CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LA LEGISLATURA ESTATAL FIJAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE CADA MUNICIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DE DAR SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE OTZOLOTEPEC Y TOLUCA, RESPECTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RANCHO SAN BLAS DE LA EX HACIENDA SANTÍN, VULNERA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2007. MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIA: CLAUDIA ALATORRE VILLASEÑOR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de noviembre de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintitrés de octubre de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Joaquín Arturo Colín Marín y Dolores Brisa Huerta Isidoro, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente municipal y síndico del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, promovieron controversia constitucional en representación del citado Ayuntamiento, en la que solicitaron la invalidez del acto que más adelante se menciona, atribuido a la autoridad que a continuación se señala:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. 1. El H. Congreso del Estado de México. Acto cuya invalidez se demanda: Se demanda la invalidez de la omisión del Poder Legislativo del Estado de México, de resolver el conflicto de límites territoriales existente entre la parte actora, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, y el tercero interesado, Municipio de Toluca, Estado de México, por el inmueble que ocupa el denominado ‘rancho San Blas’, de la ex hacienda Santín, no obstante la petición formal realizada a aquel cuerpo parlamentario para que procediera a la solución legal del conflicto."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"1. Con fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, el Poder Ejecutivo del Estado de México publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el ‘Acuerdo del Ejecutivo del Estado que autoriza el fraccionamiento de tipo industrial «Toluca 2000», ubicado en el Municipio de Toluca, Distrito de Toluca, Estado de México’. En la parte considerativa de dicho acuerdo, se hizo la exposición que el fraccionamiento industrial que se autorizaba, se encontraba ubicado en el Municipio de Toluca, siendo fundamental señalar que los terrenos donde se ubica este fraccionamiento pertenecen al rancho San Blas de la ex hacienda Santín, en Otzolotepec, Estado de México, contando para ello con un sinnúmero de documentales que lo acreditan y que en su momento fueron presentadas, ante diversas instancias del Poder Ejecutivo del Estado así como al Poder Legislativo de dicha entidad federativa. 2. Mediante el acuerdo referido en el punto que antecede, el Municipio de Otzolotepec se hizo sabedor que se le estaba despojando de una gran parte de su territorio, esto es, los predios que ocupan el denominado rancho San Blas de la ex hacienda Santín, situación que trajo como consecuencia la inconformidad de los habitantes y del gobierno del citado Municipio, toda vez que el único facultado para definir los límites del Municipio es la Legislatura Local y no el Ejecutivo Estatal, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 4o. de la Ley Orgánica Municipal, preceptos que más adelante se invocarán. 3. Derivado de lo anterior es que los anteriores cuerpos edilicios del Municipio que representamos, presentaron ante diversas autoridades una serie de inconformidades y peticiones de solución al conflicto limítrofe generado, sin que se hubiese obtenido respuesta concreta al requerimiento formulado. A guisa de ejemplo, se adjuntan a la presente, como anexo dos, copia certificada del expediente que contiene doscientas quince fojas útiles en que constan oficios y escritos que fueron presentados a dichas autoridades, entre otras al Poder Legislativo del Estado de México, como se aprecia en los oficios 000002 a 000006 del expediente de referencia. 4. Tal es el caso que ante la ausencia de definiciones y soluciones por la vía política al conflicto limítrofe sustentado, el H. Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, presentó el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, con fundamento en el artículo 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, vigentes en el momento de los hechos, ante la presidencia de la Gran Comisión de la LIII Legislatura del Estado de México, petición formal para el inicio del procedimiento y resolución del conflicto territorial por los predios del rancho San Blas de la ex hacienda Santín, entre el Municipio de Toluca y el de Otzolotepec; sin que al día de hoy el Poder Legislativo haya dado trámite a la excitativa promovida, y por tanto, resuelto el conflicto limítrofe generado con motivo del citado acuerdo."
TERCERO. En el único concepto de invalidez aducido por la parte actora se sostiene, en esencia, lo siguiente:
a) Que la omisión atribuida al Poder Legislativo del Estado de México, consistente en no dar solución al conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Otzolotepec y de Toluca, por los predios donde se ubicaba el rancho San Blas de la ex hacienda Santín, resulta violatoria de lo dispuesto por los artículos 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado de México, 4o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 13 y 14 de la Ley para la Creación de Municipios del mismo Estado.
