CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2007. MUNICIPIO DE TRES VALLES, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de noviembre de dos mil siete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de mayo de dos mil siete, Modesto Peña Alvarado, en su carácter de síndico único y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Tres Valles, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:
"Presidenta municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tres Valles, Veracruz ... en contra de quien se promueve, así como en contra del Honorable Congreso del Estado ... en el que se impugna ... sesión de Cabildo de fecha 15 de marzo del año en curso ..."
SEGUNDO. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda se manifiestan los siguientes:
"En mi carácter de síndico único del Ayuntamiento constitucional de Tres Valles, Veracruz, no recibí oficio alguno que contuviera o contenga la convocatoria expedida por la presidenta municipal para sesión de Cabildo y tratar como punto medular el uso, destino y distribución de los recursos federales del ramo FISM ejercicio 2007 y sin embargo, por medio de la publicación que adjunto de un diario de circulación local de fecha 16 de marzo del año en curso nos enteramos que el día anterior (15 de marzo de 2007), la presidenta municipal llevó a cabo una reunión o sesión de Cabildo en donde entre otros puntos aprobó los recursos aludidos sin que me haya convocado para tal efecto como es su deber legal, por lo que al considerar que con tan irresponsable proceder la primera autoridad municipal vulnera mis derechos y garantías legales que tenemos como ediles de ser convocados para que en una sesión de Cabildo apegada a derecho se aprobaran dichos recursos públicos mediante convocatoria previa y resolver conforme a derecho sobre el destino de esos recursos públicos, lo que motiva que me inconforme por esta vía."
TERCERO. La parte actora señaló como entidad tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; invocó como violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:
"Conceptos de invalidez. 1. Con el proceder de la presidenta municipal de eludir el cumplimiento del deber que le impone el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de convocarme a sesión de Cabildo vulnera en perjuicio de mis garantías individuales y derechos y deberes públicos mis derechos intrínsecos de participar en las sesiones de Cabildo con derecho a voz y voto y, por consiguiente, a debatir los temas a tratar, conforme al artículo 37, fracciones II y XI, de la Ley Municipal en comento, con lo que de igual manera se conculca en mi perjuicio y derechos y obligaciones los principios rectores de legalidad y de audiencia que se contemplan en los numerales 14 y 16 de la Constitución General de la República, motivo por el cual se solicita que la Justicia de la Unión me ampare y proteja en contra de los actos de las autoridades señaladas como responsables y sean sus actos ajustados al derecho y la legalidad. 2. De igual manera los artículos 28, 29 y 35, fracciones III y X, de la Ley Orgánica del Municipio Libre establecen entre otras cosas que el Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas y que entre otras de sus facultades se encuentra el recibir las participaciones federales, así como distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de manera prioritaria a las comunidades indígenas con un sentido de equidad, etcétera y que por su parte el numeral 36, fracción I, de este ordenamiento legal establece la potestad de convocar a ese Ayuntamiento a sesión de Cabildo a la presidencia municipal, es obvio que al no haber sido convocados a dicho acto de gobierno se encuentra investido de ilegalidad y contrario al derecho que rige la actuación de los Municipios máxime si para ello tenemos que el artículo 20 de la Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, nos refiere textualmente ‘el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de cada Municipio se ejercerá en los términos que definan los Ayuntamientos previo acuerdo con el Consejo de Desarrollo Municipal’. Es más, la presidenta municipal tiene pleno conocimiento de lo antes afirmado en virtud de que le fue entregado en un curso que en común nos fue impartido por el órgano de fiscalización superior del Estado y así lo establece el manual de fiscalización 2007 que emite ese ente fiscalizador en el apartado relativo al Consejo de Desarrollo Municipal visible a foja 31, apartado 3.1.2.1 en donde con meridiana claridad se establece que en las sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal se tomarán los acuerdos relativos a los programas de FISM por mayoría de votos debiendo estar presentes la mayoría tanto de representantes comunitarios como de ediles entre otras formalidades, por lo que luego entonces la comuna del Municipio de Tres Valles, Veracruz, se integra con siete ediles en total y si cuatro de los siete no estuvimos presentes por causas imputables a la presidenta municipal que debió convocarnos, la sesión aludida es nula de pleno derecho y carece de legalidad, y es por ello que será mediante el amparo y protección de la Justicia Federal que deberá resarcirse en nuestros derechos públicos ordenando a la presidenta municipal reponer la sesión de Cabildo apegándose a la convocatoria y legalidad debida."
