CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 290, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA QUE SE REVISÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2007, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE BITÁCORA RESPECTO DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SO PENA DE APLICAR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 290, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA QUE SE REVISÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2007, QUE PREVÉ QUE EXISTEN INFRACCIONES DE TRÁNSITO QUE NO SE COBRARON CONFORME A LA LEY DE INGRESOS RELATIVA, AL HABERSE REALIZADO DESCUENTOS POR $22,152.00 POR ESTE CONCEPTO A CONSIDERACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE NO PROCEDEN POR NO ESTAR CONTEMPLADAS EN LA LEY, CONMINÁNDOSE AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A REINTEGRAR A LAS ARCAS MUNICIPALES LA CANTIDAD MENCIONADA A EFECTO DE RESARCIR EL QUEBRANTO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 291, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA REVISADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2007, AL SEÑALAR LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO DEL GASTO, INSTRUYÉNDOSE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, AL PROPIO MUNICIPIO Y A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO LOCAL PARA QUE SE ACTÚE EN CONSECUENCIA DEL MARCO LEGAL RELATIVO Y APLICAR LAS SANCIONES CONDUCENTES, ASÍ COMO QUE SE DÉ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA, DE EXISTIR ELEMENTOS, SE FINQUE LA RESPONSABILIDAD PENAL CORRESPONDIENTE Y, EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ DARSE VISTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE PROCEDA CONFORME A DERECHO CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE ESA DETERMINACIÓN, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL DECRETO NÚMERO 290, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA QUE SE REVISÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2005, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2007, QUE CONMINAN AL AYUNTAMIENTO A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL INDICADO DECRETO, Y QUE EN CASO DE QUE ELLO NO SEA DEBIDAMENTE CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA DEBERÁ DARSE VISTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE PROCEDA CONFORME A DERECHO, TRANSGREDEN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO NÚMERO 291, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA REVISADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE FEBRERO DE 2007, PUES AL HABERSE SUPRIMIDO SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA FE DE ERRATAS AL MENCIONADO DECRETO, PUBLICADO EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2007, CESÓ EN SUS EFECTOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2007. MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de junio de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el once de abril de dos mil siete, en las oficinas de la Administración Postal del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, Sergio Gómez Méndez, quien se ostentó como síndico propietario del Ayuntamiento de dicho Municipio, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Autoridades demandadas: 1. El Estado de Aguascalientes, actuando por conducto del Congreso del Estado depositario del Poder Legislativo Local, con domicilio en el Palacio Legislativo, sito en Plaza de la Patria norte sin número, zona centro, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., código postal 20000. 2. El Estado de Aguascalientes, actuando por conducto del gobernador del Estado depositario del Poder Ejecutivo Local, con domicilio en Palacio de Gobierno, sito en Plaza de la Patria sur sin número, zona centro en la ciudad de Aguascalientes, Ags., código postal 20000. III. Otras partes: 1. Entidad, poder u órgano tercero interesado. No existe. 2. Parte procesal por ministerio de ley. Tiene el carácter de parte en este proceso, por ministerio de ley el procurador general de la República. IV. Actos cuya invalidez se demanda: 1. De la señalada en el apartado 1 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la afectación al orden constitucional federal, a través de la emisión de los siguientes actos: 1.1. Del Decreto Número 290 de 15 de febrero de 2007, por el cual se declaró revisada la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Ags., correspondiente a los meses del segundo semestre del año 2005, decreto en el que se contienen diversas determinaciones cuya invalidez se demanda por constituir una violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez. 1.2. Del Decreto Número 291 de 15 de febrero de 2007, por el cual se declaró revisada la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Ags., correspondiente a los meses del primer semestre del año 2006, decreto en el que se contienen diversas determinaciones cuya invalidez se demanda por constituir una violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez. 2. De la señalada en el apartado 2 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la publicación de los Decretos 290 y 291 arriba señalados como impugnados, publicación hecha el 26 de febrero de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, como adelante se reseña. Cabe destacar que la demanda de invalidez de los decretos impugnados excluye expresamente, de cada uno de ellos, la mera declaratoria de haberse revisado las correspondientes públicas (sic), por lo que al declararse la invalidez de dichos decretos se deberá realizar con la salvedad de que quedan subsistentes en cuanto a tales declaratorias de revisión de cuentas públicas, dado que la materia de la demanda comprende la impugnación de las restantes determinaciones de cada uno de dichos decretos que corresponden a aspectos específicos derivados de las correspondientes cuentas públicas."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados por el Municipio actor en la demanda, son en síntesis los siguientes:
1. Con fundamento en el artículo 36, fracción XXXIII, de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, el Ayuntamiento del Municipio de Calvillo, revisó las cuentas públicas correspondientes al segundo semestre de dos mil cinco y primer semestre de dos mil seis, remitiendo las mismas con su documentación respectiva al Congreso del Estado a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
2. El Municipio de Calvillo, Aguascalientes, tiene conocimiento de que los Decretos 290 y 291, correspondientes a la revisión de las cuentas públicas del segundo semestre de dos mil cinco y primer semestre de dos mil seis, respectivamente, fueron expedidos por el Congreso del Estado, al haber sido aprobados en sesión de quince de febrero de dos mil siete.
