -y ese capítulo corresponde al número XVI, que se titula ‘De las visitas, inspecciones y auditorías’-, se llevarán a cabo con sujeción estricta a lo dispuesto al respecto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, debe analizarse el contenido del artículo 16 constitucional para desprender cuáles son los diversos requisitos que se indican para la practica de una visita domiciliaria; en este orden de ideas, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo noveno (sic) lo siguiente: ‘La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.’. Las formalidades prescritas para los cateos a que se refiere la parte conducente del artículo 16 constitucional antes transcrito, se encuentran en el párrafo octavo del propio precepto constitucional que a la letra dice: ‘En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.’. De lo anterior se concluye que para que una autoridad administrativa pueda practicar una visita domiciliaria, necesariamente debe cumplir con los requisitos a que se refiere el párrafo octavo del artículo 16 constitucional antes transcrito, requisitos que consisten, primordialmente, en que debe existir una orden por escrito, emitida por autoridad competente, que la orden contenga el lugar que ha de inspeccionarse, la persona a la que se dirige la orden, el objeto de la visita, que se designen dos testigos que intervengan en el desarrollo de la visita y que se levante una acta circunstanciada en que se hagan constar las incidencias encontradas durante el desarrollo de la visita domiciliaria. Lo que quiere decir que las disposiciones legales antes transcritas obligan a la Contaduría Mayor de Hacienda por tratarse de una autoridad administrativa y por indicarlo así también su propio reglamento interno, y por ello esa dependencia al practicar actos de inspección, auditorías o visitas domiciliarias, necesariamente debe hacerlo cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que estas disposiciones legales han sido establecidas como garantía de seguridad jurídica a favor de los sujetos pasivos visitados, para que el acto de autoridad que trascienda la seguridad jurídica del visitado, se haga siempre cumpliendo al efecto con el mínimo de requisitos constitucionales ya mencionados. En consecuencia, si el acto de inspección, auditoría o visita domiciliaria, ha sido practicado por una autoridad administrativa sin cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, ese acto de los autoridad no puede producir los efectos jurídicos que la autoridad pretenda darle, ni mucho menos servir como fundamento para la emisión de un acto posterior, dado que el acto jurídico no puede fundarse ni tener origen en un acto realizado sin cumplir con los requisitos que la ley prevé para su emisión. Lo anterior sin perjuicio de que el sujeto pasivo haya señalado dentro del procedimiento de que se trate, la omisión de los requisitos en que la autoridad haya incurrido en el acto de inspección, auditoría o visita domiciliaria, ya que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no admite excepciones y por el contrario, sí obliga a que todas las autoridades administrativas que practiquen este tipo de actos de revisión, lo hagan cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que el propio precepto constitucional señala, requisitos estos que no pueden quedar subsanados por la falta de señalamiento de ellos por parte del sujeto pasivo visitado dentro del procedimiento de revisión de que se trate. Expuesto lo anterior debe decirse que el acto de inspección que se llevó a cabo el día 6 de abril del año en curso, se hace sin que previamente se haya expedido una orden de inspección o de visita y que la misma haya sido entregada al sujeto pasivo visitado, en la que se hayan señalado los diversos requisitos que refiere el artículo 16 constitucional, requisitos estos que ya se indicaron, y que fundamentalmente consisten en lo siguiente: Que la orden contenga el lugar que ha de inspeccionarse, la persona a la que se dirige la orden, el objeto de la visita, que se designen dos testigos que intervengan en el desarrollo de la visita y que se levante una acta circunstanciada en que se hagan constar las incidencias encontradas durante el desarrollo de la visita domiciliaria. b) Por su parte, y sin perjuicio de lo antes manifestado, también la diligencia de inspección que se llevó a cabo el día 6 de abril del año en curso, presenta la siguiente irregularidad: Al inicio de dicha diligencia se dice que los visitadores dependientes de la Contaduría Mayor de Hacienda, actúan por una comisión que les fue conferida por el contador mayor de Hacienda, a fin de que exijan el cumplimiento del Acuerdo Económico 613/2000 que tuvo a bien aprobar el H. Congreso del Estado, en sesión de fecha 13 de marzo del año 2000. Ahora bien, aunque en el acta que se levantó para hacer constar los hechos de la diligencia de inspección que se practicó el día 6 de abril del año en curso, se dice que es para cumplimentar el Acuerdo Número 6132000, en realidad se trata del Acuerdo 613/2000, según se desprende del contenido del oficio O.F.D.P.L.159-LV, emitido por el oficial mayor del Congreso del Estado de Jalisco, y que le dirige al contador mayor de Hacienda, oficio este que a la letra dice: ‘El honorable Congreso del Estado en sesión de fecha 13 de los corrientes, aprobó el Acuerdo Económico Número 613/2000, del cual le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual el Pleno acordó instruirlo a usted por mi conducto para que personal a su cargo y conjuntamente con los regidores interesados del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se dirijan a la Tesorería Municipal de ese lugar, a efecto de que tengan a su disposición los documentos que le soliciten a la citada dependencia municipal, así como para que les sean certificados los que requieran.’