CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, EMITIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA NO ES AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR Y LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA TIENEN FACULTADES, RESPECTIVAMENTE, PARA FORMULAR LA INICIATIVA Y EXPEDIR EL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/96. MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, DISTRITO DE HUAJUAPAM, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DIAZ ROMERO SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de febrero de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Vásquez Reyes y Margarito Solano Díaz, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal constitucional y síndico, ambos del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapam, Estado de Oaxaca, promovieron demanda de controversia constitucional, en contra del gobernador, Congreso Estatal y secretario general de Gobierno, del Estado de Oaxaca, por el acto consistente en el Decreto número 75, por el que se crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"a) El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través del secretario general de Gobierno, mediante oficio sin número fechado el 30 de abril de 1996, presentó a la LVI Legislatura del Estado de Oaxaca, iniciativa de decreto para la creación del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal. b) En sesión ordinaria de la propia Legislatura, celebrada con fecha 30, cuya conclusión se verificó el día 31 de mayo de 1996, la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, con aprobación únicamente de tres de los cinco miembros que la integran, presentó ante la Legislatura, dictamen y proyecto de decreto de la Ley que Crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal. Lo anterior produjo inconformidad de diputados de distintas fracciones parlamentarias, quienes solicitaban el regreso a comisión para mejor estudio del proyecto, motivando tal circunstancia la suspensión de la sesión ordinaria a las 16:50 horas del día 30 de mayo de 1996, reanudándola a las 4:20 horas del día 31 del mismo mes y año, con violación a lo dispuesto por el artículo 173 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, en la sala de juntas ubicada fuera del recinto parlamentario. c) Aprobada la iniciativa mediante Decreto número 75, a primeras horas del día 31 de mayo de 1996, fuera del recinto parlamentario, se remitió en esa misma fecha al Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y vigencia. En ese mismo día, el Ejecutivo del Estado mandó que se imprimiera, publicara, circulara y se le diera el debido cumplimiento a la Ley que Crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal. d) En acatamiento a lo ordenado por el titular del Ejecutivo del Estado, la ley cuya invalidez se demanda, fue publicada en un ejemplar extra, sin número, tomo número LXXVII del Periódico Oficial del Estado, de fecha 5 de junio de 1996. e) Acorde a lo dispuesto por el artículo 8o. transitorio del decreto a que nos venimos refiriendo, la ley origen de esta controversia constitucional, entró en vigor con fecha 6 de junio de 1996. CONSIDERACIONES PREVIAS. La ley que impugnamos resulta adversa al espíritu del artículo 115 constitucional y por ende afecta a la institución que representamos, como se desprende de las siguientes consideraciones: 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal, el Municipio está gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y, por lo tanto, no puede existir autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 2. El Municipio libre que representamos, está investido de personalidad jurídica y debe manejar su patrimonio conforme a la ley. Asimismo, posee facultades para expedir los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, siendo precisamente el artículo 115 constitucional, el que permite que sean los ayuntamientos, quienes, en ejercicio de sus atribuciones se autorregulen y administren sus recursos naturales, materiales y humanos de sus respectivos Municipios, sin injerencia del Estado en las cuestiones de su exclusiva jurisdicción, lo que implica todo lo concerniente al patrimonio y la responsabilidad en la custodia, manejo y administración del mismo, que son los medios idóneos para asegurar la libertad política y consolidar la autonomía administrativa y económica del Municipio. Sin embargo, es un hecho público y notorio, que a los ayuntamientos llamados de oposición, se les ponen obstáculos para menguar su ya precaria economía, disminuyendo incluso el monto de sus participaciones y reduciéndoles sus presupuestos, entre otros, lo que genera un menoscabo mayor o intervención en su autonomía. 3. El ayuntamiento que representamos es el resultado de la elección popular de nuestro Municipio que, en ejercicio de su soberanía, votó para que lo gobernáramos y es precisamente ese poder popular el cual respalda la autonomía administrativa y la libertad del Municipio, para intervenir en todos los actos y hechos jurídicos de su competencia. 4. Es también de todos conocido que ante el avance del pueblo mexicano por obtener un verdadero federalismo dentro de un sistema centralista, es necesario encontrar fórmulas para evitar la intromisión del Estado en la vida autónoma del Municipio, que impide el cumplimiento de los objetivos hacia el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, los cuales deben quedar como una realidad y no como un mero dogma."