3. Según el Congreso de Aguascalientes, existen infracciones de tránsito que no fueron cobradas conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, al haber aplicado supuestos descuentos que ascienden a la cantidad de veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos, respecto de los cuales se impone la obligación de reintegro a las arcas públicas, ello en términos del segundo párrafo del artículo primero del Decreto 290 impugnado.
4. En el artículo sexto del Decreto 290, se conmina al Municipio de Calvillo, Aguascalientes, a dar cumplimiento a las observaciones pendientes de solventar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto, mientras que el artículo séptimo, determina que en caso de que el artículo sexto no sea solventado en tiempo y forma, deberá darse vista a la autoridad competente a fin de proceder conforme a derecho; sin embargo, el Municipio actor, desconoce las observaciones pendientes de solventar a que hace referencia el Congreso del Estado.
5. En sesión plenaria de quince de febrero de dos mil siete, el Congreso del Estado de Aguascalientes discutió y votó aprobatoriamente la supresión del artículo tercero del proyecto de Decreto 291; sin embargo, el veintiséis de febrero de dos mil siete, en el Periódico Oficial de la entidad, se publicó el artículo tercero del Decreto 291, en términos diversos al acordado en la sesión referida.
6. El Municipio de Calvillo, Aguascalientes, desconoce las supuestas irregularidades existentes en el ejercicio del gasto público mencionadas en el artículo quinto del Decreto 291, por concepto de las cuales, se instruye al Ayuntamiento y a la Contraloría del Municipio de Calvillo, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda de Aguascalientes a imponer las sanciones correspondientes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y a dar vista al Ministerio Público a fin de que se finquen las responsabilidades penales respectivas. Al efecto, el artículo sexto del Decreto 291 referido, dispone que en caso de que el artículo quinto no sea debidamente solventado, se dé vista a la autoridad competente a fin de proceder en contra de los responsables de su incumplimiento.
TERCERO. Los conceptos de invalidez hechos valer por el promovente en su escrito de demanda son, en síntesis, los siguientes:
Los Decretos 290 y 291, por los cuales, respectivamente, se tiene por revisada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año dos mil cinco y al primer semestre del año dos mil seis del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, vulneran el contenido de los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que varios de sus preceptos exceden el alcance de la facultad constitucional del Congreso del Estado para efectuar la fiscalización o revisión de las cuentas públicas municipales. Al efecto, se manifiesta lo siguiente:
• Decreto Número 290, por el que se tiene por revisada la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, correspondiente al segundo semestre del año dos mil cinco:
- El segundo párrafo del artículo primero del Decreto Número 290, que contiene la determinación de la orden de reintegro de la cantidad de $22,152.00 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) al director de seguridad por pretendidos descuentos supuestamente improcedentes, configura una actuación que excede la facultad de revisión de la cuenta pública municipal que posee el Congreso del Estado, toda vez que dicha determinación de reintegro únicamente puede emanar de un procedimiento de responsabilidad llevado a cabo respecto de determinado funcionario público, por parte de autoridad competente y no de la revisión de cuenta pública que realiza el Congreso Local.
Cabe mencionar además, que en el citado párrafo, tampoco se precisan las supuestas "infracciones" a que hace referencia el artículo 2 del decreto, ni se ofrece motivación ni fundamentación alguna que sustente la supuesta improcedencia de los descuentos a que alude.
- El artículo segundo del decreto, que exige al Municipio implementar un programa de registro de actividades a través de bitácora con relación a vehículos utilizados en actividades municipales, so pena de aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a quien permita dicha irregularidad, vulnera el contenido del artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, toda vez que la previsión de los mecanismos de control financiero de la administración pública municipal, cae dentro de la órbita de competencia del Ayuntamiento, por lo que corresponde a este último expedir los ordenamientos sobre la materia de aplicación de los recursos financieros, entre ellos las normas atinentes al ejercicio de su facultad de regulación de los egresos a través de su presupuesto respectivo.
