CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROMOVER, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007, QUE EL 20% DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL SE DISTRIBUYA A LOS MUNICIPIOS CONFORME A CRITERIOS QUE INTEGREN EL NÚMERO DE HABITANTES Y EL AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE MECANISMOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DICHOS RECURSOS, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 21 Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2008. MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO, RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de diciembre de dos mil ocho.
VISTOS Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el seis de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Griselda García Arias, quien se ostentó con el carácter de síndico del Municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional en representación del Municipio referido, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitido por los órganos que a continuación se mencionan:
Órganos demandados:
1. Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2. El secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal.
3. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Actos cuya invalidez se demanda:
1. La omisión absoluta consistente en la falta de discusión y acuerdos expresos por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para dar cumplimiento al mandato previsto en la fracción I del artículo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación.
2. El Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil ocho, suscrito entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, específicamente, respecto a la omisión en que incurre al no incorporar mecanismos para promover la distribución de recursos que se describe en el punto anterior.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
a) El artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil siete, regula en su fracción I, la distribución para el ejercicio fiscal en curso, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, estableciendo en su segundo párrafo lo siguiente: "El Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuyan a los Municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura".
b) El nueve de enero de dos mil ocho, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin incorporar mecanismos que permitieran la distribución a los Municipios a que se refiere la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho; estos acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil ocho y de su lectura se desprende la omisión administrativa y presupuestal que se reclama.
c) El doce de febrero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio de coordinación en materia de seguridad pública que celebran los poderes demandados, instrumento que da continuidad a la omisión reclamada y la concreta para el caso específico de los Municipios de Nayarit, dado que tampoco contiene medidas específicas para la ejecución del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho.
d) Con lo anterior el Municipio actor, como los demás Municipios del Estado de Nayarit, están siendo excluidos del régimen de concurrencia que en materia de seguridad pública establece el artículo 21 constitucional, además de incurrirse en violación al principio constitucional de presupuestación formal del gasto público.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
1. Las omisiones reclamadas son violatorias del régimen de concurrencia previsto en el artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública.
Considera que en virtud de las omisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las que resultan del convenio específico suscrito en la materia con el Gobierno del Estado de Nayarit, se limita la participación del Gobierno Municipal actor en tanto integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no promoverse que le sean transferidos recursos federales para la seguridad pública, con lo cual los actos cuya invalidez se reclama transgreden el principio de congruencia previsto en el artículo 21 constitucional.
2. Las omisiones que se reclaman son violatorias del artículo 126 constitucional.
Sostiene que al incurrir en la omisión que se comenta, que es de tracto sucesivo, los órganos demandados incurren en violación al artículo 126 constitucional, que establece que el gasto público debe ajustarse a las disposiciones del presupuesto de egresos, por encontrarse en el caso de dejar de acatar un mandato expreso del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil ocho, que consiste en promover la distribución del veinte por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal entre los Municipios.
3. Las omisiones que se reclaman son violatorias de los artículos 21 y 126 constitucionales, porque impiden que los Municipios en general y el actor en particular, cuenten con el financiamiento autorizado en el presupuesto de egresos para ejercer sus funciones en materia de seguridad pública.
Refiere que se causa perjuicio al Municipio actor con las omisiones que son materia de esta controversia, consistente en la falta de disposición de la parte que le corresponde sobre el veinte por ciento de los recursos del fondo, que fueron asignados al Estado de Nayarit, con lo cual se limita gravemente la capacidad del Gobierno Municipal para hacerse cargo de las funciones que le corresponden en materia de seguridad pública, a la luz del principio de concurrencia previsto en el artículo 126 interpretado a contrario sensu.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 21 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y por razón de turno designó al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda y tuvo por ofrecidas las documentales exhibidas.
En el mismo acuerdo reconoció el carácter de demandados al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y ordenó emplazarlos para que formularán su respectiva contestación; no reconoció el carácter de demandado al secretario de Seguridad Pública, por ser un órgano subordinado al propio Poder Ejecutivo Federal, siendo en su caso éste quien tendría que proveer lo conducente al cumplimiento de la sentencia que se dicte en la controversia; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Las autoridades demandadas contestaron la demanda manifestando, en síntesis, lo siguiente:
Secretario de Seguridad Pública.
