CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA APLICABLE AL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN NÚMERO 66355, DE 24 DE FEBRERO DE 2006, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ES AUTORIDAD COMPETENTE PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL DEBE ENTENDERSE COMO UNA FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS LA DE APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE SALUD GENERAL EXPIDA EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE LOS MUNICIPIOS ESTÁN OBLIGADOS A ACATAR LAS DISPOSICIONES SANITARIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2006. MUNICIPIO DE CALVILLO, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de marzo de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Gómez Méndez, ostentándose como síndico del Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Autoridades demandadas y su domicilio: 1. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su subordinada la Secretaría de Salud, ésta a su vez por conducto de su unidad administrativa denominada Comisión de Operación Sanitaria actuando por ésta con el carácter de funcionario suscriptor de uno de los actos cuya invalidez se demanda, el director ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria, con titularidad a cargo del C. Sergio Maltos Uro, dependencia con domicilio en la calle Monterrey No. 33, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700. 2. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su subordinada la Secretaría de Salud, ésta a su vez por conducto de su órgano desconcentrado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ésta a su vez por conducto de su unidad administrativa denominada Comisión de Operación Sanitaria y actuando por ésta por conducto de su subordinado, el verificador (sin mayor denominación orgánica) con titularidad a cargo del C. José Carlos Nuncio Ochoa, también con domicilio en la calle Monterrey No. 33, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700. 3. El Estado de Aguascalientes, actuando por conducto del gobernador del Estado, éste a su vez por conducto de su subordinado en la administración pública estatal, el director general del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y éste a su vez por conducto de su subordinado, el verificador (sin mayor denominación orgánica) con titularidad a cargo del C. Guillermo Macías Cancino, con domicilio en la calle Marfil de Jesús No. 1501, Fracc. Las Arboledas, Aguascalientes, Ags., código postal 20020.
"...
"IV. Actos cuya invalidez se demanda: 1. De la señalada en el apartado 1 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la afectación al orden constitucional federal, a través de la emisión de la orden de visita número 000066355 de 24 de febrero de 2006 expedida y dirigida contra el propietario, responsable, representante u ocupante del rastro municipal de Calvillo, rastro municipal ubicado en domicilio conocido sin número, comunidad de El Cuervero, Municipio de Calvillo, Ags., orden cuya invalidez se demanda por constituir una invasión al carácter y a la esfera competencial de autoridad del Municipio demandante, invasión que se controvierte al configurarse la violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez. De esta misma se demanda la invalidez de la emisión de órdenes complementarias de suspensión de trabajos y servicios en relación al rastro del Municipio hoy demandante, órdenes derivadas o con motivo de la actuación de la inspección practicada según acta 66355 a que adelante se hace referencia, así como la expedición de órdenes de aseguramiento y destrucción de objetos, productos en el rastro municipal de Calvillo, de desocupación o desalojo del edificio o establecimiento y del predio donde se ubica el rastro municipal de Calvillo, la prohibición de actos de uso de predios, edificios, instalaciones, maquinaria, equipo y demás implementos del rastro municipal de Calvillo, así como la colocación de sellos que impidan materialmente el acceso, uso, utilización o funcionamiento de las instalaciones del rastro municipal de Calvillo ahora demandante. 2. De la señalada en el apartado 2 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la ejecución de la afectación al orden constitucional federal que se configura a través de la diligencia de verificación realizada en cumplimiento de la orden señalada en el apartado inmediato anterior, ejecución cuya invalidez se demanda por constituir una invasión al carácter y a la esfera competencial de la autoridad municipal del Municipio ahora demandante, invasión que se controvierte al configurarse la violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez. De la misma, se demanda también la invalidez de la realización o la ejecución de los actos referidos en el segundo párrafo del apartado 1 anterior. 