TERCERO. La demanda se funda en los artículos 16, 115, 116, fracción VI, párrafo segundo, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 2o., 94, párrafos tercero, quinto y séptimo, 108, fracciones II y III, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1o., 22 y 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO. Los conceptos de invalidez expuestos en la demanda son los siguientes:
"PRIMERO. Se viola en perjuicio del Municipio que representamos, lo dispuesto por el artículo 16 constitucional en su primer párrafo, por lo siguiente: FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION: A) El gobernador del Estado apoya la parte considerativa del proyecto de decreto enviado a la Legislatura, en las atribuciones que le confieren los artículos 50, fracción II, 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado y en los artículos 2o., 4o., 13 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. El primero de los preceptos antes mencionados, en su fracción II, sólo se refiere a la atribución que tiene el gobernador del Estado para iniciar leyes, en tanto el segundo de dichos preceptos, en igual forma, únicamente se refiere a la facultad que tiene para presentar iniciativas de ley ante la Legislatura del Estado. A su vez, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen, respectivamente, las facultades y las obligaciones del gobernador, sin encontrar dentro de las primeras, atribución alguna que le permita invadir la esfera de competencia municipal, cuya inviolabilidad protege el artículo 115 de la Constitución Federal. Dentro de las segundas, muy por el contrario, se encuentra en la fracción I la de cuidar del exacto cumplimiento de la Constitución Federal y de las leyes y decretos de la Federación, expidiendo al efecto, las órdenes correspondientes. Como se desprende de lo anterior, los preceptos de la Constitución del Estado en que apoya su actuar el gobernador del Estado no pueden servir de fundamento para la creación de la ley derivada de su iniciativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por ese alto tribunal, que aparece bajo el número 293, consultable a foja 512, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto: 'AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.'-Así también, el artículo 2o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su último párrafo establece: 'El poder público y sus representantes sólo pueden hacer, lo que la ley les autoriza y deben hacer, lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y deben hacer lo que la ley les ordena.'-De lo anterior, se arriba a la conclusión de que la actuación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no sólo es contraria a lo establecido en el artículo 16 en comento, sino que también, resulta violatoria de la Constitución del Estado, en virtud de vivir en un régimen de derecho, de facultades limitadas y expresas, por lo que es indudable que el Ejecutivo debió citar el precepto legal exactamente aplicable al caso, en que fundamentara su intervención en el ámbito de competencia de la esfera municipal. B) Por lo que se refiere a la fundamentación que se invoca en la iniciativa, en la que se citan los artículos 2o., 4o., 13 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en igual forma no apoyan legalmente dicha iniciativa por lo siguiente: a) El artículo 2o. sólo se refiere al auxilio que tiene el Ejecutivo para el ejercicio de sus atribuciones, de las dependencias de la administración pública centralizada y de las entidades de la administración pública paraestatal, previstas por la Constitución Política para el Estado de Oaxaca, la propia ley orgánica y el presupuesto de egresos y demás disposiciones relativas. b) El artículo 4o. de la invocada ley se refiere a que la administración pública paraestatal está formada por organismos descentralizados, empresas de participación paraestatal y aquellas entidades que por su naturaleza no están comprendidas dentro de la administración pública descentralizada, es decir, que dicho precepto nada nos aporta en cuanto a la fundamentación de la iniciativa. c) El artículo 13 de la ley orgánica invocada en la iniciativa se refiere a que las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos, órdenes, despachos