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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS PREVÉ UNA VÍA LEGAL APTA PARA SOLUCIONAR UNA POSIBLE CONTRAVENCIÓN A LA PROPIA LEY, POR LO QUE SI ÉSTA NO SE AGOTÓ, AQUEL MEDIO DE CONTROL DEBE SOBRESEERSE POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2003. · Registro digital (IUS): 17909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 1231.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2003. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de noviembre de dos mil tres.

Vistos los autos para resolver la controversia constitucional número 16/2003, promovida por el Municipio de Zapopan, Jalisco; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el día trece de febrero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Macedonio S. Tamez Guajardo, Salvador Ruiz Ayala y Hugo Ricardo Salazar Silva, ostentándose como presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y síndico municipal, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) El Poder Legislativo del Estado de Jalisco o Congreso del Estado de Jalisco. b) El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. c) El secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Todas las autoridades antes precisadas, con domicilio conocido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. También tiene el carácter de autoridad demandada el procurador general de la República, en los términos que refiere la fracción IV del artículo 10 de la ley de la materia."

SEGUNDO. El Municipio actor demandó la invalidez de las siguientes normas y actos:

"IV. Actos demandados. Se consideran como actos demandados en este procedimiento constitucional los siguientes: a) El Decreto Número 19869 emitido por el Poder Legislativo o Congreso del Estado de Jalisco, en virtud del cual se aprobaron y establecieron por la autoridad antes referida los coeficientes de distribución de las participaciones que en excedentes de impuestos federales les corresponden a los Municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2003. b) La promulgación del Decreto Número 19869 que se refiere en el inciso anterior, que fue hecha por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, así como por el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, que se publicó en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ en el ejemplar del día 24 de diciembre del año de 2002."

TERCERO. La actora señaló como precepto constitucional violado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y narró como antecedentes de la demanda los que enseguida se transcriben:

"1. El Estado de Jalisco se encuentra adherido al sistema de coordinación fiscal en los términos en que así lo autorizan los artículos 1o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de haber celebrado con la Federación el convenio de adhesión que se prevé en el artículo 10 antes referido. El convenio de adhesión de que antes se habla se publicó en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ en el ejemplar del día 28 del mes de diciembre del año de 1979. 2. Derivado de la celebración del convenio de adhesión de que se habla en el punto anterior, el Estado de Jalisco y todos sus Municipios tienen el derecho de recibir participaciones federales en los términos en que así se precisa en los artículos 2o., 3o. A, 4o., 6o. y demás relativos y aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal. 3. En aplicación de las diversas disposiciones legales que se contienen en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios de la entidad federativa que se encuentre adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tienen el inalienable derecho de recibir participaciones federales; y, por ello, según lo precisa el precepto legal de que antes se habla, las participaciones federales que los Municipios de la entidad federativa adherida deben recibir del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado adherido. 4. El precepto legal de que antes se habla precisa que las Legislaturas de los Estados establecerán la forma en que se deben distribuir a sus Municipios las participaciones federales, mediante disposiciones de carácter general. Por ello, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto Número 19869, en virtud del cual se aprobaron y establecieron por la autoridad antes referida los coeficientes de distribución de las participaciones que en excedentes de impuestos federales les corresponden a los Municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2003. El decreto de que antes se habla apareció en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ en el ejemplar publicado el día 24 de diciembre del año de 2002. 5. Los coeficientes de distribución de participaciones federales autorizados por el Congreso del Estado de Jalisco, dentro del decreto de que antes se habla, resultan violatorios del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio del Municipio de Zapopan, Jalisco, según se demostrará plenamente dentro del cuerpo de este escrito con los diversos conceptos de invalidez que se harán valer. Para efectos legales a que haya lugar, señalamos que no obstante que el Decreto Número 19869 apareció publicado el día 24 de diciembre de 2002, en el ejemplar del Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ de esa fecha, mas sin embargo (sic), en aplicación de las disposiciones legales que se contienen en la fracción III del artículo 3o. de la ley de la materia, el término de 30 días que se establece en la fracción II del artículo 21 del mismo ordenamiento legal, se debe computar a partir del día 2 de enero del año en curso, dado que a partir de esa fecha reanudó sus actividades la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

