TRÁNSITO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA RELATIVA A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2008 DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, DEBERÁ HACER LA TRANSFERENCIA MATERIAL DE ESE SERVICIO AL MUNICIPIO DE CENTRO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU PRESTACIÓN, ASÍ COMO INFORMAR A ESE MÁXIMO TRIBUNAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2008. MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magali del Carmen Broca Garduza, quien se ostentó como primer síndico del Municipio de Centro, Tabasco, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
1. Autoridades demandadas:
a) El gobernador del Estado de Tabasco.
b) El secretario de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
c) El titular de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios.
En el auto admisorio, únicamente se le tuvo con tal carácter al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en virtud de que tanto el secretario de Gobierno como el titular de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, son dependientes de aquél.
2. Los actos cuya invalidez se demanda consisten en:
a) La omisión de atender los oficios:
- PM/711/01 de doce de septiembre de dos mil uno.
- PM/692/07 de diez de octubre de dos mil siete.
- PM/866/07 de nueve de noviembre de dos mil siete.
- PM/921/07 de veintiséis de noviembre de dos mil siete.
- PM/1149/08 de veintiocho de febrero de dos mil ocho.
- PM/1334/08 de doce de junio de dos mil ocho.
En los cuales se solicitó la transferencia del servicio público de tránsito al Municipio actor, así como la entrega material de los bienes muebles e inmuebles, equipo, parque vehicular, recursos presupuestales y de personal con los que actualmente se presta dicho servicio en el Municipio de Centro.
Como consecuencia de tal omisión, se demanda la negativa tácita para transferir el citado servicio.
b) La elaboración de los programas a los que se refieren los artículos transitorios del Decreto 027, publicado en el Periódico Oficial el veinticinco de julio de dos mil uno, que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Tabasco.
c) Llevar a cabo todo lo relacionado con el seguimiento y cumplimiento de las acciones que se establezcan para llevar a cabo la transferencia que se determine conforme a la ley.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda, en síntesis se narra:
a) El tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, mediante la cual se reconoció a la materia de tránsito como un servicio público a cargo de los Municipios.
b) Posteriormente, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se reformó el artículo 115 constitucional, para reconocer expresamente como orden de gobierno a los Municipios, y se les otorgaron competencias exclusivas, entre las cuales se encuentra la prestación del servicio público de tránsito.
En el artículo tercero transitorio del decreto de reforma, se estableció un plazo de noventa días a los Gobiernos Estatales a partir de la recepción de las solicitudes correspondientes, para la transferencia de las funciones o servicios públicos a los Municipios.
c) El diez de septiembre de dos mil uno, el Ayuntamiento del Municipio de Centro, Estado de Tabasco, acordó solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado la transferencia del servicio público de tránsito.
En virtud del acuerdo mencionado, el doce de septiembre de dos mil uno, se giró el oficio PM/711/01 al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sin obtenerse respuesta alguna.
d) Para dar continuidad al acuerdo de referencia, mediante oficio PM/692/07 de diez de octubre de dos mil siete, el presidente municipal reiteró al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la solicitud de transferencia del servicio de tránsito.
e) Ante la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y demás autoridades competentes en el caso, el Municipio de Centro emitió los oficios PM/866/07 de nueve de noviembre de dos mil siete, PM/921/07 de veintiséis de noviembre de dos mil siete y PM/1149/08 de veintiocho de febrero de dos mil ocho, a través de los cuales reiteró al Ejecutivo de la entidad, la solicitud de transferencia del servicio público de tránsito a favor del Municipio.
f) El cuatro de junio de dos mil ocho, el Ayuntamiento del Municipio de Centro, por unanimidad de votos acordó insistir al Ejecutivo Estatal, en su solicitud de transferencia inmediata del servicio público de tránsito, para lo cual, el doce de junio de dos mil ocho, se giró el oficio PM/1334/08 dirigido al titular de dicho poder.
g) Aun cuando se han hecho diversas peticiones al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en ningún momento ha dado respuesta al Municipio de Centro, en la que se aprecie la intención o voluntad de transferir el servicio de tránsito, ni ha girado instrucciones a algún órgano administrativo para la elaboración del plan de transferencia a que se refiere el Decreto 27 por el que se reformó la Constitución del Estado de Tabasco.
h) Mediante oficio CETSPM/T/003/2008 de ocho de enero de dos mil ocho, el titular de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, manifestó que debido a una contingencia ambiental, la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos sufrió daños en su infraestructura, especialmente en la parte donde se resguardan los archivos de la dirección general, la cual era requerida para el análisis de la solicitud de transferencia del servicio de tránsito.