y demás documentos que el Ejecutivo suscriba en los términos que señala la propia Constitución del Estado, deberán para su validez, ser firmados por el secretario respectivo; esto no es más que el refrendo que debe tener todo acto del Ejecutivo. d) Por último, el artículo 42 de la invocada ley orgánica nos refiere que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto de la Cámara de Diputados, por decreto del gobernador del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es evidente que la cita de los preceptos antes invocados, no sirven de fundamento legal a la iniciativa que creó un organismo descentralizado encargado de actividades inherentes a la vida municipal. Aun cuando existiese otra facultad precisada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ésta no podría rebasar las disposiciones contenidas en los preceptos de la Constitución Local antes citados, ya que sólo se debe concretar a hacer positiva la facultad constitucional. Lo contrario, contravendría la disposición que reglamenta y el propio artículo constitucional que establece el ámbito municipal, fuera del ámbito estatal. C) También es motivo de falta de fundamentación y motivación, lo argumentado tanto en la iniciativa del Ejecutivo del Estado, como el contenido de la propia ley, en el sentido de que se crea un organismo público descentralizado. De lo expuesto, tanto el señor gobernador como la Legislatura del Estado, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena. Por ello, para estar dentro del marco de esa legalidad prescrita, deben las autoridades fundar y motivar su actuación, esto es, citar el precepto o preceptos legales que apoyen su determinación e invocar las razones, causas o motivos que se adecuen a las hipótesis jurídicas que invoquen en su apoyo, como ha sido el criterio firme sustentado por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia definida número 73, visible en la página 52, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que aparece bajo rubro 'FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.'-En efecto, el señor gobernador consideró conveniente crear un organismo descentralizado por servicio, que deberá encargarse de cuestiones municipales, sin que en dicha iniciativa, señale: a) Qué función pública tenía encomendada. b) Qué actividades municipales tenía reservadas constitucionalmente. c) La facultad otorgada por la ley, para descentralizar esa función pública o esas actividades municipales a su cargo; y d) Determinar qué secretaría de las que lo auxilian, tendría que descentralizarse. Al no especificarse estos elementos indispensables para realizar la descentralización, su iniciativa, como la propia ley, carecen de fundamento o legitimidad, lo que las lleva a la nulidad de origen transgrediendo el orden constitucional. D) Por lo tanto, resulta en igual forma carente de fundamentación y motivación, la disposición contenida en el artículo 1o. de la Ley que Crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, que es del tenor siguiente: 'Artículo 1o. Se crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal como organismo público descentralizado por servicio, con personalidad jurídica y patrimonio propios.'-La Legislatura del Estado, en igual forma que la iniciativa de ley, en ningún momento especifica qué función pública encomendada al Ejecutivo se descentraliza, ni qué organismo o secretaría del Ejecutivo deberá descentralizarse. Consecuentemente, la falta de fundamentación trasciende a la propia ley y la nulifica por carecer de legitimación. SEGUNDO. Los argumentos esgrimidos en el punto que antecede resultan válidos respecto de los actos desarrollados por la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado, ya que no obstante carecer de fundamento legal el Ejecutivo del Estado para intervenir en el ámbito del gobierno municipal, permitió que éste ampliara las atribuciones, que tiene conferidas en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, confiriéndole facultades que no posee y que por tanto no puede delegar y mucho menos descentralizar. A mayor abundamiento, y con el objeto de robustecer lo esgrimido, es de citarse el criterio que sustenta esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 661, visible a página 482, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuando asienta: 'DELEGACION DE FACULTADES. Nuestro régimen jurídico ha consagrado la delegación de facultades como una técnica de transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública en favor de un órgano inferior, y que persigue como propósito facilitar los fines de aquél y cuya justificación y alcance se hallan en la ley orgánica, puesto que para el perfeccionamiento del acto delegatorio se requiere la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de dos órganos, el delegante y el delegado, la titularidad por parte del primero, de dos facultades, una la que será transferida y otra la de delegar y la aptitud del segundo para recibir una competencia por la vía de la delegación.'