JUICIO POLÍTICO. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS ES SUJETO DE RESPONSABILIDAD OFICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 109 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. JUICIO POLÍTICO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO EXCLUYE DE SU PROCEDENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LO QUE NO PUEDEN HACER LAS CONSTITUCIONES LOCALES RESPECTO DE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS. JUICIO POLÍTICO. LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS SON SUJETOS DE RESPONSABILIDAD OFICIAL, EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 109, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I, Y 110, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/99. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de febrero de dos mil.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Antonio Reynoso Abúndez, en su carácter de diputado presidente del Congreso del Estado de Morelos, planteó, a nombre de éste, controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, todos con domicilio en el Palacio de Justicia, ubicado en la calle de Leyva número siete de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000.
"...
"IV. Actos cuya invalidez se demanda: A) Del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. La conducta omisiva de éste al no haber decretado el arraigo del gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea. B) Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1. La resolución aprobada en sesión de Pleno el 5 de junio de 1999, del Tribunal Superior de Justicia, por el cual resuelven estar impedidos para seguir el procedimiento que establecen los artículos del 17 al 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y en consecuencia declaran sin fundamento alguno que el asunto resultaba inatendible respecto de la solicitud del juicio político contra el gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea, y por el cual ordenaron devolver a este Honorable Congreso del Estado la totalidad del expediente, argumentando además que era sin prejuzgar en forma alguna sobre la responsabilidad o no del gobernador con licencia. 2. El consentimiento en sus términos de la resolución a que se refiere el inciso anterior, cuya aprobación se resolvió por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia en sesión (que comenzó en día hábil y se reanudó en día inhábil) de fecha 5 de junio de 1999, por cuya aprobación se aceptó en sus términos la resolución por 11 votos a favor, 1 voto particular y una ausencia. 3. La devolución del expediente relativo al juicio político contra el gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea, como consta en el oficio número 001118 de fecha 7 de junio de 1999, recibido por este recinto legislativo el mismo día, suscrito por el Magistrado presidente licenciado Jesús Vallejo Jiménez."
SEGUNDO. El Congreso actor invocó como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, señaló como terceros interesados al gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea, al gobernador sustituto Jorge Morales Barud y al procurador general de Justicia, todos del Estado de Morelos, y precisó como hechos de su demanda los siguientes:
"VI. Hechos o abstenciones que constan a los actores y que constituyen antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda: 1. Con fecha 8 de abril de 1998, esta soberanía recibió la denuncia de responsabilidad oficial presentada por los ciudadanos José Luis Huete, Julián Vences Camacho, Edmundo Venosa, Javier López Sánchez, Graco Ramírez Garrido, Carmen Genis, Andrés Gabino Martínez, Adrián Rivera Pérez, Enrique Rodríguez Zagal, Sergio Álvarez Mata, José Luis Correa Villanueva y Rigoberto Lorence, en contra del C. Jorge Carrillo Olea, gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos. Previo el análisis de la solicitud se ordenó turnar el asunto al Pleno del Congreso, por lo que con fecha 14 de abril de 1998, esta soberanía acordó turnar la denuncia y la documentación respectiva a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que ésta dictaminara si la conducta atribuida al servidor público corresponde a las enumeradas por el artículo 8o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y si el denunciado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento. 2. Así las cosas, en sesión ordinaria de este Congreso Local, el 26 de mayo de 1998, se aprobó por mayoría de votos el dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, ordenándose turnar a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, a efecto de que ésta practicara todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia. Recibida la denuncia y desahogado el procedimiento por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, formuló sus conclusiones respectivas, entregándolas a los secretarios, quienes dieron cuenta al presidente del Congreso, el que a su vez citó al ciudadano Jorge Carrillo Olea y a su defensor para que comparecieran a la sesión de la Asamblea Legislativa para alegar lo que a su derecho conviniera. 