CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO NO OPERA RESPECTO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EN LA DEMANDA SE PLANTEAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VÍA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). MUNICIPIO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 275, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO RELATIVO NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTABLECER QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE ACORDAR ANUALMENTE LAS REMUNERACIONES DE SUS INTEGRANTES Y EMPLEADOS DE CONFIANZA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO. ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE ESE DERECHO. ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2003. MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.
ENCARGADO DEL ENGROSE DEL CONSIDERANDO SEXTO:
MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
SECRETARIO: MARAT PAREDES MONTIEL
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de junio de dos mil cinco.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el veintitrés de abril de dos mil tres en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave y recibido el treinta del mismo mes en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos y Diego Antonio Ferrer Taibo, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico del Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-Llave, promovieron en representación de éste, controversia constitucional en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se menciona:
"... Poder demandado y su domicilio. H. Congreso Local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), con domicilio oficial en el Palacio Legislativo ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 373, esquina Ferrocarril Interoceánico, colonia El Mirador, código postal 91170, en la ciudad de Xalapa, Veracruz).
"Norma general cuya invalidez se demanda. Norma general: artículo 271, fracción IV; artículo 275, primer párrafo y artículo 379, segundo párrafo, del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Ver., el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día primero (sic) de marzo del año 2003."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"1. En sesión ordinaria de dos de diciembre del año 2002, el H. Ayuntamiento de Veracruz tuvo a bien aprobar la expedición ‘del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz-Llave’, compuesto por 485 artículos, con el fin de que se enviara al H. Congreso Local como iniciativa de ley, para que en el caso de ser aprobado, diera inicio su vigencia en este Municipio, el día primero de enero del año 2003. Una vez recibida esta iniciativa en términos del artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por el Congreso Estatal, fue hasta el día diez de marzo del año 2003, que el H. Congreso Local para el Estado de Veracruz publicó en la Gaceta del Estado, el Código Hacendario para el Municipio de Veracruz; dándose la circunstancia de que nuestra iniciativa marca diferencias sustanciales con el Código Número Quinientos Cuarenta y Tres publicado por el llamado H. Congreso Local del Estado de Veracruz-Llave. Estas diferencias obran específicamente en los artículos 271, 275 y 279; los cuales después de su análisis; no solamente encontramos ausencia de razón en su exposición de motivos; sino una clara alteración al orden constitucional federal. 2. El día 30 de enero del año 2003, la H. Legislatura del Congreso Local del Estado de Veracruz Llave expidió el Código Número 543, denominado Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Ver. 3. Para su análisis y mayor entendimiento, dicho código contiene seis libros que son catalogados con las siguientes denominaciones: Libro I. Disposiciones Generales, Libro II. De las Relaciones Jurídicas Tributarias, Libro III. De los Ingresos Municipales, Libro IV. De la Administración Financiera Municipal, Libro V. De la Deuda Pública, Libro VI. De los Bienes Municipales. Es el caso que en el Título IV que se de denomina ‘De la Administración Financiera Municipal’ existen algunas disposiciones que violentan la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz y violan algunas disposiciones de los artículos 16, segundo párrafo; 108, párrafos primero y cuarto; 109, párrafo primero y fracción II; 115, fracción II, III y IV y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"I. En este punto planteamos el fundamento constitucional básico que contravienen las normas generales señaladas; radicando básicamente en que el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción II, párrafos primero, segundo y tercero, incluyendo el inciso A); señala que el manejo del patrimonio y de la administración pública municipal deberá ser acorde a la ley; pues expresa lo siguiente: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: .... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: A) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.’. La palabra ley contempla un contexto amplio y delimitado a la vez. En nuestra entidad la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, expedida por el propio Poder Legislativo Local, es la ley ordinaria adecuada para el manejo de los Ayuntamientos de su administración pública paramunicipal, descentralizada y centralizada, (siendo ésta encabezada por el presidente municipal); ya que contempla los lineamientos básicos y los principios de orden más elementales para establecer la organización, estructura y funcionamiento de todos los Municipios veracruzanos. El caso que hoy nos ocupa, consiste fundamentalmente en que las normas generales cuya invalidez se demanda (artículos 271, 275 y 379 del Código Hacendario Municipal) son contrapuestas a disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en consecuencia, alteran el principio señalado en el artículo 115 constitucional, consistente en que los Municipios se administran conforme a la ley; independientemente de que también han resultado ser los preceptos hoy impugnados, contrarios a otras disposiciones constitucionales. A manera de abundar el razonamiento en el hecho de que estas normas de observancia general señaladas, las cuales