- El contenido de los artículos sexto y séptimo del decreto, no cumplen con los requisitos de legalidad, seguridad jurídica y fundamentación, dado que no precisan a qué supuestas observaciones se refieren y menos aún, los argumentos en que éstas se sustentan.
• Decreto Número 291, por el que se tiene por revisada la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, correspondiente al primer semestre del año dos mil seis:
- El artículo tercero del citado decreto, por el que "se ordena al Municipio a que realice una depuración inmediata de la cuenta de acreedores bancarios y a los pagos oportunos del mismo", configura una indebida actuación del Congreso del Estado de Aguascalientes, al decretar la revisión de la cuenta pública correspondiente al primer semestre de dos mil seis, toda vez que no obstante que dicho artículo fue expresamente excluido del dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante votación plenaria de los legisladores integrantes del Congreso en la sesión de quince de febrero de dos mil siete, se encuentra no sólo incluido en el decreto ahora impugnado, sino que dicha inclusión se encuentra hecha en términos diversos a los manifestados en la sesión plenaria referida.
- Por otra parte, el contenido de los artículos quinto y sexto del Decreto 291 impugnado implica un indebido ejercicio de la facultad de revisión de cuenta pública municipal por parte del Congreso del Estado de Aguascalientes, al no cumplir con los requisitos de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, debido a que se determina la existencia de supuestas "irregularidades" en el ejercicio del gasto público, por las cuales se dan instrucciones para la aplicación de sanciones y para la denuncia para efectos penales, bajo la determinación de que de no aplicarse sanciones y hacerse denuncia, se proceda contra los responsables de dicha omisión, sin que al efecto, se precise cuáles son dichas irregularidades ni el fundamento legal que las justifiquen.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV.
QUINTO. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 34/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
En diverso proveído de veinte de abril de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Aguascalientes y mandó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Congreso del Estado de Aguascalientes al contestar la demanda, manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Los actos que se combaten no vulneran el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni otro precepto del ordenamiento citado. Si bien los Municipios deben tener autonomía financiera, ésta no es absoluta, pues únicamente se encuentran facultados para percibir ingresos, de acuerdo con lo establecido en su correspondiente ley de ingresos, por tanto, a fin de verificar que tanto los egresos como los ingresos son debidamente administrados, el Constituyente Federal facultó a los Congresos Locales para efectuar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.
2. El artículo 27, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, otorga a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, la facultad de verificar los resultados de la gestión financiera, para comprobar que ésta se haya llevado conforme a la ley; por lo que, con base en lo anterior y tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 21 del ordenamiento citado, se afirma que el Congreso del Estado de Aguascalientes actuó en cumplimiento de la Constitución Federal, sin excederse en el ejercicio de sus funciones.
3. El Municipio actor conoció de las diversas irregularidades observadas durante la revisión de la cuenta pública del segundo semestre del ejercicio del año dos mil cinco, no obstante, a pesar de haber tenido la oportunidad de corregirlas, no lo hizo.
4. El titular de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Calvillo, dio cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo primero del Decreto Número 290, referente a la revisión de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil cinco, reintegrando la cantidad de $22,152.00 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) a la Secretaría de Finanzas de dicho Municipio, por lo que resulta innegable la existencia de disposición del funcionario citado para atender las recomendaciones formuladas.
5. Respecto del Decreto Número 291, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal de dos mil seis, cabe destacar que con anterioridad se notificaron al Municipio actor los pliegos de observaciones correspondientes a los conceptos de directo municipal, Ramo 33 y obra pública, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para subsanar las irregularidades encontradas, sin que hayan sido reparadas en su totalidad, razón por la cual el Congreso del Estado de Aguascalientes determinó emitir las recomendaciones establecidas en el decreto citado.
6. El Congreso del Estado de Aguascalientes actuó en apego a lo establecido en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción V, de la Constitución Política de Aguascalientes, 78, fracción V y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 3o., 5o., 7o., 8o., 9o., 13, 16 y 41 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, también del Estado de Aguascalientes, por tanto, las manifestaciones hechas en el sentido de que el Poder Legislativo se extralimitó en sus facultades, carece de justificación, porque el Municipio de Calvillo fue debidamente enterado de las irregularidades encontradas, respetándose el plazo legal que le fue otorgado para solventarlas y exponer lo que estimara conveniente; además, en ninguno de los decretos impugnados, se imponen sanciones al actor, únicamente se determina la manera en que el Municipio debe enmendar las anomalías registradas en las correspondientes revisiones.