3. Tras observar el procedimiento a que se refieren los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución Local del Estado de Morelos en relación con el 10, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, con fecha 2 de junio de 1999, la Asamblea Legislativa celebró la sesión correspondiente sin la asistencia del ciudadano Jorge Carrillo Olea, ni de persona alguna que lo representara en su defensa, no obstante haber sido citado legalmente; el oficial mayor del Congreso dio cuenta con el escrito de alegatos suscrito por el ciudadano Jorge Carrillo Olea, al darse cuenta con los alegatos de referencia, se procedió en la sesión a dar lectura a los alegatos presentados por el ciudadano Jorge Carrillo Olea (sic), en los términos expuestos en el escrito en comento. Al conocer la Asamblea Legislativa el proyecto de dictamen, que contenía las conclusiones presentadas por la comisión instructora, las constancias que obran en autos y los alegatos, se procedió a dar por cerrado el debate. Habiéndose discutido y votado las conclusiones propuestas por la comisión instructora, en las que haciendo uso de la palabra en contra de las conclusiones la ciudadana diputada Rufina Villanueva Pacheco y a favor los ciudadanos diputados Alejandro Mojica Toledo, Juan Antonio Reynoso Abúndez, Hugo Carbajal Aguilar y Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, se aprobaron las conclusiones por mayoría absoluta con 17 votos a favor y 12 en contra. Como consecuencia de la declaratoria, se designó en la misma sesión por acuerdo de la asamblea a los diputados que deberán sostener la resolución que fue aprobada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como coadyuvantes del Ministerio Público, los ciudadanos Hugo Carbajal Aguilar, Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso y Juan Antonio Reynoso Abúndez. 4. La resolución de declaratoria en mención concluye en su parte resolutiva: ‘... en primer lugar se declara que sí existe responsabilidad oficial del ciudadano Jorge Carrillo Olea. Se cita además que tal y como lo dispone la última parte del artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Morelos, el ciudadano Jorge Carrillo Olea, queda suspenso y a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para los efectos que establecen los referidos artículos 138 y 139 del cuerpo normativo citado; al mismo tiempo se comisionó a los ciudadanos diputados Hugo Carbajal Aguilar, Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso y Juan Antonio Reynoso Abúndez, como miembros de la comisión que deberá sostener la resolución que ha sido aprobada por esta soberanía y que actuará como coadyuvante del Ministerio Público en el presente asunto, ante el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por último, se ordenó notificar al Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y al ciudadano Jorge Carrillo Olea y a su defensor.’. 5. En cumplimiento a la declaratoria pronunciada por este Poder Legislativo en el juicio político instruido al ciudadano Jorge Carrillo Olea, fueron remitidas la resolución condenatoria y las constancias procesales existentes, al Tribunal Superior de Justicia, por lo que dicho órgano, en sesión del Pleno de fecha 5 de junio aprobó, por mayoría de 11 votos, una resolución actuando con facultades jurisdiccionales y no constitucionales como debió conocer, resolviendo que estaba impedido para seguir el procedimiento que establecen los artículos del 17 al 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, bajo el argumento de que resultaba inatendible la solicitud de este asunto, sin citar fundamento legal alguno para sustentar su criterio; en esos términos ordenó devolver a este recinto legislativo la totalidad del expediente que le fue enviado para continuar con el procedimiento a que alude la Constitución Local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; además citan que no era necesario entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida en el dictamen emitido por este H. Congreso el 6 de abril de 1998, sin mediar alguna razón lógica que la justificara. Es importante destacar que el dictamen de fecha 6 de abril de 1998 se emitió con fundamento en los artículos 6o., 8o., fracciones IV y VI, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, los cuales facultan a este Congreso Local para constituirse en Jurado de Declaración en el juicio político seguido en contra del C. Gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea. En este orden de ideas, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia debió resolver la cuestión en los términos de los numerales 17 al 21 y 24 del referido ordenamiento legal, es decir, como Jurado de Sentencia ejerciendo las facultades constitucionales que le confiere la Constitución Local en estos casos, y no con funciones jurisdiccionales como lo efectuó. Se puede apreciar que el Poder Judicial de esta entidad, violentó las disposiciones del procedimiento a que se refiere la Constitución Local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 6. Con fecha 7 de junio del año en curso se recibió a través de la Oficialía Mayor de este Congreso Local, mediante oficio 001118 fechado el 7 de junio del año en curso, la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y demás constancias que integran el presente asunto. Por acuerdo del Pleno de este Congreso Local en sesión ordinaria de fecha 10 de junio del año en curso, pronunciada por el Poder Judicial del Estado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis y conclusiones respectivas. Así las cosas, por acuerdo del Pleno de fecha 1o. de julio del año en curso, se aprobó la presentación de la presente controversia constitucional en los términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. El Congreso actor expresó los conceptos de invalidez que a continuación se reproducen:
"Primero. Los actos impugnados resultan violatorios, en primer lugar, porque contravienen en forma flagrante lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137, 139 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 10, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, toda vez que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, injustificadamente y sin que exista algún precepto legal que así lo autorice, dentro del juicio político referido, dejó de observar el procedimiento que contemplan los numerales de mérito, los cuales literalmente establecen: El artículo 14 de la Carta Magna en la parte que interesa textualmente dispone: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. De lo anterior se infiere una flagrante inobservancia a la Norma Suprema, ya que el referido tribunal inexplicablemente dejó de observar las formalidades esenciales del procedimiento y sin haberse erigido previamente como Jurado de Sentencia. Así, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, en