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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2003. · Registro digital (IUS): 17925
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 1031.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2003. MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de enero de dos mil cuatro.

Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 34/2003, promovida por el Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de abril de dos mil tres, Marcial Rodríguez Saldaña y Fernando José Ignacio Donoso Pérez, quienes se ostentaron como primer síndico en asuntos de orden administrativo, financiero, contable y patrimonial, y segundo síndico en asuntos de gobernación, justicia, seguridad pública y policía y buen gobierno, respectivamente, del Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, en su representación, promovieron controversia constitucional en contra del gobernador del Estado de Guerrero, del secretario general de Gobierno, del secretario de Finanzas y Administración y del secretario de Desarrollo Social, todos ellos del mismo Estado.

SEGUNDO. En el capítulo de normas y actos impugnados de su libelo, el actor demandó la invalidez de:

"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: Se reclama la inaplicación u omisión por inobservancia del artículo quinto del decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año fiscal (sic) 2003, de fecha 27 de diciembre del año 2002, marcado con el número 6 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en el artículo quinto del mencionado decreto establece (sic) en forma categórica la potestad que tienen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en la implementación de acciones de colaboración en la ejecución de las obras y programas de inversión, lo anterior deviene de que en la especie se contempla dentro del decreto que nos ocupa el programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, al cual se le asigna la suma de $120'000,000.00 (ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), mismos que serán aplicados exclusivamente para el beneficio de obra social a 5 (cinco) Municipios del Estado de Guerrero, entre ellos, el de Acapulco de Juárez, razón por la cual resulta procedente conforme a derecho el que la entidad federativa a la que pertenece el Municipio debió de notificarle la creación de dicho programa a efecto de que el Municipio que representamos pudiese, en tiempo y forma, implementar acciones encaminadas a colaborar en el programa, y de esta manera obtener un mejor resultado en la ayuda a las clases sociales desprotegidas, en virtud de lo cual se viola por inaplicación el artículo quinto del referido decreto, marginando de esta manera a nuestro Municipio. Se reclama la inobservancia del precepto legal contenido en el artículo 67, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que en forma clara y nítida precisa como una facultad de los Ayuntamientos en materia de asistencia social, el promover en coordinación con las autoridades estatales de la materia, programas de asistencia social a grupos desprotegidos. Precisados los puntos anteriores deberá entenderse que en esta controversia constitucional reclamamos: Del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero: a) La inaplicación por inobservancia del artículo quinto del decreto de egresos mencionado, que establece en su último párrafo la facultad de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en la implementación de acciones de colaboración y la ejecución de las obras y programas de inversión, como es el caso del programa piloto ‘Pensión Guerrero’, que se encuentra concebido en el anexo técnico del decreto antes referido, en el capítulo correspondiente a la inversión estatal directa a través de la Secretaría de Desarrollo Social. b) La omisión por parte del órgano ejecutivo del Estado de Guerrero al no proveer en lo conducente dentro de la esfera administrativa todo lo relativo a la aplicación y distribución de los dineros destinados para el programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, lo relativo a la coordinación con el Municipio de Acapulco de Juárez, según lo previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en su artículo 67, fracción XII."