3. De la señalada en el apartado 3 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la ejecución de la diligencia de verificación realizada en cumplimiento de la orden señalada en el apartado 1 inmediato anterior, ejecución cuya invalidez se demanda por constituir una invasión al carácter y a la esfera competencial de la autoridad municipal del Municipio ahora demandante, invasión que se controvierte al configurarse la violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez. De la misma, se demanda también la invalidez de la realización o la ejecución de los actos referidos en el segundo párrafo del apartado 1 anterior. 4. De la señalada en el apartado 4 del inciso II anterior, se demanda la invalidez de la afectación al orden constitucional federal, a través de la emisión orden de inspección (sic) dirigida contra el propietario, responsable, representante u ocupante del rastro municipal de Calvillo, rastro municipal ubicado en domicilio conocido sin número, comunidad de El Cuervero, Municipio de Calvillo, Ags., orden cuya invalidez se demanda por constituir una invasión al carácter y a la esfera competencial de autoridad del Municipio demandante, invasión que se controvierte al configurarse la violación a los preceptos constitucionales que adelante se señalan como infringidos y de conformidad a los argumentos jurídicos que también adelante se exponen a título de conceptos de invalidez."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"VI. Hechos. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que son ciertos los hechos que a título de antecedentes de esta controversia constitucional se narran a continuación: 1. El Municipio de Calvillo es parte de la división política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, incluido como tal en el artículo 9o. de la Constitución Política de dicha entidad federativa integrante del Pacto Federal mexicano. 2. El Municipio hoy demandante tiene a su cargo, constitucionalmente, de conformidad al artículo 115 de la Carta Magna Federal el servicio público de rastro, teniendo de conformidad al propio dispositivo el ejercicio de las potestades públicas sobre tal servicio público, entre las que se encuentran su regulación, administración y procedimientos gubernativos conducentes. 3. El Municipio de Calvillo hoy demandante cuenta con una reglamentación en materia del servicio público de rastro, consistente en el ordenamiento reglamentario respectivo, emitido por el Ayuntamiento de la municipalidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 18, 2a. sección, de 5 de mayo de 2003. 4. Ahora bien, de manera por demás sorpresiva y sin citación a representante legal alguno de la municipalidad de Calvillo, el viernes 24 de febrero de 2006, aproximadamente a las 9:30 horas (nueve horas con treinta minutos, de la mañana) se presentaron en las instalaciones del rastro municipal de la misma, pretendidos verificadores quienes dijeron ser ‘de la Secretaría de Salud federal’ de la ‘Cofepris’ al personal de intendencia del propio rastro, para practicar una pretendida ‘inspección’ a dichas instalaciones, pero sin exhibir documentación autógrafa que acreditara la supuesta orden de inspección ni exhibir identificación oficial alguna, procediendo a introducirse al inmueble y con actitud de potencia (sic) expresaban a las personas que realizan la matanza de animales, su cometido de inspección. 5. Las personas que se presentaron y actuaron en los términos de esta narración, a título de supuestos verificadores, son Juan Carlos Nuncio Ochoa (ostentándose como inspector federal) y Guillermo Macías Cancino (quien se ostentaba también como inspector federal pero de quien se tiene conocimiento que es funcionario o empleado público en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes), no obstante su inclusión en el oficio a que se hace referencia en esta demanda, como contenedor de la orden de visita. 6. Los integrantes del supuesto personal inspector, al inicio de su actuación, exhibieron tan sólo un documento con supuesta firma facsimilar (no autógrafa) que contenía una pretendida orden de visita, una supuesta ‘inspección de rutina’ y pidieron documentos o instrumentos de identificación a personas que encontraron en el interior del rastro, arguyendo su carácter de pretendida autoridad oficial y obtenidos dichos documentos, iniciaron la escritura de unos supuestos documentos llenados a título de acta de verificación supuestamente iniciada a las ‘9.15’ horas, en relación a la cual no se dio oportunidad de manifestación alguna a funcionarios o empleados municipales, ni fue firmada por ninguna persona por parte de la municipalidad que represento. Cabe hacer notar que la escritura que obra al calce de los folios 1 de 4, 4 de 4 de los anexos 1 y 2 de dicha acta, correspondiente a los espacios para nombre y firma del interesado y de los testigos, no es en modo alguno firma de ninguna de las personas correspondientes, sino que dicha escritura fue plasmada del puño y letra del propio personal inspector. 7. El documento exhibido solamente señalaba el objeto de la visita para la verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento, pero se insiste en que el mismo no tenía firma autógrafa alguna y no obstante ello, procedieron a realizar su actuación. 8. Cabe destacar que siendo aproximadamente las 15.00 horas (tres de la tarde) del 24 de febrero de 2006, la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Calvillo, presente en el Palacio Municipal, en la zona centro de la ciudad de Calvillo, Ags., fue avisada por personal del rastro que las instalaciones del mismo pretendían ser ‘clausuradas’ por supuestos inspectores federales, ante lo cual, la propia secretaria del Ayuntamiento y otros funcionarios municipales, se trasladaron a las instalaciones del rastro ubicado en la comunidad de El Cuervero, distante algunos kilómetros del centro de la ciudad. 9. Una vez en las instalaciones del rastro municipal de Calvillo, los funcionarios municipales se encontraron con los pretendidos inspectores federales, a quienes se les hizo saber la presencia de la secretaria del Ayuntamiento y del titular del área jurídica, entre otros funcionarios municipales, ante quienes los pretendidos inspectores no acreditaron carácter ni orden alguna para practicar actuaciones, no obstante que el propio personal municipal, por conducto del titular del área jurídica, reiteradamente los ‘invitó’ a pasar a la oficina de las instalaciones del rastro ‘para atender el motivo de su presencia’, manifestándoseles reiteradamente que se encontraban en instalaciones públicas municipales y reiteradamente se le expresó a dicho personal supuestamente federal que no contaban con autorización expresa alguna de la superioridad para practicar medidas de seguridad en las instalaciones del rastro municipal, insistiéndoseles en trasladarse a la oficina del rastro, distante sólo unos pocos metros del lugar dentro de las instalaciones donde se dio el encuentro entre los supuestos inspectores y el personal municipal, ello para atender el motivo de su presencia, ante lo cual, tales pretendidos inspectores, que nunca exhibieron instrumento específico de identificación alguno durante la diligencia, se introdujeron en la oficina del rastro para redactar unas pocas líneas en unas hojas verdes y blancas, a título de supuesta acta y sin dar intervención legal alguna a funcionarios municipales para constancias en el acta, procedieron a iniciar su salida de las instalaciones, utilizando expresiones como ‘ya volveremos’, ‘nos volveremos a ver pronto’ y ‘volveré’. 10. Con motivo de los hechos narrados en los apartados 8 y 9 precedentes, el personal municipal procedió a levantar el acta correspondiente, siendo firmada por comparecientes ante tal actuación, acta que se acompaña a esta demanda. 11. Es de capital importancia destacar que los supuestos inspectores no realizaron acción alguna que materialmente impida el funcionamiento normal, usual, necesario y regular de las instalaciones del rastro municipal, ya que no colocaron sello alguno en puertas de acceso al mismo ni en puertas o instalaciones con los que se impida absolutamente la utilización y funcionamiento del inmueble, edificio, construcciones, maquinaria, equipo y demás implementos del rastro municipal. Es muy importante destacar que los supuestos inspectores, que se habían retirado aproximadamente a las 15.45 horas (tres horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde) del 24 de febrero de 2006, regresaron a las instalaciones del rastro municipal aproximadamente una hora después, para ‘recoger’ la ‘orden de visita’ (el documento verde sin firma autógrafa, que habían exhibido en la diligencia) y en sustitución del mismo, entregar un diverso ejemplar, que es el que se exhibe con esta demanda. 