CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de febrero de dos mil uno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete en la Administración de Correos de la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, y recibido el día once siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angelina García Montoya, Álvaro Cervantes Sánchez, en su carácter de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional, en contra del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tamaulipas, por las normas generales siguientes:
"a) Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas.-b) Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.-c) Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997 del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas."
SEGUNDO.-La parte actora estimó violados los artículos 14, 31, fracción IV y 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Con fecha 10 de noviembre de 1996, el H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas, en sesión celebrada en esta misma fecha formuló, aprobó y remitió el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997 (anexo 3), al Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, y éste a su vez, sin hacer ninguna modificación a los rubros envió al Poder Legislativo dicha ley para su estudio y aprobación, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de fecha 21 de diciembre de 1996 mediante el Decreto No. 109 (anexo 4).-Es el caso, que el H. Congreso del Estado al dictaminar (anexo 6) sobre la iniciativa de Ley de Ingresos, no aprobó el proyecto donde se contemplan nuevos conceptos de impuestos y de derechos de este Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y consecuentemente, negó la aprobación del cobro de las cuotas fijadas en la ley de referencia y que enseguida se enumeran: A) Impuesto sobre compraventa de vehículos. En el presente rubro se pretende imponer un impuesto sobre los actos de compraventa de vehículos, toda vez que la circulación de los mismos en los Municipios, afecta y daña primordialmente las vías de comunicación como son avenidas, calles y brechas, siendo necesaria su reconstrucción, por lo que es necesario proveer de recursos económicos al Ayuntamiento.-El H. Congreso del Estado al dictaminar como improcedente este rubro, manifiesta que el mismo no se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, sin tomar en consideración lo dispuesto en la motivación de la iniciativa de ley.-B) Derechos por la manifestación de propiedad, expedición de permisos por regularización de inmuebles y construcciones no declaradas. Es de explorado derecho que uno de los elementos que integran la hacienda pública municipal es el que se refiere a las contribuciones que las legislaturas establecen a favor del Municipio, particularmente sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, como así lo establece el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución General de la República, y con base en éste el Municipio debe prestar el servicio catastral y como contraprestación cobrar los derechos, mismos que la Legislatura Local se ha negado a autorizar, fundando su argumentación en señalar que son de carácter estatal, conforme a las disposiciones previstas en el capítulo cuarto del título segundo de la Ley de Hacienda en el Estado.-No está por demás mencionar, que aun cuando actualmente ya el servicio catastral lo viene prestando el Municipio por así haberse facultado a través de la Ley de Catastro, que se formó en el mes de diciembre anterior, lo ilógico y aberrante de esto es que mientras se obliga al Municipio a prestar este servicio a través del precepto antes señalado, se le niegue el derecho a cobrar su contraprestación, al no autorizar los derechos a través de la Ley de Ingresos Municipal.-C) Derechos por expedición de permisos en materia ecológica relacionados con el establecimiento de zonas sujetas a conservación, expedición de permisos para el traslado y confinamiento de residuos peligrosos que son aquellos que por sus características ecológicas pueden ser venenosos, reactivos, explosivos, infecciosos o irritantes y servicios de prevención y control de la contaminación del medio ambiente. En cuanto al presente rubro, es urgente la restauración y mejoramiento del ambiente en la jurisdicción territorial del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, tomando en cuenta las reglas federales y estatales que sobre la materia existen, actuando el Municipio (sic) como coadyuvante de las autoridades competentes en materia ecológica y de protección a los ecosistemas y elementos naturales, con la intención de reducir el impacto ambiental ocasionado por el hombre a la propia naturaleza, buscando prevenir, proteger y preservar los recursos naturales de los residuos peligrosos que se producen con motivo de las actividades industriales o de otra índole, en donde el Municipio debe actuar conforme lo dispone la fracción V, en relación con la VI del artículo 115 constitucional, relacionados con la tendencia que existe a formar una continuidad demográfica con el Municipio de Reynosa, Tamaulipas y con la facultad autónoma municipal de crear y administrar zonas de reserva ecológica, también se propone se otorguen al Municipio los permisos relacionados para el traslado y confinamiento de residuos peligrosos que son aquellos que por sus características ecológicas, venenosas, reactivas, explosivas, infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico, el ambiente o los ciudadanos, en los términos de las leyes estatales o federal de la materia.