CUARTO. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 38/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
En proveído de diez de mayo de dos mil siete, el Ministro instructor previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste en su carácter de representante del Municipio, cuál es el acto que afecta a dicho nivel de gobierno y qué le atribuye al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El treinta de mayo de dos mil siete, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal escrito signado por Modesto Peña Alvarado en cumplimiento al requerimiento que le fuera hecho, en el cual manifiesta lo siguiente:
"A. Por cuanto al acto que se atribuye al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que es el siguiente: La inobservancia y aplicación (sic) de sus facultades administrativas ante la problemática planteada, así como el silencio y evasiva a mi derecho de petición. B. Fecha en que se notificó al Congreso del Estado el acto que se reclama a la presidencia municipal; se notificó por oficio número 015/2007 signado por el suscrito, entre otros, de fecha 26 de marzo del actual año, habiendo sido recibido oficialmente en las oficinas del diputado profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el día 11 de abril de 2007, como se prueba y justifica en la carátula de la documental adjunta al presente, significando que esto constituye un antecedente o precedente ante dicho órgano legislativo de las ilegalidades cometidas por la presidenta municipal y que trajeron como consecuencia el que, ante el silencio, complacencia y negligencia de dicho órgano de gobierno administrativo, la presidenta municipal actúe al margen de la legalidad y el respeto a las leyes locales y federales como en el caso del acto que ahora se reclama. ..."
QUINTO. Mediante auto de cinco de junio de dos mil siete, el Ministro instructor desechó la demanda por cuanto al acto impugnado consistente en la sesión de Cabildo de quince de marzo de dos mil siete y, por otra parte, admitió la demanda de controversia constitucional respecto del acto atribuido al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al que ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación, así como también se le requirió para que informara a este Alto Tribunal respecto del trámite del oficio 015/2007, signado por el síndico único y los regidores primero, tercero y quinto del Municipio de Tres Valles, de dicha entidad federativa, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
Mediante oficio número PGR/545/2007, recibido el quince de junio de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República solicitó se le corra traslado con las contestaciones de demanda y sus anexos, para estar en condiciones de formular su pedimento.
Por oficios números 38/2007 recibidos en este Alto Tribunal el seis y doce de julio de dos mil siete, el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación del Poder Legislativo de la entidad, a través de los cuales desahogó el requerimiento que le fue hecho mediante proveído de cinco de junio de dos mil siete, y dio contestación a la demanda.
Mediante proveído dictado con fecha siete de agosto de dos mil siete, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del representante del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En oficio número PGR/785/2007, recibido el cinco de octubre de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló su pedimento, en el sentido de que se declare fundada la controversia constitucional.
SEXTO. El día ocho de octubre de dos mil siete, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, desahogo y alegatos en la presente controversia constitucional y se puso el expediente en estado de resolución.
SÉPTIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o., fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido al sentido del fallo.
SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional debe considerarse promovida en tiempo, al haberse presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día siete de mayo de dos mil siete, con relación a la omisión del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de dar respuesta al oficio 015/2007, recibido el diez de abril del mismo año, por consiguiente, la demanda se presentó en tiempo, porque al combatirse una omisión, sus consecuencias jurídicas se actualizan día a día, lo que conduce a considerar que el plazo para su impugnación, igualmente, se actualiza día a día mientras la omisión subsista, como lo ha determinado el Pleno de este Máximo Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1296, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."
TERCERO. Procede en este apartado analizar la personalidad de las partes, toda vez que es una cuestión de orden público que debe estudiarse incluso de oficio.
a) Legitimación activa: la demanda fue suscrita por el síndico único del Municipio de Tres Valles, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien exhibió copia certificada de la constancia de mayoría, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Tres Valles, Estado de Veracruz, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, justificando tal carácter.
Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la entidad poder u órgano que promueva la controversia constitucional deberá hacerlo por conducto de los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En este orden de ideas, es preciso tener en cuenta que el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, correspondiente al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone:
"Artículo 37. Son atribuciones del síndico: I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigio (sic) en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo;
"II. Representar legalmente al Ayuntamiento. ..."