13. El personal municipal procedió a videograbar dicho documento ‘verde’ al momento de su ‘canje’ por los supuestos inspectores municipales, haciéndose constar también tal actuación en el acta referida en el hecho 10 anterior. Es también de capital importancia destacar que en los momentos de la presencia en las instalaciones del rastro municipal de Calvillo de los supuestos inspectores, se conoció que en ese momento ‘también se estaba clausurando el rastro de Asientos’ (Asientos es otro de los once Municipios del Estado de Aguascalientes) y que se iban a ‘clausurar’ posteriormente ‘todos los demás’ en los Municipios del Estado. A este respecto y de conformidad a la información que poseo como representante municipal, tengo conocimiento de que efectivamente fue afectado el rastro municipal de Asientos en la misma fecha que el de la municipalidad que represento, por lo que en la audiencia se ofrecerán y aportarán las pruebas respectivas que se obtengan. En relación a este particular me permito manifestar, ad cautelam y a reserva de ampliar la presente demanda de controversia una vez que esté contestada la misma, que tengo información en el sentido de que (sic) alguna autoridad (estatal o federal) pretende ‘concesionar’ el servicio público de rastro en el Estado de Aguascalientes. 14. En la especie, de conformidad al contenido del acta de inspección, no están cuestionadas las condiciones de matanza relativas a la verificación de propiedad de animales, a su origen, a su alimentación antes del rastro ni dentro de sus instalaciones, a su conservación ni las condiciones de su estado de salud ni de los actos conducentes de verificación de la misma por parte del personal de control sanitario del propio rastro, además de que no existe cuestionamiento alguno sobre la presencia de sustancias que produzcan contaminación de los productos que los afectara de manera esencial ni trascendente. Al respecto, es de capital importancia destacar que de conformidad al acta de inspección, en la misma consta la descripción general de las instalaciones y del servicio público respectivo, asentándose (parte media de la llamada hoja 1 de 4) que el rastro cuenta con áreas y andenes de carga y descarga para bovinos y porcinos y corrales por separado, con sala de matanza también por separado, vestidores, área destinada para cámara de refrigeración, áreas de jardines, tratamiento de aguas residuales con albercas de sedimentación y con trampas para residuos sólidos y que diariamente son retirados los sólidos y llevados a fosas para su disposición. También es de capital importancia destacar y sobre todo para efectos suspensionales, que en el acta de inspección (hojas 2 y 3) en cuanto a la calificación de las instalaciones, de su operación y del funcionamiento del servicio de rastro, de manera notoria se asentó que se cumple completamente y por lo tanto se otorgó calificación de 2 (dos) (sobre una escala de 0 a 2) a lo siguiente: a. Personal limpio en su persona e indumentaria de trabajo. b. El personal no usa objetos que representen riesgos para el producto. c. No existe personal con heridas o enfermedades, en contacto con el producto. d. Los materiales de la construcción son resistentes al medio ambiente y a prueba de roedores. e. No existen ropa u objetos personales en áreas del proceso. f. Los sanitarios no tienen comunicación ni ventilación hacia áreas del proceso. g. La ubicación y la instalación de los equipos facilita la limpieza. h. Se cuenta con abastecimiento de agua potable y depósito para su almacenamiento. i. Los depósitos de agua potable están revestidos con material impermeable, con acabado sanitario y tapa. j. Los ductos se encuentran en buen estado de mantenimiento. k. Los drenajes no representan fugas ni malos olores. l. La ventilación es apropiada para evitar calor, condensación del vapor y acumulación de humo, polvo y olores. m. La iluminación natural es suficiente. n. Los focos (de iluminación) no afectarían los productos, en caso de romperse. ñ. Ausencia de materias primas que puedan representar un riesgo a la salud al utilizarse en la elaboración del producto. o. Se realizan pruebas para la evaluación de la calidad del producto terminado (sensorial, físico/químico, microbiológico). p. El acomodo de productos evita su contacto con paredes y techos, permitiendo ventilación y verificación. q. La caja de transporte y contenedores tienen acabado sanitario y están en buenas condiciones de higiene. r. Se lleva control por escrito de primeras entradas y primeras salidas, para evitar materias primas y productos sin rotación. s. Cuenta con registro de análisis del producto terminado. Sobre las notas de supuesto incumplimiento, es de destacarse la consignación de cuestiones meramente administrativas, pero no sustanciales para hacer peligrar la salud y ameritar la suspensión del funcionamiento de las instalaciones y servicio, notas consistentes en que no existen letreros de que el personal se lave las manos después de ir al baño, no contar con registros sobre control de fauna nociva y no contar con registros para el control de las variables críticas del método de