7. Con las recomendaciones hechas en los decretos impugnados el Congreso del Estado de Aguascalientes, busca contribuir con el Municipio de Calvillo a mejorar la administración de los recursos públicos, de tal manera que se cumplan los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del marco de la ley.
SÉPTIMO. Por su parte, el gobernador del Estado de Aguascalientes, al contestar la demanda, manifestó, en esencia:
1. La publicación de los decretos impugnados en nada conculca las garantías de legalidad y seguridad jurídica del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, puesto que la facultad de promulgar y ejecutar las leyes expedidas por el Congreso, es una obligación del Ejecutivo Local y del secretario general de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32, 35, 46, fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado.
2. La controversia constitucional resulta improcedente, toda vez que no existe norma o acto materia de la controversia, al no resultar inconstitucionales los decretos impugnados, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los Congresos Locales, en su artículo 115, fracción IV, inciso c), la facultad de revisar la cuenta pública de los Ayuntamientos, mientras que el artículo 27, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que corresponde al Poder Legislativo Estatal, someter a revisión las cuentas públicas presentadas por los Ayuntamientos de la entidad, razones por la cuales, no se vulnera el contenido de los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
3. El Congreso y la Contaduría Mayor, ambos del Estado de Aguascalientes, no conculcan el contenido de los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como se señaló anteriormente, la autoridad legislativa de la entidad, está facultada para realizar, mediante la Contaduría Mayor de Hacienda, la fiscalización de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, así como para expedir los decretos necesarios a fin de lograr una mejor administración pública, tal como se establece en los artículos 27, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad.
4. Los decretos impugnados no vulneran las garantías individuales del promovente, ya que no se ha ejecutado ninguna acción de carácter legal en relación con las cuentas públicas del Municipio actor y de realizarse, será con las formalidades del procedimiento y ante los tribunales correspondientes en contra de los responsables del mal manejo y administración de los recursos públicos municipales durante los periodos correspondientes.
5. En la revisión efectuada se registraron diversas anomalías, debido a que la actividad financiera del Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, tuvo discrepancias y deficiencias en los periodos correspondientes al segundo semestre del año dos mil cinco y primer semestre del año dos mil seis, razón por la que el Congreso Local requirió al Municipio actor, a efecto de que este último formulara las correcciones señaladas en los Decretos Números 290 y 291 y subsanara las deficiencias localizadas en su cuenta pública.
6. La revisión de las cuentas públicas no lesiona la autonomía municipal, pues no se ejercen funciones que correspondan al Municipio, ni se realizan actividades que sean competencia de los Ayuntamientos. La función de la Contaduría Mayor de Hacienda es única y exclusivamente de revisión e inspección de los fondos públicos y ejercicio de los mismos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como en el artículo 27, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Al respecto, se citan las jurisprudencias de rubros: "AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. SU REVISIÓN POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANTES DE CONCLUIR EL AÑO FISCAL DE QUE SE TRATE, ES CONSTITUCIONAL.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENA DAR DE BAJA A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE RESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS ... .", "CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
OCTAVO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente lo siguiente:
A) Respecto de la presunta inconstitucionalidad del Decreto Número 290, relativo a la revisión de la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil cinco, expuso lo siguiente:
Resultan parcialmente fundados los argumentos vertidos respecto del Decreto Número 290, relativo a la revisión de la cuenta pública del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil cinco, el cual se impugna, por considerar el Municipio que se contraviene el contenido de los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso, la relación que existe entre el Municipio de Calvillo, Aguascalientes y el Congreso de ese Estado, es de suprasubordinación, en virtud de que el ente fiscalizador actúa frente al Ayuntamiento como autoridad, pues, ante los requerimientos del órgano técnico auxiliar de la Legislatura Local, el nivel de gobierno municipal está obligado por imperativo de la ley a cumplirlos. En tal virtud, los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal se cumplen con la existencia de una norma que faculta a la autoridad para actuar en determinado sentido y con el acreditamiento de las circunstancias de hecho que justifican la actuación de la autoridad correspondiente, lo anterior, tal como se establece en la tesis P./J. 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA ... DE LOS PARTICULARES."
Resulta fundada la afirmación del Municipio actor, en cuanto a que la orden de reintegro por la cantidad de $22,152.00 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a descuentos supuestamente improcedentes, configura una actuación que excede la facultad de revisión del Congreso Estatal, ya que tal resolución sólo puede emanar de un procedimiento de responsabilidad instruido en contra de un funcionario público.
Dentro del dictamen que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda presentó al Pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes, se hizo referencia a que el órgano de fiscalización advirtió que en los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil cinco, se condonó indebidamente la cantidad de $22,152.00 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de infracciones de tránsito, a consideración del director de Seguridad Pública, sin que dichos descuentos se encuentren contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes.