se refieren al tema del ‘manejo de la administración hacendaria municipal’, si deben existir bajo los términos de las leyes (principio de legalidad). Exponemos el siguiente criterio judicial, sostenido por el Máximo Tribunal del país. Apéndice 1917-2000. Pleno. Jurisprudencia. Controversias constitucionales. Acciones de inconstitucionalidad. Tesis de Sala. ‘HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’ (la transcribe). II. Continuando con el desarrollo de nuestra exposición, el artículo 271 del Código Hacendario Municipal literalmente expresa: ‘Son obligaciones de los servidores públicos que recauden, manejen, custodien o administren fondos o valores de la propiedad municipal o al cuidado del Ayuntamiento que establece este código, las siguientes: I. Dar o presentar los avisos, datos informes, libros, registros, padrones y demás documentos que se les exijan; II. Abstenerse de asentar hechos falsos o alterar los libros y documentos a que se refiere la fracción anterior; o coludirse con otras personas, aun cuando no estén sujetas a la vigilancia, con la mira de obtener algún beneficio para sí o para terceros; III. Abstenerse de faltar en cualquier otro caso a las obligaciones que le impongan este código y las disposiciones reglamentarias; y IV. Pagar de su peculio las primas relativas a las fianzas suficientes para garantizar el pago de las responsabilidades en que pudiere incurrir en el desempeño de su encargo.’. Por cuanto hace exclusivamente a la fracción IV de este artículo; formulamos las siguientes consideraciones: Cualquier servidor público municipal, entre los que se encuentran comprendidos los que recaudan, manejan, custodian o administran fondos y valores de la propiedad municipal; tienen a su cargo determinada ‘función pública’; algunas de ellas expresamente contempladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre; como es el caso del presidente y tesorero municipal (artículos 36 y 72, respectivamente) y otros no la tienen en la ley, como es el caso de algunos cajeros o empleados de las oficinas recaudadoras; pero en ambos casos, el ‘ejercicio de las funciones públicas’ no son propias de su persona (entendiendo a este como individuo), sino son las propias de la ‘función estatal’, en esta ocasio (sic) en su ‘nivel de gobierno municipal’; por lo que consideramos que si las funciones públicas inherentes al ‘Estado mexicano’; la necesidad de afianzar las funciones de sus dependientes, también debe pertenecer al Estado; quien además resulta ser el patrón (en materia laboral) del servidor público, estando por ello obligado a proporcionar a sus dependientes las condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo, sin ponerles cargas económicas no contempladas legalmente. Los trabajadores municipales veracruzanos, se rigen jurídicamente por la ‘Ley Estatal del Servicio Civil’ y supletoriamente por la ‘Ley Federal del Trabajo’; encontrándose ambas en una íntima relación con los principios básicos comprendidos en el artículo 123 de nuestra Carta Magna; sin que exista disposición legal alguna en estos cuerpos de leyes que obliguen al servidor público municipal a pagar de su peculio las primas de las fianzas que garanticen el pago de sus responsabilidades; pues es de explorado derecho que la responsabilidad es ‘la contraprestación a favor de un acreedor por el incumplimiento de obligaciones’; siendo el caso que para poder establecer que determinado servidor público incurrió en responsabilidad (civil, administrativa, penal o política) debe sustanciarse previamente un ‘procedimiento administrativo’ emanado de los principios del artículo 108 y 109 constitucional y las leyes ordinarias que de éstos emanan; lo que nos hace concluir que no podemos hablar de garantizar una responsabilidad que aún no existe. En todo caso, si el Estado considera necesario instrumentar medios de garantía que salvaguarden su patrimonio, en momentos previos a la aparición de una responsabilidad, deberán ser a su costa, ya que tienen intrínseca relación los bienes que salvaguarda, con sus funciones públicas. III. Se impugna de controvertido con el principio de legalidad contemplado en el artículo 115 de la Constitución Federal, el primer párrafo del artículo 275 del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Ver., que a la letra expresa: ‘Artículo 275. El Ayuntamiento acordará anualmente las remuneraciones para sus integrantes y empleados de confianza, de acuerdo con los lineamientos que determine la Ley Orgánica del Municipio Libre. El pago por remuneraciones al personal de la administración pública municipal centralizada se llevará a cabo por conducto de la tesorería, con observancia de las disposiciones administrativas aplicables.’-Es el caso que la Ley Orgánica del Municipio Libre expresa en su artículo 35 lo siguiente: ‘Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: I. Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo a sus localidades y sobre los ramos que administre; II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren la hacienda municipal; III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado; IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia y en los términos que la misma establezca; V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado; VI. Revisar y aprobar las cuentas públicas que mensual y anualmente le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus cuentas públicas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; VIII. Determinar y cobrar las contribuciones que las leyes del Estado establezcan a su favor, las cuales no podrán establecer exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna. Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y de los Municipios; IX. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de manera prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos que señalen la Constitución del Estado y esta ley; XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la administración pública municipal para la mejor prestación de los servicios de su competencia, de conformidad con las disposiciones presupuestales y reglamentarias municipales aplicables; XII. Resolver sobre el nombramiento y, en su caso, remoción o licencia del tesorero y del secretario del Ayuntamiento; XIII. Resolver sobre la licencia, permiso o comisión de los demás servidores públicos municipales, de conformidad con las disposiciones legales y públicos municipales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias municipales aplicables; XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley; XV. Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus atribuciones; XVI. Acordar el régimen de seguridad social de los servidores públicos municipales; XVII. Promover el desarrollo del personal estableciendo los términos y condiciones para crear el servicio civil de carrera; XVIII. Capacitar a los servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la administración pública municipal, a los agentes y subagentes municipales, así como a los jefes de manzana, mediante cursos, seminarios y demás actividades tendientes a eficientar el mejor cumplimiento de sus responsabilidades; XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario y de participación social; XX. Sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes que en esta materia expida el Congreso del Estado y a los convenios que se celebren con base en dichas leyes, de conformidad con los presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento; XXI. Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, los cuales desarrollarán funciones de control y evaluación, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables; XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios del Estado con Municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; XXIII. Otorgar concesiones a los particulares, previa autorización del Congreso del Estado en los términos que señale esta ley, para la prestación de servicios públicos municipales; XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado, con personas físicas o morales; XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; b) alumbrado público; c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastros; g) construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento; h) seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; i) promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; j) salud pública municipal; y k) las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los Municipios. XXVI. Acordar la integración de las comisiones municipales, de conformidad con la propuesta que al efecto formule el presidente municipal; XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales aplicables, la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; XXVIII. Participar, en términos de las disposiciones legales aplicables, en la creación y administración de sus reservas territoriales, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; XXIX. Otorgar en el ámbito de su competencia, licencias para construcciones; XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental, en términos de las disposiciones legales aplicables; XXXI. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y la formulación de programas de desarrollo regional; XXXII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial; XXXIII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; XXXIV. Expedir en lo conducente, para efectos de lo dispuesto en las fracciones XXVII a XXXIII de este artículo, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias; XXXV. Dictar previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal. La enajenación, transmisión de la posesión o dominio de bienes inmuebles se podrá otorgar siempre que medie autorización expresa del Congreso del Estado; XXXVI. Cuando se trate de la contradicción de obras o servicios públicos que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, o de contratos de obra pública cuyo monto exceda de veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva, se requerirá el acuerdo del Cabildo, para someterlo a la aprobación del Congreso del Estado; XXXVII. Contratar empréstitos, previa autorización del Congreso del Estado; XXXVIII. Participar en la elección de agentes y subagentes municipales, de conformidad con lo dispuesto por esta ley; XXXIX. Fraccionar las localidades de su territorio urbano en manzanas y designar a los jefes de las mismas, de conformidad con las reglas que expida el Ayuntamiento; XL. Convocar, en los términos que establezcan la Constitución del Estado y la ley de la materia, a refrendo o plebiscito; XLI. Tomar la protesta de ley al secretario del Ayuntamiento y al tesorero municipal; XLII. Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y otorgamiento de los servicios públicos necesarios para la seguridad, bienestar e interés general de los habitantes del Municipio; XLIII. Fomentar la educación y procurar el progreso social; XLIV. Integrar, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones legales aplicables, la Unidad Municipal de Protección Civil; XLV. Aprobar el funcionamiento interno de la Unidad Municipal de Protección Civil, con base en la propuesta que ésta presente; XLVI. Aprobar el programa municipal de protección civil, con base en los lineamientos que establezca el Sistema Estatal de Protección Civil; y XLVII. Las demás que expresamente señalen la Constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado.’. Asimismo, la Ley Orgánica del Municipio Libre señala en su artículo 36 lo siguiente: ‘Artículo 36. Son atribuciones del presidente municipal: I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite; III. Presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir los debates; IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los confirme, modifique o revoque; VI. Suscribir, en unión del síndico, los convenios y contratos necesarios, previa autorización del Ayuntamiento; VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales; VII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les corresponda; IX. Dictar los acuerdos de trámite del Cabildo; X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia; XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales; XIII. Autorizar en unión de los ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales aplicables; XIV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales; XVI: Vigilar las labores de la secretaría del Ayuntamiento; XVII, Nombrar y remover a los demás servidores públicos del Ayuntamiento; XVIII. Tomar a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de ley al secretario y al tesorero municipal; XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a su cargo; XX. Supervisar por sí o a través del síndico o del regidor que designe, el funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento; XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal; XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas conforme al calendario cívico oficial; XXIII. Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil; y XXIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado.’. Si de la exposición de estos artículos resulta que el Ayuntamiento como órgano de gobierno aprueba las partidas presupuestales, y de la lectura del artículo 36 se expresa que es el presidente municipal quien ejecuta los acuerdos del Ayuntamiento, consideramos oscura y ambigua la redacción de la norma señalada como controvertida; ya que el Ayuntamiento no puede por razones de tiempo y de absoluta operatividad acordar (en el caso de Municipio de Veracruz) más de dos mil quinientos salarios o remuneraciones para ediles y empleados municipales, ya que sería absolutamente burocrático y operativamente tardado. Es de explorado derecho que la administración pública centralizada de cualquier Municipio es la parte ejecutiva de su administración pública; y que es encabezada por los presidentes municipales y de ahí delegada y subordinada a las dependencias municipales (como tesorería, secretaría, recursos humanos, etcétera) dependientes del mismo; razones por las que consideramos que el citado artículo, en todo caso debió expresar: ‘el presidente municipal acordará anualmente las remuneraciones para los servidores públicos, de acuerdo al presupuesto correspondiente aprobado por el Ayuntamiento.’. De esta manera habría una exacta congruencia jurídica entre lo estipulado en el código hacendario y la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. IV. El artículo 379 del Código Hacendario Municipal dispone de la siguiente manera: ‘El Ayuntamiento presentará al Congreso para su estudio, dictamen y aprobación, la cuenta pública del ejercicio presupuestal inmediato anterior, en los plazos establecidos en la ley de la materia. De no presentar en tiempo la cuenta pública al Congreso, el presidente, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el tesorero serán penalmente responsables por el delito de abuso de autoridad o incumplimiento del deber legal, la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso presentará de oficio la denuncia ante el Ministerio Público.’. Consideramos que este precepto debió expresar que el presidente, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el tesorero municipal serán penalmente responsables si la cuenta pública no se presenta en tiempo ‘por causas imputables a sus personas y como consecuencia del ejercicio de sus funciones asignadas’; pues de otra manera, cada uno quedaría expuesto a la acción u omisión de los otros servidores públicos que legalmente intervienen en el procedimiento de la cuenta pública del Ayuntamiento; es decir, consideramos que el deslinde de la responsabilidad penal a que se refiere esta norma no debe ser genérico, sino atender a cada uno de los servidores públicos en íntima relación con las funciones y obligaciones que la ley impone. Este imperativo de la ley consideramos que violenta aún más las funciones del síndico municipal, quien no cuenta con funciones ejecutivas, en términos de lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que literalmente señala: ‘Artículo 43. Los ediles no tendrán facultades ejecutivas; pero podrán someter a la consideración del Ayuntamiento los problemas relativos a los ramos que les correspondan, para que éste acuerde las resoluciones pertinentes.’. Para clarificar nuestra posición, exponemos lo que prevé nuestra Ley Orgánica del Municipio Libre al respecto decada (sic) uno de los servidores públicos mencionados: ‘Artículo 36. Son atribuciones del presidente municipal: ... XXV. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; XXVI. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite; XXVII. Presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir los debates; XXVIII. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; XXIX. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los confirme, modifique o revoque; XXX. Suscribir, en unión del síndico, los convenios y contratos necesarios, previa autorización del Ayuntamiento; XXXI. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales; XXXII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los infractores la sanción que les corresponda; XXXIII: Dictar los acuerdos de trámite del Cabildo; XXXIV. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; XXXV. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia; XXXVI. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales; XXXVII. Autorizar en unión de los ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que procedan, de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19010-94cb1373/controversia-constitucional-la-improcedencia-del-juicio-no-opera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- MUNICIPIOS. EN EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL DECRETO QUE LOS CREA DEBE CONCEDERSE EL DERECHO DE AUDIENCIA A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS. MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PAR (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AQUELLA VÍA, SI SE ADVIERTE QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL NO ES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, ESTÁ FACULTADO PARA INTEGRAR EXPEDIENTES RELATIVOS A INSTRUCTIVOS DE RESPONSABILIDAD, AUN CUANDO NO HAYA HABIDO (VII.2o.A.T.5 A )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (P./J. 122/2005)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (391)
- JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. (VII.3o.C.32 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis