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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2008. · Registro digital (IUS): 22789
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1646.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2008. MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el siete de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nazario Castañeda Morales, quien se ostentó como síndico del Municipio de Tepoztlán, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridad demandada:

Poder Ejecutivo Federal.

Normas impugnadas:

1. El Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil ocho, en específico, el artículo 2o., fracciones VII y X, el capítulo I del título II, los artículos 6o., 9o., 10, 13 y 14, el capítulo II del título II, los artículos 33 a 36, los artículos 45, fracción III, 49 y 65, así como los artículos tercero, quinto, sexto, octavo y noveno transitorios.

2. El acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a bioseguridad que conforman el régimen especial de protección del maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación de maíz genéticamente modificado, publicado en el sitio web de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cuatro de abril de dos mil ocho.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) México es un país rico en biodiversidad, considerando la variedad morfológica y genética de determinadas especies. En su conjunto, el mosaico de ecosistemas representa la base natural de la economía nacional y un recurso que los mexicanos necesitan preservar, tanto por su significación económica, actual y futura, como por el valor que representa la naturaleza en sí misma. Su manejo no debe transgredir las reglas que rigen su funcionamiento, por lo cual, se deben definir ciertos umbrales de perturbación, más allá de los cuales se compromete la capacidad de autorregulación de los ecosistemas. El respeto a estos umbrales de perturbación se traduce en criterios de conservación y uso sustentable del territorio y sus recursos.

Desde una perspectiva estrictamente económica, los ecosistemas y sus recursos pueden conceptualizarse como "capital ecológico", a fin de ubicarlos en la lógica de la producción y del consumo. El concepto de "capital ecológico" puede facilitar la adopción de nuevas prácticas y relaciones institucionales entre el aparato productivo y el medio ambiente. Una vez situada en este contexto, la conservación de los ecosistemas se relaciona con el principio de desarrollo sustentable, ya que la noción de "capital natural" implica legar un acervo de recursos naturales, igual o mayor, a las generaciones futuras.

b) Durante siglos, el maíz ha dotado de identidad a los habitantes del territorio que hoy comprende nuestra nación. Esta importancia cultural ha sido construida de generación en generación, desde hace más de nueve mil años, por lo que México es centro de origen y diversidad genética del maíz.

Los campesinos mexicanos han "inventado" los dieciséis tipos principales de maíz con que cuenta nuestro territorio, de los que se derivan las casi sesenta variedades de maíz criollo y las casi dos mil variedades adaptadas, entre las cuales se encuentran las que mejor responden a la competencia con hierbas silvestres, a los ataques de plagas o a condiciones climáticas adversas, así como las que poseen características especiales para la elaboración de ciertos alimentos, como tortillas, pozole, pinole, tostadas y las que son aptas para el consumo directo en forma de elotes.

México cuenta, además, con una gran biodiversidad, por lo que la contaminación de toda esta variedad genética representa un grave peligro, no sólo para nuestro país, sino para la humanidad, dado que, en caso de perder las plantas madre, los campesinos no podrían continuar la práctica de adaptación de variedades tradicionales para enfrentar problemáticas de sequía, plagas y cambios agronómicos.

La generación de organismos genéticamente modificados ha generado gran incertidumbre en cuanto a sus impactos en la salud, debido a que no se han hecho los estudios necesarios, apegados al principio precautorio, para demostrar su inocuidad en la salud humana. Además, han generado daños irreversibles de gran alcance sobre el medio ambiente, pues la salud de los suelos se ha visto minada por la acumulación de la toxina BT, causando resistencia en insectos y, en el caso del transgénico RR, en malezas.

Por lo anterior, el maíz es objeto especial de protección de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, por lo que hace a las acciones y medidas de control, evaluación, monitoreo y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, a fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar, incluyendo los aspectos que garanticen la inocuidad de dichos organismos respecto del maíz originario de México.

c) El trece de junio de dos mil dos México suscribió dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de Río, en la que se establece el principio precautorio para los aspectos de bioseguridad, según el cual, con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades. Asimismo, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

De igual forma, México suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a estos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, así como mediante una financiación apropiada.

d) Ante la preocupación mundial sobre el desarrollo y liberación de organismos genéticamente modificados y los riesgos asociados a éstos, se firmó el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, publicándose en el Diario Oficial de la Federación, el primero de julio de dos mil dos, el decreto por el que se aprueba dicho protocolo.

e) En el año dos mil dos, representantes de la sociedad civil mexicana, organizaciones internacionales y, en particular, grupos indígenas y campesinos del Estado de Oaxaca, solicitaron al Secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte, el inicio de un estudio independiente sobre los efectos del maíz en México, emitiéndose, el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, el estudio denominado "Maíz y Biodiversidad: Efectos del Maíz Transgénico en México".