Del citado oficio, se advierte que el titular del Ejecutivo no giró instrucciones al titular de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos, sino que éste, basado en una copia de conocimiento, formuló la respuesta referida. Lo que constituye una negativa con la intención de retrasar el proceso de transferencia.
Además, dicha comisión no es competente para determinar la transferencia del servicio público, pues esa es facultad del titular del Poder Ejecutivo, a quien se le formuló la solicitud respectiva.
i) El titular de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, a través del oficio CETSP/T/122/2008 de trece de junio de dos mil ocho, manifestó que en virtud de haberse restituido en forma parcial los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos a los bienes y archivos de la Dirección General de la Policía Estatal, y con el propósito de continuar con el proceso de transferencia, solicitó al Municipio actor que designara a los servidores públicos que integrarían el grupo de trabajo ante esa comisión.
Con independencia de que no sea la instancia facultada para otorgar la respuesta, se aprecia la actitud omisa del titular de la Comisión Estatal para la Transferencia de los Servicios Públicos a los Municipios, pues no existe una respuesta contundente que exprese la voluntad del Ejecutivo del Estado para transferir el servicio público de tránsito.
j) Posteriormente, el titular de la Comisión para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, habiendo transcurrido casi tres meses desde su último escrito, emitió el oficio CETSPM/143/2008, en el cual informa que el diecisiete de septiembre de dos mil ocho, se llevaría a cabo una reunión de trabajo para continuar con el proceso de transferencia del servicio público de tránsito, invitando al personal de dicho Municipio a asistir a dicha reunión.
Lo anterior, sin que a la fecha haya sido presentado el programa o plan de transferencia relativo a la solicitud formulada por el Municipio actor, respecto del servicio de tránsito.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
a) La omisión del Poder Ejecutivo Estatal contraviene lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues impide que el Municipio de Centro, Estado de Tabasco, ejerza su competencia exclusiva en la prestación del servicio público de tránsito.
b) Además de la citada previsión iusfundamental, la Constitución del Estado de Tabasco, en su artículo 64, fracción I, establece que las competencias que la Constitución Federal y la Constitución Local otorgan al gobierno municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva; y, el artículo 65, fracción II, reconoce a la materia de tránsito como un servicio público a cargo de los Municipios.
En ese sentido, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en sus artículos 26, inciso h), 29, fracción XLII, 87 y 88, reitera el contenido de las Constituciones Federal y Local, en relación con el servicio público de tránsito como competencia exclusiva de los Municipios.
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis plenaria P./J. 53/2000, de rubro: "TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA."
c) En virtud de la distribución competencial prevista por el artículo 115 constitucional, el Poder Ejecutivo Local no tiene opción para decidir si transfiere o no el servicio, ya que el único requisito de procedibilidad es que se plantee una solicitud aprobada previamente por el Ayuntamiento. Por ello, el que no se cumpla con el mandato del artículo tercero transitorio de la reforma al citado artículo 115 de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, constituye una omisión absoluta que genera una violación constitucional.
d) Las omisiones impugnadas infringen lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 constitucionales, así como el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pues violan las formalidades del procedimiento de transferencia de los servicios públicos, en virtud de que dichas omisiones carecen de fundamentación y motivación.
e) En congruencia con la mencionada reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 constitucional, en dos mil uno se reformó la Constitución Local, previéndose en el artículo segundo transitorio de esta reforma que para la transferencia de alguna función o servicio público que preste el Estado, dentro del plazo de noventa días a partir de la solicitud formulada por el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado debía presentar el programa respectivo, que entre otros aspectos debía considerar los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los trabajadores estatales que en su caso pasarían a ser municipales.
En sincronía con dicha disposición, el Manual de Procedimientos de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, en el punto 3 "Desarrollo del procedimiento" "Lineamientos de operación" dispone que a partir de la fecha de recepción, el programa de transferencia será entregado al Ayuntamiento en un periodo no mayor de noventa días.
f) El Ayuntamiento en sesión de Cabildo de diez de septiembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos, solicitar al Poder Ejecutivo Estatal, la transferencia de los servicios de seguridad pública, en materia de policía preventiva municipal y de tránsito. Lo cual fue realizado mediante oficio PM/711/01 de doce de septiembre de dos mil uno.
