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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE LA ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO, NO SE HAYA REALIZADO EN LOS TÉRMINOS PRESCRITOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY NÚMERO 251 QUE CREA EL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y ESTABLECE LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, TRANSGREDE LA AUTONOMÍA FINANCIERA QUE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DISPONE A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS. PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES VIOLA EL PRINCIPIO DE RECEPCIÓN ÍNTEGRA DE LOS RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE RESERVADOS A LAS HACIENDAS MUNICIPALES Y, POR ENDE, GENERA EL PAGO DE INTERESES. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2007. · Registro digital (IUS): 21553
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 809.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2007. MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil nueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el veintisiete de diciembre de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel Martínez Toledo y Teresa Miranda Vázquez, ostentándose como primer y segundo síndicos procuradores, respectivamente, del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridad demandada:

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero.

Actos impugnados:

a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año dos mil siete hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que se entreguen puntualmente las mismas.

b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que Crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.

c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de demanda, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251, el pago de intereses correspondiente.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son, en síntesis, los siguientes:

1. El Municipio de Chilpancingo de los Bravo es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Guerrero, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 115, primer párrafo y fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I, 91 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 2o. y 3o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

2. Conforme al principio de legalidad tributaria, contenido en los artículos 31, fracción IV y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda contribución necesaria para cubrir el gasto público de los Municipios debe estar definida por una ley en sentido formal y material, de tal suerte que los tributos por los que obtiene sus ingresos, deben preverse en una ley expedida por el Congreso del Estado de Guerrero.

3. El miércoles veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal cuyo objeto es, por un lado, armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los referidos órganos de gobierno con el fin de evitar la doble o múltiple tributación y, por otro, otorgar a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, con base en un fondo general y fondos específicos, participación en la recaudación de los gravámenes de carácter federal, ya sea en forma global o condicionada, pues, en algunos casos, la respectiva participación debe destinarse al financiamiento de determinadas actividades estatales o municipales.

4. El diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Guerrero celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, conforme al cual el Estado de Guerrero se obligó a no mantener en vigor, ni crear impuestos estatales o municipales que contraríen los límites señalados en las diversas leyes de carácter federal, que implicó, que a partir de la entrada en vigor de tal convención se haya desincorporado de la esfera competencial del Congreso Local del Estado de Guerrero, la atribución para crear contribuciones estatales y municipales que recaigan sobre los hechos imponibles gravados por los impuestos contemplados por las diversas leyes federales y, como consecuencia de lo anterior, la Federación adquirió la obligación de beneficiar al Estado de Guerrero y a sus Municipios con la entrega de las participaciones que les corresponden, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiéndole establecer, en todo caso, a la Legislatura Local, su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

5. Así las cosas, el Congreso del Estado de Guerrero no puede establecer ninguna contribución municipal para recaudar ingresos a favor del Municipio actor, que grave algún acto o hecho jurídico que ya sea objeto de un impuesto de carácter federal en los términos pactados en el convenio referido. Sin embargo, el Municipio actor tiene derecho, como consecuencia, a recibir del demandado, las participaciones que la Federación le envía, por conducto del Estado de Guerrero, dentro de los cinco días siguientes al en que dicha entidad federativa las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal suerte que, el retraso en la entrega de tales participaciones da lugar al pago de intereses, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.

6. Desde el año dos mil cinco, el demandado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ha incurrido en un retraso sistemático, que oscila alrededor de los veintiocho días, en la entrega de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor; es decir, no obstante que el Estado de Guerrero recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las participaciones federales de manera puntual y conforme al calendario que ésta publica cada año en el Diario Oficial de la Federación, el demandado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, deja pasar alrededor de treinta y tres días para su entrega al Municipio, esto es, más de veintiocho días siguientes contados después de la fecha límite de cinco días siguientes a aquel en que el Estado de Guerrero las recibe de la Secretaría de Hacienda, tal como se desprende de la simple lectura de los oficios relativos a la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de enero del dos mil cinco a octubre del dos mil siete, expedidos por el demandado, por conducto del secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.

7. El demandado ha incurrido desde el mes de enero del año dos mil cinco, en un retraso constante en la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, de aproximadamente veintiocho días, entre la fecha límite que tiene para la entrega de las participaciones federales al Municipio actor (que es de cinco días siguientes a aquel en que el Estado de Guerrero recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las participaciones) y la entrega efectiva que hace de tales participaciones, sin que efectúen el correspondiente pago de intereses devengados con motivo de tal retraso (integrados por los respectivos recargos e importe de actualización), en los términos previstos por los normativos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las bases, montos y plazos a los que se sujetarán las participaciones federales, sin que hasta esta fecha haya regularizado la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio, dentro de los tiempos que marca la ley, por lo que se considera inconstitucional el actuar del demandado.