la parte conducente establece: ‘Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los diputados al Congreso del Estado, los secretarios de despacho, el procurador general de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los integrantes del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente y los consejeros estatales electorales del Instituto Estatal Electoral y los miembros de los Ayuntamientos.’, mientras que el diverso numeral 138 de dicho cuerpo de leyes señala: ‘En los casos del artículo anterior, el Congreso erigido en Jurado de Declaración oirá al acusado, a su defensor o a ambos si quisieren, y previa lectura del expediente respectivo decidirá si es o no responsable. Si la declaración fuere absolutoria el servidor público continuará en el ejercicio de su encargo, si fuere condenatoria, quedará suspenso y a disposición del Tribunal Superior de Justicia para los efectos del artículo siguiente.’ y el artículo 139 en la parte relacionada, literalmente preceptúa: ‘El Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia, previa audiencia del acusador, del procurador de Justicia y del acusado, su defensor o de ambos, procederá a (sic) mayoría absoluta de votos, a aplicar la sanción que la ley señale. ...’. El artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, establece: ‘En el juicio político el H. Congreso del Estado, conocerá como Jurado de Declaración y el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrado por la totalidad de sus miembros, como Jurado de Sentencia.’, mientras que el diverso dispositivo 16 de dicho ordenamiento legal prevé: ‘Si el Congreso resolviese que se absuelve al indiciado, éste continuará en el ejercicio de su encargo, en caso contrario quedará suspendido y se le pondrá a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que se le remitirá la resolución condenatoria junto con las constancias procesales existentes, enviándose copia de las mismas al C. Procurador general de Justicia del Estado para efectos de su representación social, y se designará una comisión de tres diputados para que sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público.’; por su parte el artículo 17 de la mencionada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, contempla el siguiente texto: ‘Recibida la acusación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el presidente del mismo decretará el arraigo del servidor público de que se trate y convocará dentro de las veinticuatro horas siguientes al Pleno para el efecto de designar una comisión de tres Magistrados, de la cual siempre será miembro el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la que se encargará de instruir el proceso debiéndose notificar y emplazar desde luego, a la comisión del Congreso referida en el artículo anterior, al C. Procurador general de Justicia del Estado, al acusado y a su defensor, señalándose un término de tres días para que ofrezcan las pruebas supervenientes que procedan previa calificación de la comisión instructora del Tribunal Superior de Justicia, las que en su caso se recibirán o desahogarán dentro de los tres días siguientes a la conclusión del primer término, transcurrido este último las partes tienen tres días para presentar sus conclusiones y transcurrido éste deberán presentar sus alegatos por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes.’. El artículo 18 del ordenamiento legal citado prescribe: ‘Concluido el término para alegar, la comisión instructora elaborará dentro de los diez días siguientes su proyecto de resolución tomando en cuenta las constancias procesales existentes.’. Por su parte el artículo 19 del cuerpo de leyes en cita refiere: ‘Recibido el proyecto por la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia, el presidente del mismo convocará al Pleno para que se erija en Jurado de Sentencia dentro de los cinco días siguientes, debiendo citar para que comparezcan a la audiencia a la comisión del Congreso, al C. Procurador general de Justicia del Estado, al acusado y a su defensor.’. De igual forma el artículo 20 del ordenamiento legal invocado dispone: ‘A la hora señalada para la audiencia referida en el artículo anterior el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado declarará que el Pleno del mismo se ha erigido en Jurado de Sentencia, procediendo de conformidad a las siguientes normas: 1. La secretaria dará lectura al proyecto formulado por la comisión instructora. 2. Se concederá el uso de la palabra a la comisión de diputados así como al servidor público o su defensor, para formular alegatos supervenientes, en su caso. 3. Acto seguido se retirará al servidor público y a su defensor así como la comisión del Congreso y al procurador general de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión, procediendo a discutir y a votar el proyecto y aprobado íntegramente o modificado que sea, por mayoría de votos, se emitirá la resolución correspondiente.’. Por último, el dispositivo 21 del ordenamiento de leyes multicitado expresa: ‘Si la resolución es favorable al acusado, se reintegrará de inmediato en su cargo o investidura con efectos retroactivos por lo que hace a sus sueldos y emolumentos. En caso contrario, se impondrán las sanciones aplicables. La resolución deberá notificarse a todas partes (sic) personalmente. Iniciado el procedimiento, no se suspenderá por ningún motivo. Si el hecho, motivo del procedimiento ameritare sanción penal conforme a la ley, se remitirá lo actuado a la Procuraduría General del Estado.’