-Manifiesta la autoridad legislativa que estos derechos no son factibles de autorizarse, en virtud de que tienen el carácter de estatales, y su tasación se encuentra prevista en la disposición normativa a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Hacienda del Estado.-D) Derechos por expedición de permisos para la operación de giros mercantiles que tengan por objeto la enajenación de bebidas alcohólicas, en los términos del acuerdo de delegación de facultades en favor del Municipio para la aplicación de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas. En cuanto al rubro relacionado con la aplicación que por delegación otorgó el Gobierno del Estado de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en el Estado y su reglamento, la inclusión en el catálogo de los derechos que percibiría el Municipio se refiere a la expedición (sic) licencias para operación.-Manifiesta el órgano legislativo, que resulta improcedente toda vez que los servicios con esta actividad comercial están considerados con el carácter de estatales y su tasación se encuentra prevista en la disposición contenida en el artículo 287 de la Ley de Hacienda del Estado, sin que en la práctica el Ejecutivo del Estado preste dicho servicio, muy por el contrario, es el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, quien de hecho y por derecho viene realizando este servicio que se traduce en la vigilancia de dichos negocios en los que con recursos materiales y humanos propios lo viene realizando."
CUARTO.-Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:
"Primero. Los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ofrecen al órgano actor la posibilidad de que este H. Alto Tribunal de nuestro país pueda suplir las deficiencias de los diferentes planteamientos de las partes e imponen a este H. Alto Órgano de control constitucional la potestad de examen en su conjunto, los razonamientos para resolver las cuestiones efectivamente planteadas y partiendo del principio anterior, estimamos que la litis en la presente controversia radica, sustancialmente, en determinar si los servicios aquí señalados y que consideramos son a los que se refiere la fracción IV, inciso g), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su prestación al Municipio y como consecuencia lógica el derecho a cobrar como contraprestación una cuota, y que en ningún momento el Estado realiza acción tendiente a prestarlos y solamente se dedica a cobrar los derechos que se contienen en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y de la hacienda pública estatal con flagrante violación al artículo 31, fracción IV, en el que impone la concurrencia en materia tributaria tanto al Municipio como al Estado y a la Federación y, como consecuencia, al Municipio debe autorizársele en su Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio anual de 1997, y años subsiguientes, y que principalmente se relacionan con el impuesto pretendido sobre la compraventa de vehículos, dado que los mismos circulan en la circunscripción territorial del órgano actor dañando las vías de comunicación de las que es necesaria su reconstrucción, además de que los derechos por la manifestación de propiedad, expedición de permisos para la regularización de inmuebles y construcciones no declaradas, encuentra su apoyo en el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, así como la pretensión de gravar la expedición de permisos en materia ecológica encuentra su apoyo en la fracción V del mismo dispositivo constitucional y en general los rubros siguientes de permisos para la operación de giros mercantiles relacionados con la enajenación de bebidas alcohólicas, fundamentando lo anterior en la fracción IV, inciso c), del mismo dispositivo constitucional invocado, cuya transgresión se ve ocasionada por las normas generales cuya invalidez se demanda, por las que no se incluye en la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el establecimiento de impuestos y derechos por la prestación de servicios públicos o bien por el uso y rendimiento de los bienes que le pertenecen, lo cual perjudica su hacienda y aún más, lo obliga a destinar ingresos provenientes de otros rubros para prestar servicios a los usuarios que no producen contraprestación alguna.-Como razonamiento principal soportado en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano actor, respetuosamente invoca el contenido íntegro de la resolución de fecha 1o. de octubre de 1996 (anexo 5), que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió por unanimidad de 11 votos en la diversa controversia marcada con el No. 19/95 y de cuyo trascendental texto citamos e invocamos diversos postulados en los que se fundamentan las conclusiones y puntos resolutivos de dicha controversia, particularmente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que desembocó en la reforma constitucional promulgada el 2 de febrero de 1983, y en donde se establece que es necesario emprender una nueva redistribución de competencias que debe comenzar por entregar o devolver al Municipio, todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esa institución, puesto que la centralización ha arrebatado al Municipio la capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos sus potestades enmarcadas en la Constitución General y dentro de su ámbito territorial y poblacional y, por ende, el fortalecimiento municipal no sólo es