1. En cuanto a causas de improcedencia:
a) Es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda fue presentada extemporáneamente, pues respecto del acto consistente en la omisión absoluta en que supuestamente incurrió el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al no fijar las bases que cumplieran con lo dispuesto en la fracción I del normativo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año dos mil ocho, mediante el Acuerdo 02/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, dicho consejo nacional aprobó los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, publicándolos en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil ocho, de manera que la acción que pretende el actor tuvo el plazo de treinta días hábiles, computables a partir del quince de enero del citado año al veintisiete de febrero del mismo año, para promover la controversia constitucional y, al no hacerlo así, deviene la improcedencia de la acción constitucional.
b) No existe omisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el cumplimiento al artículo 9, fracciones I y XII, del presupuesto de egresos de la Federación, puesto que mediante el Acuerdo 02/XXII/2008 se distribuyó el presupuesto previsto para el rubro de aportaciones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal.
En el Acuerdo 03/XXII/08 el consejo aprobó los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año dos mil ocho, de manera que el consejo sí fijó las bases de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como los diez ejes estratégicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública para el dos mil ocho, no puede calificarse de una omisión u omisión absoluta, por lo que desde ese momento, si el Municipio actor estaba inconforme con tal distribución, podía impugnar dicho acto.
c) El Acuerdo 2/XXII/2008, por sí solo, no afecta al Municipio actor, por lo que sobreviene una causa de improcedencia diversa de la acción constitucional, consistente en la falta de interés jurídico.
d) En cuanto al Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebró la Secretaría de Seguridad Pública con el Estado de Nayarit el nueve de enero de dos mil ocho, vigente a partir de esa fecha, el plazo legal para el ejercicio de la controversia constitucional comprendió del once de enero al veintidós de febrero de dos mil ocho, en el cual el Municipio actor no ejerció la acción que ahora intenta y, por ende, resulta extemporánea.
e) El Municipio actor carece de interés jurídico en virtud de la falta de legitimación por cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que son aportaciones de recursos diversos a los dispuestos para los Municipios, por lo que carecen de legitimación para reclamar recursos de dicho fondo.
Las reglas resultantes del artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil ocho confirman y acentúan la improcedencia del reclamo pretendido a la Federación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, puesto que ni uno ni otro opera el Programa Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, es decir, el Municipio actor pretende reclamar el acto de distribución de las aportaciones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal sin exponer ni justificar que participa en dicho programa estatal.
En conclusión, por razón de la naturaleza de las aportaciones y las reglas de operación, por falta de interés jurídico, es improcedente el reclamo de los actos y las pretensiones que formula el Municipio actor contra la Federación y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2. Respecto del fondo del asunto.
Los motivos de invalidez que arguye el Municipio actor respecto de la omisión en la distribución de los recursos previstos en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación, son infundados.
Desde el plano constitucional como legal existe concurrencia de facultades en materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, también, en materia tributaria, sin que ello signifique un estado difuso o incierto de las facultades de cada nivel de gobierno, en tanto, por el contrario, se encuentra integrado el régimen normativo de coordinación para cada materia a través de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.
La participación de los Municipios en la facultad-deber de seguridad pública no es de manera directa con la Federación, sino como lo establece la ley general señalada, a través de la coordinación con la entidad federativa a la que pertenece; y será dicha entidad la que en unión de la Federación integren el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera que la Federación destina recursos para los Estados y el Distrito Federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y fondos para los Municipios, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, previstos en el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal.
La participación de recursos de la Federación opera mediante los convenios de adhesión que suscriben las entidades federativas con la Federación, no de los Municipios con ésta, pero ello no significa que los Municipios estén excluidos de percibir recursos federales, sino que ello, conforme al régimen federalista, se instrumenta a nivel local mediante normas generales de las Legislaturas Estatales que establecen la distribución equitativa entre los Municipios de cada entidad, de manera que contrario a lo sostenido por el Municipio reclamante, los actos del Ejecutivo Federal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lejos de violentar el preceptivo 21 constitucional, se apegan a las reglas de coordinación de ambas materias, la seguridad pública y la coordinación tributaria, fundados en los diversos artículos invocados de la Constitución Federal y de las citadas leyes.