. Si se revisa el contenido del citado Acuerdo Económico 613/2000, se desprende que aun cuando el mismo se atribuye al Pleno del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en realidad se trata de un ‘proyecto de dictamen de acuerdo económico’, que fue formulado por la Comisión de Inspección del mismo Congreso del Estado de Jalisco, y sin que los proyectos de dictamen de acuerdo económico que formule dicha comisión de inspección, tengan la naturaleza de normas jurídicas que deban ser obedecidas en forma especial, cuando dicha comisión de inspección no se encuentra legalmente facultada para la emisión de acuerdos que impongan obligaciones a terceros. La afirmación anterior se sostiene, en base a un análisis que se hace de los diversos preceptos legales que se contienen en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y así aparece que el artículo 27 de dicha ley, indica que: ‘En la primera sesión que siga a la inicial de una legislatura, a moción del presidente, y en votación por cédula, la asamblea deberá elegir comisiones permanentes para dictaminar los negocios que se propongan al Congreso.’, y en el artículo 31 de dicha ley aparece el listado de las distintas comisiones, encontrándose en la fracción VI la de ‘inspección’. Además de lo anterior, debe indicarse que el artículo 9o. de la misma ley, señala que: ‘Los dictámenes de acuerdo económico recibirán una sola lectura e inmediatamente se pondrán a discusión ...’. Por ello, por disposición expresa de los preceptos legales antes indicados, las funciones de la Comisión de Inspección son las de dictaminar los negocios que se propongan al Congreso en Pleno, y sin que aparezca ninguna disposición legal que autorice a dicha comisión para la formulación de acuerdos que tengan la naturaleza de verdaderas normas jurídicas que impongan obligaciones a terceros, toda vez que estas facultades, sólo y únicamente, son facultades del Congreso en Pleno, mas no de las comisiones en lo individual, ya que como se sabe, esas comisiones del Congreso sólo se integran por un pequeño número de diputados, en el caso particular, la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Jalisco sólo se integra por cinco diputados. De ahí que se afirme que ninguna validez puede tener el citado Acuerdo Económico 613/2000, cuando el mismo sólo se trata de un proyecto de dictamen de acuerdo económico que no fue aprobado por el Congreso en Pleno, según se indica en los diversos preceptos legales que se analizaron, y por ello, resulta ilegal la práctica de la diligencia de inspección que se hizo el día 6 de abril del año en curso, con fundamento en el referido acuerdo. c) En todo caso y sin perjuicio de lo antes manifestado, y suponiendo sin conceder que en realidad el Acuerdo Económico 613/2000, haya sido emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, debe decirse que de cualquier forma dicho acuerdo contraviene en perjuicio del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo de la fracción IV, mismo que indica textualmente: ‘Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. ...’. Ya se hizo un análisis del contenido y alcance de dicha disposición legal en el cuerpo de este escrito, en el sentido de que esa es una de las limitaciones que se contiene en la Constitución Federal para la libertad de acción de los Municipios, y esta limitación, en el sentido de darle facultades a las Legislaturas de los Estados para que intervengan dentro de la vida municipal, encuentra su justificación en que la propia Constitución Federal la contiene. Pero como ya se hizo notar, la disposición constitucional no da facultades generales para que las Legislaturas de los Estados puedan intervenir en todo tipo de actos de la vida municipal, dado que la misma Constitución Federal acepta el principio del Municipio Libre que lo consagra en el párrafo inicial del artículo 115 constitucional, sino que, por el contrario, esa facultad que se otorga a las Legislaturas de los Estados, queda limitada única y exclusivamente a la revisión de la cuenta pública de los Ayuntamientos, pero se insiste, es una facultad exclusiva de la Legislatura del Estado, esto e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6807-41f8709d/cuentas-publicas-municipales-los-efectos-de-la-declaratoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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