el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios, sino también para resolver simultáneamente los cada vez más grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales, puesto que de otra forma el Municipio se convierte en fórmula teórica de descentralización de nuestra realidad, ya que en la práctica y en el caso concreto, las normas generales cuya invalidez se demanda, vulneran los principios enmarcados en los artículos 31, fracción IV y 115, fracciones III y IV, de la Constitución General de la República y el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, en lugar de ajustar sus actos a la letra constitucional federal, debió incluir en la nueva Ley de Ingresos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, las propuestas que harían realidad un mejoramiento de sus recursos económicos y al recortar la iniciativa de ley vulneró los artículos 31, fracción IV y 115, fracciones III y IV, de la Constitución General de la República.-Invocando de nueva cuenta el contenido de la resolución a la que llegó este Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 19/95, queda claro que las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional, entre otras, la prestación de servicios públicos con el carácter de obligatorios, la administración libre de su hacienda, la percepción de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, la facultad de otorgar licencias y permisos para construcción, participando en la creación y administración de zonas de reserva (sic) ecológicas, corresponde, en primera instancia, al Municipio y cuando se considere necesario puede establecerse el concurso de los Estados en éstas y las otras materias referentes a servicios públicos, mas de la propia interpretación hecha por todos los honorables Ministros de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la interpretación histórica como la gramatical y la propia causal teleológica dan por consecuencia que el precepto en análisis, en principio, dispone que los servicios deberán ser prestados por el Municipio y sólo en los casos que fuere necesario y cuando las leyes establezcan la participación del Gobierno Estatal, en este caso el de Tamaulipas, pudieren coordinarse y asociarse para la mejor eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponde, pero es el caso que al reservar la Constitución Federal en un primer término el catálogo de servicios públicos que se enumeran y tomando en consideración que el Municipio cuenta con las condiciones territoriales, socio-económicas, capacidad administrativa y financiera, así como con los elementos humanos debidamente capacitados para prestar por sí mismo (sic) los servicios públicos, así como la administración de su hacienda, y, en general, los rubros invocados para el establecimiento de pago de derechos, es obvio que deriva en una facultad originaria a favor del órgano municipal y que por interpretación constitucional de la resolución ejecutoria de esta H. Suprema Corte de Justicia en la controversia 19/95, le corresponde la prestación de los servicios públicos y administración de sus bienes al órgano municipal y, por ende, cobrar las cuotas como contraprestación por éstos, por lo que la pretensión de los órganos demandados, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al votar y aprobar por mayoría la norma general cuya invalidez se demanda, violentan, conculcan, lesionan y traicionan los postulados constitucionales invocados, particularmente las fracciones III y IV del artículo 115, en relación con los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Carta Magna del país, habida cuenta que de la simple lectura de la iniciativa de ley que en forma indebida decretó improcedente el órgano demandado, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, se desprende que los conceptos impositivos propuestos, en una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 31 constitucional, debieron ser incluidos dentro de la Ley de Ingresos del Municipio.-Para exclusivo conocimiento de los órganos demandados, puesto que las interpretaciones que hace la Suprema Corte son letra diaria y correcta aplicación, conviene señalar que el tratadista Gabino Fraga en su obra Derecho Administrativo, señala que los impuestos "son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal" y que los ingresos del Estado pueden provenir de una fuente diversa de la anteriormente señalada: bien de la prestación de servicios públicos, bien de la explotación y aprovechamiento de los bienes del dominio público y privado del Estado o de otros conceptos y que como lo define el Código Fiscal, por lo que hace a los ingresos o derechos, ésta es la contraprestación que requiere el poder público, en pago de servicios de carácter administrativo prestado (sic) por él, y por consecuencia los servicios públicos materia de esta controversia, causan como contraprestación los derechos cuya definición y cobro a cargo del órgano municipal deben ser incluidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas; dado que en este sentido el Gobierno del Estado de Tamaulipas, no presta ningún servicio a la comunidad riobravarense, por lo que, al no incluir los rubros propuestos, el órgano legislativo demandado violenta y transgrede los dispositivos constitucionales que disponen que es el Municipio el que debe prestar los servicios, máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció la característica de poder al órgano municipal y la facultad que a éste le asiste en la prestación del mismo.