. Del contenido de las anteriores normas jurídicas se deriva la obligación legal ineludible a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de ‘decretar el arraigo del servidor público de que se trate’; es decir, que una vez que recibió las constancias respectivas, debió haber emitido acuerdo arraigando al gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea, para así dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable para la continuación del juicio político y no simplemente limitarse a convocar a la celebración del Pleno correspondiente, o sea, que como dicho servidor público al no pronunciar el arraigo de referencia contraviene con su conducta omisiva el contenido del artículo 14 constitucional, ya que el acto que observó lo limitó a la simple convocatoria de la celebración del Pleno de dicho tribunal el día cuatro de junio del año en curso, sin decidir sobre el arraigo que por disposición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le correspondía haber cumplido; de tal suerte, que como dicha autoridad, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se ajustó al procedimiento previamente establecido, pues no observó una de las formalidades legales previstas para el mismo, su proceder es inconstitucional, ya que en forma unilateral decidió dejar de cumplir con las directrices de legalidad que prevé la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo por ello inconstitucional su actuación, al limitarse a convocar a los demás Magistrados sin haber previamente o en forma concomitante el arraigo (sic) contra el servidor público acusado, pues no tenía fundamento legal alguno para no decretar dicho arraigo y por el contrario su conducta omisiva sobre dicho particular, contraviene en forma expresa el contenido de la ley de la materia citada y como consecuencia su conducta o acto resulta inconstitucional, ya que se insiste, en forma arbitraria dejó de observar una de las formalidades del procedimiento establecido por dicha ley. Así, de los preceptos antes invocados también se puede apreciar que el juicio político a que se refiere nuestra legislación vigente contempla dos etapas, una que inicia con una denuncia y culmina con una declaratoria de responsabilidad o en su caso la absolución que corresponda; en el caso de la responsabilidad aludida, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado debió, en primer término, al recibir la declaratoria de responsabilidad, decretar el arraigo del servidor público responsable como se expuso en el párrafo que antecede, para que posteriormente y previos los demás trámites legales el referido órgano colegiado resolviera en su calidad de Jurado de Sentencia; por lo que a criterio de este Poder Legislativo consideramos que la ley no permite ninguna dualidad como para pensar en acudir a una interpretación de su contenido, de ahí que debiera agotarse la segunda etapa del juicio político en comento. Es evidente que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado violentó el procedimiento a que hace referencia la Carta Magna y nuestra legislación, ya que precisamente éstas prevén la necesidad de observar las formalidades esenciales del procedimiento para el juicio político, de ahí que este órgano colegiado haya resuelto a priori, es decir, sin erigirse previamente en Jurado de Sentencia, cuando lo cierto es que debió resolver en ejercicio de sus funciones constitucionales y no jurisdiccionales como lo realizó, es decir, a criterio de este Poder Legislativo debió resolverse a posteriori. Se puede apreciar también que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo que a título de improcedencia del juicio político, decide el fondo de dicho asunto, sin agotar la segunda etapa prevista por la ley para el juicio político, en la que se debieron cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, concediendo a las partes todos los plazos que en su favor consagra la ley, para poder ofrecer pruebas, emitir las respectivas conclusiones, posteriormente alegar dentro del juicio y después como requisito sine qua non, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado erigido como Jurado de Sentencia, por ser éste el momento procesal, no antes, resolver lo conducente, es notable que se prejuzgó sobre la sustancia del conflicto sometido a su potestad. Es de explorado derecho que cualquier autoridad debe observar los elementos esenciales de cualquier procedimiento, como ya se señaló, concediendo para ello la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Carta Magna, en la que precisamente se debe otorgar la oportunidad de defensa o lo que en estricto derecho se debe realizar por las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en cualquier juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En la especie el Pleno del tribunal resolvió sin permitir a este Poder Legislativo la posibilidad de sostener la declaratoria pronunciada el dos de junio del año en curso ante el Tribunal Superior de Justicia y en el mismo caso se encuentra el procurador general de Justicia del Estado, quien debió ser notificado por el referido órgano colegiado para los efectos de su representación social; de cumplir el procedimiento que le obliga a observar la norma federal y local, así como su ley secundaria del caso que nos ocupa, y que son precisamente los artículos 14 de la Constitución Federal; 137, 138, 139 de la Constitución Local y 10, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así las cosas por cuanto hace a la garantía de audiencia y a los elementos esenciales de todo procedimiento me permito citar los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Tesis: I.8o.C.13 K. Página: 845. GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN. La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con «... las formalidades esenciales del procedimiento ...» implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 154/96. Rafael Nicolás Quezada. 22 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, diciembre de 1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.’. ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VII-Enero. Página: 153. AUDIENCIA, GARANTÍA DE. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 513/90. Dulces y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6263-554a1b71/juicio-politico-el-gobernador-del-estado-de-morelos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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