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Modo: Corpus Pro

CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE SI CESARON LOS EFECTOS DE LA LEY IMPUGNADA Y LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/97. · Registro digital (IUS): 7270
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 699.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de abril de dos mil uno.

Vistos para resolver los autos que integran el expediente señalado al rubro, relativo a la controversia constitucional número 8/97, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en contra del gobernador constitucional, Congreso y otras autoridades del propio Estado; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio sin número fechado el treinta de enero de mil novecientos noventa y siete y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día once de febrero del mismo año, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angelina García Montoya y Álvaro Cervantes Sánchez, ostentándose con el carácter de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, personalidad que acreditaron con copias certificadas del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y nombramiento de secretario que acompañaron a su escrito, plantearon controversia constitucional con fundamento en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado, en los términos siguientes:

"I. Entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y el cargo de los funcionarios que lo representen: H. Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, con domicilio enfrente a la Plaza Miguel Hidalgo sin número, de Río Bravo, Tamaulipas, representado por Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angelina García Montoya, Álvaro Cervantes Sánchez, en nuestros caracteres de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario, respectivamente. II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: A) H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en la Unidad Cívico Gubernamental ‘José López Portillo’, Cd. Victoria, Tamaulipas. B) Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, representado por el señor gobernador constitucional, el secretario general de Gobierno y el secretario de Hacienda, con domicilio en el tercer piso del Palacio de Gobierno, sito en las calles de Hidalgo y Juárez, entre 5 de Mayo y Manuel González, de Cd. Victoria, Tamaulipas. III. Norma general cuya invalidez se demanda: a) La Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de 1997 (anexo 3), aprobada por el H. Congreso del Estado, según Decreto No. 81, de fecha 13 de diciembre de 1996. b) Consecuentemente la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas y, c) La Ley de Tránsito y Transporte (anexo 4). d) Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997 del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, expedida mediante Decreto No. 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 21 de diciembre de 1996, que acompañamos como anexo No. 5. IV. Medio oficial en el que se publicó la norma general cuya invalidez se reclama: a) Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, No. 102, de fecha 21 de diciembre de 1996, relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas. b) Periódico Oficial Extraordinario No. 106, de fecha 29 de diciembre de 1976, relativo a la Ley de Hacienda del Estado. c) Periódico Oficial Extraordinario No. 1, del lunes 30 de noviembre de 1987, relativo a la Ley de Tránsito y Transporte. d) Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 102, de fecha 21 de diciembre de 1996, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997 del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. V. Preceptos constitucionales que se estiman violados: artículos 14, 31, fracción IV, 115, fracción III, inciso h) y fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Manifestación de los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda: 1. Con fecha 10 de noviembre de 1996, el H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas, en sesión celebrada en esta misma fecha formuló, aprobó y remitió el proyecto (anexo 6) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997, al Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, y éste a su vez, sin hacer ninguna modificación a los rubros envió al Poder Legislativo dicha ley para su estudio y aprobación, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de fecha 21 de diciembre de 1996 mediante el Decreto No. 109. Es el caso que el H. Congreso del Estado al dictaminar (anexo 7) sobre la iniciativa de Ley de Ingresos, no aprobó el proyecto donde se contemplan nuevos conceptos de impuestos y de derechos de este Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y consecuentemente, negó la aprobación del cobro de las cuotas fijadas en la Ley de Ingresos y que consideramos es el primer acto de aplicación de la norma que da lugar a la controversia, derechos que enseguida enumeramos: A) Derechos por inscripción de vehículos de motor, bicicletas, de tracción animal y expedición de tarjetas de circulación y refrendo anual, por expedición de placas de circulación de vehículo de motor, de bicicletas, de tracción animal y licencias de manejo. El artículo 115, fracción III, de la Carta Magna establece, entre otros imperativos, que los Municipios con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: ‘h) Seguridad pública y tránsito.’, y en su fracción IV establece que: ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso.’