Se afirma que lo anterior es así, puesto que el Poder Legislativo del Estado de México siendo el órgano facultado para dirimir los conflictos limítrofes entre los Municipios del Estado, en el caso, ha decidido no actuar a pesar de tener obligación para ello, previa solicitud del Municipio actor, vulnerando con ello lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal, que dispone las bases para que los Municipios ejerzan sus derechos en torno a su división territorial.
En la misma línea de argumentación se sostiene que para que los Municipios puedan ejercer efectivamente las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 115 constitucional es necesario que su territorio esté delimitado con precisión y, por ende, debe estimarse que los Ayuntamientos a la luz de dicho precepto de la Carta Magna tienen el derecho a la delimitación precisa de aquél. Para apoyar la consideración anterior, se cita la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXPRESIÓN ‘JURISDICCIONES’ CONTENIDA EN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE REFIERE AL TERRITORIO EN EL QUE LOS MUNICIPIOS EJERCEN SUS FACULTADES."
b) Una vez precisada la importancia de la delimitación del territorio de los Municipios, se aduce que para que éstos puedan ejercer sus derechos, la autoridad facultada para tal efecto debe ceñirse a las disposiciones legales que regulan su actuación, pues de otra forma el derecho no podría ejercerse en los términos que precisa la Constitución Federal.
Que, en tal sentido, de conformidad con los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado, 1o., 2o., 13, 14, 15 y 16 de la Ley para la Creación de Municipios y 4o. de la Ley Orgánica Municipal, todos del Estado de México, se aprecia que es obligación de la Legislatura del citado Estado resolver los conflictos de límites intermunicipales que se susciten, como acontece en el caso concreto. Para apoyar la consideración de referencia, se cita la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LA LEGISLATURA ESTATAL FIJAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE CADA MUNICIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."
Se afirma que, en tales condiciones, el Congreso del Estado de México al no atender la petición realizada por el Ayuntamiento actor a fin de dar solución al mencionado conflicto territorial, afecta el ámbito competencial que el artículo 115 de la Constitución Federal establece a su favor, pues dichas facultades sólo pueden ser ejercidas en la jurisdicción territorial del mismo, sin que al respecto exista definición por parte del órgano facultado para ello.
c) Aunado a lo anterior, se sostiene que el Poder Legislativo del Estado de México viola las disposiciones legales que le resultan aplicables, toda vez que estaba obligado por mandamiento expreso, tanto de la Constitución Local como de diversos ordenamientos, a seguir un proceso y resolver el conflicto que le fue planteado. En la misma línea de argumentación se aduce que el Poder Legislativo Local estaba compelido a seguir en sus términos el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico estadual, así como las normas administrativas y adjetivas previstas en su normativa interna, citando para demostrar tal cuestión los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del reglamento del citado ordenamiento.
d) Por otro lado, se afirma que la evidente omisión en que ha incurrido el órgano legislativo ha generado incertidumbre respecto a cuál es el territorio sobre el que el Municipio de Otzolotepec ejerce sus facultades, ya que históricamente el rancho de San Blas de la ex hacienda Santín le ha pertenecido; sin embargo, han persistido conflictos por límites entre éste y el Municipio de Toluca, dado que ese predio ha sido considerado, indebidamente, como parte integrante de este último cuerpo político, en términos del acuerdo del Ejecutivo del Estado, de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, invadiendo, en consecuencia, espacios territoriales del Municipio actor.
Que, en consecuencia, la omisión de resolver el conflicto de límites no toma en consideración la disminución que sufre el Municipio actor en su territorio, en sus atribuciones gubernativas y administrativas, como tampoco valora las repercusiones que implica, en cuanto a bienes de dominio público y privado, la falta de resolución del conflicto, argumentándose que independientemente de la afectación patrimonial, la omisión impugnada ocasiona perjuicio en los derechos y prerrogativas que tutela a favor de los Municipios el artículo 115 constitucional, pues la negativa de intervenir en el citado conflicto ha impedido que el Estado de México tenga como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, violando con ello los principios de libertad y autonomía municipal previstos en el citado precepto.
e) Por último, se concluye que la definición de límites territoriales respecto de los Municipios integrantes de una entidad federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación, desvirtuando las bases en las que descansa la autonomía y la libertad de los Municipios que se encuentran en conflictos de esa naturaleza.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 40, 41, 115 y 124.
QUINTO. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 83/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro Juan N. Silva Meza como instructor del procedimiento.
Mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, desestimó la legitimación del presidente municipal para promover la misma, pero se la reconoció al síndico municipal, tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de México y ordenó emplazarlo para que formulara su respectiva contestación. Asimismo, se tuvo con el carácter de tercero interesado al Municipio de Toluca, Estado de México, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.
SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de México, al formular su contestación de demanda, en esencia, manifestó lo siguiente:
1. En cuanto a la existencia del acto cuya invalidez se demanda:
a) Que es cierto el hecho de que el H. Ayuntamiento de Otzolotepec dirigió los oficios de fechas nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y veintitrés de abril de dos mil uno, a los presidentes de la Gran Comisión de las H. "LIII" y "LIV" Legislaturas del Estado de México, respectivamente.
2. En cuanto a las causales de improcedencia:
a) Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
Se afirma que lo anterior es así puesto que el Municipio actor plantea y solicita la solución del problema limítrofe ante el presidente de la Gran Comisión de la Legislatura del Estado de México, siendo que ésta es incompetente para conocer de estos conflictos, ya que la autoridad ante la cual se debió haber planteado el conflicto en cuestión era la Legislatura del Estado de México, en términos de los artículo 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 2o. de la Ley para la Creación de Municipios del Estado de México.
De lo anterior se desprende que si el Municipio actor no acudió ante la autoridad competente para resolver el conflicto limítrofe, entonces no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución de dicho conflicto, por lo que se debe sobreseer.
En otro orden de ideas, la parte demandada aduce que se actualiza la citada causal de improcedencia, puesto que aunque el Municipio actor alegue que con la omisión impugnada se violenta el artículo 115 de la Constitución Federal, lo cierto es que ello constituiría una falta a la Constitución y a las leyes locales, por lo que lo procedente hubiera sido promover una controversia local, como lo establece el artículo 88 Bis de la Constitución del Estado de México, que dispone que corresponde a la Sala Constitucional sustanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se deriven de la Constitución Local, entre uno o más Municipios y el Poder Legislativo del Estado. De ahí que se afirme que en el caso se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, puesto que no se agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
Por último, y en relación a la actualización de dicha casual de improcedencia, se agrega que en el caso no existe una violación directa a la Constitución Federal, sino que la omisión atribuida a la demandada, en el supuesto no consentido, sólo contravendría la Constitución y leyes locales, por ende, debe ser en el ámbito local en el que se sustancie dicho conflicto y no ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para apoyar el argumento de referencia se cita la jurisprudencia del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."
b) Que se actualiza la causal de improcedencia derivada del artículo 21, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que el plazo para la interposición de la demanda, tratándose de conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.
Se afirma que el plazo en cuestión transcurrió en exceso, puesto que pasaron más de sesenta días desde que concluyó el periodo de gestión de la legislatura en que fue presentada la petición formal de fijar los límites del Municipio actor; y que si bien es cierto que la supuesta omisión del órgano legislativo es permanente y de tracto sucesivo, esto puede regir para un periodo determinado de tiempo pero no durante años, como sucede en la especie, pues ello denota falta de interés del peticionario, ya que, según dice la actora, presentó su formal petición el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, es decir, hace nueve años, durante los cuales han transcurrido tres legislaturas y hasta ahora se interesa por su solicitud.
c) Que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que de obtener el Municipio actor una sentencia favorable no podría cristalizar una declaración o constitución de derecho a su favor.
Se afirma que lo anterior es así, puesto que ha sido criterio definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para la procedencia de una controversia constitucional se requiere por lo menos que exista un principio de agravio, que se traduce en el interés legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
Que si en el caso concreto el Municipio actor manifiesta que lo que le perjudica es el acuerdo que dictó el Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la "Gaceta del Gobierno", en virtud del cual se le privó de parte de su territorio, sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento que se requieren para un acto de privación, entonces la sentencia que se llegare a dictar en la presente controversia y que en su caso le fuera favorable al Municipio actor, no le beneficiaría, es decir, no le restituiría los predios objeto del acuerdo de referencia, aunado a que no podría tener la consecuencia de invalidar el acuerdo de referencia, pues existe disposición legal expresa en el sentido de que las sentencias de controversias constitucionales no pueden tener efectos retroactivos, excepto en materia penal.
