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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO LIX/OF/116/2006, DE 13 DE MARZO DE 2007, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE MINISTRAN AL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DISTRITO DE TLAXIACO, EN SUS RAMOS 28 Y 33, FONDOS III Y IV, HASTA LA ENTREGA DE SU DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA AL PODER LEGISLATIVO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2007. · Registro digital (IUS): 20525
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 523.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2007. MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: FABIANA ESTRADA TENA, MARAT PAREDES MONTIEL Y JOSÉ MARÍA SOBERANES DÍEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de mayo de dos mil siete, David Sánchez Núñez, quien se ostentó como representante del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, en su carácter de síndico municipal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que a continuación se menciona, emitido por la autoridad que enseguida se señala:

"Actos cuya invalidez se demanda. Acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil siete, por el que se ordena al arquitecto Miguel Ángel Ortega Habib, secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, la suspensión total de los recursos financieros que se ministran al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, en sus Ramos Generales 28 y 33, fondos III y IV, a partir del día catorce de marzo del año dos mil siete, signado por el arquitecto Marcelo Díaz de León Muriedas, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

"Poder demandado y su domicilio. Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Calle Catorce Oriente número uno, Municipio de San Raymundo Jalpan, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca.

"Entidad tercera interesada y su domicilio. Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Boulevard Eduardo Vasconcelos número seiscientos diecisiete, Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"a) Con fecha veintitrés de enero del año dos mil siete, el licenciado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, proveyó el Acuerdo Número 22, por el que se realiza la distribución de los recursos del Ramo General 33, aportaciones federales para entidades federativas y Municipios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en el Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal del año dos mil siete, publicada en el ejemplar extra del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fecha veintinueve de enero del año dos mil siete. El acuerdo citado contiene las cantidades que por concepto de aportaciones federales corresponden al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, cuyos montos son: 6 millones 249 mil 288 pesos por concepto Fondo de Infraestructura Social Municipal y 2 millones 526 mil 867 pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, cantidades que importan un total de: 8 millones 776 mil 155 pesos. b) Con fecha veintidós de diciembre del año dos mil seis, el Pleno del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca aprobó el Decreto Número 350, mediante el cual decretó las bases, montos, factores de distribución y plazos para el pago de participaciones fiscales federales a los Municipios del Estado de Oaxaca, en el ejercicio fiscal del año dos mil siete. Decreto que fue promulgado con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil seis por el licenciado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca con fecha treinta de diciembre del año dos mil seis. En el decreto citado están contenidos los factores de distribución relativos al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, mismos a los cuales aplicada la fórmula correspondiente resultan las cantidades de 3 millones 318 mil 140 pesos con 35 centavos por concepto del Fondo Municipal de Participaciones y 1 millón 221 mil 512 pesos con 26 centavos por concepto del Fondo de Fomento Municipal, importando un total por concepto de participaciones fiscales federales de 4 millones 439 mil 652 pesos con 61 centavos. c) Con fecha veinticinco de enero del año dos mil siete, mediante oficio número PL/CMH/DCE/0450/2007, el contador público Guillermo Megchún Velázquez, contador mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, comunicó al ciudadano Abel Nicolás Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, que por acuerdo del Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del mismo Estado, se le requería para que dentro del plazo improrrogable comprendido del veinticuatro de enero al veinticuatro de abril del año dos mil siete, actualizara y regularizara la comprobación del ingreso y gasto público ejercido por el Ayuntamiento del Municipio citado. d) Con fecha quince de marzo del año dos mil siete, el suscrito David Sánchez Núñez, en mi carácter de síndico municipal del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, conjuntamente con los concejales habilitados por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del mismo Municipio me presenté en las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas en el Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, con