. El inciso c) establece que la hacienda pública municipal se forma con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que es idéntico a la norma constitucional antes mencionada, establece también estos imperativos. Ahora bien, habiendo establecido la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional No. 19/95, resolución (anexo 8) unánime del H. Pleno de nuestro más Alto Tribunal de Justicia en el país, que son a cargo exclusivo del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, los servicios de seguridad pública y tránsito, con todas las consecuencias inherentes a dicha ejecutoria como lo son, en principio, el nombramiento de los titulares de las dependencias encargadas de prestar los servicios en favor del Ayuntamiento sin ninguna ingerencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y que, en consecuencia lógica, por la prestación de los servicios públicos de seguridad pública y tránsito, el Municipio debe percibir los ingresos derivados de dicha prestación, ya que de no ser así, se estaría violando la letra constitucional federal y la interpretación específica que de dicho concepto realizó la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional de referencia; en una primera premisa debe incluirse que se incluya (sic) en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 1997 y subsecuentes, y en favor del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, la percepción como derecho por la inscripción de vehículos de motor cuyos propietarios residan en la circunscripción territorial del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y en una segunda premisa, los derechos por el refrendo anual y la expedición de licencias para la conducción de vehículos de motor y el establecimiento bajo el rubro de aprovechamiento por las multas que se deriven en la aplicación del Reglamento de Tránsito del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Al respecto, el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas hace caso omiso y desobedece la resolución emitida por unanimidad de los Ministros que integran la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar improcedente la pretensión del Ayuntamiento de cobrar derechos por la prestación de servicios de tránsito de vehículos, expedición de placas de circulación, de vehículos de motor, de bicicletas, de tracción animal, expedición de tarjetas de circulación y refrendo anual, dando como respuesta que estas prestaciones están consideradas como estatales conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del título II de la Ley de Hacienda del Estado y en la propia Ley de Ingresos Estatal para los ejercicios fiscales de 1993, 1994, 1995 y 1996, máxime que de conformidad con el acuerdo de coordinación celebrado entre el Estado y el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 13 de julio de 1992, únicamente se transfiere a éste, la facultad para planear y definir la vialidad en la prestación del servicio público de tránsito desde el punto de vista operativo, la prevención de los riesgos propios de dicha circulación, la determinación, calificación de las infracciones y la aplicación y cobro de las multas respectivas; pero de ninguna manera los demás que se deriven de los servicios de tránsito y más aún de acuerdo con las disposiciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Tránsito y Transporte, la revisión mecánica de los vehículos en lo general se debe efectuar por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, acuerdo de coordinación que la anterior administración anuló mediante oficio No. 1186/94, de fecha 3 de enero de 1994 (anexo 9)."

SEGUNDO. Los actores señalaron como concepto de invalidez el siguiente:

"Único. Los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ofrecen al órgano actor la posibilidad de que este H. Alto Tribunal de nuestro país pueda suplir las deficiencias de los diferentes planteamientos de las partes e imponen a este H. Alto Órgano de Control Constitucional la potestad de examen en su conjunto de los razonamientos para resolver las cuestiones efectivamente planteadas y partiendo del principio anterior estimamos que la litis, en la presente controversia, radica sustancialmente en determinar si dentro del catálogo de servicios públicos contenidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los que, de manera obligatoria el Municipio se encuentra obligado a prestar, particularmente el servicio público de tránsito, debe prestarlo el Ayuntamiento, en este caso el de Río Bravo y por excepción con el concurso del Estado cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, y como consecuencia lógica debe imponerse en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio anual de 1997 y años subsiguientes, una contraprestación por dicho servicio, mediante la autorización del cobro de los derechos. Como razonamiento principal soportado en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la Fracción y (sic) y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el órgano actor, respetuosamente, invoca el contenido íntegro de la resolución de fecha 1o. de octubre de 1996, que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de 11 votos la diversa controversia marcada con el No. 19/95 y de cuyo trascendental texto citamos e invocamos diversos postulados en los que se fundamentan las conclusiones y puntos resolutivos de dicha controversia, particularmente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que desembocó en la reforma constitucional promulgada el 2 de febrero de 1983, y en donde se establece que es necesario emprender una nueva redistribución de competencia que debe comenzar por entregar o devolver al Municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esa institución, puesto que la centralización ha arrebatado al Municipio la capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos sus potestades enmarcadas en la Constitución General y dentro de su ámbito territorial y poblacional y, por ende, el fortalecimiento municipal no sólo es el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios, sino también para resolver simultáneamente los cada vez más grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales, puesto que de otra forma el Municipio se convierte en una fórmula teórica de descentralización de nuestra realidad, ya que en la práctica y en el caso concreto, las normas generales cuya invalidez se demanda, vulneran los principios enmarcados en los artículos 31, fracción IV y 115, fracciones III y IV, de la Constitución General de la República, puesto que en la letra federal se señalan de manera obligatoria los servicios que debe prestar el Municipio, entre otros, el de tránsito; y al dictaminar el H. Congreso del Estado de Tamaulipas la iniciativa sobre la citada Ley de Ingresos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, no aprobó el nuevo concepto de derechos que el Municipio pretendió imponer como contraprestación al servicio público de tránsito