Entre las recomendaciones que se contienen en el referido estudio destacan las siguientes:

1. Para evitar el flujo génico, se debe mantener y fortalecer la actual moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico en México, minimizando las importaciones de maíz transgénico vivo.

2. Para proteger la biodiversidad, se debe conservar la diversidad genética de las especies locales de maíz mexicano y teocintle.

3. Para proteger la salud, se deberá prohibir la modificación del maíz para producir fármacos y compuestos industriales no aptos para el consumo humano y animal.

4. Para reducir las probabilidades de contaminación en México, a través de la siembra de maíz transgénico, se deben poner en marcha las siguientes medidas:

(i) Que el maíz importado de Estados Unidos esté etiquetado.

(ii) Que todo el maíz importado a México, que no pueda garantizar estar libre de transgénicos, sea enviado, directamente y sin excepción, a ser molido.

Este estudio reconoce que el maíz es algo más que un cultivo y un alimento clave para los mexicanos. El maíz encarna profundos valores culturales, simbólicos y espirituales, que deben ser respetados y protegidos.

f) El dieciocho de marzo de dos mil cuatro fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con un objetivo protector de la salud, el ambiente, la biodiversidad y el maíz originario de México, para lo cual se previó la existencia de un sistema de salvaguardas de la bioseguridad en México, estructurado de la siguiente manera:

1. Objetivos

El artículo 1 de la ley señala como objetivos de la misma regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

2. Principios

El artículo 2 de la ley señala los principios del sistema, siendo éstos los postulados con contenido normativo obligatorio para las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, que determinan las normas derivadas de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

(i) Principio de protección de la bioseguridad y el medio ambiente, según el cual la protección de la biodiversidad y de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida debe salvaguardarse mediante la evaluación previa y monitoreo posterior a la liberación de los posibles riesgos derivados de las actividades con organismos genéticamente modificados.

(ii) Principio de legalidad, según el cual se deberán observar las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, reglamentos, normas oficiales mexicanas y tratados en los que México sea parte.

(iii) Principio de transparencia y eficacia de los procedimientos, según el cual los procedimientos administrativos, para otorgar permisos y autorizaciones para realizar actividades con organismos genéticamente modificados, deben ser eficaces y transparentes.

(iv) Enfoque de precaución o precautorio, según el cual, con el fin de proteger el medio ambiente y la diversidad biológica, el Estado mexicano deberá aplicar el enfoque de precaución, conforme a sus capacidades, tomando en cuenta los compromisos establecidos en los tratados internacionales en que es parte.

No existe una definición universalmente aceptada de este enfoque; sin embargo, del texto de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como de la doctrina y práctica internacionales, puede señalarse que la incertidumbre acerca del daño es el signo que fundamentalmente caracteriza este principio, es decir, el acto futuro de realización incierta es el elemento que activa el enfoque precautorio en beneficio de los gobernados y el que genera el derecho de exigir acciones de la autoridad tendientes a evitar riesgos.

(v) Principio de evaluación caso por caso, siendo ésta la evaluación individual de los organismos genéticamente modificados, sustentada en la evidencia científica y técnica disponible.

(vi) Principio de liberación paso por paso, que es el enfoque metodológico conforme al cual todo organismo genéticamente modificado que esté destinado a ser liberado comercialmente, debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de evaluación de riesgos y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de liberación en programa piloto.

(vii) Rectoría responsable del Estado, según el cual la aplicación de la ley, el reglamento y las normas oficiales mexicanas, los procedimientos administrativos y criterios para la evaluación de los posibles riesgos que pudieran generar las actividades con organismos genéticamente modificados, los instrumentos de control de dichas actividades, la implantación de medidas de seguridad y de urgente aplicación y la aplicación de sanciones por violación a las disposiciones aplicables en la materia, son la forma como el Estado mexicano actúa con precaución, de manera prudente y con bases técnicas y científicas, para prevenir, reducir o evitar los posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la salud humana, al medio ambiente o a la diversidad biológica.