el objeto de cobrar los enteros que por concepto de participaciones fiscales federales corresponden a mi representada; sin embargo, en el acto la ciudadana Margarita Cortés Bautista, encargada de la ventanilla de pago de participaciones municipales, me manifiesta que los recursos financieros correspondientes a este Municipio se encuentran retenidos por órdenes del Gobierno del Estado y que me dirija a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a la ciudad capital del Estado de Oaxaca, lo que acredito con el instrumento notarial número 23141 (veintitrés mil ciento cuarenta y uno), volumen número 310 (trescientos diez), extendido por el licenciado Álvaro Conrado Pérez Aquino, notario público número 60 del Estado de Oaxaca. e) Con fecha veinte de marzo del año dos mil siete, el suscrito David Sánchez Núñez, en mi carácter de síndico municipal del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, conjuntamente con los concejales habilitados por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del mismo Municipio me presenté ante el jefe del Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, con el objeto de requerirle la razón por la cual dicha entidad pública estaba reteniendo las participaciones fiscales y los fondos de aportaciones federales correspondientes al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, informándome en el acto, en presencia de la licenciada Bernadette Rousse Mayor, jefa de la unidad de Servicios Jurídicos de la misma secretaría, que la retención de los recursos financieros correspondientes a mi representada se hacía en cumplimiento al oficio dirigido al arquitecto Miguel Ángel Ortega Habib, secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, por el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, poniéndome a la vista dicho documento que textualmente cito: "... Con fundamento en lo prescrito por el artículo 6o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, solicito a usted: Único. La suspensión total de los recursos financieros que se administran al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, en sus Ramos 28 y 33, fondos III y IV, a partir de esta fecha y hasta que se regularicen con la presentación total de su información financiera y técnica ante el Poder Legislativo ... firma el arquitecto Marcelo Díaz de León Muriedas, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Fecha de recepción catorce de marzo del año dos mil siete ...". Lo que acredito con el instrumento notarial número 6,391 (seis mil trescientos noventa y uno), volumen número 95 (noventa y cinco), extendido por la licenciada Martha Pazos Ortiz, notario público número 40, en ejercicio en el Estado de Oaxaca. f) Con fecha diecisiete de noviembre del año dos mil seis, los concejales David Sánchez Núñez y Anastasio Mendoza Quiroz, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo le requerimos a la LIX Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado su intervención con el objeto de que requiriera tanto al ciudadano Abel Nicolás Cortés como al ciudadano Delfino Ramírez Cortés, presidente municipal constitucional y tesorero municipal durante el ejercicio fiscal del año dos mil cinco, respectivamente, de este Municipio la entrega de la cuenta pública municipal documentada correspondiente al año dos mil cinco, en virtud de que éstos se negaban a rendir cuentas al Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio multicitado. g) Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil siete, los concejales David Sánchez Núñez, Anastasio Mendoza Quiroz, Anna López Sarmiento y César Hernández Eras, le solicitamos a la LIX Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado que instruyera a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que a través de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, se requiriera a los ciudadanos Abel Nicolás Cortés, Delfino Ramírez Cortés y Alfonso Rosalino Machuca Jiménez, presidente municipal constitucional y ex tesoreros municipales, respectivamente, de este Municipio la entrega de la cuenta pública municipal documentada correspondiente a los ejercicios fiscales de los años dos mil cinco y dos mil seis, en virtud de que éstos reiteradamente se han negado a dar cuenta de la administración de los recursos financieros que integran la hacienda pública municipal de nuestro Municipio a los integrantes del H. Ayuntamiento constitucional. h) Con fecha diecisiete de abril del año dos mil siete, la mayoría de los concejales integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo y la totalidad de los agentes municipales y de policía municipal de todos y cada uno de los poblados que integran la jurisdicción territorial de esta municipalidad, le solicitamos al Pleno de la LIX Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca la inmediata liberación de los recursos financieros correspondientes a este Municipio tanto los que corresponden por concepto de participaciones fiscales como los que corresponden a aportaciones federales, en virtud de que su retención contraviene disposiciones constitucionales y legales amén de que afecta gravemente la prestación de servicios públicos básicos y daña el desarrollo económico y social de nuestro Municipio."

TERCERO. El actor hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) El acuerdo de suspensión total de los recursos financieros al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, ordenado por el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo de la misma entidad, contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la determinación adoptada no estuvo sustentada en un procedimiento legal que garantizase la debida defensa del afectado, además de que careció de fundamento que facultara a la autoridad para emitir el acto.

En efecto, las atribuciones del Poder Legislativo del Estado se constriñen a revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los Municipios, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda; y, en la hipótesis de que esta última encontrase elementos para presumir la indebida o incorrecta utilización de recursos públicos, debe dar cuenta a la Legislatura Local para que ésta provea fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, pero sin que ello comprenda la posibilidad de suspender la entrega de recursos financieros al Municipio, pues sería tanto como imponer una sanción no prevista en las leyes.

b) La Ley de Coordinación Fiscal Federal y su correlativa del Estado de Oaxaca son puntuales al establecer que las participaciones federales que corresponden a entidades federativas y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los mismos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de que dichas participaciones necesariamente deberán ser cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo las excepciones expresamente previstas.

Asimismo, estos ordenamientos establecen con precisión que los fondos de aportaciones federales se enterarán a los Municipios a través de los Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en los artículos 19 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

c) El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca viola lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, inciso b) y c), último párrafo, de la Constitución Federal, y sus correlativos del ordenamiento local -artículo 113, tercer párrafo, fracción II, incisos b) y c), último párrafo-, en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, entre éstos las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las mismas Legislaturas Locales.

d) El artículo 6o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda faculta a ésta para que, previa autorización de la Comisión Permanente de Vigilancia del mismo órgano técnico, solicite a la Secretaría de Finanzas la retención de recursos financieros a los órganos de la administración pública, entendidos como las entidades, dependencias y órganos de la administración pública estatal, siendo evidente que ni el Municipio ni el Ayuntamiento tienen tal naturaleza.

e) El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo de Oaxaca carece de atribuciones constitucionales o legales para solicitar la suspensión de la entrega de recursos financieros, por lo que, independientemente de que contravino las garantías de legalidad y audiencia, violentó el régimen interno del Poder Legislativo en virtud de que las Comisiones Permanentes son órganos colegiados de estudio y dictamen; dictámenes que para ser sometidos a la consideración del Pleno legislativo han de ser sometidos, en primer lugar, a la voluntad mayoritaria de los integrantes de la comisión correspondiente, por lo que los asuntos que el Pleno turna para su estudio y dictamen a las comisiones no pueden ser resueltos en forma unipersonal por los presidentes de las mismas.

f) La determinación que tomó el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en relación con la suspensión total de los recursos financieros que corresponden al Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, es también contraria a los términos del acuerdo que el Pleno del mismo Poder Legislativo adoptó con fecha veinticuatro de enero del año dos mil siete, respecto de concederles a los Municipios del Estado de Oaxaca un plazo improrrogable, comprendido del veinticuatro de enero al veinticuatro de abril del año en curso, para que actualizaran y regularizaran la comprobación del ingreso y gasto público ejercido por los Ayuntamientos, pues dicho acuerdo de ninguna manera presupone que vencido el término concedido, la Comisión Permanente esté en aptitud de ordenar la suspensión de los recursos financieros correspondientes. Amén de que en el caso concreto, dicha medida inconstitucional fue dictada sin que los plazos determinados por el Pleno del Poder Legislativo se hubiesen vencido.

CUARTO. Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, incisos b) y c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la cual correspondió el número 37/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Por auto de fecha ocho de mayo de dos mil siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a quienes ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación, y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, por conducto del presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, al formular su contestación, señaló en esencia lo siguiente:

a) El actor no tiene la personalidad para promover el presente juicio de controversia constitucional, toda vez que la interpone en forma unilateral, pues el Municipio de Chalcatongo de Hidalgo no tiene ninguna controversia con el Poder Legislativo del Estado, mucho menos en lo relativo a la administración libre de sus recursos, pues si bien es cierto fue ordenada su suspensión por parte de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, también lo es que fue solicitada a la Secretaría de Finanzas su liberación, pues el Congreso del Estado no maneja recursos económicos de los Municipios, sino que queda sujeto a las decisiones de la Secretaría de Finanzas.

b) En la especie, no se viola ningún precepto constitucional, pues si bien es cierto que se solicitó la suspensión de la entrega de los recursos al Municipio, también lo es que posteriormente se requirió su liberación, por lo que ya no existe materia para la continuación de la presente controversia, por lo que pide que se desestime por notoriamente improcedente.

SÉPTIMO. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del coordinador general de asuntos jurídicos de la gubernatura, al formular su contestación, señaló que debe sobreseerse la presente controversia constitucional, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

Lo anterior es así, señala, toda vez que mediante oficio número LIX/OF/193/2007, de fecha once de mayo de dos mil siete, el diputado arquitecto Marcelo Díaz de León Muriedas, en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LIX Legislatura Constitucional del Estado, solicitó la liberación de los recursos de los Ramos Generales 28, Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, del ejercicio dos mil siete al Municipio de Chalcatongo Hidalgo, por lo que al haber quedado sin materia la presente controversia procede su sobreseimiento.

Apoya su razonamiento en la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." y en algunas consideraciones sostenidas por la Segunda Sala al fallar la controversia constitucional 29/2001.

OCTAVO. El procurador general de la República manifestó, en esencia, que:

a) Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la controversia constitucional a estudio.

b) El síndico del Ayuntamiento del Municipio actor está legitimado para representar a ese órgano municipal en este juicio.

c) La demanda a estudio se presentó oportunamente.

d) Es procedente desestimar la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer, en virtud de que su análisis invariablemente involucra el estudio de fondo del presente asunto, toda vez que el Municipio promovente no sólo impugna la retención de los recursos económicos que por concepto de participaciones y aportaciones federales le corresponde, sino también los intereses generados con motivo de dicha retención.