que presta y, por consecuencia, negó la aprobación de las cuotas fijadas en la iniciativa de referencia. Invocando de nueva cuenta el contenido y la resolución a la que llegó este Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 19/95, queda claro que las facultades establecidas en la fracción III del artículo 115 constitucional, entre otras, la de tránsito corresponden, en primera instancia, al Municipio, y cuando se considere necesario puede establecerse el concurso de los Estados en éstas y las otras materias referentes a servicios públicos; mas de la propia interpretación hecha por todos los honorables Ministros de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la interpretación histórica como la gramatical, y la propia causal-teleológica, dan por consecuencia que el precepto en análisis, en principio, dispone que los servicios deberán ser prestados por el Municipio y sólo en los casos que fuere necesario y cuando las leyes establezcan la participación del Gobierno Estatal, en este caso, el de Tamaulipas, pudieren coordinarse y asociarse para la mejor eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponden, pero es el caso que al reservar la Constitución Federal en un primer término el catálogo de servicios públicos que se enumeran, incluido el de tránsito, y tomando en cuenta que por disposición del más Alto Órgano Jerárquico Jurisdiccional en el país se determinó que los servicios de seguridad pública y tránsito sólo corresponde prestarlos al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y puesto que, de hecho y de derecho el servicio de tránsito es prestado con calidad y eficiencia por el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y operante, puesto que el Municipio cuenta con las condiciones territoriales, socio económicas, capacidad administrativa y financiera, así como los elementos humanos debidamente capacitados para prestar por sí mismo el servicio público de tránsito que originalmente y por resolución ejecutoria de esta H. Suprema Corte de Justicia le corresponde, para que continúe la prestación de dichos servicios públicos en la forma establecida, es necesario otorgar una contraprestación por ellos; por lo que la pretensión de los órganos demandados, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al votar y aprobar por mayoría las normas generales cuya invalidez se demanda, ordenando la diversa autoridad demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, representada por el gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de Hacienda, quienes suscribieron dicha ley, y ordenaron su publicación, lo que sucedió el 21 de diciembre de 1996, conculcan, lesionan y traicionan los postulados constitucionales invocados, particularmente las fracciones III y IV del artículo 115, en relación con los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Carta Magna del país, habida cuenta que de la simple lectura de la iniciativa de ley que en forma indebida decretó improcedente el órgano demandado, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, se desprende que los derechos por inscripción de vehículos de motor, bicicletas, de tracción animal y expedición de tarjetas de circulación de los vehículos descritos, en una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 31 constitucional debieron ser incluidos dentro de la Ley de Ingresos del Municipio, puesto que a los ciudadanos a quienes va dirigido el pago de este derecho, tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y reciben en forma puntual, eficiente y ahora con agrado los servicios que el Catálogo Constitucional señala, particularmente el de tránsito, reteniendo el Estado para sí y en perjuicio de la autonomía financiera del Municipio y en contra del imperativo constitucional, el control y cobro de los servicios de tránsito que presta el Municipio y los cobra la Secretaría de Hacienda del Estado de Tamaulipas, a través de sus oficinas instaladas en el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Para exclusivo conocimiento de los órganos demandados, puesto que los siguientes conceptos son letra diaria y materia de interpretación en las correctas resoluciones que realiza este H. Tribunal, conviene señalar que el tratadista Gabino Fraga en su obra Derecho Administrativo señala que los impuestos ‘son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal’ y que los ingresos del Estado pueden provenir de una fuente diversa de la anteriormente señalada, bien de la prestación de servicios públicos, bien de la explotación y aprovechamiento de los bienes del dominio público y privado del Estado o de otros conceptos, y que como lo define el Código Fiscal por lo que hace a los ingresos o derechos, ésta es la contraprestación que requiere el poder público, en pago de servicios de carácter administrativo prestados por él, y en el caso que nos ocupa, en ningún momento el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas presta en Río Bravo el servicio público de tránsito, por lo que las normas generales cuya invalidez se demanda, repetimos, son conculcativas de los dispositivos constitucionales que disponen que es el Municipio el que debe prestar obligatoriamente el servicio público de tránsito, máxime que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció la característica de poder al órgano municipal y la facultad que a éste le asiste en la prestación del servicio público de tránsito. De igual manera, para conocimiento exclusivo de los órganos demandados, cabe señalar que en la obra Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al definir las características de la municipalización de servicios, establece que mediante el ejercicio directo de ciertos servicios públicos por el Municipio, como son los servicios urbanos de transporte, los de aprovechamientos, cementerios, agua, luz, de limpieza y otros, debe de exigirse una contraprestación lo cual asegura al órgano que presta el servicio ingresos suficientes para que el servicio no sea deficiente; conceptos los anteriores aplicables al caso concreto que en armonía con los dispositivos constitucionales conculcados establecen la evidencia de la invalidez de las normas genéricas que se combaten, y se solicita la consecuente declaración de invalidez."