TERCERO. En el concepto de invalidez hecho valer, el Municipio actor aduce sustancialmente lo siguiente:

Los actos impugnados vulneran el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, por un lado, porque no ha entregado puntualmente al Municipio las participaciones federales que le corresponden, es decir, sistemáticamente ha entregado en forma retrasada dichas participaciones, de tal forma, que no ha regularizado su entrega dentro de los tiempos que marca la ley; y, por otra parte, porque ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por el retardo en el que se ha incurrido en la entrega de tales participaciones federales que le corresponden.

Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, están previstas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos Federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal, de tal suerte que, conforme a ese numeral constitucional se entiende que las citadas participaciones federales serán administradas libremente por el Municipio, una vez que las Legislaturas Locales mediante disposiciones generales determinen las bases, montos y plazos para ello. Así las cosas, al retrasarse las autoridades demandadas en la entrega de las participaciones federales que le corresponden, omitiendo el pago de los intereses devengados, se inflingió un perjuicio al Municipio, ante la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo con la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas.

En ese sentido, el demandado, al retrasar la entrega de las participaciones, por los motivos que fueren, pertenecientes a recursos federales cuya entrega debía ser ágil y directa conforme a la calendarización preestablecida, vulneró lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y, más allá de ello, vulneró la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución Federal garantiza a los Municipios. Efectivamente, este precepto prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración que, expresamente se presenta como no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla: Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas Estatales establezcan en su favor, las participaciones federales, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, etcétera.

Además de lo anterior, el segundo párrafo de la fracción IV del precepto constitucional indicado, establece garantías para que la Federación y las entidades federativas no limiten mediante el establecimiento de menciones o subsidios el flujo de recursos que deben quedar integrados en la hacienda municipal; y, el último párrafo de la misma fracción, subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos.

En términos de lo expuesto, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados -en el caso las participaciones federales entregadas con retraso por las autoridades demandadas al Municipio actor-, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a los Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan, presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen.

No existe ninguna justificación para que la autoridad demandada pueda incurrir en retrasos en la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, de tal suerte que, como tales recursos integran la hacienda pública municipal, su efectiva percepción queda constitucionalmente garantizada por el ya citado principio de integridad de los recursos económicos municipales, por lo que no hay verdadero cumplimiento de la obligación de transferir las participaciones federales al Municipio actor, hasta que éste recibe las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando en su entrega se ha producido un retardo indebido. Al efecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."

Es importante mencionar que, en las diversas controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la entrega de las participaciones federales a los Municipios que se realiza fuera del plazo de cinco días que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, origina el pago de intereses por los días que excedieron dicho lapso, con independencia de la calendarización que haga el gobierno del Estado sobre tal entrega a los Municipios.

Así, debe declararse la invalidez de los actos impugnados en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que (i) se haga el pago al Municipio actor por concepto de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas, (ii) se condene a la autoridad demandada con el objeto de que con posterioridad haga entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.

A lo anterior, sirve de apoyo lo resuelto en la diversa controversia constitucional 20/2005, promovida por el Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, en la que, ante la falta de entrega oportuna al Municipio mencionado de las aportaciones federales de cierto periodo, se indicó al demandado entregar al Municipio actor el importe correspondiente a los intereses generados por el retraso en su entrega, aplicando la tasa de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, además de indicarle que en lo sucesivo, hiciere entrega al Municipio de las participaciones dentro del plazo establecido en los artículos referidos en el párrafo anterior. Al efecto, debe estarse a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia P./J. 78/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que considera el Municipio actor vulnerados son 14, 16 y 115, fracción IV.

QUINTO. Por acuerdo de dos de enero de dos mil ocho, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 97/2007, y designó como instructor, por razón de turno, al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante diverso proveído de siete de enero de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda presentada por el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero; tuvo como demandado, al Poder Ejecutivo del Gobierno de ese Estado, al que ordenó emplazar, a efecto de que formulara su contestación; y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, al contestar la demanda, expuso en síntesis lo siguiente:

a) Con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, relacionado con el artículo 10, fracción II, de la propia legislación y con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta improcedente la controversia constitucional, en virtud de que el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero carece de legitimación procesal pasiva, pues, a su juicio, las hipótesis de procedencia que establece el artículo 105, fracción I, constitucional, no señalan que pueda contender un Municipio contra un órgano de gobierno como lo es el gobernador del Estado en cuyo territorio se encuentra el Municipio.