-De igual manera, para conocimiento exclusivo de los órganos demandados, cabe señalar que en la obra Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al definir las características de la municipalización de servicios, establece que mediante el ejercicio directo de ciertos servicios públicos por el Municipio, como son los servicios urbanos de transporte, los de aprovechamientos, cementerios, agua, luz, de limpieza y otros, debe de exigirse una contraprestación lo cual le asegura al órgano que presta el servicio, ingresos suficientes para que el servicio no sea deficiente; conceptos los anteriores aplicables al caso concreto, que en armonía con los dispositivos constitucionales conculcados establecen la evidencia de la invalidez de las normas genéricas que se combaten, y se solicita la consecuente declaración de invalidez.-Segundo. Se actualiza el primer acto de aplicación de las normas generales de las que se reclama la invalidez, con la simple votación por mayoría y posterior publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y por ende, la conculcación de las garantías consagradas e invocadas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que existe el dictamen del órgano legislativo que niega la inclusión del cobro por los rubros mencionados en la Ley de Ingresos que regirá al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas en 1997."
QUINTO.-Por acuerdo de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y designó como instructor al señor Ministro Juan N. Silva Meza.
Por auto de fecha trece de febrero del citado año, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente reconociendo la personalidad con la que se ostentó; por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar al procurador general de la República para que estuviera en aptitud de formular el correspondiente pedimento; y tuvo por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la parte actora a su demanda.
SEXTO.-Mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, presentado el día tres de abril del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador, el secretario general de Gobierno y el secretario de Hacienda, todos del Estado de Tamaulipas, contestaron la demanda, manifestando en síntesis lo siguiente:
a) Se oponen las siguientes excepciones:
1. Falta de acción y de derecho del presidente municipal, del secretario y de los síndicos primero y segundo, del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para promover la demanda a nombre de esa entidad, en virtud de que no demostraron contar con la autorización del Cabildo, en términos del artículo 49, fracción XLIII, del Código Municipal.
2. Efectos no derogatorios de la ley, porque en el supuesto de que llegara a pronunciarse una resolución favorable a los intereses del actor, no podría tener efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales, porque conforme al principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
b) Son infundados los conceptos de invalidez, por las razones siguientes:
1. A la actora no le corresponde efectuar el cobro por la compraventa de vehículos, toda vez que por disposición expresa de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, en su artículo 41, las entidades que se encuentran adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es el caso del Estado de Tamaulipas, ha convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en no mantener impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de ellos; el impuesto que pretende la actora no es de los que la Constitución General de la República reserve a los Municipios en su artículo 115 constitucional. Además, si lo que el Ayuntamiento pretende es obtener recursos para la reparación de las vías públicas que señala se deterioran por el tránsito de vehículos, dentro de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en su artículo 2o., fracción III, se establece que los Municipios tendrán como percepción el 20% de los ingresos que correspondan al Estado, derivado de participaciones en el impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, recursos que, en todo caso, deberá destinar a tal fin.
2. Respecto a los derechos por la manifestación de propiedad, expedición de permisos por regularización de inmuebles y construcciones no declaradas, en clara observancia al espíritu de la reforma al artículo 115 constitucional, el Congreso del Estado expidió, con fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, reformas a diversas disposiciones de la Ley de Catastro del Estado, mediante las cuales se faculta a los Municipios de la entidad para realizar funciones catastrales, entre las que se contemplan las que constituyen la reclamación del Ayuntamiento actor, así como el cobro de derechos por esos conceptos.
3. En relación con los derechos por expedición de permisos en materia ecológica, relacionados con el establecimiento de zonas sujetas a conservación, expedición de permisos para el traslado y confinamiento de residuos peligrosos, cabe señalar que el Estado de Tamaulipas se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo que está obligado a observar lo establecido en el artículo 10-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, por lo que el hecho de no haberse incluido ese concepto en la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas estimamos que se encuentra debidamente justificado; además, los derechos en mención no son de los que se consideran reservados a los Municipios en términos del artículo 115 constitucional.
4. Tampoco le asiste a la actora el derecho para reclamar el cobro por derechos derivados de la expedición de permisos para la operación de giros mercantiles que tengan por objeto la enajenación de bebidas alcohólicas, en los términos del acuerdo de delegación de facultades a favor del Municipio, para la aplicación de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, ya que precisamente en el acuerdo en mención celebrado entre el Estado y el Municipio de Río Bravo el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Estado le delegó al Municipio algunas facultades, reservándose para sí expresamente la de expedir licencias para el funcionamiento de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas. Además, este concepto de derecho no es de los establecidos en el artículo 115 constitucional, como reservado a los Municipios.
5. No es cierto que con la no inclusión del cobro de los derechos que reclama dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, se actualice el primer acto de aplicación de las normas generales cuya invalidez demanda.
SÉPTIMO.-Por escrito de fecha tres de abril de mil novecientos noventa y siete, presentado al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la mesa directiva que dirigió los trabajos legislativos durante el mes de abril del mismo año de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, contestó la demanda, manifestando básicamente lo siguiente:
a) Que opone las excepciones siguientes:
1. Falta de acción y derecho de los promoventes de la controversia constitucional, porque no se encuentran legitimados para representar al Municipio en el presente asunto, ya que no acreditaron contar con la aprobación del Cabildo a que se refieren los artículos 57 y 60, fracción II, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas para asumir la representación jurídica del Municipio en el presente asunto; su actuación excede a las disposiciones legales.
2. Falta de legitimación procesal activa del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Federal, el juicio de controversia constitucional solamente puede ser interpuesto por la Federación o por los Estados que la integran.
3. Efectos no derogatorios de la ley, porque conforme al principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles para las entidades federativas, la ley sólo puede quedar derogada o abrogada por otra posterior que así expresamente lo declare o que tenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
4. Falta de acción por extemporaneidad en la presentación de la Ley de Ingresos de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, fue presentada por la actora fuera del término establecido en el artículo 46 de la Constitución Local.
b) Son infundados los conceptos de invalidez propuestos, porque:
1. La prestación de los servicios que reclama la actora no corresponden al Municipio sino al Estado, en los términos del artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, capítulo VI, título II, de la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Ingresos Estatal para los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; el capítulo IV del título II, artículos 282 y 287 de la Ley de Hacienda del Estado y artículo 10-A, fracción I, de la Ley Federal de Coordinación Fiscal.
2. Resulta inexacto que el artículo 115 constitucional contenga una garantía individual, dado que ni el Municipio ni el Estado son titulares de ésta; tampoco resulta cierto que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete tenga el carácter de heteroaplicativa, para argumentar un primer acto de aplicación, pues lo que impugna es la expedición, promulgación, publicación y vigencia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos en cita, que actualmente se viene aplicando para el cobro de impuestos, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos, accesorios y financiamientos, lo que constituye un acto consentido.
3. El Poder Legislativo no autorizó los rubros que señalan los recurrentes, con bases fundadas y motivadas, cubriendo todos y cada uno de los pasos legislativos, y con la facultad que le concede el artículo 58, fracciones I y IV, de la Constitución Política Local.
OCTAVO.-Por oficio número PGR 252/97, presentado el dos de mayo de mil novecientos noventa y siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República opinó, en síntesis, lo siguiente:
a) Es improcedente la vía para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de contribuciones no reservadas a los Municipios en términos del artículo 115 constitucional, como son los relativos al impuesto sobre la compraventa de vehículos y los derechos por expedición de permisos en materia ecológica, relacionados con el establecimiento de zonas sujetas a conservación, expedición de permisos para el traslado y confinamiento de residuos peligrosos, así como los derechos por expedición para la operación de giros mercantiles que tengan por objeto la enajenación de bebidas alcohólicas, en los términos del acuerdo de delegación de facultades a favor del Municipio para la aplicación de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, con fundamento en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.".
b) La demanda de controversia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7035-516c74ac/cesacion-de-efectos-en-materias-de-amparo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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