3. Instrumentos

El sistema debe instrumentarse para dotar a la bioseguridad de normas jurídicas que vayan creando los instrumentos y los criterios que regirán a las autoridades y a los gobernados en la tramitación, otorgamiento, ejecución, vigilancia y control de los organismos genéticamente modificados.

En términos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, los instrumentos del sistema son los siguientes:

(i) Normas reglamentarias.

(ii) Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología.

(iii) Normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad.

(iv) Régimen de permisos.

(v) Régimen de avisos.

(vi) Régimen de autorizaciones de la Secretaría de Salud.

(vii) Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad.

(viii) Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

(ix) Establecimiento, caso por caso, de áreas geográficas libres de organismos genéticamente modificados.

(x) Régimen de protección especial del maíz.

g) Tomando en cuenta estos objetivos, principios e instrumentos del sistema, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue previendo, en sus transitorios, la conformación de los órganos de participación y sistemas de información que permitieran el desarrollo de la normatividad y su aplicación, estableciéndose un término específico para la expedición de las disposiciones reglamentarias relativas a la coordinación y participación, en las que deberá contemplarse la creación de organismos técnico-científicos plurales de coordinación, consulta y participación, entre los que destacan la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y dos órganos consultivos, el Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto. De igual forma, se estableció un término específico para la reglamentación y posterior funcionamiento de los sistemas de información sobre bioseguridad.

h) A este respecto, debe señalarse que, a la fecha, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud han incumplido con lo dispuesto en los artículos transitorios de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, en virtud de que las normas oficiales mexicanas debieron haberse presentado a los Comités Consultivos Nacionales de Normalización e integrarse al Programa Nacional de Normalización.

i) El dieciocho de mayo de dos mil seis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el Proyecto de Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Una vez concluido el trámite respectivo al interior de dicha comisión, el proyecto de reglamento antes mencionado fue enviado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de acuerdo con el proceso de formulación para revisión y posterior promulgación.

Cabe destacar que, entre el proceso de dictaminación y promulgación, el proyecto de reglamento en cuestión fue sumamente modificado, sin considerar la totalidad de los comentarios enviados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Finalmente, el reglamento, materia de la presente controversia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil ocho.

j) En ninguna de sus etapas de conformación, el reglamento fue remitido al Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, siendo esta instancia, conforme a la ley, órgano de consulta obligatoria en la materia.

Con motivo de la ilegal publicación del reglamento, el Consejo Consultivo Científico hizo circular una comunicación electrónica abierta, en la que manifestó su inconformidad con el método de formulación, así como con el contenido del referido ordenamiento.

k) En los artículos transitorios del reglamento que se combate, se estableció que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud debían adoptar medidas de carácter general tendientes al trámite y otorgamiento de permisos y autorizaciones para la liberación de organismos genéticamente modificados, de tal manera que es inminente la realización de actos de ejecución del reglamento tildado de inconstitucional.

l) En este sentido, el cuatro de abril de dos mil ocho, fue presentada ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la manifestación de impacto regulatorio para el anteproyecto denominado "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a bioseguridad que conforman el régimen especial de protección del maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación de maíz genéticamente modificado", iniciándose el procedimiento de dictaminación de procedencia en la misma fecha, lo que resulta inconstitucional, al no observar las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

m) En el periódico La Jornada, de veintiséis de marzo de dos mil ocho, se hizo pública la declaración de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que señala, entre otras cuestiones, que "con el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados ya se pueden realizar cultivos de maíz transgénico, pues el régimen especial de ese grano y la definición de los centros de origen son aspectos adicionales".

Lo anterior hace evidente la intención de las autoridades competentes de otorgar permisos de liberación de organismos genéticamente modificados, sin que se establezcan los centros de origen y el plan especial para su protección y, aunque no se menciona, puede inferirse que tampoco se considera necesaria la expedición de las normas oficiales mexicanas para el otorgamiento de dichos permisos, lo que resulta a todas luces ilegal, dado que se plantea la ejecución de acciones de riesgo, sin contarse con los elementos necesarios para la debida protección y control de la bioseguridad.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

a) El decreto promulgatorio del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados viola lo dispuesto por los artículos 4o., 25 y 89, fracción I, de la Constitución Federal, por lo siguiente:

El artículo 20 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece que el Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados fungirá como órgano de consulta obligatoria en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad.