e) Aun cuando hayan sido entregadas todas y cada una de las ministraciones mensuales que habían sido retenidas, no puede considerarse que los efectos del acto impugnado hayan cesado, toda vez que subsiste la reclamación de los intereses moratorios por la entrega tardía de las mismas, por lo que se hace necesario el estudio encaminado a dilucidar si la retención de las participaciones federales al Ayuntamiento actor se traduce en un actuar inconstitucional de las autoridades demandadas; y, dado el caso, si debe o no condenarse al pago de los intereses devengados.

f) De lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 1o., 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y 4o., anexo 1, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se advierte lo siguiente:

1. Las participaciones y aportaciones de los Ramos 28 y 33 son recursos federales que se encuentran presupuestados.

2. Las participaciones federales que reciban los Municipios forman parte de su hacienda, las que serán cubiertas en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de carácter general.

3. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses.

4. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo que su finalidad sea el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.

5. Las compensaciones que se requieran efectuar serán consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.

g) De las normas en estudio, señala el procurador, se desprende que las autoridades estatales no pueden afectar las participaciones del Municipio actor con el objeto de que éste se regularice en la entrega de documentación técnica y financiera ante el Congreso Estatal, pues la autoridad sólo puede retener al actor sus participaciones federales en los supuestos y siguiendo el procedimiento que prevea la ley.

Lo anterior es así, ya que del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, se desprende que los Municipios pueden disponer libremente de sus participaciones y el artículo 9o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, faculta a los Ayuntamientos para que afecten las mismas en garantía de cumplimiento, pero siempre y cuando esta afectación se encuentre autorizada por las Legislaturas de los Estados y la obligación sea inscrita.

En este entendido, deduce el procurador, si se solicitó la suspensión total de la entrega de las ministraciones a que tiene derecho el Municipio actor, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley, es dable concluir que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la entidad no está facultada para suspender dichas ministraciones, aun cuando se lo solicite el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, por lo que resultan transgredidos los numerales 14, 16 y 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

h) Respecto de las aportaciones para entidades y Municipios, que también fueron retenidas, el procurador estima necesario precisar que de lo dispuesto por el artículo 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, se desprende que:

1. Las aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda de los Estados y Municipios, que están destinados por la propia Federación a rubros específicos y que rigen su gasto por disposiciones federales.

2. No serán embargables ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en la propia ley.

3. Una vez recibidos los recursos por los Gobiernos Locales, Municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los Gobiernos Locales la supervisión y vigilancia, sin que ello implique limitaciones o restricciones de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos fondos.

4. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades mencionadas, será efectuada por el Poder Legislativo Local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente, conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar si se aplicaron correctamente los recursos de los fondos para los fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

De lo anterior, concluye el procurador, se hace evidente que la afectación de los fondos de las aportaciones sólo puede realizarse conforme lo señala la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que, si los mismos fueron afectados porque el Municipio no se encontraba al corriente en la entrega de información y no por alguna de las previsiones de ley, se reitera la violación al artículo 115 constitucional.

i) De lo dispuesto por el artículo 6o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la entidad, se desprende que una de las atribuciones de dicha contaduría consiste en solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado la retención de recursos financieros a los órganos de la administración pública, siempre y cuando medie la autorización de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y se demuestre que el manejo de la hacienda de que se trate no se está efectuando en forma responsable. Así, es la Contaduría Mayor y no el presidente de la Comisión de Vigilancia de dicha contaduría, quien podría retener los recursos federales que un Municipio recibe, por lo que el acto impugnado fue emitido por una autoridad incompetente para ello.

j) Que de la lectura de los artículos 44, 47, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y 25, 26, 29, 30, 32, 33 y 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, así como el 6o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca, se deduce que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca, para solicitar a la Secretaría de Finanzas de la entidad la retención de recursos financieros a los órganos de la administración pública, entre éstos, a los Municipios de la entidad, debe tener, cuando menos, una solicitud del órgano fiscalizador en la que se determinen irregularidades en el manejo de los recursos públicos, por lo que si la suspensión en la entrega de los recursos no fue resultado de la conclusión de la fiscalización de los subsidios que recibe, además de que fue emitida por una autoridad incompetente, resulta inconcusa la vulneración a los preceptos 14, 16 y 115 constitucionales.

k) Por último, el procurador señala que los argumentos sostenidos encuentran apoyo en el criterio sostenido por este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 5/2004.

NOVENO. El nueve de agosto de dos mil siete tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos de las partes, por lo que, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.

Previo dictamen del Ministro ponente, por auto de fecha trece de septiembre de dos mil siete, el asunto quedó radicado en la Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Oaxaca, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, de la propia entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20525-ea1108e8/controversia-constitucional-el-oficio-lix-of-116-2006 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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