TERCERO. Por proveído de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, cuyo número correspondió al 8/97 y turnarlo al Ministro ponente Juventino V. Castro y Castro, como instructor del procedimiento conforme al turno que al efecto lleva la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mediante acuerdo del día trece siguiente, admitió la demanda en vía de controversia constitucional promovida contra actos del gobernador constitucional, Congreso, secretario general de Gobierno y secretario de Hacienda del Estado de Tamaulipas y ordenó emplazar a las demandadas, así como dar vista al procurador general de la República; se tuvieron como delegados de la parte actora a los profesionistas señalados en su escrito de demanda y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

CUARTO. Mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, recibido el tres de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Manuel Cavazos Lerma, gobernador del Estado de Tamaulipas, personalidad que acreditó con el Decreto Número 352 expedido por el Congreso del Estado, mediante el cual declara válidas las elecciones para Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas por el periodo 1993-1999, celebradas el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial Número Noventa y Siete, de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos; Jaime Rodríguez Inurrigarro, secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, calidad que acreditó con copia certificada del nombramiento correspondiente, expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en términos de los artículos 91, fracción IX, de la Constitución Política Local y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, nombramiento publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 11, de fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y tres, y Miguel Rubiano Reyna, secretario de Hacienda del Estado, quien acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento expedido en su favor, de fecha tres de abril de mil novecientos noventa y seis, comparecieron a dar contestación a las argumentaciones vertidas en el escrito de controversia constitucional con motivo de la demanda planteada por los señores Bernardo Gómez Villagómez, Álvaro Cervantes Sánchez, Erasmo Rubio Salaises y María Angelina García Montoya, en sus caracteres de presidente municipal, secretario del Ayuntamiento, síndicos primero y segundo del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, respectivamente, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el Poder Legislativo del Estado, negándola en la medida que a los reclamantes y a la persona moral que representan, dicen no asistirles acción ni derecho alguno para obtener las declaraciones que pretenden, generadas por una supuesta invasión de esferas competenciales que no se da en la especie, por lo que expusieron las siguientes excepciones y defensas:

"Improcedencia de la acción. Resulta a todas luces improcedente la acción intentada por el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, toda vez que de la lectura de la demanda se desprende que el Municipio actor funda su reclamación en una supuesta restricción de las atribuciones propias del Municipio que le impiden obtener para sí ingresos por concepto de derechos por servicios de tránsito, mediante disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado, la Ley de Hacienda y la Ley de Tránsito y Transporte. En términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Federal, 132 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, 170 y 7o. transitorio del Código Municipal del Estado, los servicios públicos de tránsito en los Municipios del Estado de Tamaulipas, se prestan con el concurso del propio Estado, para cuyo efecto se celebraron los convenios respectivos entre los Municipios y el Gobierno del Estado, lo que resulta congruente con las disposiciones anteriormente invocadas, en el sentido de que los servicios públicos se prestan con el concurso del Estado cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes. Ahora bien, si el Código Municipal exige tal colaboración en cuanto a los servicios de tránsito, es obvio que los mecanismos de aplicación para tal propósito deben constar en un convenio, como el que celebraron el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, con fecha 13 de julio de 1992. En esa virtud, resulta jurídicamente consecuente a la celebración del acuerdo de coordinación indicado que los hechos que sustentan la demanda que ahora se contesta, devienen de un conflicto de intereses entre Municipio y Estado y, para ese supuesto, el artículo 194 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas previene expresamente que de las controversias que surjan con motivo de convenios que celebren los Municipios con el Estado o entre sí, conocerá en única instancia el Supremo Tribunal de Justicia (del Estado de Tamaulipas), conforme a las normas del juicio ordinario civil. En tales condiciones, esas circunstancias determinarían, por diversa causa, la incompetencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de esta controversia, por existir