3. En cuanto al fondo del asunto:
a) Se aduce que el concepto de invalidez esgrimido por el Municipio actor debe declararse infundado, toda vez que a la fecha no se ha formulado solicitud alguna a la actual Legislatura del Estado de México, para la solución del supuesto conflicto limítrofe, pues la solicitud que realizó en el año de mil novecientos noventa y ocho se dirigió al entonces presidente de la Gran Comisión de la legislatura, órgano que no tenía facultades para conocer ni resolver el problema planteado, razón por la cual la parte demandada no tiene conocimiento de dicho problema.
Posteriormente, se afirma que si no existe la omisión impugnada, debe decretarse el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
Por último, se concluye que la omisión impugnada no es violatoria de los artículos 115 y 124 de la Constitución Federal; 61, fracción XXV, de la Constitución Estatal y 4o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
SÉPTIMO. El Municipio de Toluca, Estado de México, en su carácter de tercero interesado, manifestó lo siguiente:
1. En cuanto a la actualización de causas de improcedencia y sobreseimiento:
a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que de la demanda se desprende que el Municipio de Otzolotepec, hasta la fecha, no ha enderezado correctamente su acción ante la autoridad competente, es decir, ante la Legislatura del Estado de México. Lo anterior, pues dicho Municipio presentó su solicitud de inicio del procedimiento y resolución del conflicto territorial de referencia, ante la presidencia de la "Gran Comisión" de la LIII Legislatura del Estado de México, órgano político y no jurídico del Poder Legislativo, siendo que de conformidad con los artículos 62 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, vigente en esa fecha, no tenía facultades para ello, pues quien legalmente resultaba ser competente para recibir y acordar la solicitud de trámite de tal conflicto era la directiva de la legislatura, por conducto de su presidente, pues era ante ésta que se debía someter el conflicto limítrofe entre los Municipios.
Se sostiene que también se actualiza la citada causa de improcedencia (la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia), lo anterior, puesto que no se desprende que el Municipio actor haya iniciado formalmente y en la vía legalmente prevista el procedimiento de solución de conflicto de límites, puesto que para que el mismo diera inicio se requería la presentación de un escrito de demanda, en la que el Municipio ejercitara sus pretensiones y en la que hiciera valer los hechos y el derecho correspondiente, ya que sólo así la legislatura demandada hubiera estado obligada a solucionar el conflicto. De ahí que se afirme que si en el caso no se actuó de la manera reseñada, se actualiza la causal de improcedencia invocada que establece que la controversia será improcedente si no se agota la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
En otro sentido, el Municipio tercero interesado sostiene que también se actualiza la citada causal de improcedencia, puesto que de la demanda de controversia se desprende que no existe una violación al artículo 115 constitucional, que en todo caso las violaciones que se hacen valer son tanto a la Constitución Local como a diversas leyes del Estado de México y que, por ende, la solución del conflicto en cuestión se debe ventilar de conformidad con el artículo 88 Bis de la Constitución del Estado, que establece que corresponde a la Sala Constitucional sustanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se susciten entre un Municipio y otro. Que, en consecuencia, en el caso no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
b) Que debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el acto atribuido a la autoridad demandada no puede existir, ya que en el caso no puede iniciarse un procedimiento ante la Legislatura del Estado para resolver el conflicto de límites en cuestión pues, como se corrobora con las constancias exhibidas por el Municipio actor, éste junto con el Municipio de Toluca se comprometió a: "mantener el estado actual que guardan las cosas en la zona del conflicto" hasta en tanto la Dirección General de Gobernación del Estado de México resuelva el problema de referencia (acuerdos de trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho).
OCTAVO. El procurador general de la República al emitir su opinión, en síntesis, manifestó:
1. En cuanto a la procedencia de la controversia constitucional:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, ya que fue promovida oportunamente y por parte legitimada.
b) Que las causales de improcedencia hechas valer tanto por la autoridad demandada como por el Municipio tercero interesado, deben desestimarse, toda vez que no es posible determinar si le correspondía al presidente de la legislatura o al de la Gran Comisión de dicho poder recibir las solicitudes para resolver conflictos de límites territoriales entre los Municipios de la entidad.