TERCERO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"A. Según lo destaca el presupuesto de egresos publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero con fecha 27 de diciembre de 2002, y anexo técnico correspondiente al día viernes 24 de enero del año 2003, la atención de las personas en todas las etapas de su desarrollo constituye una alta prioridad en la política del gasto público, para tal fin se propone en dicho documento que la mayor parte de los recursos que provienen de la Federación y de la recaudación local se orienten definitivamente al sector social, por tal razón se crea el programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, el cual tiene como finalidad primordial atender las necesidades más apremiantes de la población adulta mayor de 65 años del Municipio de Acapulco de Juárez. B. El programa piloto ‘Pensión Guerrero’ se concibe en forma concreta y específica como una inversión estatal directa, la cual se debe entregar a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, destinándose la suma de $120'000,000.00, los cuales se aplicarían en beneficio de las personas adultas mayores de 65 años, de cinco Municipios del Estado de Guerrero, entre ellos, en particular, al Municipio de Acapulco de Juárez, según obra a fojas 7 y 8 del citado decreto y fojas 5 y 6 del anexo técnico del mismo. C. En el decreto de egresos referido figura el artículo quinto que textualmente dice: ‘El presupuesto total para el ejercicio fiscal del año 2003, asciende a la cantidad de 18,812.1 millones de pesos, integrados por 5,145.3 millones de pesos que corresponden al sector central, 767.2 millones de pesos para el sector paraestatal y 12,899.6 millones de pesos de fondos que se estima provendrán del Ramo XXXIII y XXXIX, otros recursos federalizados y los que provengan de otros ramos o partidas autorizados por el Congreso de la Unión. En la ejecución de las obras y programas de inversión, se deberán establecer mecanismos que propicien la más amplia participación ciudadana y la implementación de acciones de colaboración entre los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal.’. De la lectura del enunciado anterior se desprende que toda inversión que haga el Gobierno del Estado de Guerrero, en especial la relativa al programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, debe contar con la colaboración del Gobierno del Municipio de Acapulco, máxime que el mismo se encuentra considerado dentro de los cinco en que se aplicarán los recursos del programa piloto, ya que de esta manera se haría una mejor distribución de los dineros en beneficio de los adultos mayores de 65 años que radican en el Municipio de Acapulco de Juárez, ya que éste, al no tener conocimiento oficial de la existencia de dicho programa, se encuentra impedido para implementar acciones de colaboración con el Gobierno del Estado para una mejor asignación del programa. D. Del artículo 67, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Guerrero se desprende en forma categórica, que el fin perseguido por el legislador en el sentido de otorgar al Municipio el derecho a coordinarse con las autoridades estatales de la materia para la implementación y ejecución de programas de asistencia social a grupos desprotegidos, como es el caso, máxime que en la especie el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, está contemplado como uno de los beneficiarios del programa denominado ‘Pensión Guerrero’, debiéndose destacar que el espíritu del precepto legal en cuestión es con la finalidad de lograr una coordinación ordenada que necesariamente debe existir entre el Estado y el Municipio, evitando de esta forma la duplicidad en programas, así como una aplicación óptima de recursos públicos e incluso reconocer al Municipio Libre como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. E. El primer acto de ejecución del programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’ se llevó a cabo el día 5 de marzo del año 2003, fecha en la cual el Ejecutivo del Estado de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, emitió la convocatoria en la que establece los lugares dentro de la zona urbana y rural, y señala horarios en que los habitantes del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, debían acudir a registrarse a diversos módulos, estableciendo las bases o requisitos que debían acreditar para ser tomados en cuenta para el programa en cuestión, la inclusión del mismo dependería de lo que en su oportunidad determinara el comité técnico de validación, lo cual se daría a conocer a través de la relación de personas aceptadas, misma que se fijaría en los lugares públicos, como acredita con la convocatoria de cuenta ..."