-En consecuencia, se viola en perjuicio del Municipio que representamos, lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal en comento, así como los criterios jurisprudenciales transcritos y la propia Constitución Estatal, en su artículo 2o. TERCERO. Se viola lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal, en perjuicio del Municipio que representamos, por lo siguiente: A) En la parte considerativa del proyecto del Ejecutivo del Estado, se menciona que de acuerdo al contexto del nuevo federalismo, se promueve el fortalecimiento del Municipio, otorgándole nuevas responsabilidades. Es de señalarse que, al regirse el Municipio por el artículo 115 constitucional y por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, que establecen las funciones de ese primer nivel de gobierno, sólo en la Carta Magna y en la extensión de ésta que es la referida ley orgánica, pueden encontrarse o señalarse nuevas responsabilidades municipales y no en otras disposiciones legales, pues hacerlo implicaría la invasión de la esfera de competencia del artículo citado. No está por demás señalar que la ley producto del proyecto citado, no sólo no otorgó 'nuevas responsabilidades' a los Municipios oaxaqueños, sino que en forma totalmente incongruente, quitó responsabilidades inherentes a éstos, vulnerando con ello las facultades que les confiere el artículo 115 de la Constitución Federal, así como el artículo 94, párrafos quinto y séptimo de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que dice: 'Artículo 94. ... Los Municipios del Estado de Oaxaca, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan ... Los Municipios del Estado, podrán asociarse libremente tomando en consideración su filiación étnica e histórica para formar corporaciones de desarrollo regional que tengan por objeto: a) El estudio de los problemas locales. b) La realización de programas de desarrollo común. c) El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico. d) La capacitación de sus funcionarios y empleados. e) La instrumentación de programas de urbanismo y,-f) Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades.'-B) El falaz argumento de que el instituto tendrá como objetivo la capacitación a los ayuntamientos de los Municipios oaxaqueños, carece de sustantividad jurídica pues se contrapone con la disposición categórica de que tal capacitación es una función propia de los ayuntamientos y no del Estado, sin que valga el argumento que como parche contienen las fracciones I y IV del artículo 4o. de la ley objetada, pues la voluntad de los ayuntamientos, aun en ese supuesto, no puede derogar las disposiciones constitucionales. C) A más de lo anterior, debe decirse que no se puede imponer a los Municipios ninguna obligación por parte del Estado o arrogarse éste alguna atribución municipal, puesto que el Municipio, al igual que el Estado, constituye un poder, como ha sido el criterio sustentado por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 4521/990, promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, contra actos de la Legislatura del Estado y otras autoridades, en donde consideró que el Municipio ejerce funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Por tanto, ante la facultad que le otorga el artículo 115 constitucional, y la concedida en el artículo 94 de la Constitución Local, los Municipios, en ejercicio de esa función legislativa, son quienes deberán, en su caso, expedir la norma que disponga la capacitación de sus funcionarios y empleados, y hacerla cumplir a través de sus funciones ejecutivas. D) Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo del Estado no sólo deja de observar las disposiciones constitucionales, sino que llega a violarlas en abierto desacato, como sucede con el artículo 80 de la Constitución Local en su fracción I, porque no cuida el exacto cumplimiento de la Constitución Federal y de la propia particular del Estado y mucho menos expide las órdenes correspondientes para su eficaz cumplimiento. CUARTO. Resulta violatorio de las disposiciones contenidas en el artículo 115 de la Constitución Federal, el ordenamiento origen de esta controversia, en virtud de que, al igual que la iniciativa, contiene los mismos vicios e imprecisiones, e incurre también en la nulidad de origen precisada con anterioridad por lo que atenta contra la autonomía y libertad municipal, por lo siguiente: A) El artículo 3o. de la referida ley, establece que el objeto del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, es tendiente a desarrollar acciones de capacitación, formación, asesoría, investigación y difusión que fortalezcan la capacidad administrativa, técnica y jurídica de los