Entonces, conforme al numeral transcrito, el síndico tiene facultades para representar legalmente al Ayuntamiento y, por ende, para ejercer la presente acción en representación del Municipio.
Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia P./J. 52/2000, emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 720, Novena Época, de rubro y texto:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."
b) Legitimación pasiva: por cuanto a la parte demandada, compareció el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura, quien acreditó su representación con la copia certificada del acta del octavo periodo de sesiones extraordinarias de dicha legislatura, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, celebrada el cuatro de noviembre de dos mil seis, en la que se aprobó la integración de la Mesa Directiva, la cual merece pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Teniendo facultades para representar al Congreso de dicha entidad federativa, conforme al artículo 24, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, que dice:
"Artículo 24. El presidente de la mesa directiva, fungirá como presidente del Congreso del Estado y tendrá las atribuciones siguientes: I. Representar legalmente al Congreso del Estado y delegar dicha función el servidor público que designe, mediante acuerdo escrito."
CUARTO. Por razón de orden metodológico, antes de emprender el examen de las causales de improcedencia, y ante la ambigüedad de los escritos de demanda y aclaración formulados por el demandante, se hace necesario clarificar en qué consiste el acto reclamado por el que fue admitida la demanda.
Comencemos por reiterar que en proveído de cinco de junio de dos mil siete, se admitió a trámite la demanda respecto del acto atribuido al Congreso del Estado de Veracruz, que el promovente describe en el escrito de aclaración de demanda como "La inobservancia y aplicación (sic) de sus facultades administrativas ante la problemática planteada, así como el silencio y evasiva a mi derecho de petición."; adicionalmente a esta afirmación, del escrito de aclaración de demanda, se obtiene que el demandante expresa que mediante oficio 015/2007, se notificó al Congreso del Estado de Veracruz el acto que se reclama a la presidenta municipal, lo que constituye un antecedente de las ilegalidades cometidas por ésta, y que ante el silencio y negligencia del Congreso, la presidenta municipal actúa al margen de la legalidad y el respeto a las leyes locales y federales.
Lo manifestado por el actor en su escrito aclaratorio conduce a considerar que del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se combate la "inobservancia" a su "derecho de petición", ante el "silencio y evasiva" de dar respuesta a su oficio 015/2007.
Para completar el significado de lo aducido, es pertinente tener en cuenta, además del escrito aclaratorio, la demanda y las constancias que obran en autos, elementos que en su conjunto revelan que del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se reclama que ha permanecido en silencio, es decir, ha evadido dar respuesta al oficio número 015/2007, que le fuera presentado el diez de abril, dentro del procedimiento surgido por la denuncia de diecisiete de marzo de dos mil seis, interpuesta por el síndico único, regidor primero y tercero, del H. Ayuntamiento de Tres Valles, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la presidenta municipal, por violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre; oficio mediante el cual se dice exhibir diversas pruebas documentales (relativas a convocatorias y actas de sesión de Cabildo) dentro del citado procedimiento.
Para eliminar malos entendidos, resulta indispensable erradicar la idea de que al referirse el actor a "la problemática planteada", combata un acto diverso al ya concretado. Esto se deduce de que la parte demandante no expresa con precisión cuál es la citada "problemática planteada" y, en el caso de remitirnos al escrito de demanda y considerar que ésta consiste en lo allí planteado, en relación a que la presidenta municipal llevó a cabo una sesión de Cabildo el quince de marzo de dos mil siete, sin convocar a determinados síndicos, lo cierto es que a partir de tales elementos no puede estimarse que reclame que el Congreso resuelva los problemas planteados ante su conocimiento con relación a la presidenta municipal, pues no lo señala de esa manera, ni puede especularse en ese sentido, toda vez que en ninguno de sus escritos hace referencia al procedimiento de suspensión y revocación de mandato que contra dicha edil se tramita en el Congreso.
Por lo anterior es menester concluir que el acto combatido del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consiste en la omisión de dar respuesta al oficio número 015/2007, que le fuera presentado el diez de abril, dentro del procedimiento surgido por la denuncia de diecisiete de marzo de dos mil seis, interpuesta por el síndico único, regidor primero y tercero, del H. Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la presidenta municipal.
QUINTO.-Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es momento de examinar si se actualiza alguna causal de improcedencia, ya sea que se advierta de oficio o que se haga valer por alguna de las partes.
Este tribunal, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, que señala:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
En el texto legal reproducido queda regulada la causa de improcedencia relativa a la falta de definitividad del acto que se impugna consistente en que al existir un procedimiento iniciado pero que no se ha agotado, el órgano o nivel de gobierno afectado debe esperar hasta la conclusión de dicho procedimiento para impugnar la resolución y en su caso las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.
En efecto, del análisis gramatical, lógico y jurídico de lo expuesto en la fracción VI del artículo 19 de la ley de la materia, se desprende que no sólo se refiere a los recursos o medios de defensa que deban agotarse previamente a la controversia, sino que también comprende aquellos procedimientos que, una vez iniciados, no se han agotado, esto es, que se estén sustanciando o que se encuentren pendientes de resolución ante alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional.
Así, de existir un procedimiento ya iniciado pero que se encuentra en trámite o pendiente de resolución, en el que la cuestión debatida constituye también la materia de la controversia constitucional y que por su naturaleza es apto para dirimir el propio conflicto planteado en la controversia, pero que, por su estado procesal no existe determinación o resolución definitiva sobre dicho conflicto, debe considerarse entonces que la controversia resulta improcedente precisamente por no haberse agotado o concluido todavía la vía legalmente prevista para tal efecto.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 12/99, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril 1999, página 275, Novena Época, cuya sinopsis es:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.-La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio."
Ahora, el promovente reclama la trasgresión a su derecho de petición, pero debe tenerse en cuenta que la omisión en que se concreta, deriva de un procedimiento surgido por la denuncia de diecisiete de marzo de dos mil seis, interpuesta en contra de la presidenta municipal, por presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
El procedimiento indicado, es el de suspensión y revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento, que se encuentra regulado en los artículos del 131 al 144 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que literalmente establecen:
"Artículo 131. Se concede acción popular para denunciar ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, las causas a que se refieren los artículos 125 y 129 de esta ley. Toda denuncia deberá ser ratificada dentro de las setenta y dos horas siguientes a su presentación."
"Artículo 132. Si la denuncia se presenta y ratifica cuando esté en receso el Congreso del Estado, la diputación permanente y la Comisión de Gobernación resolverán sobre la procedencia o improcedencia de aquella. En caso de que proceda, la diputación permanente convocará a sesión extraordinaria del Congreso del Estado, que se llevará a cabo en un plazo no menor de tres días; en todo caso y durante este término, recabará informes para los efectos del artículo 136 de esta ley."
"Artículo 133. Si la denuncia se presenta y ratifica cuando el Congreso esté en sesiones, conocerán las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, para que resuelvan sobre la procedencia o improcedencia de aquella, en la hipótesis prevista en el artículo 131."
"Artículo 134. La diputación permanente y la Comisión de Gobernación, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia, deberán determinar si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por los artículos 125 y 129 de esta ley y si él o los denunciados son servidores públicos municipales, en los términos de la misma."
"Artículo 135. Una vez acreditados los supuestos del artículo anterior, la denuncia se turnará a la comisión instructora."
"Artículo 136. La comisión instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta y el hecho materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.-La comisión instructora informará al denunciado sobre la materia de aquella, haciéndole saber su derecho a defenderse y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación."
"Artículo 137. La comisión instructora abrirá un periodo de prueba de quince días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el servidor público o su defensor y las que ésta considere necesarias.-Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la comisión instructora podrá ampliarlo, a petición del denunciado, en la medida que resulte estrictamente necesario.-En todo caso, la comisión instructora calificará la pertinencia de las pruebas, desechando las que a su juicio sean improcedentes."
"Artículo 138. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente, por un plazo de cuarenta y ocho horas, a la vista del servidor público y su defensor, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los tres días naturales siguientes al vencimiento del segundo plazo mencionado, si lo hubiere."
"Artículo 139. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la comisión instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del proceso."
"Artículo 140. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la comisión instructora continuarán, proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.-Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo sig
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20768-b042721c/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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