conservación (gráficas, hojas de control, etc.). Por otra parte y su vez, en los anexos 1 y 2 de los folios del acta de inspección se hicieron constar por los propios supuestos inspectores sus aclaraciones u observaciones (observación que no implica ineficiencia o inconveniencia) sobre las circunstancias calificadas como cumplidas con calificación media (es decir de 1, uno), pero al respecto es de destacarse y sobre todo para efectos suspensionales, que en la especie tales circunstancias han merecido tal calificación de cumplimiento medio y no se trata por lo tanto de circunstancias de incumplimiento que traiga aparejados graves riesgos a la salud, en caso de continuar con el funcionamiento de las instalaciones y del servicio. De conformidad a lo anterior, es claro que las circunstancias y condiciones esenciales y generales de las instalaciones, de su funcionamiento y del servicio, obtuvieron la máxima calificación aprobatoria, lo que incuestionablemente debe ser considerado para efectos suspensionales en términos de la solicitud que adelante se formula. Además de lo anterior, en términos del acta respectiva se hizo constar que los animales, al introducirse a los corrales, pasan por canaleta de descanso cumpliendo con el tiempo de doce horas para tal descanso, se les administra agua, así como el alimento consistente en balamento, alfalfa y rastrojo y que para su sacrificio son insensibilizados previamente con el dispositivo técnico para tal efecto y que una vez cortados y en canal son colgados en perchas con ganchos; se realiza la inspección post mortem y se procede a sellar el producto en buen estado y en su caso al decomiso del que se encuentre en mal estado y que una vez cumplido lo anterior, su traslado se hace de inmediato en vehículos con caja cerrada, a las carnicerías donde son depositados en cámaras de refrigeración. 15. En el Municipio de Calvillo no existe ninguna otra instalación de rastro, pública ni privada que realice y proporcione el servicio público de matanza de animales y actos conexos como control de sanidad, propiedad y origen de los mismos animales, localizándose el rastro más cercano en un diverso Municipio a más de setenta kilómetros de distancia aproximadamente."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:
Que la orden de visita y la actuación de inspección, así como la determinación de medidas de seguridad, conculcan el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que la Federación y los Estados carecen de potestad de imperio en el ámbito de salud y salubridad en relación con el Municipio.
Que las referidas actuaciones invaden la competencia consagrada al Municipio en las fracciones II y III, inciso f), del artículo 115 de la Norma Fundamental, relativa al servicio público de rastro, en virtud de que la regulación y administración de este servicio es competencia exclusiva del Municipio, por ende, también su control y vigilancia son competencia municipal.
Que los fundamentos legales de la orden de visita y de las medidas de seguridad -Ley General de Salud, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y Reglamento de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios- carecen de sustento constitucional, porque la Constitución Federal no otorga potestad alguna a las autoridades federales y locales en relación con el servicio público de rastro.
CUARTO. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil seis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, del que por turno correspondió conocer como instructora a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Por auto de la misma fecha, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, en la que reconoció el carácter de autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, así como a la Secretaría de Salud Federal, ya que, no obstante que es una autoridad subordinada al Ejecutivo Federal, se le atribuyen los actos impugnados en esta controversia constitucional; no así a las demás autoridades señaladas por el Municipio actor, en atención a que están subordinadas jerárquicamente a las autoridades a las que se les reconoció como demandadas, ordenó emplazarlas y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.
QUINTO. El secretario de Salud, por sí y en representación del Poder Ejecutivo Federal, al formular su contestación de demanda, en síntesis, manifestó que la presente controversia constitucional es improcedente, en virtud de que en el escrito de demanda se plantean cuestiones de legalidad, por tanto, no se trata de un conflicto entre poderes, sino de un conflicto entre órganos, en el que se debe agotar la vía legal para la solución del conflicto, prevista en la Ley General de Salud.