ayuntamientos, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus tareas en beneficio del desarrollo de sus comunidades. Este objeto, sin lugar a dudas, y sin entrar a un desglose pormenorizado de cada una de sus acciones, nos lleva a concluir que se trata de una intromisión en las funciones de los Municipios, pues las acciones de capacitación y aun las de formación, son inherentes a éstos, como ya con anterioridad quedó establecido, encontrando su fundamento en la propia Constitución Local. Son los propios ayuntamientos quienes deberán pugnar, objetar o realizar esas actividades que se pretende arrogar el Ejecutivo del Estado y con ello pretende formar conciencia municipal con un organismo ajeno a los ayuntamientos. B) El artículo 4o. de la ley objetada, concede atribuciones al instituto para coordinar, promover, realizar programas de capacitación, información, asesoría, investigación y difusión en materia de organización municipal. Desde el momento en que se concede atribuciones de coordinación, se está colocando al instituto ya no sólo como una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, lo que ya de por sí solo es inconstitucional, sino que se coloca al instituto en una situación de superioridad sobre los Municipios, pues es él quien tiene que coordinar, lo que trae consigo la injerencia en la vida municipal, sin que se salve tal disposición, con el parche o agregado que se le hace al final del segundo párrafo, al señalar 'cuando los ayuntamientos así lo soliciten', pues aun en ese supuesto, como ya se dijo, la voluntad de los ayuntamientos no está por encima del mandato constitucional. QUINTO. El artículo 4o., fracción III de la ley materia de esta controversia, precisa como atribución del instituto la de celebrar convenios con autoridades municipales, a fin de alcanzar los objetivos del instituto. Tal disposición en forma abierta invade la esfera de las atribuciones del artículo 115 constitucional, es decir, de la facultad exclusiva de la Federación, pues, es ésta quien, a través del Congreso de la Unión, concede o niega facultades a sí misma, a los Estados y a los Municipios, para que puedan celebrar convenios relacionados con la administración municipal. Ese era el sentido de la disposición contenida en el artículo 115, fracción X, en su octava reforma, la cual fue derogada con posterioridad por considerarse peligrosa para la vida municipal, la que sólo puede ser tratada en exclusiva por sus propios ayuntamientos, quedando únicamente como facultad de los Estados, la contenida en la fracción IV, inciso a), segundo párrafo, del artículo 115 constitucional, que establece literalmente: 'Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.'-Por vivir en un régimen de derecho, de facultades expresas y limitadas, los Municipios no podrán celebrar otros convenios con el Estado, con diverso fin al antes especificado, por lo que la disposición de la ley del instituto que se comenta, es contraria a dicha disposición constitucional. A mayor abundamiento, el artículo 116, fracción VI, último párrafo, de la Constitución Federal, faculta a los Estados para celebrar convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos (los Municipios) asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior. Más que una facultad, es una obligación de los Estados, la celebración de esos convenios, pero, para que los Municipios presten esos servicios públicos o atiendan sus funciones, la ejecución y la operación de obras, es decir, una verdadera delimitación del primer nivel de gobierno que es el Municipio, y no que el Estado asuma las funciones de los Municipios, como lo pretende la Ley que Crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal. SEXTO. La ley controvertida, en su artículo 4o., fracción X, concede al instituto atribuciones abiertas, al referirse a que tiene todas aquellas que le permitan cumplir con su objetivo fundamental. Con esas atribuciones, el instituto podrá hacer lo que quiera, interviniendo en el quehacer municipal, a título de cumplir con su objetivo. Las facultades abiertas, como la que se comenta, son contrarias al texto constitucional, que sólo otorga facultades expresas y limitadas, por lo que no puede dejarse al arbitrio o capricho de una persona o de un instituto, arrogarse atribuciones sin límite, aun cuando así lo diga lapropia ley, siendo esto precisamente lo que transgrede el orden constitucional. SEPTIMO. La organización del instituto, contenida en su capítulo III, demuestra no sólo la injerencia del Estado a través de su Ejecutivo en el quehacer municipal, sino el control total que pretende ejercer el poder estatal, sobre el poder municipal. En efecto, a pesar de que supuestamente se habla de la creación de un organismo descentralizado, en el referido capítulo se establece como el máximo órgano de gobierno del instituto, a una comisión ejecutiva, en la que el