Posteriormente la solicitud fue reiterada mediante los oficios PM/692/07 de once de octubre de dos mil siete, PM/866/07 de nueve de noviembre de dos mil siete, PM/921/07 de veintiséis de noviembre de dos mil siete, PM/1149/08 de veintiocho de febrero de dos mil ocho y PM/1334/08 de doce de junio de dos mil ocho.
g) A pesar de que el Ayuntamiento del Municipio de Centro acordó asumir la prestación del servicio público de tránsito y que lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, el Ejecutivo Estatal se niega a atender tal planteamiento, siendo evidente la inobservancia de las formalidades del procedimiento de transferencia y el plazo de noventa días establecido en el artículo transitorio de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve y el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Local de dos mil uno, lo que resulta injustificable.
h) Además, la omisión del Ejecutivo del Estado carece de motivación y fundamentación, pues su actitud pasiva motiva la inobservancia de las formalidades y plazos del procedimiento de transferencia establecidos, lo cual transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas constitucionalmente, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 50/2000 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES."
i) El Ejecutivo Local, al no acordar u ordenar la transferencia del servicio público de tránsito al Municipio de Centro, incurre en una negativa que incumple con lo previsto en la reforma al artículo 115 constitucional referida, conforme con la cual los Gobiernos de los Estados deben disponer lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, de acuerdo con el programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado en un plazo máximo de noventa días a partir de la recepción de la solicitud.
Ello es así, en virtud de que no existe constancia en la que se aprecie la disposición del titular del Ejecutivo para transferir al Municipio el servicio de tránsito, ni ha presentado el programa de transferencia a que lo obliga el mandato constitucional.
j) El citado plazo de noventa días para que el Ejecutivo presente el programa para la transferencia del servicio público ha transcurrido en exceso, puesto que la primer solicitud fue presentada en dos mil uno y por segunda ocasión a partir de dos mil siete. Ello, no obstante que el Ayuntamiento de Centro, Estado de Tabasco cumplió en tiempo y forma con los requisitos de procedencia para solicitar la transferencia del servicio público de tránsito al Ejecutivo del Estado.
Sobre el tema, son aplicables las tesis jurisprudenciales P./J. 25/2006, de rubro: "SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONES MUNICIPALES. PARA QUE SU PRESTACIÓN O EJERCICIO SEAN TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBE EXISTIR SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO, APROBADA CUANDO MENOS POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y P./J. 134/2005, de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO."
k) La actitud omisa y negativa del Ejecutivo del Estado encuadra con los criterios de inconstitucionalidad utilizados por este Alto Tribunal, por lo cual debe declarar la invalidez de los actos controvertidos, y ordenar a las autoridades demandadas la emisión del acuerdo respectivo en el que se lleve a cabo la municipalización del servicio de tránsito en el Municipio de Centro, Tabasco.
CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos son el 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, así como el tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 142/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo. En el escrito respectivo, sustancialmente señaló:
a) Respecto a la omisión de contestar el oficio PM/711/01 de doce de septiembre de dos mil uno en el cual el Municipio actor solicitó la transferencia del servicio público de tránsito, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que mediante oficio DSG/125/2001 de catorce de diciembre de dos mil uno, el Ejecutivo del Estado remitió al Ayuntamiento de Centro, Tabasco, la contestación al oficio de mérito.
Por tanto, el acto impugnado es inexistente, pues a la fecha en que se promovió la controversia constitucional, no existía tal negativa del Ejecutivo de transferir al Municipio actor el servicio público de tránsito, por lo que debe sobreseerse.
b) En relación con la omisión reiterada de dar contestación a los oficios PM/692/07, PM/866/07, PM/921/07, PM/1149/08 y PM/1334/08, así como con la negativa del Ejecutivo del Estado de Tabasco, de transferir el servicio público de tránsito, la elaboración de los programas y todo lo relacionado con el seguimiento y cumplimiento de las acciones necesarias para llevar a cabo dicha transferencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
Dichos actos han cesado en sus efectos, ya que mediante oficio CETSPM/T/122/2008 de trece de junio de dos mil ocho, el coordinador general de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, con el fin de dar seguimiento al programa de transferencia, solicitó al presidente municipal de Centro, que designara a los funcionarios públicos que integrarían el grupo de trabajo ante dicha comisión.