jurisdicción y vía prevista para el caso. Excepción de falta de acción y derecho. Esta defensa absoluta se hace valer en atención a la inexactitud de los hechos narrados en la demanda y a la falta de derecho para apoyar a la misma, conforme se desprende de los términos en que se le da contestación y se controvierten los hechos que se invocan, toda vez que si bien es cierto, por disposición de la ley que lo rige, que en el presente caso lo es el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, ordenamiento normativo que en su artículo 53 establece que los Ayuntamientos serán representados por el presidente municipal, también señala que él es quien debe ejecutar los acuerdos y disposiciones que el Ayuntamiento dicte y, en el presente caso, no se está actuando como lo prevé la ley, toda vez que no existe acuerdo alguno que se haya tomado en sesión de Cabildo y por el cual se faculte a quien debe representarlo para que actúe válidamente. A mayor abundamiento, el artículo 57 del mismo cuerpo de leyes indica que el presidente municipal requiere de la aprobación del Ayuntamiento, en cada caso, para asumir la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuera parte, cuando el síndico o síndicos tengan impedimento legal, disposición semejante que contiene la fracción II del artículo 60 del Código Municipal, de donde se deduce que para poder intervenir válidamente en asuntos jurídicos se requiere de la aprobación del Cabildo, situación esta que los promoventes no acreditan y, por lo tanto, su actuación excede a las disposiciones legales, por lo que no se encuentran legitimados para presentar la actual demanda. La actuación fuera de los lineamientos señalados en las disposiciones invocadas equivaldría a que cualquiera de los integrantes del Ayuntamiento podría entablar una demanda o reclamación sin tomar en cuenta quiénes forman, junto con ellos, el Cabildo, que es el órgano máximo dentro del Ayuntamiento, cuestión que en este caso se está presentando, pues como se ha demostrado, no se tomó ningún acuerdo en sesión de Cabildo para autorizar a quienes suscriben el escrito para que lo presentaran, excediéndose entonces en sus facultades. Independientemente de los conceptos vertidos en la resolución emitida dentro de la controversia constitucional número 19/95, misma que los actores acompañan a esta promoción, manifestamos nuestro desacuerdo con algunas apreciaciones en ella contenidas, ya que si bien es cierto que para defender los intereses del Municipio no se requiere un ‘acuerdo burocrático de Cabildo’, como se expresa a fojas 75 de la resolución aludida, no es lo mismo defender los intereses que ser actor de una demanda de controversia constitucional, porque en tal concepto sería tanto como aceptar que sin la autorización del órgano colegiado, como lo es el Ayuntamiento, el síndico puede demandar a quien él crea conveniente, basándose en una supuesta defensa de los intereses municipales, con lo cual se rompen principios jurídicos fundamentales como la legitimación, el interés jurídico y otros correlativos. Por otra parte, en dos páginas anteriores de la misma resolución se descalifica la representación del presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, porque el acuerdo para representar a ese poder del Estado no fue sometido al Pleno del Congreso y, en cambio, se dice que el síndico, para actuar válidamente, no requiere de un ‘acuerdo burocrático de Cabildo’, situaciones que no cumplen con el principio de equidad con que se supone deben ser tratadas las partes dentro de un procedimiento. Por último, para reafirmar lo anteriormente señalado, las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que tendrán el carácter de partes, tanto como actor, como demandado, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, que en el presente caso, tiene el primer carácter el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, quien por simple lógica jurídica es quien debe autorizar al que legalmente lo representa, que en este caso es el síndico, a presentar una demanda en la cual supuestamente se vulneran los intereses municipales, ya que de lo contrario se dejaría al criterio de una sola persona la calificación de tal hecho, que bien pudiera asumir su responsabilidad u omitirla. Por otra parte, considerando los tiempos para la preparación e interposición de una demanda, el actor dispone del tiempo que estime necesario para ello, mientras que el demandado se encuentra sujeto a un término fatal para producir su contestación, hechos que ya de por sí marcan un completo desequilibrio en la relación jurídico-procesal, por lo que sería más admisible que el demandado que efectivamente ocurre a defender un derecho, pueda ser representado por quien se encuentre en funciones o represente legalmente al órgano demandado, sin la necesidad de un acuerdo expreso, y no así el actor que ocurre a reclamar un derecho que cree le asiste, en cuyo caso debe acreditar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7270-b0c72605/cesacion-de-efectos-en-materias-de-amparo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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