Por lo anterior, el Consejo Consultivo Científico debió haber sido consultado sobre el proyecto de reglamento en comento, no pudiendo éste ser publicado, sino hasta en tanto se atendieran las observaciones formuladas por el consejo a este respecto, como se establece en la propia Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Consecuentemente, resulta claro que el procedimiento por el que se expidió el decreto promulgatorio del reglamento que se combate se encuentra viciado, al violentar lo dispuesto en los ordenamientos aplicables y afectar, con ello, las facultades del Municipio actor, en materia de protección al ambiente.

b) El decreto promulgatorio del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, viola lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 4o., 14, 16, 25, 27, 131 y 133 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 13 y 23.1 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 5 (c) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y 8 (j) del Convenio sobre Diversidad Biológica respecto al Derecho a la Consulta y a la Participación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo siguiente:

La autoridad demandada promulgó, sin haber consultado previamente a los pueblos indígenas, un reglamento cuyo contenido incide directamente sobre prácticas e innovaciones que entrañan estilos tradicionales de vida adoptados para la conservación y utilización sostenible de la diversidad, lo que vulnera los derechos de estos pueblos en materia ambiental, al no crearse las condiciones legales básicas para la toma de decisiones sobre un reglamento que, sin duda, afectará el hábitat en que éstos se encuentran asentados y el cultivo del que se consideran custodios.

En efecto, el reglamento versa sobre una materia de interés para los pueblos indígenas, esto es, la bioseguridad de organismos genéticamente modificados cuya liberación puede causar graves daños al entorno que éstos milenariamente han procurado conservar y respecto de cultivos, como el maíz, del cual México es centro de origen y biodiversidad; sin embargo, los pueblos indígenas no fueron consultados en el proceso de expedición del reglamento, afectándose con ello, de manera directa, los derechos que en su favor establecen la Constitución Federal y diversos tratados internacionales.

En este orden de ideas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es considerado el estándar de protección más alto en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En su artículo 6 establece una serie de garantías procedimentales respecto del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en los actos legislativos susceptibles de afectarles directamente.

Cabe mencionar que un procedimiento ordinario de consulta para el general de la población no es suficiente para cumplir con tales disposiciones, ya que estos pueblos cuentan con órganos y procedimientos específicos que deben ser atendidos en este tipo de consultas.

Por lo anterior, la promulgación del reglamento que se combate es inconstitucional, al haber desatendido un mandato de consulta obligatorio para el Ejecutivo Federal y, de esta manera, haber violentado los derechos de los pueblos indígenas, en materia de consulta y participación y, por consiguiente, sus derechos a la conservación y manejo del hábitat a través de sus prácticas tradicionales.

c) El capítulo I del título II del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados viola lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 25, 27 y 89, fracción I, de la Constitución Federal, por lo siguiente:

Los objetivos y principios de bioseguridad que señala la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados deben ser la base para establecer procedimientos administrativos y criterios para la evaluación y el monitoreo de los posibles riesgos que llegaren a causar los organismos genéticamente modificados. Estos procedimientos y criterios se desarrollan en la esfera de lo jurídico a través de normas reglamentarias, expedidas por el Ejecutivo Federal, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley.

El reglamento impugnado que, se supone, viene a cumplir esa función ejecutora en la esfera administrativa, lo hace de manera inconstitucional, al incurrir en omisiones y defectos que violan el marco jurídico establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, según se expone a continuación:

El capítulo I del título II, relativo a la solicitud de permisos, viola el contenido de los preceptos fundamentales antes citados, toda vez que requisita de los particulares información que debe ser materia de regulación en las normas oficiales mexicanas y no del reglamento y prevé derechos para los solicitantes de los permisos, que contravienen los principios de bioseguridad que señala la ley, pues, a través de ventajas procedimentales, el Estado mexicano incumple con su obligación de protección de la salud, el medio ambiente y la biodiversidad, al establecer un sistema de bioseguridad desinformado, por lo que hace a los aspectos científicos y sociales relacionados, y por demás ineficaz para cumplir con el objetivo protector en cuestión, haciendo nugatorio, por otra parte, el derecho de la sociedad de manifestarse mediante la consulta pública.