En ese contexto, la demanda de controversia constitucional debió enderezarse en contra del Gobierno del Estado de Guerrero que en todo caso es el ente que se verá afectado en su patrimonio para el caso de declararse procedente la acción constitucional intentada, pues si bien conforme al artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, tiene el carácter de jefe de Gobierno y de la administración pública, esto no significa que el Ejecutivo sea el único órgano de gobierno de un Estado, y por tanto, no puede, ni debe confundirse, al Poder Ejecutivo como la entidad federativa; de tal forma que la controversia constitucional entablada en contra del gobernador del Estado de Guerrero, no puede tenerse por presentada como si se hubiera demandado al Estado de Guerrero, porque significaría que sólo el Poder Ejecutivo constituye el único orden de gobierno de un Estado de la Federación y legitimado para comparecer a defender los intereses del Estado, lo que indiscutiblemente va en contra de la propia Constitución General que establece que el orden de gobierno de los Estados se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

b) Con fundamento en los artículos 19, fracciones III, VI, VII y VIII; y 20, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta improcedente la controversia constitucional, en virtud de que se promueve contra actos que atribuye al gobernador del Estado de Guerrero, fuera del plazo para la interposición de la demanda a que se refiere el artículo 21 de la citada ley reglamentaria.

Específicamente, los señalados en los hechos 6 y 7 de la demanda, en el sentido de que desde enero de dos mil cinco, se ha retrasado en forma sistemática el pago de las participaciones federales, pues es claro, que el fondo de la controversia constitucional versa sobre si al Municipio actor le fueron pagadas o no tardíamente las participaciones federales de noviembre y diciembre de dos mil siete, siendo inoportuna cualquier reclamación anterior, pues rebasa el plazo de treinta días que establece la ley reglamentaria de la materia.

c) Es improcedente la controversia constitucional, por cuanto a los intereses que reclama, porque no se encuentran aprobados por el Congreso del Estado de Guerrero, como rendimientos de los bienes que les pertenezcan al Municipio, como lo estatuye el artículo 115 constitucional, fracción IV, en concordancia con el artículo 47, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Guerrero.

Luego, si los intereses que hoy se reclaman no se encuentran aprobados por la Legislatura Local como lo ordena la Constitución Federal y la propia del Estado de Guerrero, es incuestionable que la demanda de controversia constitucional en cuanto a los intereses que reclama es improcedente, porque primero debió impugnar de inconstitucional la Ley Número 251 estatal que regula el tratamiento de las participaciones federales a los Municipios, aprobada por el Congreso Local, en la que no se establece que los Municipios recibirán los intereses generados por los días de retraso en la entrega de las participaciones federales; de ahí que el Municipio no pueda reclamar para sí el pago de intereses que no se encuentran aprobados por la legislatura, como lo ordena el artículo 115 constitucional en concordancia con el artículo 47 del ordenamiento local invocado.

d) No es cierto que el gobierno del Estado haya incurrido en atrasos en la entrega de participaciones federales que reclama el Municipio actor, pues se transfieren a los Municipios, cuando son liberados por la Federación, por lo que no existe el hecho generador de los recargos y actualizaciones que pretende cobrar el hoy actor. Ello, en términos del artículo décimo segundo del acuerdo por el que se da a conocer, el calendario de entrega y montos estimados de los recursos que recibirán los Municipios del Estado de Guerrero, por concepto de participaciones federales, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número trece, de fecha martes trece de febrero de dos mil siete, siguiente:

Ver calendario

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente:

1. Conforme al calendario publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el trece de febrero de dos mil siete, el gobierno del Estado debió entregar las participaciones federales que corresponden al mes de noviembre de dos mil siete, el día treinta de ese mismo mes y año; las relativas al mes de diciembre de dos mil siete, el treinta y uno del mismo mes y año. De las constancias que obran en autos se advierte, que el gobierno de Guerrero entregó al Municipio, las participaciones correspondientes al mes de noviembre, a través de transferencia bancaria 1765, el treinta del mismo mes y año; y las participaciones federales relativas al mes de diciembre de dos mil siete, mediante transferencia 435, de once de diciembre de ese mismo año.

En ese sentido, resultan infundados los argumentos vertidos y procede reconocer la validez de los actos relativos a la entrega de participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, al haberse acreditado en autos que fueron cubiertas oportunamente.

2. Por cuanto a la omisión en el pago de intereses con motivo de las entregas atrasadas de las participaciones federales desde enero de dos mil cinco a la fecha, no obran agregadas al expediente constancias que acrediten que el Ejecutivo Estatal realizó la entrega de participaciones federales fuera de los plazos establecidos en la normatividad aplicable, dentro del periodo que comprende enero de dos mil cinco a mayo de dos mil siete, por lo que, al no haberse acreditado su existencia, deberá sobreseerse específicamente por el periodo referido.