El artículo 9, fracción I, del presupuesto de egresos de la Federación no establece mecanismos diversos de distribución de los recursos, a los previstos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera que conforme a aquellas reglas ahí contenidas, es a través de la coordinación estatal como se distribuirán, en su caso, las aportaciones que le corresponden a los Estados y el 20 por ciento para los Municipios, bajo el cumplimiento de las dos condiciones rectoras: El número de habitantes y el avance de los Municipios en los programas estatales de seguridad pública, de manera que pretender que la Federación o el Consejo Nacional de Seguridad Pública distribuyan, determinen montos de recursos o valoren y validen el avance de los Municipios en los programas que tenga implementado cada Estado, no sólo no está dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, sino con mayor gravedad contravendría el pacto federal y las soberanías estatales y significaría nulificar los sistemas estatales tanto de seguridad pública como de participación fiscal e, incluso, la responsabilidad de la Federación al manejar o aplicar recursos presupuestarios de manera distinta a la prevista por la norma.
Si el espíritu del legislador hubiese sido de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fuese la instancia que determinara la distribución de recursos del FASP a los Municipios, no sólo se habría establecido así, literalmente, en el numeral 9 del presupuesto de egresos de la Federación de dos mil ocho, sino que también se habría hecho lo propio en las diversas disposiciones normativas relacionadas, a saber, la Constitución Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, ninguna de estas disposiciones normativas y, en específico, el numeral 9 del presupuesto de egresos de la Federación de dos mil ocho, obligan al Consejo Nacional de Seguridad Pública a determinar la distribución de recursos del FASP a los Municipios, así como tampoco establecen mecanismo alguno (acuerdos, lineamientos, procedimientos, etcétera), por el que dicho Consejo Nacional de Seguridad Pública llevará a cabo dicha distribución.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 17, fracción XI, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió oficio a las entidades federativas, con el propósito de orientar el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal dos mil ocho, proponiendo la distribución del 20 por ciento de esos recursos al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública municipales, señalada en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho, y modificó la estructura programática-presupuestal, al incluirse dentro de las aportaciones federales y estatales una columna municipal que permitiera a las entidades federativas la distribución del 20 por ciento ya referido, con el propósito de que las entidades federativas, atendiendo a su autonomía y con apego a la Constitución Federal, el presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho y la Ley de Coordinación Fiscal, en el marco de los anexos técnicos dos mil ocho, consideraran dentro de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los Municipios, bajo los criterios y rubros del gasto establecido en el artículo 9 del presupuesto de egresos de la Federación dos mil ocho.
Bajo este tenor, las entidades federativas, entre ellas el Estado de Nayarit, basaron su propuesta de inversión para el ejercicio dos mil ocho, en la estructura programática emitida al efecto, donde se aperturó el rubro municipal dentro de las aportaciones federales y estatales y, derivado de lo anterior, la propuesta de inversión remitida por el Estado de Nayarit contiene una inversión del 20.7 por ciento para los Municipios, lo que demuestra que las acciones implementadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron una herramienta útil para que las entidades federativas, con plena autonomía a sus facultades, otorgan recursos federales a los Municipios. De ahí que no se ha incurrido en omisión alguna y que la actuación de emitir la fórmula para la distribución de los recursos del FASP es correcta, tras apegarse tanto a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, como a la formalidad de la aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Por consiguiente, es infundado que se transgredió el normativo 126 constitucional, por no haberse promovido la asignación del 20 por ciento de lo presupuestado a favor de los Municipios; sino que las condiciones jurídicas a conductas dispuestas para el Ejecutivo Federal y el Consejo Nacional de Seguridad Pública fueron cumplimentadas conforme a su contenido y alcances, dado que el manejo de recursos de la forma que pretende el Municipio actor, se aparta del marco legal multicitado.
Finalmente, además de lo infundado de los conceptos de invalidez que esgrime el Municipio inconforme, es incierto y carente de prueba de que a dicho ente se le prive de un recurso presupuestario previsto bajo ciertas condiciones que el actor no justificó y más aún, de que se le prive o afecte al Municipio actor de su hacienda municipal, en razón de que las aportaciones federales del ramo en cuestión están dispuestas para los Estados y el Distrito Federal, y no puede estimarse que formen parte del patrimonio hacendario del Municipio, sin que por sí solo el normativo 9 del presupuesto de egresos de la Federación constituya u otorgue beneficio o presupuesto a dicho Municipio, sino que, en su caso, habría de ser a través de la determinación local de distribución conforme a los criterios ya vertidos.
Contestación del gobernador del Estado.