presidente lo es el propio gobernador del Estado y, en su ausencia, el secretario general de Gobierno, con facultades exclusivas, como lo son: a) Nombrar y remover libremente al secretario técnico o director general del instituto. b) Nombrar a cinco vocales titulares de dependencias estatales o federales. c) Nombrar a ocho vocales presidentes municipales, invitados por el mismo gobernador, quien, desde luego, decidirá quiénes serán. d) Convocar a sesiones. e) Contar con voto de calidad en caso de empate. No está por demás señalar que teniendo Oaxaca 570 Municipios, de los que sólo se invitará a formar parte del gobierno del instituto, a ocho presidentes municipales, equivale a que únicamente el 0.0140% de los destinatarios de la ley, participen supuestamente en la toma de decisiones del organismo no descentralizado, sino personalizado. Cabe en el presente concepto de invalidez, señalar nuevamente lo que con anterioridad se dijo respecto al organismo descentralizado, así como lo relativo a la intromisión en la esfera municipal por parte del Estado, es decir, un verdadero control de éste sobre el instituto, y del instituto sobre el poder municipal. OCTAVO. La ley controvertida en su artículo 11 constituye el patrimonio del instituto que se integrará por: I. Las aportaciones de cualquier especie que provengan de los gobiernos federal o estatal, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales. II. Aportaciones, donaciones y demás liberalidades que reciba de instituciones públicas, organismos descentralizados y de personas físicas o morales. III. Beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio, así como de las utilidades que logre con motivo de su operación regular. IV. Bienes y valores que obtenga por cualquier título legal. V. Los bienes muebles pertenecientes al Centro Estatal de Estudios Municipales de Oaxaca. A) Con la constitución de ese patrimonio se está interfiriendo para que los recursos destinados a las actividades municipales se desvíen hacia este instituto y no lleguen a los Municipios a donde corresponden, pues muchas de las aportaciones gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales, ya no llegarán a éstos, sino que serán captados por el instituto, quien a consecuencia de ello, tendrá mayor imagen ante los organismos que aporten los recursos, que los propios Municipios. Lo anterior constituye, además, un poder paralelo a los Municipios, que les restará su patrimonio constantemente. B) La fracción V antes citada, traslada los bienes muebles pertenecientes al Centro Estatal de Estudios Municipales de Oaxaca, al instituto de nueva creación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos (sic) 108 de la Constitución Local al tratar de los bienes del dominio público como parte del patrimonio municipal, señala en sus fracciones II y III, que serán propiedad de los Municipios, los bienes destinados a un servicio público y los muebles insustituibles, tales como archivos, expedientes, libros, etc. Desde el momento en que los bienes del Centro Estatal de Estudios Municipales de Oaxaca, prestaban una función pública municipal, desde ese momento, por disposición constitucional, forman parte del patrimonio de los Municipios, razón por la que, el Ejecutivo y la Legislatura del Estado, carecen de facultades para privar a los Municipios de su patrimonio, con esa desviación de recursos y de bienes que hace para el instituto creado por la ley. C) El artículo tercero transitorio de la mencionada ley, determina que la Secretaría de Finanzas tomará las medidas conducentes para transferir al Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, los recursos financieros asignados por el presupuesto de egresos al Centro Estatal de Estudios Municipales de Oaxaca. Lo anterior no requiere mayor análisis para acreditar la ilegalidad por la desviación de fondos del patrimonio municipal, para el sostenimiento de un instituto inconstitucional, con menoscabo de los recursos que deben destinarse a los Municipios y que, en el fondo, transgreden la disposición contenida en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, puesto que la aportación tributaria de los mexicanos para contribuir con el gasto público, no se destina a éste, sino a un organismo ilegal, por lo que se actualiza otro concepto de invalidez que debe declararse procedente. NOVENO. La Ley que Crea el Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, contempla en su artículo primero transitorio, 'la derogación de todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.'-Tal disposición no fue debidamente valorada, siendo sumamente grave su contenido, en virtud de que, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4218-8b63ae34/controversia-constitucional-el-decreto-que-crea-el-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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