Por tanto, se sostiene que no resulta factible en este momento precisar si el acto impugnado constituye una invasión o no a la esfera competencial del Municipio de Otzolotepec, Estado de México, por lo que será necesario entrar al fondo del asunto para llegar al conocimiento de si realmente se actualizan las causas de improcedencia y la invasión de competencia aludida. Para apoyar la opinión de referencia se cita la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CASUAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."
c) Se sostiene que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que contrariamente a lo aducido por la autoridad demandada y el Municipio tercero interesado, la controversia prevista en la Constitución del Estado de México no constituye la vía idónea para resolver el conflicto suscitado con motivo de la controversia constitucional que planteó el Municipio actor, ya que en su demanda hace valer violaciones directas a la Constitución Federal.
Se afirma lo anterior, en atención a que en materia de controversias constitucionales es suficiente que el actor señale que los actos impugnados son violatorios de preceptos y principios constitucionales para que este Alto Tribunal declare su procedencia y se avoque a su estudio, no siendo necesario que tenga que agotar el procedimiento establecido en la ley respectiva para que dicho medio de control actúe. Se cita como apoyo al anterior argumento la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."
2. En cuanto al fondo del asunto:
a) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional y la interpretación que al respecto del citado precepto ha realizado esta Suprema Corte de Justicia, se desprende que el cúmulo de derechos y obligaciones que la Constitución Federal establece a los Municipios, deben ser ejercidos dentro de sus jurisdicciones, para lo cual es necesario que el territorio de cada uno de estos entes esté debidamente delimitado, por tanto, es prerrogativa de dichos órganos políticos la delimitación precisa de su territorio.
b) Una vez precisado lo anterior, se sostiene que en el caso tanto la Constitución del Estado de México como las Leyes Orgánica Municipal y para la Creación de Municipios, de la citada entidad, se desprende que son facultades de la Legislatura del Estado: fijar los límites de los Municipios de la entidad; resolver las diferencias que en esta materia se produzcan; crear y suprimir Municipios, modificar su territorio, cambiar su denominación o ubicación, así como el resolver los conflictos sobre límites intermunicipales, con base en criterios de orden demográfico, político, social y económico. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXPRESIÓN ‘JURISDICCIONES’ CONTENIDA EN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE REFIERE AL TERRITORIO EN EL QUE LOS MUNICIPIOS EJERCEN SUS FACULTADES."
c) Que de las constancias de autos se desprende que a pesar de la solicitud presentada el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho por el Municipio de Otzolotepec, ante el presidente de la Gran Comisión de la LIII Legislatura de la entidad para resolver el conflicto de límites territoriales existente entre dicho Municipio y el de Toluca, respecto al inmueble denominado "rancho San Blas", de la ex hacienda Santín, el Poder Legislativo Local ha sido omiso en resolver el citado conflicto. Que, en consecuencia, se está en presencia de una omisión absoluta, en atención a que el Congreso Local tiene expresamente la competencia para resolver conflictos de límites, y a pesar de ello no la ha ejercido.
d) Que, en consecuencia, el Congreso del Estado de México viola en perjuicio del Municipio actor el artículo 115 constitucional, en virtud de que al no haber delimitado específica y claramente el territorio de aquél, afecta no sólo la competencia del órgano de Gobierno Municipal, sino también a la población que precisa tener la certeza del lugar en que reside y en el que, por tanto, tiene denominados derechos y obligaciones.
e) Se precisa que no obsta a lo anterior el hecho de que la solicitud realizada por el Municipio de Otzolotepec se haya presentado ante el presidente de la Gran Comisión, puesto que la Legislatura del Estado de México es un cuerpo colegiado el cual ejercía sus funciones a través de diferentes órganos, entre ellos el citado, por lo que en tal sentido no se justifica el argumento de la autoridad demandada en el sentido de que la solicitud para resolver el referido conflicto fue presentada ante un órgano que no era competente, pues resulta indudable que dicha comisión formaba parte del Congreso Local, de ahí que la controversia limítrofe debió haber sido atendida y resuelta.
f) Por último, se refiere que es necesario que el Congreso del Estado de México, que es la autoridad facultada para establecer los límites territoriales entre los Municipios de Otzolotepec y Toluca, se ciña a las disposiciones constitucionales y legales que regulan su actuación y solucione el conflicto de límites que subsiste entre aquéllos.
NOVENO. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancia de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Previo dictamen del Ministro ponente, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil ocho, determinó enviar el asunto a la Primera Sala, quien se avocó al conocimiento de la controversia constitucional a través del acuerdo de su presidente de tres de julio de dos mil o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21764-0c52e535/controversia-constitucional-corresponde-en-exclusiva-a-la-legislatura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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