CUARTO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"Primero. Procede que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los actos que se reclaman por violar en perjuicio del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro., los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el primer concepto de invalidez, en lo general las autoridades demandadas al violar por la omisión y en agravio del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, el artículo 5o. del Decreto Número 6 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2003, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 27 de diciembre del año 2002, así como su anexo técnico correspondiente, ello en razón de que el programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, creado por el Gobierno del Estado, mismo que está considerado como la inversión directa, no se han implementado por las autoridades demandadas acciones tendientes a permitir la colaboración en dicho programa por parte del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, participación que debe proyectarse sobre la aplicación y desarrollo de dicho programa dentro de su territorio, ya que de esta manera se obtendría un mejor resultado en el apoyo a las personas adultas mayores de 65 años. El acto de autoridad que se impugna del Gobierno del Estado de Guerrero es violatorio de la obligación que le impone lo ordenado por los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales le obligan a fundar y motivar sus actos de autoridad y de suscribirlos a las leyes establecidas con anterioridad, ello con el fin de que sus actos se encuentren dentro de la esfera de legalidad exigida a cualquier autoridad; sin embargo, ante la omisión de instrumentar o implementar los programas tendientes a coordinarse con el Gobierno Municipal en la ejecución del programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, así como la propia ejecución de éste sin la participación coordinada y de cooperación con el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien es la autoridad administrativa que representa al Municipio, lo que implica que las autoridades demandadas transgredan los numerales invocados en este hecho. Segundo. El segundo concepto de invalidez lo irrogan al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, las autoridades demandadas con la conducta omisiva antes referida, la cual se traduce en la transgresión del artículo 67, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto es, la Ley Reglamentaria del Artículo 115 de la Constitución General de la República, el precepto legal en comento expresa sobre el particular lo siguiente: ‘Artículo 67. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de salud pública y asistencia social, las siguientes: ... XII. Promover, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, programas de asistencia social a grupos desprotegidos y para la integración familiar.’. De la transcripción expresa del precepto legal antes citado se aprecia con claridad que el legislador otorgó a los Municipios del Estado de Guerrero el derecho o la facultad para coordinarse con el Gobierno del Estado de Guerrero, en todos aquellos programas destinados a la asistencia social de los grupos desprotegidos. Violándose, en consecuencia, en forma directa los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que se priva al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del derecho de implementar acciones de coordinación con las autoridades estatales de la materia, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero. Resultando de lo anterior resulta (sic) aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia, marcada con el número P./J. 23/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 134 del Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su tenor expresa: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados. Controversia constitucional 6/96. Alfonso Vázquez Reyes y Margarito Solano Díaz, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapam, del Estado de Oaxaca, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 10 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.’. Al violentar los artículos 115 y 14 constitucionales, en la parte antes analizada, resulta aplicable también lo sustentado por la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/99, publicada en la página 703 del Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.’. Conforme a lo dispuesto por la propia ley de egresos del Gobierno del Estado de Guerrero a que hemos hecho referencia y que da nacimiento al programa de inversión denominado ‘Pensión Guerrero’, en el artículo 5o., segundo párrafo, del decreto en cuestión, en concomitancia con lo dispuesto por el artículo 67, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para la ejecución de dicha acción, el Gobierno del Estado tiene la obligación de implementar los programas de coordinación con el Municipio de Acapulco para llevar a cabo el programa de asistencia social a que nos hemos venido refiriendo. Sin embargo, sin dar intervención en forma alguna al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, representado por el Ayuntamiento, el día 5 de marzo del año en curso el Gobierno del Estado de Guerrero inició en este Municipio la ejecución del programa denominado ‘Pensión Guerrero’, e hizo pública la convocatoria e instalación de módulos tendientes a suministrar dicha pensión, sin haber dado participación en forma alguna al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de conformidad con lo que ordenan tanto el segundo párrafo del artículo 5o. del Decreto Número 6 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2003, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 27 de diciembre de 2002, así como su anexo técnico correspondiente, y la fracción XII del artículo 67 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Guerrero, ordenamientos legales que fueron violados por inobservancia de parte del Ejecutivo del Estado, ya que no llevó a cabo la implementación de los programas necesarios para la coordinación con el Municipio en la ejecución del programa mencionado. El acto de autoridad que se impugna del Gobierno del Estado de Guerrero es violatorio de la obligación que le impone lo ordenado por los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales le obligan a fundar y motivar sus actos de autoridad, y de suscribirlos a las leyes establecidas con anterioridad, ello con el fin de que sus actos se encuentren dentro de la esfera de legalidad exigida a cualquiera autoridad; sin embargo, ante la omisión de instrumentar o implementar los programas tendientes a coordinarse con el Gobierno Municipal en la ejecución del programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’, así como la propia ejecución de éste sin la participación coordinada y de cooperación con el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien es la autoridad administrativa que representa al Municipio, trae como consecuencia que los actos que hoy se impugnan sean violatorios por inobservancia de los artículos 67, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y el segundo párrafo del artículo 5o. de la ley de egresos del Gobierno del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal del año 2003 y, por consiguiente, son violatorios de la garantía de legalidad que tutelan los artículos 14 y 16, además del 115 de la Constitución General de la República. Si bien es cierto que las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales fueron establecidas en beneficio de los gobernados, ya sean personas físicas o morales, u órganos gubernamentales cuando adquieren la calidad de particulares para efectos de la ley o procedimiento, a la fecha tanto la doctrina como la propia jurisprudencia emitida por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido en diversas ocasiones que en las controversias constitucionales se pueden plantear violaciones a los preceptos que contemplan las garantías individuales, específicamente a los artículos 14 y 16 constitucionales, partiendo de la base de que en las relaciones entre los diferentes órdenes de gobierno, como es el caso, debe prevalecer la legalidad que impone en el país la totalidad de los artículos que integran nuestra Carta Magna, y no sólo parte de ellos. Tercero. Resulta también un concepto de invalidez por parte de las autoridades demandadas, toda vez que su conducta omisiva redunda en perjuicio del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al violar por inobservancia el artículo 115, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, el cual al tenor expresa: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... c) Participar en la formación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios.’. En efecto, del mandato constitucional antes transcrito se desprende con claridad meridiana la facultad o derecho del Municipio para participar en los planes de desarrollo regional, como es el caso de los cinco Municipios que serán beneficiados con el programa piloto denominado ‘Pensión Guerrero’ señalándose, incluso, en forma imperativa que cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deben asegurar la participación de los Municipios, lo cual indiscutiblemente no se establece como una potestad para estos miembros de la Federación, sino como una obligación, la cual, en el caso que nos ocupa, ha sido soslayada e inobservada por el Ejecutivo del Estado de Guerrero, en franca y directa violación por inaplicación de lo ordenado por el artículo 115, fracción V, inciso c), de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. No debemos olvidar para tomar plena conciencia de la importancia del Municipio en el sistema federal bajo el cual hemos manifestado nuestra voluntad de vivir, que el legislador Constituyente y las legislaturas posteriores, así como todos y cada uno de los órganos involucrados de alguna manera en el establecimiento real y jurídico de un sistema federal como es el nuestro, que permita una convivencia justa y equitativa entre los integrantes de la Unión, sólo puede darse si paulatinamente se va fortaleciendo a la célula básica de nuestro sistema federal, que es el Municipio Libre, objetivo supremo general que, en la especie, no es compartido por el Ejecutivo del Estado de Guerrero, al violar por inobservancia todos y cada uno de los dispositivos legales que contienen, en diversa concepción, el derecho o facultad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para ser tomado en cuenta e intervenir, ya sea a través de una acción de cooperación, de coordinación o de participación en los programas o planes de desarrollo que se elaboren o ejecuten por el Gobierno del Estado de Guerrero. Procede que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los actos que se reclaman, porque violan en perjuicio del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro., los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..."