3. Respecto al pago de intereses que comprenden los meses de junio a octubre de dos mil siete, de las constancias aparece que las participaciones federales relativas a los meses de junio a septiembre de dos mil siete se hicieron fuera del plazo establecido en calendario. En ese sentido, deviene parcialmente fundado lo argüido por el Municipio, y por tanto deberá ordenarse el pago de intereses derivado de la entrega atrasada de participaciones federales generado durante ese periodo, y requerir a la demandada la entrega puntual de los recursos en los meses subsecuentes.

OCTAVO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el nueve de abril de dos mil ocho, el Municipio actor amplió su demanda y señaló como nuevos actos impugnados los siguientes:

• Las entregas retrasadas, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año de dos mil siete, enero, febrero y marzo de dos mil ocho, y las que se sigan generando hasta su entrega; así como la omisión de dar a conocer en forma cierta las participaciones federales que se le están cubriendo al Municipio, y de proporcionar la información necesaria al respecto.

En sus conceptos de invalidez hechos valer plantea en síntesis lo siguiente:

Considera que debe declararse la invalidez para el efecto de que la demandada haga el pago de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año dos mil siete, así como los meses de enero, febrero y marzo de dos mil ocho, y las que se sigan generando hasta su entrega puntual.

Asimismo, manifiesta que el Poder Ejecutivo demandado transgrede el contenido del artículo 115, fracción II, inciso b) constitucional, toda vez que desde que pagó a destiempo y sin intereses las participaciones federales correspondientes al mes de diciembre de dos mil siete, y a la fecha (nueve de abril de dos mil ocho), ha dejado de entregar las "constancias de liquidación y participaciones federales a los Municipios", respectivas a los meses de diciembre de dos mil siete y enero, febrero y marzo de dos mil ocho, violentando el derecho al conocimiento cierto de la forma en que aquéllas fueron cubiertas.

NOVENO. Por auto de once de abril de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la ampliación de la demanda únicamente respecto del acto consistente en la omisión del Gobierno del Estado de Guerrero de entregar al Municipio actor las constancias de liquidación de las participaciones federales correspondientes a los meses de diciembre de dos mil siete y enero, febrero y marzo de dos mil ocho, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que expresara su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

DÉCIMO. Al formular su opinión respecto de la ampliación de la demanda de controversia constitucional, el procurador general de la República manifestó sustancialmente lo siguiente:

El Municipio actor manifiesta que se viola el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha dejado de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales a Municipios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete y enero, febrero y marzo de dos mil ocho.

Como se sabe, las participaciones federales que sean cubiertas a los Municipios con arreglo en las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, constituyen un derecho que debe encontrarse debidamente regulado, con el fin de dotar al Municipio de la posibilidad de conocer de la forma en que le son cubiertas sus participaciones federales.

En tal sentido, es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la entidad que corresponda, el explicar detalladamente cuál es el monto global de las participaciones federales recibidas, la forma en la que éstas se distribuyen entre todos los Municipios, así como darle a conocer, paso a paso, cómo se conforman las sumas que se envían.

Al realizarse de manera mensual la entrega de participaciones a los Municipios, la obligación de otorgar constancias de liquidación de participaciones federales a los Municipios, también debe ser con esa periodicidad, lo que implica que a la entrega de cada ministración, el gobierno estatal tiene la obligación de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones federales que le corresponden a cada Municipio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 82/2001, de rubro: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y, POR TANTO A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTADUAL, LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN."

El Municipio actor manifiesta que el Poder Ejecutivo de Guerrero había estado remitiendo puntualmente las constancias de liquidación, pero que ha omitido enviar las correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete y enero, febrero y marzo de dos mil ocho.

Al efecto, es preciso indicar que mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil ocho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ya había transcurrido el plazo legal de treinta días otorgados al demandado para que formulara su contestación a la ampliación de demanda, por lo que al no haber habido contestación, en la especie, debe tenerse por cierta la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, salvo prueba en contrario.

En razón de lo anterior, la omisión resulta violatoria del artículo 105, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, en virtud de que es una obligación constitucional a cargo de dicho poder estatal, proporcionar la información detallada de la forma y términos en cómo se entregan las participaciones federales que corresponden al Municipio actor.

DÉCIMO PRIMERO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO SEGUNDO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21553-0271a4c0/controversia-constitucional-el-hecho-de-que-la-entrega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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