SEXTO. El gobernador del Estado de Aguascalientes, al contestar la demanda, en síntesis, señaló lo siguiente:
a) Que se debe sobreseer en la presente controversia constitucional respecto a los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la norma o acto materia de la controversia no fueron ejecutados por el Gobierno del Estado, sino directamente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud Federal.
b) Que se debe sobreseer, porque la actuación del Poder Ejecutivo del Estado no viola la autonomía del Municipio actor, ya que su actuación tiene fundamento en las Constituciones Federal y Local, y en el Acuerdo de Coordinación en Materia de Control de Riesgos Sanitarios celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal.
c) Que se debe sobreseer, porque el Municipio actor pretende escapar del control constitucional de la Federación y del Estado en materia de control y prevención de riesgos sanitarios, argumentando su autonomía respecto de dichos niveles de gobierno, cita en su apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE LOS PODERES DE UN MISMO ESTADO."
SÉPTIMO. Por oficio PGR 353/2006, presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de mayo de dos mil seis, el procurador general de la República, en síntesis, manifestó lo siguiente:
1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional conforme al artículo 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que la demanda fue presentada en forma oportuna y quien la promueve cuenta con la legitimación necesaria para ello.
3. Que es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la Secretaría de Salud en la cual señala que por tratarse de cuestiones de legalidad, se debe agotar la instancia administrativa, o bien, el juicio contencioso administrativo, porque de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que el Municipio actor, además de violaciones de legalidad, sostiene transgresiones a los principios de soberanía nacional, forma de gobierno y autonomía municipal, contenidos en los artículos 40, 41 y 115 constitucionales.
4. Que debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer por el gobernador de Aguascalientes en la cual señala que los actos materia de la presente controversia constitucional no fueron ejecutados por él, sino directamente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, porque involucra cuestiones que están íntimamente ligadas con el estudio de fondo del asunto, ya que es necesario analizar las constancias probatorias para determinar su participación, y porque de su contestación se desprende que existe un acuerdo específico de coordinación para el ejercicio de las facultades en materia de control y fomento sanitarios celebrado con la Secretaría de Salud.
5. Que del análisis integral y sistemático de los argumentos expresados por el Municipio actor en su único concepto de invalidez, la cuestión efectivamente planteada consiste en determinar si se violan los artículos 4o., tercer párrafo, 115, fracciones II y III, y 73, fracción XVI, con la orden de visita al rastro municipal de Calvillo y si con la imposición de medidas de seguridad, consistente en la suspensión de trabajos, invade su esfera de facultades y atribuciones, toda vez que si al orden municipal le corresponde la prestación del servicio público de rastro, también le corresponde su control y vigilancia respecto de la materia de salubridad; asimismo, que no existe sustento constitucional para que las autoridades demandadas actúen en un plano de supra-subordinación en relación con el Municipio de Calvillo; y que el documento que exhibieron las autoridades al momento de realizar la visita de inspección sanitaria al rastro carece de firma autógrafa.
6. Que resulta infundado lo alegado por el Municipio actor, en el sentido de que se invade su esfera de facultades y atribuciones con la expedición de la orden de visita al rastro municipal de Calvillo, y con la imposición de la medida de seguridad consistente en la suspensión de los trabajos; ya que de acuerdo con los artículos 4o., tercer párrafo y 73, fracción XVI, de la Constitución Federal, la materia de salubridad general está concedida de manera concurrente a la Federación y a las entidades federativas, y no al ámbito municipal; por tanto, no obstante de que la facultad de prestar el servicio público de rastro esté concedida constitucionalmente a los Municipios -artículo 115, fracción III, inciso f-, las actividades de verificación de las condiciones sanitarias de las instalaciones donde se presta dicho servicio público no son competencia municipal, porque estimar lo contrario -considerar al Municipio como una autoridad con facultades en materia de salubridad-, violaría lo preceptuado en el artículo 4o., párrafo tercero.
7. Que resulta igualmente infundado el argumento del Municipio actor en el cual señala que si el Municipio cuenta con facultades para reglamentar las materias de su competencia, como es el servicio público de rastro -de conformidad con la fracción III del artículo 115 constitucional-, también le corresponden las facultades de inspección y vigilancia sanitaria de las instalaciones del mismo; ya que si la materia de salubridad general está concedida expresa y de manera concurrente a la Federación y a los Estados, implícitamente se entiende negada a los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21007-0b0dda2c/controversia-constitucional-el-acta-de-visita-de-verificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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