Al respecto, se considera que la determinación del Congreso del Estado de Aguascalientes excede la facultad que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal le otorga, toda vez que conforme al proceso de fiscalización reglamentado en la entidad, en caso de que, durante el proceso de revisión de la cuenta pública, se encuentren irregularidades en el ejercicio del gasto público el contador mayor de Hacienda deberá promover ante las autoridades competentes el cobro de los daños y perjuicios causados a la hacienda pública municipal o estatal. Así pues, debe seguirse el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Aguascalientes, a fin de que una vez agotadas las instancias correspondientes y, en su caso, se declare un quebranto, los daños y perjuicios causados se reintegren a la hacienda municipal, otorgándose la garantía de audiencia al servidor público que se considere responsable.
De las constancias que obran en autos, no se desprende que la Contaduría Mayor de Hacienda hubiese promovido ante la Contraloría General del Estado de Aguascalientes -autoridad competente- el procedimiento citado en el párrafo anterior en contra del director de Seguridad Pública y, mucho menos, que a dicho servidor público se haya determinado responsabilidad administrativa resarcitoria por la cantidad en cuestión; por tanto, el Decreto 290 se emitió sin satisfacer los requisitos y formas que las leyes secundarias establecen, ya que no se siguió el procedimiento administrativo de ejecución mediante el cual se otorgase al servidor público la garantía de audiencia y, en consecuencia, al no existir una norma que faculte al Congreso del Estado de Aguascalientes para actuar en el sentido en que lo hizo y carecer de fundamentación y motivación, se vulnera el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En cuanto a la documental que el Congreso de Aguascalientes ofrece referente a un recibo mediante el cual Carlo Iván Arévalo Correa, director de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, reintegra la cantidad de $22,152.00 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.); en el presente medio de control constitucional, no se impugna la procedencia de dicho reintegro a la hacienda municipal, sino el exceso que pudo haber cometido el Poder Legislativo del Estado, en ejercicio de su facultad de revisión de la cuenta pública, al ordenar la devolución del monto citado, sin haberse seguido el procedimiento respectivo para tal efecto.
Es fundado el argumento por el que se denuncia la inconstitucionalidad de la determinación del Congreso Local, que obliga al Municipio de Calvillo, Aguascalientes, a implementar un programa de registro de actividades a través de bitácora, en relación con vehículos utilizados en actividades municipales, al contravenir el contenido del artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, ya que de acuerdo con dicho numeral, los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones, que organicen la administración pública, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 132/2001, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES."
A partir de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, el Municipio goza de un ámbito más amplio de reglamentación, a través del cual puede decidir las particularidades de la organización de las materias de su competencia exclusiva, así como de las cuestiones de policía y buen gobierno; por tanto, si bien se toma en cuenta la manifestación del Congreso del Estado, en la cual expone que de manera reiterada se han erogado fondos municipales para el mantenimiento de vehículos particulares bajo el argumento de que eran utilizados con fines propios de la actividad municipal, corresponde al Municipio la implementación del mecanismo respectivo para tal cuestión. Así pues, el Congreso del Estado debe advertir al ente fiscalizado las irregularidades observadas en la revisión de la cuenta pública, a fin de que el Ayuntamiento implemente los mecanismos adecuados para solventarlas y, en su caso, proceder a fincar responsabilidades a través de las autoridades competentes.
Por lo que hace al argumento relativo a que el Congreso Estatal no se ajustó a los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al no precisar las supuestas infracciones cuyo importe legal se ordena reintegrar, los motivos de la improcedencia de los descuentos, ni las observaciones pendientes de solventar, éstos resultan infundados, pues el Congreso de Aguascalientes, auxiliado por la Contaduría Mayor de Hacienda, recibe de los entes fiscalizados la documentación necesaria para la revisión correspondiente, generándose un intercambio constante de información, expresado a través de los oficios en los que se detallaron las observaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda formuló al Ayuntamiento de Calvillo, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto público, mismas que debieron hacerse del conocimiento del Municipio, para que las solventara antes de que el Congreso del Estado se pronunciara respecto de la calificación de la cuenta pública del Municipio actor. Así pues, si bien es cierto, en el decreto impugnado, no se señalan las infracciones, los motivos de improcedencia de los descuentos, ni las observaciones pendientes de solventar, pretender que se realice de manera pormenorizada una descripción de las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21715-4a5bef3b/controversia-constitucional-el-articulo-segundo-del-decreto-numero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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