QUINTO. La parte actora consideró que se transgreden los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresó los antecedentes que estimó pertinentes y formuló sus conceptos de invalidez.

SEXTO. Por auto de quince de abril de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como instructor del procedimiento.

El veintidós de abril de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, excepto por lo que se refiere al secretario general de Gobierno, al secretario de Finanzas y Administración y al secretario de Desarrollo Social, por carecer de legitimación pasiva en este tipo de juicios, de conformidad con el criterio jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es el siguiente: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

En el mismo auto, entre otras cosas, se acordó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación, dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, así como tener por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas.

SÉPTIMO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de junio de dos mil tres, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero contestó la demanda, resultando innecesario aludir a los argumentos que se plantean en la contestación de demanda, dado el sentido del presente fallo.

OCTAVO. Mediante escrito presentado en este Alto Tribunal el treinta de junio de dos mil tres, quienes se ostentaron como primer y segundo síndicos del Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, en representación de éste, ampliaron la demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la entidad, misma que fue desechada por acuerdo de tres de julio de dos mil tres dictado por el Ministro instructor, esencialmente, porque consideró que no se trataba de hechos nuevos o supervenientes, de conformidad con lo exigido por los artículos 19 y 27, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta determinación no fue recurrida.

NOVENO. Mediante oficio PGR/0473/2003 presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de julio de dos mil tres, el procurador general de la República opinó sobre el presente juicio.

DÉCIMO. El cuatro de julio de dos mil tres se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se recibieron y relacionaron las pruebas y alegatos de las partes, y pasaron los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República, 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una controversia suscitada entre un Estado por conducto de su Poder Ejecutivo y uno de sus Municipios.

SEGUNDO. Previo al inicio del estudio de la presente controversia, este tribunal estima necesario precisar que tras realizar un análisis integral de la demanda así como de su contestación se advierte que la cuestión efectivamente planteada en la misma, pese a la literalidad del capítulo de "normas y actos impugnados", es el decreto por el cual se crea el programa denominado "Pensión Guerrero", únicamente en lo que atañe a su artículo tercero, mismo que faculta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado a implementar y ejecutar el referido programa de apoyo social, así como los demás actos que se deriven del mismo.

Ciertamente, el actor señala que reclama la omisión o inaplicación del artículo 5o. del presupuesto de egresos estatal, así como del artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal también estatal, y del inciso c) de la fracción V del artículo 115 constitucional; sin embargo, éstas, lejos de ser omisiones impugnadas, son más bien violaciones legales y constitucionales que el actor estima se le profieren con el diverso acto que impugna, que consiste, como se ha dicho, en que se ha dispuesto y acordado por el gobernador del Estado que "Pensión Guerrero" sea implementado y ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social estatal sin la participación de los Municipios involucrados en dicho programa.

Es en la propia demanda, particularmente en su capítulo de antecedentes y en el de conceptos de invalidez, donde claramente puede advertirse que ésta es la cuestión efectivamente planteada.

TERCERO. Resulta innecesario aludir a la oportunidad y a la legitimación, toda vez que este Alto Tribunal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Pol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17925-2b9a64be/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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