La citada solicitud fue atendida por el Municipio de Centro mediante oficio PM/1337/2008, de diecinueve de junio de dos mil ocho, por el cual designó y proporcionó los nombres de las personas para integrar el grupo de trabajo ante la comisión, mismos que fueron facultados para intervenir en todas las acciones inherentes al proceso de transferencia del servicio público de tránsito.
Posteriormente, la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos convocó a través de los oficios CETSPM/T/143/2008, CETSPM/T/147/2008 y CETSPM/T/150/2008, a reuniones de trabajo para dar continuidad al proceso de transferencia, pero el comité designado por el Ayuntamiento de Centro no asistió a dichas reuniones, lo cual se acredita con las copias certificadas de las minutas correspondientes.
Aunado a lo anterior, el Ejecutivo del Estado de Tabasco, por medio del oficio de dos de octubre de dos mil ocho, hizo formal entrega del Programa de Transferencia del Servicio Público de Tránsito, elaborado por la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, el cual contiene la información sobre los recursos humanos, materiales y financieros, así como de los bienes para su prestación, mismo que fue recibido por el Municipio actor el ocho de octubre de dos mil ocho.
No obstante que a la fecha en que se promovió la demanda de controversia, el acto impugnado existía, durante el transcurso del procedimiento, el gobernador del Estado remitió al presidente municipal de Centro, el programa de transferencia antes referido, lo cual tiene como consecuencia la cesación de los efectos de los actos impugnados, surtiéndose así, la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional y, por tanto, procede sobreseer.
Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."
Mediante el oficio CETSPM/T/220/2008, el Ejecutivo del Estado invitó nuevamente al actor a una reunión para consensar el programa de transferencia, a la cual tampoco asistieron los miembros del grupo comisionado por el Ayuntamiento de Centro, tal como consta en la escritura notarial que contiene el acta 2997.
Lo anterior se robustece con la tesis de jurisprudencia número P./J. 33/2008, de rubro: "TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN, RESERVA ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI UN GOBIERNO ESTATAL, A UNO DE ELLOS LE CONDICIONA SU TRANSFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO AJENO A ESA NORMA FUNDAMENTAL, VIOLA LA MISMA."
c) El primer concepto de invalidez, consistente en la omisión del Ejecutivo del Estado de transferir el servicio público de tránsito, es infundado, en virtud de que contrario a lo aducido por el actor, el Gobierno del Estado de Tabasco ha respetado la autonomía municipal, pues el catorce de diciembre de dos mil uno, dio respuesta a la solicitud de transferencia del servicio público realizada por el Municipio de Centro.
d) El Poder Ejecutivo Local no ha obstaculizado la competencia municipal, pues el veintiséis de enero de dos mil dos, el gobernador del Estado creó la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios.
A través de la citada comisión, se ha transferido el servicio público de tránsito a los diez Municipios que lo han solicitado, mientras que el de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales ha sido transferido a tres Municipios, incluido el actor, lo cual corrobora que el Gobierno del Estado en ningún momento ha puesto en discusión que la prestación de esos servicios públicos sea de competencia municipal.
Lo anterior, se confirma con el hecho de que el Ejecutivo del Estado, a través del oficio de dos de octubre de dos mil ocho, remitió al Municipio de Centro, el Programa de Transferencia elaborado por la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios.
e) El Municipio actor ha demostrado falta de interés para llevar a cabo el procedimiento de transferencia, pues no obstante que se le citó para consensar el programa de transferencia el diecinueve de noviembre de dos mil ocho, tampoco asistieron los miembros del grupo comisionado por el Ayuntamiento, tal como consta en la escritura notarial que contiene el acta 2997 (dos mil novecientos noventa y siete).
f) El segundo concepto de invalidez, en el cual la actora refiere que la omisión en que incurre el Ejecutivo Estatal de transferir el servicio público de tránsito carece de fundamentación y motivación, es infundado, ya que dada la naturaleza de los actos omisivos, éstos no pueden adolecer de los requisitos de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se trata de un acto que no ha surgido a la vida jurídica y, por tanto, no puede estar sujeto a las exigencias contenidas en los artículos referidos.
Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Primera Sala número 1a. CXC/2007, de rubro: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS."
g) Además, contrario a lo manifestado por el Municipio actor, el titular del Ejecutivo, por conducto de la Comisión Especial para la Transferencia de Servicios Públicos a los Municipios, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, y acatando el mandato previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h), constitucional, dio la debida contestación, así como el seguimiento a las diversas solicitudes planteadas por la parte actora, hasta hacer entrega formal del Programa de Transferencia del Servicio Público de Tránsito a dicho Municipio.
i) El tercer concepto de invalidez esgrimido por la actora, consistente en que el Ejecutivo Estatal ha omitido disponer de los mecanismos necesarios para que opere la transferencia del servicio público de tránsito, resulta infundado, pues no existe tal negativa tácita, ya que el Gobierno del Estado de Tabasco en ningún momento se ha erigido como obstáculo para que el Municipio de Centro ejerza lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal.
Siendo que el propio Municipio de Centro ha demostrado una total apatía dentro del proceso de transferencia del servicio público de tránsito, pues debido a la reiterada falta de asistencia del actor a las reuniones convocadas, no ha obtenido la respuesta a su petición, por lo cual, resulta incongruente que pretenda controvertir la supuesta negativa de transferencia del servicio.
Para robustecer lo anterior, así como para determinar la responsabilidad y buena fe con la que el Ejecutivo del Estado de Tabasco ha actuado, es aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 23/2007, de rubro: "PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU TRANSGRESIÓN."
SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República al formular su opinión, manifestó en síntesis:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente controversia constitucional, pues en la misma se plantea un conflicto entre el Municipio de Centro, Estado de Tabasco y el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa.
b) El Municipio de Centro, Estado de Tabasco, goza de legitimación procesal activa, y su representación jurídica recae en la primer síndico del Municipio de Centro, Tabasco, quien es la firmante de la demanda y acreditó su personalidad.
c) Los actos impugnados son inexistentes, pues si bien en la demanda se impugnó esencialmente la negativa tácita del titular del Ejecutivo Local para efectuar la transferencia del servicio público de tránsito al Municipio actor y, por tanto, la entrega material de los bienes muebles e inmuebles, equipo, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que se ha desempeñado dicho servicio, los servidores públicos designados por el Municipio actor no asistieron a las diversas reuniones convocadas por la comisión especial encargada de realizar la transferencia.
En el caso, la autoridad demandada no ha incurrido en omisión respecto a la obligación señalada en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que ha llevado a cabo diversas acciones tendientes a transferir el servicio de tránsito al actor, como es la elaboración y entrega del programa de transferencia y los oficios CETSPM/T/122/2008, CETSPM/T/143/2008, CETSPM/T/147/2008, CETSPM/T/150/2008 y CETSPM/T/220/2008, en los que citó al Municipio a diversas reuniones de trabajo correspondientes al proceso de transferencia, a las cuales, según se aprecia en autos, no asistió representante alguno.
Por medio del oficio de dos de octubre de dos mil ocho, el gobernador del Estado de Tabasco entregó al presidente municipal de Centro, el Programa de Transferencia del Servicio Público de Tránsito, en donde detalla los recursos humanos, materiales y financieros que serán objeto de la entrega.
A través del oficio DSG/125/2001, de catorce de diciembre de dos mil uno, el Ejecutivo del Estado determinó que es procedente la transferencia del servicio público de tránsito, pero la inasistencia de los funcionarios encomendados por el Municipio actor a las reuniones de trabajo convocadas, ha propiciado que no se haya finalizado el proceso de transferencia, por lo cual es incuestionable la inexistencia de acto omisivo alguno.
d) En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
OCTAVO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 5/2001, reformado por el Tribunal Pleno mediante Acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Centro y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tabasco, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no presentarse el estudio de constitucionalidad de una norma general.
SEGUNDO. Certeza de actos. Enseguida se procederá al análisis de la existencia de las omisiones impugnadas.
En la presente controversia constitucional se impugnan diversos actos omisivos, que se hacen consistir:
- La omisión de dar respuesta a los oficios PM/711/01, PM/692/07, PM/866/07, PM/921/07, PM/1149/08 y PM/1334/08, mediante los cuales se solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco transferir al Municipio actor, la prestación del serv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21816-4823e8b8/transito-el-poder-ejecutivo-del-estado-de-tabasco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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