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FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 ÚNICAMENTE FACULTA AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA PROMOVER LA ENTREGA A LOS MUNICIPIOS DE LOS RECURSOS QUE LO INTEGRAN, PERO NO PARA ACTUAR COACTIVAMENTE. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. LA ENTREGA DIRECTA DE LOS RECURSOS QUE LO INTEGRAN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO VULNERA LA FACULTAD CONCURRENTE DE LOS MUNICIPIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. LOS RECURSOS QUE LO INTEGRAN DEBEN ENTREGARSE DIRECTAMENTE AL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y NO A SUS MUNICIPIOS. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. LA OMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROMOVER LA DISTRIBUCIÓN DEL VEINTE POR CIENTO DE TALES RECURSOS ENTRE LOS MUNICIPIOS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. GASTO PÚBLICO. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2008. · Registro digital (IUS): 21458
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 2427.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2008. MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO, RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el seis de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Joaquín Arturo Colín Marín y Dolores Brisa Huerta Isidoro, quienes se ostentaron con el carácter de presidente municipal y síndico, ambos del Municipio de Otzolotepec, Estado de México, promovieron controversia constitucional en representación del Municipio referido, en la que solicitaron la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que a continuación se menciona:

Órgano demandado:

1. Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Acto cuya invalidez se demanda:

- La omisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil siete.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

a) El artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil siete, regula en su fracción I, la distribución para el ejercicio fiscal en curso, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, estableciendo en su segundo párrafo, lo siguiente: "El Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuyan a los Municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del programa estatal de seguridad pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura."

b) El nueve de enero de dos mil ocho, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin incorporar mecanismos que permitieran la distribución a los Municipios a que se refiere la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho.

c) Con lo anterior el Municipio actor, como los demás Municipios del Estado de México, están siendo excluidos del régimen de concurrencia que en materia de seguridad pública establece el artículo 21 constitucional, además de incurrir en violación al principio constitucional de presupuestación formal del gasto público.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los que se sintetizan enseguida:

1. El acto impugnado es violatorio del régimen de concurrencia en materia de seguridad pública, previsto por el artículo 21 constitucional, en el que establece, en su penúltimo párrafo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la Constitución señala, por otra parte, en su último párrafo señala que la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Considera que la seguridad pública es una función concurrente de los tres órdenes de gobierno que integran un Sistema Nacional de Seguridad Pública, para efectos de coordinar las políticas públicas en la materia.

2. Los actos impugnados son violatorios del principio previsto en el artículo 126 constitucional, precepto que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.

Sostiene que en el caso del acto cuya invalidez se reclama, el órgano demandado, al aprobar acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y suscribir un convenio de transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sin observar el mandato de la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, están incumpliendo con la obligación constitucional de observar las reglas que para el ejercicio presupuestal aprueba la Cámara de Diputados anualmente.

El Municipio actor y los Municipios mexicanos, están dejando de percibir recursos federales que la Cámara de Diputados ordenó que se promoviera que les fueran transferidos, dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública omitió en sus acuerdos de nueve de enero de dos mil ocho promover expresamente esa transferencia del veinte por ciento a que se ha hecho referencia, y que fue el Ejecutivo Federal, por conducto del secretario de Seguridad Pública y el gobernador del Estado de México, omitieron también promover esta transferencia al suscribir el convenio por el que se ejecutan los acuerdos del consejo nacional, y se aplican tanto el artículo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación, como los propios acuerdos que son también actos cuya invalidez se reclama.

Al incurrir en la omisión absoluta que se reclama, que es de tracto sucesivo, los órganos demandados incurren en violación al artículo 126 constitucional, que establece que el gasto público debe ajustarse a las disposiciones del presupuesto de egresos, por encontrarse en el caso de dejar de acatar un mandato expreso del presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, que consiste en promover la distribución del veinte por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, entre los Municipios.

3. Aduce que la omisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública causa perjuicio al Municipio actor porque le priva de la atribución de disponer de recursos para la atención de la problemática de seguridad pública en su territorio; en este sentido, estima que debe considerarse que cuando el presupuesto de egresos de la Federación dispone que el consejo debe "promover" la distribución que se ha explicado, no lo hace con fines meramente declarativos, sino con propósitos vinculatorios, buscando conseguir el objetivo de realizar esa transferencia de recursos a los Municipios.

Finalmente, considera que el perjuicio que se le causa consiste en la falta de disposición de la parte que le corresponde sobre el veinte por ciento de los recursos del fondo, que fueron asignados al Estado de México, con lo cual se limita gravemente la capacidad del Gobierno Municipal para hacerse cargo de las funciones que le corresponden en materia de seguridad pública, a la luz del principio de concurrencia previsto por el artículo 21 constitucional.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 21 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 55/2008, y por razón de turno designó al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentado haciendo valer la presente controversia constitucional al síndico del Municipio de Otzolotepec, Estado de México.

En el mismo acuerdo reconoció el carácter de demandado al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado México, y ordenó emplazarlas para que formularan su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El procurador general de la República al emitir su opinión, manifestó que se actualiza la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustanciar y resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. Las autoridades demandadas contestaron la demanda manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Secretario de Seguridad Pública.

1. En cuanto a causas de improcedencia:

a) Es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda fue presentada extemporáneamente, pues respecto del acto consistente en la omisión absoluta en que supuestamente incurrió el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al no fijar las bases que cumplieran con lo dispuesto en la fracción I del normativo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año dos mil ocho, mediante el Acuerdo 02/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, dicho consejo nacional aprobó los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, publicándolos en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil ocho, de manera que la acción que pretende el actor tuvo el plazo de treinta días hábiles, computables a partir del quince de enero del citado año al veintisiete de febrero del mismo año, para promover la controversia constitucional y, al no hacerlo así, deviene la improcedencia de la acción constitucional.

b) No existe omisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el cumplimiento al artículo 9, fracción I, del presupuesto de egresos de la Federación, puesto que mediante el Acuerdo 02/XXII/2008 se distribuyó el presupuesto previsto para el rubro de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal.

En el Acuerdo 03/XXII/08 el consejo aprobó los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año dos mil ocho, de manera que el consejo sí fijó las bases de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como los diez ejes estratégicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública para el dos mil ocho, no puede calificarse de una omisión u omisión absoluta, por lo que desde ese momento, si el Municipio actor estaba inconforme con tal distribución, podía impugnar dicho acto.

c) El Acuerdo 2/XXII/2008, por sí solo, no afecta al Municipio actor, por lo que sobreviene una causa de improcedencia diversa de la acción constitucional, consistente en la falta de interés jurídico.

d) En cuanto al Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebró la Secretaría de Seguridad Pública con el Estado de México el nueve de enero de dos mil ocho, vigente a partir de esa fecha, el plazo legal para el ejercicio de la controversia constitucional comprendió del once de enero al veintidós de febrero de dos mil ocho, en el cual el Municipio actor no ejerció la acción que ahora intenta y, por ende, resulta extemporánea.

e) El Municipio actor carece de interés jurídico en virtud de la falta de legitimación por cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que son aportaciones de recursos diversos a los dispuestos para los Municipios, por lo que carecen de legitimación para reclamar recursos de dicho fondo.

Las reglas resultantes del artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil ocho confirman y acentúan la improcedencia del reclamo pretendido a la Federación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, puesto que ni uno ni otro opera el programa estatal de seguridad pública del Estado de México, es decir, el Municipio actor pretende reclamar el acto de distribución de las aportaciones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal sin exponer ni justificar que participa en dicho programa estatal.

En conclusión, por razón de la naturaleza de las aportaciones y las reglas de operación, por falta de interés jurídico, es improcedente el reclamo de los actos y las pretensiones que formula el Municipio actor contra la Federación y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

2. Respecto del fondo del asunto.

Los motivos de invalidez que arguye el Municipio actor respecto de la omisión en la distribución de los recursos previstos en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación, son infundados.

Desde el plano constitucional como legal existe concurrencia de facultades en materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, también, en materia tributaria, sin que ello signifique un estado difuso o incierto de las facultades de cada nivel de gobierno, en tanto, por el contrario, se encuentra integrado el régimen normativo de coordinación para cada materia a través de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.

La participación de los Municipios en la facultad-deber de seguridad pública no es de manera directa con la Federación, sino como lo establece la ley general señalada, a través de la coordinación con la entidad federativa a la que pertenece; y será dicha entidad la que en unión de la Federación integren el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera que la Federación destina recursos para los Estados y el Distrito Federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y fondos para los Municipios, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, previstos en el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La participación de recursos de la Federación opera mediante los convenios de adhesión que suscriben las entidades federativas con la Federación, no de los Municipios con ésta, pero ello no significa que los Municipios estén excluidos de percibir recursos federales, sino que ello, conforme al régimen federalista, se instrumenta a nivel local mediante normas generales de las Legislaturas Estatales que establecen la distribución equitativa entre los Municipios de cada entidad, de manera que contrario a lo sostenido por el Municipio reclamante, los actos del Ejecutivo Federal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lejos de violentar el precepto 21 constitucional, se apegan a las reglas de coordinación de ambas materias, la seguridad pública y la coordinación tributaria, fundados en los diversos artículos invocados de la Constitución Federal y de las citadas leyes.

El artículo 9, fracción I, del presupuesto de egresos de la Federación no establece mecanismos diversos de distribución de los recursos, a los previstos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera que conforme a aquellas reglas ahí contenidas, es a través de la coordinación estatal como se distribuirán, en su caso, las aportaciones que le corresponden a los Estados y el veinte por ciento para los Municipios, bajo el cumplimiento de las dos condiciones rectoras: El número de habitantes y el avance de los Municipios en los programas estatales de seguridad pública, de manera que pretender que la Federación o el Consejo Nacional de Seguridad Pública distribuyan, determinen montos de recursos o valoren y validen el avance de los Municipios en los programas que tenga implementado cada Estado, no sólo no está dispuesto en la ley de presupuesto de egresos de la Federación, sino con mayor gravedad contravendría el Pacto Federal y las soberanías estatales y significaría nulificar los sistemas estatales tanto de seguridad pública como de participación fiscal e, incluso, la responsabilidad de la Federación al manejar o aplicar recursos presupuestarios de manera distinta a la prevista por la norma.

Si el espíritu del legislador hubiese sido de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fuese la instancia que determinara la distribución de recursos del FASP a los Municipios, no sólo se habría establecido así, literalmente, en el numeral 9 del presupuesto de egresos de la Federación de dos mil ocho, sino que también se habría hecho lo propio en las diversas disposiciones normativas relacionadas, a saber, la Constitución Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, ninguna de estas disposiciones normativas y, en específico, el numeral 9 del presupuesto de egresos de la Federación de dos mil ocho, obligan al Consejo Nacional de Seguridad Pública a determinar la distribución de recursos del FASP a los Municipios, así como tampoco establecen mecanismo alguno (acuerdos, lineamientos, procedimientos, etcétera) por el que dicho Consejo Nacional de Seguridad Pública llevara a cabo dicha distribución.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 17, fracción XI, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió oficio a las entidades federativas, con el propósito de orientar el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal dos mil ocho, proponiendo la distribución del veinte por ciento de esos recursos al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública municipales, señalada en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho, y modificó la estructura programática-presupuestal, al incluirse dentro de las aportaciones federales y estatales una columna municipal que permitiera a las entidades federativas la distribución del veinte por ciento ya referido, con el propósito de que las entidades federativas, atendiendo a su autonomía y con apego a la Constitución Federal, el presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho y la Ley de Coordinación Fiscal, en el marco de los anexos técnicos dos mil ocho, consideraran dentro de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los Municipios, bajo los criterios y rubros del gasto establecido en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho.

Bajo este tenor, las entidades federativas, entre ellas el Estado de México, basaron su propuesta de inversión para el ejercicio dos mil ocho, en la estructura programática emitida al efecto, donde se aperturó el rubro municipal dentro de las aportaciones federales y estatales y, derivado de lo anterior, la propuesta de inversión remitida por el Estado de México contiene una inversión del 20.7 por ciento para los Municipios, lo que demuestra que las acciones implementadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron una herramienta útil para que las entidades federativas, con plena autonomía a sus facultades, otorgaran recursos federales a los Municipios. De ahí que no se ha incurrido en omisión alguna y que la actuación de emitir la fórmula para la distribución de los recursos del FASP es correcta, tras apegarse tanto a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, como a la formalidad de la aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por consiguiente, es infundado que se transgredió el normativo 126 constitucional, por no haberse promovido la asignación del veinte por ciento de lo presupuestado a favor de los Municipios; sino que las condiciones jurídicas a conductas dispuestas para el Ejecutivo Federal y el Consejo Nacional de Seguridad Pública fueron cumplimentadas conforme a su contenido y alcances, dado que el manejo de recursos de la forma que pretende el Municipio actor se aparta del marco legal multicitado.

Finalmente, además de lo infundado de los conceptos de invalidez que esgrime el Municipio inconforme, es incierto y carente de prueba de que a dicho ente se le prive de un recurso presupuestario previsto bajo ciertas condiciones que el actor no justificó y más aún, de que se le prive o afecte al Municipio actor de su hacienda municipal, en razón de que las aportaciones federales del ramo en cuestión están dispuestas para los Estados y el Distrito Federal, y no puede estimarse que formen parte del patrimonio hacendario del Municipio, sin que por sí solo el normativo 9 del presupuesto de egresos de la Federación constituya u otorgue beneficio o presupuesto a dicho Municipio, sino que, en su caso, habría de ser a través de la determinación local de distribución conforme a los criterios ya vertidos.

Contestación del gobernador del Estado.

1. En cuanto a causas de improcedencia:

a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda fue presentada extemporáneamente.

b) El Municipio actor carece de interés jurídico en virtud de la falta de legitimación por cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que son aportaciones de recursos diversos a los dispuestos para los Municipios, por lo que carecen de legitimación para reclamar recursos de dicho fondo.

2. En cuanto al fondo del asunto.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su carácter de instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió el Acuerdo 03/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de enero del citado año, mediante el cual aprobó los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año dos mil ocho.

En el Acuerdo 02/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, proveniente del presupuesto de egresos mencionado y la cantidad que le corresponde a cada una de las 32 entidades federativas, sobre el monto de 6 mil millones de pesos, autorizados al Ramo 33 para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal, que fueron asignados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; sin este acuerdo el Consejo Nacional de Seguridad Pública presentó los contenidos, ponderaciones y fórmulas de distribución, así como el resultado de su aplicación a cada una de las entidades federativas, y en los que estableció los criterios conforme a los cuales se distribuirán los recursos del FASP.

En la ponderación de estos criterios de asignación del FASP, el Consejo Nacional de Seguridad Pública estableció el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos, determinando la fórmula de distribución de los recursos del FASP a distribuirse entre cada una de las 32 entidades, conforme a la fórmula que reflejan los siete criterios con su respectiva ponderación aplicados a los 6 mil millones de pesos, que fue el monto total de los recursos asignados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho al FASP, determinando la fórmula a que se hace mención en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación.

El artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación mencionado establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que el veinte por ciento de los recursos del FASP se distribuyan a los Municipios, no previendo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá aportar dicho veinte por ciento a los Municipios, sino que prevé que promoverá dicho porcentaje.

De este modo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, después de haber hecho una serie de cálculos en base a la fórmula para la distribución de los fondos del FASP, determinó la cantidad que a cada una de las entidades federativas le corresponden, estimándose que corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Pública hacer las manifestaciones pertinentes en cuanto a la forma en que estimó la promoción del veinte por ciento que prevé el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho.

Desde esta perspectiva, el gobernador del Estado de México alude a que en ningún caso deben estimarse inconstitucionales los actos combatidos en el presente medio de control constitucional.

OCTAVO. Mediante escrito recibido el once de julio de dos mil ocho, Dolores Brisa Huerta Isidoro, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, promovió ampliación de la demanda de controversia constitucional, en la que señaló como acto demandado el convenio de nueve de enero de dos mil ocho, suscrito entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Estado de México, y expuso los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:

1. Que las omisiones reclamadas son violatorias del régimen de concurrencia previsto por el artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, en razón de que resulta que por virtud de dichas omisiones que resultan del convenio específico suscrito en la materia con el Gobierno del Estado de México, se limita la participación del Gobierno Municipal actor en tanto integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no promoverse que le sean transferidos recursos federales para la seguridad pública, con lo cual los actos cuya invalidez se reclama transgreden el principio de concurrencia previsto en el precepto constitucional señalado previamente.

2. Que al incurrir en la omisión reclamada, que es de tracto sucesivo, los órganos demandados incurren en violación al artículo 126 constitucional, que establece que el gasto público debe ajustarse a las disposiciones del presupuesto de egresos, por encontrarse en el caso de dejar de acatar un mandato expreso del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil ocho, que consiste en promover la distribución del veinte por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, entre los Municipios.

3. Que las omisiones que se reclaman son violatorias de los artículos 21 y 126 constitucionales, porque impiden que los Municipios en general, y el actor en lo particular, cuenten con el financiamiento autorizado en el presupuesto de egresos para ejercer sus funciones en materia de seguridad pública.

NOVENO. Mediante auto de catorce de julio de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la ampliación de la demanda promovida por la parte actora, respecto del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebró la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de México, publicado el nueve de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el expediente al Ministro Juan N. Silva Meza, a fin de que continuara con la instrucción del procedimiento.

DÉCIMO PRIMERO. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo al secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al gobernador del Estado de México, dando contestación a la ampliación de la demanda de controversia constitucional.

DÉCIMO SEGUNDO. Sustanciado el procedimiento en este asunto, el dieciséis de octubre de dos mil ocho, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en la fracción I del punto tercero del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Otzolotepec, Estado de México y los Poderes Ejecutivos de la Federación y del propio Estado, en el que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no plantearse la inconstitucionalidad de ninguna norma general.

SEGUNDO. Enseguida, lo procedente es analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Previamente, cabe aclarar que los actos impugnados en este asunto son los siguientes:

a) El convenio de coordinación en materia de seguridad pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo estatal el nueve de enero de dos mil ocho.

b) La omisión del consejo de seguridad pública de cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho, consistente en no promover la distribución del veinte por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal entre los Municipios.

De lo anotado se ad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21458-8310d6db/fondo-de-aportaciones-federales-para-la-seguridad-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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