El artículo 6 del reglamento excede la facultad reglamentaria otorgada al Ejecutivo Federal en el artículo 89, fracción I, constitucional, al establecer que, de existir controversia en cuanto al contenido de la solicitud presentada, tanto en idioma extranjero como en idioma español, prevalecerá lo manifestado en el idioma de origen, en virtud de que deja en estado de indefensión a quienes controviertan, en un momento dado, el trámite de otorgamiento de permisos, pues puede resultar que la versión por éstos conocida sea la que se encuentre en idioma español y que, no obstante la divergencia que puedan tener, será la versión en idioma extranjero la que prevalecerá. Esta disposición resulta a todas luces inconstitucional, ya que no existe precepto alguno en la Constitución, ni en la ley que la reglamenta, en que semejante previsión se establezca, además de que contraviene lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente, en la parte relativa al idioma en que pueden ser presentados los escritos.

El artículo 9 del reglamento resulta igualmente inconstitucional, al establecer un derecho en favor del solicitante que contraviene medidas de bioseguridad relacionadas con la protección a la salud y el medio ambiente. En efecto, este dispositivo permite que la autoridad valide solicitudes que pueden estar incompletas por falta de información requerida por las normas oficiales mexicanas, teniendo que admitirlas a trámite cuando se determine dicha circunstancia con posterioridad.

El artículo 10 del reglamento viola, de igual forma, el contenido de los preceptos fundamentales antes citados, en cuanto restringe ilegalmente la facultad de la autoridad de requerir información adicional dentro de los veinte días posteriores a la admisión de la solicitud, cuando haya incertidumbre acerca del nivel de riesgo que los organismos genéticamente modificados pueden causar a la diversidad biológica, lo que indudablemente se traduce en que la autoridad limite la posibilidad de controlar las medidas de seguridad en caso de incertidumbre, siendo que los temas de bioseguridad son de orden público e implican la prevención de riesgos a la salud, al ecosistema y a la biodiversidad. En este sentido, el establecimiento de términos por parte de la autoridad no debe ser arbitrario, pues ésta debe atenerse a los principios que establece la norma que reglamenta, debiendo, por tanto, considerar plazos razonables para poder ejecutar su labor con toda la información necesaria y llevar a cabo la consulta correspondiente.

El artículo 13 del reglamento excede igualmente la facultad reglamentaria otorgada al Ejecutivo Federal, en el artículo 89, fracción I, constitucional, por cuanto establece un plazo insuficiente para la emisión de un dictamen de bioseguridad, lo que lo convierte en un mero requisito de trámite, además de que no regula la forma en que la autoridad formulará la consulta al comité técnico y a los diversos consejos consultivos, para respaldar, con información técnica y científica, la evaluación sobre los riesgos que pueda tener la liberación de organismos genéticamente modificados.

En el mismo sentido, el artículo 14 del reglamento resulta violatorio de los preceptos fundamentales en cita, en virtud de que disminuye las facultades de control de las propias autoridades, al otorgar a los solicitantes de los permisos el derecho a una especie de "dictamen favorable ficto", lo que, en materia de bioseguridad, resulta absolutamente ilegal, pues, ante una posible ineficacia burocrática derivada de cualquier causa, se entiende como segura la liberación de organismos genéticamente modificados, aun cuando, en realidad, no debiera ésta haberse aprobado.

d) El capítulo II del título II del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados viola lo dispuesto en los artículos 4o., 25, 27 y 89, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que el Ejecutivo Federal excedió sus facultades reglamentarias en el establecimiento de los requisitos para las solicitudes de liberación al ambiente pues, conforme al artículo décimo primero transitorio de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, dada su naturaleza eminentemente técnica, debieron ser materia de las normas oficiales mexicanas sobre bioseguridad.

La facultad reglamentaria consiste en desarrollar el precepto legal para poder llevar a cabo su ejecución. Aun cuando la emisión de un reglamento puede llevar a detalle una norma para su debido cumplimiento, en algunas ocasiones, se requiere de tal especificación técnica que la facultad reglamentaria debe seguir un determinado pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22789-07735fa5/controversia-constitucional-el-sobreseimiento-por-falta-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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