1. Que son infundados los conceptos de invalidez hechos valer por la parte actora, marcados con los números 1 y 3, puesto que el Municipio actor alega que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en acatamiento a lo establecido en el numeral 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho, debió haber promovido que el veinte por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se distribuyeran a los Municipios; sin embargo, refiere que en dicho precepto no se estableció ningún vínculo que sujetara a ese ente a hacer tal cosa, toda vez que no se asentaron las palabras "deberá", "tendrá" o "se obliga a", seguido de la palabra "promover", para así haber incurrido en la omisión citada por la parte actora.
2. Que devienen infundados los conceptos de invalidez argumentados en el punto 2, en el que la parte actora afirmó que el numeral 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debería ser aplicado a contrario sensu; lo anterior en razón de que tal numeral no puede ser interpretado en sentido contrario, pues su alcance encierra una solución restrictiva, en relación con el caso a que se refiere.
SÉPTIMO. Agotado el trámite respectivo, el veintiséis de agosto de dos mil ocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el expediente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, y por diverso auto de tres de noviembre de dos mil ocho se envió a la Primera Sala, cuyo presidente, por acuerdo de seis de noviembre siguiente, tuvo por recibidos los autos y ordenó que esa Sala se avocara a su conocimiento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto único del Acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho; lo anterior, toda vez que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit, en que, en virtud de no impugnarse una norma de carácter general, se estima innecesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
De lo anotado se advierte que en la presente controversia constitucional son impugnados: un acto de carácter positivo y otro omisivo.
La oportunidad de la presentación de la demanda se encuentra regulada por el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que establece:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
Lo anterior lleva a la conclusión de que el plazo para la promoción de la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, ello en términos de la fracción I del artículo 21 transcrito.
En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, consistente en la extemporaneidad de la demanda respecto del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil ocho, al tenor de las consideraciones siguientes.
El cómputo del plazo de treinta días para la presentación de esta controversia constitucional en términos del artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, inició el jueves catorce de febrero de dos mil ocho y venció el martes uno de abril siguiente, descontándose el dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero; uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, por ser sábados y domingos y, por ello, inhábiles, en términos de los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además del diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil ocho, de conformidad con el Acuerdo 2/2006, de treinta de enero de dos mil seis, del Pleno de este Alto Tribunal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; y en términos de lo acordado por el propio Tribunal Pleno en sesión privada de diecinueve de febrero de dos mil ocho.
Bajo esta óptica, si la demanda de controversia constitucional contra el convenio aludido fue promovida el seis de mayo de dos mil ocho, es indudable que resulta extemporánea, de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia; motivo por el cual, con apoyo en la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal, debe decretarse el sobreseimiento en la controversia constitucional por lo que al convenio impugnado se refiere.
Cabe aclarar que se toma en consideración para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda en contra del convenio mencionado, aquella en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, no obstante lo establecido en la cláusula décima octava del propio convenio, que señala: "... Décima octava. Este convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción. ..."; toda vez que en autos no existe constancia alguna de la que se desprenda que el Municipio actor haya tenido conocimiento del convenio a partir de la fecha de su celebración o de su entrada en vigor.
Por último, la controversia constitucional resulta oportuna respecto del acto omisivo impugnado, porque tratándose de actos de esa naturaleza, la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras las omisiones subsistan, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, agosto de 2003
"Tesis: P./J. 43/2003
"Página: 1296
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."
En relación con este acto impugnado, el presidente de la República y el Consejo Nacional de Seguridad Pública al contestar la demanda aducen que es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda fue presentada extemporáneamente, pues respecto del acto consistente en la omisión absoluta en que supuestamente incurrió el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al no fijar las bases que cumplieran con lo dispuesto en la fracción I del normativo 9 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año dos mil ocho, mediante el Acuerdo 02/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, dicho consejo nacional aprobó los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fond
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21477-b82e9dfb/controversia-constitucional-la-omision-del-consejo-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROMOVER, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE PRESUP (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROMOVER, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIA INCONGRUENTE. (s/clave)
- DERECHO DE PETICIÓN. SU RESPETO NO SE SATISFACE POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE FORMULE UNA PETICIÓN O SE PROMUEVA UNA INSTANCIA ARGUMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA NEGAT (I.7o.A.56 A (10a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE NAYARIT INVADE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN AL ORDENARLE, MEDIANTE UN ACUERDO PARLAMENTARIO, EL CUMPLIMIENTO DE (214)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE NAYARIT INVADE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN AL ORDENARLE, MEDIANTE UN ACUERDO PARLAMENTARIO, EL CUMPLIMIENTO DE (P./J. 67/2005)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis