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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROMOVER, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007, QUE EL 20% DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL SE DISTRIBUYA A LOS MUNICIPIOS CONFORME A CRITERIOS QUE INTEGREN EL NÚMERO DE HABITANTES Y EL AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INFRAESTRUCTURA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2008. · Registro digital (IUS): 21522
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 1408.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2008. MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA, AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA Y JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiséis de agosto de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique López de León y Silvino Mendoza Hernández, quienes se ostentaron con el carácter de presidente municipal y síndico de Tlapacoyan, Estado de Veracruz, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, imputados a las autoridades que a continuación se mencionan:

"... II. Órganos demandados y su domicilio: 1. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, órgano que en los términos del artículo 12 de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la instancia superior de coordinación del mismo. 2. El secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. 3. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz. ... IV. Omisiones cuya invalidez se demanda: a) La omisión absoluta consistente en la falta de discusión y acuerdos expresos por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para dar cumplimiento al mandato previsto en la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el sentido de promover ‘que el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuyan a los Municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura’, omisión que debe estimarse de tracto sucesivo. b) El convenio de coordinación en materia de seguridad pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de febrero de 2008, suscrito entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, específicamente respecto de la omisión en que incurre al no incorporar mecanismos para promover la distribución de recursos que se describe en el punto anterior."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, esencialmente, los siguientes:

1. El artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoverá que el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuyan a los Municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

2. El nueve de enero de dos mil ocho el consejo de seguridad mencionado aprobó los rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin incorporar mecanismos que permitieran la distribución a los Municipios de los recursos a que se refiere la fracción I del artículo 9 citado.

3. El trece de febrero de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran los poderes demandados, instrumento en el que tampoco se acordaron medidas para la ejecución del artículo 9, fracción I, en comento.

4. Con lo anterior, el Municipio actor y los demás Municipios del Estado de Veracruz están siendo excluidos del régimen de concurrencia en materia de seguridad pública, que establece el artículo 21 constitucional, además de que se viola el principio constitucional de presupuestación formal del gasto público.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en esencia, son los siguientes:

1. Las omisiones reclamadas son violatorias del régimen de concurrencia en materia de seguridad pública, previsto por el artículo 21 constitucional, la cual es una función de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), que integran un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), para efectos de coordinar las políticas públicas en la materia, debido a que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al aprobar y expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación ordenó en el artículo 9, fracción I, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promoviera que el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuyera a los Municipios, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, el nueve de enero de dos mil ocho, el consejo mencionado aprobó los rubros de gasto del sistema, a los que deberían destinarse los recursos del citado fondo para este ejercicio fiscal, omitiendo promover que el 20 por ciento se distribuyera entre los Municipios.

El trece de febrero de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio de coordinación en materia de seguridad pública que suscriben el Ejecutivo Federal y el gobernador del Estado de Veracruz, en el cual también se omite promover la distribución del 20 por ciento de los recursos hacia los Municipios, incluyendo al actor, como lo ordena el artículo 9, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, con lo cual se limita la capacidad de los gobiernos municipales en general y del actor en particular para participar en la función concurrente que la Constitución establece.

Por virtud del convenio cuya invalidez se reclama, los Municipios reconocidos en la Constitución como integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejan de formar parte del sistema, dado que se les restringe el financiamiento que la Cámara de Diputados ordenó expresamente para el ejercicio fiscal 2008 y que el Estado mexicano no ha dispuesto para el sistema.

Mediante el convenio que se impugna el Ejecutivo Federal y el gobernador del Estado de Veracruz han fijado las bases para la operación e instrumentación de las políticas, lineamientos y acciones de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en esa entidad federativa, en los términos del artículo 11 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que comprende su financiamiento, en términos de la fracción IV del artículo 10 de la ley reglamentaria de dicho sistema; sin embargo, en éste se ha omitido acordar las reglas para que los Municipios que lo integran participen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que es su instrumento financiero.

Por virtud de las omisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del convenio suscrito en la materia con el Gobierno del Estado de Veracruz, se limita la participación del gobierno municipal actor como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no promoverse que le sean transferidos recursos federales para la seguridad pública, con lo cual los actos cuya invalidez se reclama transgreden el principio de concurrencia previsto en el artículo 21 constitucional.

2. Las omisiones reclamadas son violatorias del principio previsto por el artículo 126 constitucional, que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, es decir, impone a los órganos del gobierno la obligación de observar la autorización concedida por el Poder Legislativo para efectos de ejercer el gasto público e incluye no sólo la prohibición de hacer gastos que no estén previstos en el presupuesto, sino la de sujetar el gasto público a las normas contenidas en el mismo, prohibición que debe entenderse también contrario sensu, es decir, que es obligatorio hacer aquellos pagos respecto de los cuales se individualicen las hipótesis normativas previstas en el propio presupuesto y en el marco jurídico mexicano.

Los órganos demandados incumplen con la obligación constitucional de observar las reglas que para el ejercicio presupuestal aprueba la Cámara de Diputados anualmente, al aprobar acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y suscribir un convenio de transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sin observar el mandato de la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos para 2008.

El Municipio actor y los Municipios mexicanos dejan de percibir recursos federales que la Cámara de Diputados ordenó se promoviera que les fueran transferidos, dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública omitió en sus acuerdos de nueve de enero de dos mil ocho promover expresamente la transferencia del 20 por ciento a que se ha hecho referencia, y que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Estado de Veracruz, omitieron también promover al suscribir el convenio por el que se ejecutan los acuerdos del Consejo Nacional.

La disposición aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la fracción I del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que establece el deber del Consejo Nacional de Seguridad Pública de promover la distribución del 20 por ciento del FASP a los Municipios, no puede entenderse como de cumplimiento optativo, sino que el consejo está obligado a discutir expresamente medidas para promover esa distribución de recursos, independientemente del resultado de dicha discusión, sin que lo haya hecho en la sesión del nueve de enero de dos mil ocho, que era la oportunidad legal para hacerlo, aunque la omisión es de tracto sucesivo.

La omisión que se impugna debe considerarse absoluta, en competencias de ejercicio obligatorio, si se toma en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 11/2006, bajo el rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.", que si bien se refiere a actos formal y materialmente legislativos, la naturaleza de las omisiones de los órganos del Estado es perfectamente aplicable para el caso que nos ocupa, donde existe un mandato jurídico expreso cuyo cumplimiento ha sido omitido.

Al incurrir en la omisión absoluta que se comenta, que es de tracto sucesivo, los órganos demandados incurren en violación al artículo 126 constitucional, que establece que el gasto público debe ajustarse a las disposiciones del presupuesto de egresos, por encontrarse en el caso de dejar de acatar un mandato expreso del presupuesto para el ejercicio fiscal 2008, que consiste en promover la distribución del 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, entre los Municipios.

3. Las omisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de los Poderes Ejecutivos Federal y del Estado de Veracruz causa perjuicio al Municipio actor porque le priva de la atribución de disponer de recursos para la atención de la problemática de seguridad pública en su territorio; pues cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación dispone que el consejo debe "promover" la distribución que se ha explicado, no lo hace con fines meramente declarativos, sino con propósitos vinculatorios, buscando conseguir el objetivo de realizar esa transferencia de recursos a los Municipios.

La Real Academia Española entiende por "promover", iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro, y por "distribuir", "dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, según voluntad, conveniencia, regla o derecho", por lo que resulta que la Cámara de Diputados dispuso al aprobar la fracción I del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsara con el ánimo de procurar su logro, la división del 20 por ciento de los recursos del FASP entre los Municipios, designando lo que a cada uno corresponde, según la norma jurídico-presupuestal de referencia.

La intención de la Cámara Baja en este sentido es clara también al revisar el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de noviembre de dos mil siete, del cual se desprende el perjuicio que se causa al Municipio actor con las omisiones que son materia de esta controversia, y que consisten en la falta de disposición de la parte que le corresponde sobre el 20 por ciento de los recursos del fondo, que fueron asignados al Estado de Veracruz, con lo cual se limita gravemente la capacidad del gobierno municipal para hacerse cargo de las funciones que le corresponden en materia de seguridad pública, a la luz del principio de concurrencia previsto por el artículo 21 constitucional.

Esta limitación presupuestal en que se encuentra el Municipio actor, dadas las omisiones que son materia de la litis constitucional, se deriva además de la falta de observancia de lo dispuesto por el artículo 126 constitucional interpretado contrario sensu.

CUARTO. La parte actora considera violados los artículos 21 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 132/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Por auto de veintisiete de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por presentado al síndico del Municipio de Tlapacoyan, Estado de Veracruz, con la personalidad que ostenta, haciendo valer la presente controversia constitucional, mas no así al presidente municipal, en virtud de que éste no tiene la representación jurídica del Ayuntamiento; admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan sus respectivas contestaciones, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SEXTO. Las autoridades demandadas contestaron la demanda manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Contestación del gobernador del Estado de Veracruz.

1. Es infundado lo que alega el actor en el primer concepto de invalidez, ya que los actos que impugna, en donde supuestamente se dio la omisión que refiere, se dieron precisamente con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, de manera concreta en su artículo 44, para cumplimentar lo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, esto es, que de los $6,000'000,000.00 de pesos (seis mil millones de pesos 00/100 M.N.) que aprobó para el citado fondo de aportaciones para las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal, y una vez aprobada la fórmula de distribución de los recursos de dicho fondo por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, según se consigna en el Acuerdo 02/XXII/08 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil ocho, al Estado de Veracruz le correspondió la cantidad de $288'520,531.00 pesos (doscientos ochenta y ocho millones quinientos veinte mil quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), cantidad que será ejercida de conformidad con el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Gobierno Federal y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, convenio que como se ha referido fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de este año.

Sin embargo, atendiendo a una simple lectura del párrafo segundo de la fracción I del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho, en ningún momento se estableció para el Consejo Nacional de Seguridad Pública ni para otro ente público, la obligación de que el veinte por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se transfiriera a través del convenio de coordinación referido o a través de otro medio, sino simplemente que se promoviera su aplicación, situación que así se dio, pues de acuerdo a la estructura programática dos mil ocho, que fue aprobada para el Estado de Veracruz por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los $288'520,531.00 pesos (doscientos ochenta y ocho millones quinientos veinte mil quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que le fue aprobado al Estado de Veracruz, $59'089,861.00 (cincuenta y nueve millones ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) se destinaron a los Municipios, lo cual representa un 20.48 por ciento, es decir, que se aprobó un poco más del porcentaje recomendado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por todo lo anterior, el argumento que vierte el Municipio actor de que en el presente caso hay una omisión absoluta, al no haberse atendido a lo establecido en la fracción I del artículo 9 de la Ley de Presupuesto de Egresos, resulta infundado.

2. El último concepto de invalidez que esgrime el Municipio actor es infundado, porque el texto consignado en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, si bien establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promueva que el 20 por ciento de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se distribuya a los Municipios, ello no quiere decir que tal porcentaje sea precisamente en cantidades líquidas como lo cree el actor, pues dichos fondos, como lo establece el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, se enteran mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los diez primeros meses del año a los Estados y al Distrito Federal, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 45 de la citada ley, se destinarán exclusivamente a los rubros que se mencionan en el primer párrafo de dicho artículo; es decir, en ningún momento se establece que los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se ejerzan libremente por los Estados y el Distrito Federal, sino que éstos deben destinarse en los rubros que se detallan en la Ley de Coordinación Fiscal (artículo 45) y están contemplados en los Programas Estatales de Seguridad Pública.

Por otra parte, tampoco le asiste la razón al Municipio actor cuando afirma que el Presupuesto de Egresos de la Federación destina recursos para la seguridad pública municipal en dos vías, la que contempla el artículo 10 de dicho presupuesto, relativo a los recursos aprobados por el ramo 36 de Seguridad Pública, concretamente al otorgamiento de subsidios a los Municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, pero no necesariamente para todos los Municipios, pues la Cámara de Diputados claramente dispuso que eso sería a través de una lista de Municipios y demarcaciones del Distrito Federal que resultaran elegidas de acuerdo a los criterios que se asignaron para dicho subsidio, como es el número de habitantes y la incidencia delictiva; y la otra vía, que según el actor es la prevista en la fracción I del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero como se ha insistido, del contenido de la primera parte de la fracción I del artículo 9 referido, se advierte que es una recomendación que la Cámara de Diputados hace al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que los recursos que constituyen el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se distribuya a los Municipios en un porcentaje del 20 por ciento, pero de ninguna manera se señala que se transfiera directamente a los Municipios, pues ello sería violar lo establecido precisamente en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establece el mecanismo para la ministración de tales participaciones federales, donde claramente se señala que se hará por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y el Distrito Federal.

De acuerdo con lo anterior, el Municipio actor pretende ir mas allá de lo que en realidad la Cámara de Diputados aprobó con relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, pues en ningún momento la intención fue de que tales recursos formaran parte de la hacienda municipal, sino que por primera vez, dentro del fondo de aportaciones referido que se venía aprobando cada año, se destinará un porcentaje específico del mismo para los Municipios, es decir, se estableció un umbral mínimo para que en el ejercicio de tal fondo de aportaciones se destinara ese porcentaje para el ámbito municipal, pero de ninguna manera que se transfirieran cantidades líquidas a cada uno de los Municipios del país, como al parecer así lo creyó el actor; por tanto, no se viola lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Federal y mucho menos su artículo 21.

Contestación del secretario de Seguridad Pública.

1. Causas de improcedencia:

a) Es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda fue presentada extemporáneamente, pues respecto del acto consistente en la omisión absoluta en que supuestamente incurrió el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al no fijar las bases que cumplieran con lo dispuesto en la fracción I del normativo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, mediante el Acuerdo 02/XXII/08 de nueve de enero de dos mil ocho, dicho consejo nacional aprobó los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, publicándolos en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de dos mil ocho, de manera que la acción que pretende el actor tuvo el plazo de treinta días hábiles, computables a partir del quince de enero del citado año al veintisiete de febrero del mismo año, para promover la controversia constitucional y, al no hacerlo así, deviene la improcedencia de la acción constitucional.

Dicho en otras palabras, no existe omisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el cumplimiento al artículo 9o., fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación, puesto que mediante el Acuerdo 02/XXII/2008 se distribuyó el presupuesto previsto para el rubro de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

b) En el Acuerdo 03/XXII/08 el consejo aprobó los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año dos mil ocho, de manera que el consejo sí fijó las bases de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como los diez ejes estratégicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública para el dos mil ocho, no puede calificarse de una omisión u omisión absoluta, por lo que desde ese momento, si el Municipio actor estaba inconforme con tal distribución, podía impugnar dicho acto.

c) El Acuerdo 2/XXII/2008, por sí solo, no afecta al Municipio actor, por lo que sobreviene una causa de improcedencia diversa de la acción constitucional, consistente en la falta de interés jurídico.

d) En cuanto al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública que celebró la Secretaría de Seguridad Pública con el Estado de Veracruz el nueve de enero de dos mil ocho, vigente a partir de esa fecha, el plazo legal para el ejercicio de la controversia constitucional comprendió del once de enero al veintidós de febrero de dos mil ocho, en el cual el Municipio actor no ejerció la acción que ahora intenta y, por ende, resulta extemporánea.

e) El Municipio actor carece de interés jurídico en virtud de la falta de legitimación por cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previsto por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que son aportaciones de recursos diversos a los dispuestos para los Municipios, por lo que carecen de legitimación para reclamar recursos de dicho fondo.

f) Las reglas resultantes del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil ocho confirman y acentúan la improcedencia del reclamo pretendido a la Federación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, puesto que ni en uno ni en otro opera el programa estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, es decir, el Municipio actor pretende reclamar el acto de distribución de las aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal sin exponer ni justificar que participa en dicho programa estatal.

En conclusión, por razón de la naturaleza de las aportaciones y las reglas de operación, por falta de interés jurídico, es improcedente el reclamo de los actos y las pretensiones que formula el Municipio actor contra la Federación y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

2. Fondo del asunto

Los motivos de invalidez que arguye el Municipio actor respecto de la omisión y la suscripción del convenio de coordinación en materia de seguridad pública con el Estado de Veracruz, que se traduce en la supuesta omisión en la distribución de los recursos previstos en el artículo 9o. del Presupuesto de Egresos de la Federación, son infundados por las consideraciones siguientes:

Desde el plano constitucional como legal existe concurrencia de facultades en materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y, también, en materia tributaria, sin que ello signifique un estado difuso o incierto de las facultades de cada nivel de gobierno, en tanto, por el contrario, se encuentra integrado el régimen normativo de coordinación para cada materia a través de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.

La participación de los Municipios en la facultad-deber de seguridad pública no es de manera directa con la Federación, sino como lo establece la ley general señalada, a través de la coordinación con la entidad federativa a la que pertenece; y será dicha entidad la que, en unión de la Federación, integren el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De manera que la Federación destina recursos para los Estados y el Distrito Federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y fondos para los Municipios, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, previstos en el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La participación de recursos de la Federación opera mediante los convenios de adhesión que suscriben las entidades federativas con la Federación, no de los Municipios con ésta, pero ello no significa que los Municipios estén excluidos de percibir recursos federales, sino que ello, conforme al régimen federalista, se instrumenta a nivel local mediante normas generales de las Legislaturas Estatales que establecen la distribución equitativa entre los Municipios de cada entidad, de manera que contrario a lo sostenido por el Municipio reclamante, los actos del Ejecutivo Federal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lejos de violentar el preceptivo 21 constitucional, se apegan a las reglas de coordinación de ambas materias, la seguridad pública y la coordinación tributaria, fundados en los diversos artículos invocados de la Constitución Federal y de las citadas leyes.

El artículo 9, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación no establece mecanismos diversos de distribución de los recursos, a los previstos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera que conforme a aquellas reglas ahí contenidas, es a través de la coordinación estatal como se distribuirán, en su caso, las aportaciones que le corresponden a los Estados y el 20 por ciento para los Municipios, bajo el cumplimiento de las dos condiciones rectoras: El número de habitantes y el avance de los Municipios en los Programas Estatales de Seguridad Pública, de manera que pretender que la Federación o el Consejo Nacional de Seguridad Pública distribuyan, determinen montos de recursos o valoren y validen el avance de los Municipios en los programas que tenga implementado cada Estado, no sólo no está dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, sino con mayor gravedad contravendría el Pacto Federal y las soberanías estatales y significaría nulificar los sistemas estatales tanto de seguridad pública como de participación fiscal e, incluso, la responsabilidad de la Federación al manejar o aplicar recursos presupuestarios de manera distinta a la prevista por la norma.

Si el espíritu del legislador hubiese sido de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fuese la instancia que determinara la distribución de recursos del FASP a los Municipios, no sólo se habría establecido as

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21522-88856fc5/controversia-constitucional-la-omision-del-consejo-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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