CUARTO. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

"Los diversos conceptos de invalidez que se presentan en los distintos actos que se impugnan mediante esta controversia constitucional se hacen consistir en lo siguiente: A continuación se procede a señalar a manera de conceptos de invalidez aquellos argumentos lógico-jurídicos con los cuales se demostrará plenamente a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los diversos actos que se demandan en esta controversia constitucional fueron emitidos contraviniendo diversas disposiciones legales de naturaleza constitucional en perjuicio del Ayuntamiento que representamos. En principio, debe decirse que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establece que: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.’. De la transcripción que antes se hace del párrafo inicial del precepto constitucional de referencia, se desprende que el Constituyente original estableció, en principio, una libertad absoluta para el Municipio, y le otorgó una libertad al desarrollo y a la realización de las diversas actividades y facultades que le competen a los diversos Municipios del país. Esa libertad absoluta de que antes se habla, en todo caso, sólo puede quedar restringida por la propia Constitución Federal, toda vez que disposiciones legales de inferior jerarquía que la Constitución Federal, sin perjuicio de su naturaleza, contenido o de quien las haya emitido, no podrían limitar ni modificar esa libertad absoluta de que gozan los Municipios, en los términos del párrafo inicial del precepto constitucional que se analiza. Por ello, la parte final de ese párrafo indica que la libertad de los Municipios se da conforme ‘a las bases siguientes’, y dicho precepto legal contiene una serie de disposiciones que regulan la vida jurídica y las diversas actividades y facultades que, en su caso, se otorgan por disposición constitucional a los Municipios y, desde luego, también algunas limitaciones. Así se desprende que entre otras de las limitantes a la libertad de acción de los Municipios, aparece que las Legislaturas de los Estados, a los cuales pertenezcan dichos Municipios, se encuentran facultadas para que lleven a cabo la revisión de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, esa facultad se desprende de los términos del párrafo octavo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estatuyó que las Legislaturas de los Estados cuentan con facultades suficientes para revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos. Por su parte, en cuanto a la hacienda pública de los Municipios, de las disposiciones legales que antes se transcribieron y que se contienen en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en forma particular respecto de las participaciones federales que se deben entregar a los Municipios para formar parte integrante de su hacienda pública, se desprende en forma por demás nítida en qué consisten las facultades que tienen las Legislaturas de los Estados para establecer anualmente mediante disposiciones de carácter general, las bases, montos y plazos, conforme a las cuales las entidades federativas deben entregar a sus Municipios las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios de conformidad a las diversas disposiciones legales que se contienen en la Ley de Coordinación Fiscal y que ya han quedado debidamente precisadas en párrafos precedentes. Por ello y en atención de lo que dispone el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las participaciones federales que las entidades federativas tienen obligación de entregar a sus Municipios, se constituyen en un derecho irrenunciable e inalienable, de naturaleza constitucional que no puede ser vedado, limitado, alterado o modificado, por ningún tipo de acto o resolución de carácter local, sin importar su contenido o naturaleza, ni tampoco de quien es la autoridad que emita el acto o resolución de que se trate. Luego entonces, una actuación diversa a la indicada en las disposiciones legales que se contienen en el precepto constitucional antes referido, por parte de las Legislaturas de los Estados en el desempeño de la vida municipal, sería un acto ilegal y autoritario, además de arbitrario y, por tanto, sin apoyo jurídico alguno, que se traduciría en un abuso de poder en perjuicio del Municipio, lo que desde luego no encontraría apoyo ni cobijo en las disposiciones constitucionales, dado que no fue ese el espíritu de los Constituyentes al crear el artículo 115 de la Constitución Federal como un precepto legal que norma las facultades y actuaciones de los Municipios del país destacando, desde luego, el principio del Municipio Libre, aceptado ampliamente tanto por el Constituyente original como por los demás entes jurídicos que han reformado dicho precepto constitucional. Bajo esta premisa debe afirmarse que si la actuación de las Legislaturas de los Estados al emitir las normas generales a que se refiere el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, del gobernador del Estado y del secretario general de Gobierno que promulgan la norma general emitida por el Congreso del Estado, lo hacen sin respetar el derecho constitucional que respecto de la percepción de las participaciones federales se establece en dicho precepto constitucional a favor de los Municipios, esa actuación del Poder Legislativo, del gobierno y del secretario general de Gobierno será necesariamente una actuación que queda fuera del marco de constitucionalidad previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, será una actuación totalmente ilegal y arbitraria que no podrá servir de sustento para la emisión de futuros actos jurídicos, por medio de los cuales se entreguen participaciones federales a los Municipios y que, por consecuencia, debe ser anulada por los tribunales competentes, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los funcionarios públicos que hayan actuado y en su caso emitido el acto al margen de la ley. Abundando sobre lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que las Legislaturas de los Estados se encuentran autorizadas por el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir las normas generales a que se refiere el inciso antes referido, para que conforme a dichas normas generales se entreguen las participaciones federales que les correspondan a todos y cada uno de los distintos Municipios que integren la entidad federativa de que se trate, lo anterior no debe entenderse como una facultad libre, exclusiva y caprichosa de la Legislatura del Estado, ni que la norma general que al efecto se emita deba favorecer a determinado o determinados Municipios en lo particular, en perjuicio de otros estableciendo coeficientes de participación que vayan en contra del verdadero espíritu del artículo 115 de la Constitución Federal, y sobre todo, en detrimento de los ingresos que integran la hacienda pública exclusivamente de los Municipios. Por lo que, en su caso, para el establecimiento de la fórmula que se establezca para la repartición de participaciones federales a los Municipios, las Legislaturas de los Estados deben tomar en consideración la operatividad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal respecto del Fondo General de Participaciones que se encuentra previsto en los artículos 2o., 3o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, dado que no debe olvidarse que la repartición de participaciones federales que se hace a los Municipios en forma preponderante proviene del Fondo General de Participaciones. A lo anterior agréguese que el artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, en el inciso c) del punto 2 de la fracción I, se estableció que entre otras de las variables que se debe tomar en consideración para determinar los coeficientes de participación, se encuentra un parámetro que se debe determinar en atención de la recaudación que perciban los Municipios por concepto de contribuciones municipales. A este respecto, debe decirse que en términos de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, las contribuciones se integran únicamente por lo impuestos, las contribuciones especiales y los derechos; por tanto, quedan fuera de las contribuciones los productos y los aprovechamientos que se encuentran referidos en los artículos 6o. y 7o. del ordenamiento legal antes precisado, dado que los productos y los aprovechamientos tienen una naturaleza y conformación diversa a las de las contribuciones o tributos. Aunado a lo anterior debe decirse que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2o. establece que: ‘Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos ...’, por tanto, también quedan fuera del concepto de contribuciones los productos y los aprovechamientos. Similar criterio aparece también reconocido y aceptado en el Código Fiscal para el Estado de Jalisco, en sus artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o., en donde y en atención de las disposiciones legales que se hallan contenidas en los preceptos legales antes precisados, quedan fuera también del concepto de contribuciones los productos y aprovechamientos. En este orden de ideas, podemos concluir que dentro del sistema impositivo mexicano, se encuentra ampliamente aceptado y reconocido el principio de que dentro del género contribuciones quedan fuera los productos y los aprovechamientos, por tener los productos y los aprovechamientos una naturaleza diversa a las contribuciones. Afirmación que se hace en virtud de que los diversos entes jurídicos legislativos así lo han reconocido dentro de la distinta legislación que han aprobado al respecto, en donde siempre han quedado fuera del concepto de contribuciones los productos y los aprovechamientos. Expuesto lo anterior debe decirse que la Legislatura del Estado de Jalisco al emitir el Decreto Número 19869 en el que se señalaron y se autorizaron los coeficientes de distribución de las participaciones federales que se tomarán en consideración para determinar en forma individual el monto de las cantidades que se deben entregar a cada uno de los distintos Municipios del Estado de Jalisco por el ejercicio fiscal de 2003 derivado de las participaciones federales, utilizó un procedimiento por el que se determinó una fórmula que contraviene el espíritu establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego la aplicación de los coeficientes así establecidos afecta la hacienda municipal del Municipio de Zapopan, Jalisco, a las inferiores cantidades de participaciones federales que el precepto constitucional antes referido le garantiza a recibir. Téngase presente que en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las participaciones federales que deben recibir los diversos Municipios del país, cuyas entidades federativas se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, son un derecho de naturaleza constitucional que resarce los ingresos que por tributación local dejan de percibir los Municipios por la celebración de los convenios de adhesión al propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por parte de las entidades federativas a las que pertenecen. Por ello, los coeficientes de participación que se establezcan por parte de las Legislaturas de los Estados para que sus Municipios reciban los ingresos que de las participaciones federales por disposición constitucional les pertenecen, deben ser sin detrimento de la hacienda pública de los Municipios que se halla protegida y garantizada por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al afectarse la hacienda pública municipal, al recibir menores ingresos de los que legal y constitucionalmente le pertenecen, necesariamente se está violando el artículo 115 de la Constitución Federal en perjuicio de los Municipios. En efecto, si se analizan los diversos elementos que fueron tomados en consideración por la Legislatura del Estado de Jalisco para determinar los diversos coeficientes de participación que les corresponden a los distintos Municipios del Estado de Jalisco, se desprende que dicha legislatura utiliza preponderantemente del concepto de contribuciones municipales, las variables que se refieren a productos y aprovechamientos, cuando para determinar la variable contribuciones municipales, lo que se debe utilizar únicamente deben ser los ingresos que los distintos Municipios obtengan por contribuciones, en los términos en que así se haya establecido por el inciso c) del punto 2 de la fracción I del artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios; por tanto, apoyándonos en las disposiciones legales que se contienen dentro de los diversos preceptos legales que ya fueron mencionados, dentro del concepto de contribuciones quedan fuera los productos y los aprovechamientos. De ahí que si el Congreso del Estado de Jalisco, para fijar el coeficiente de participación que se debe aplicar para que el Municipio de Zapopan, Jalisco, reciba los ingresos que le corresponden de participaciones federales, lo hizo tomando en consideración los ingresos de productos y aprovechamientos (excepto los empréstitos) que perciben los diversos Municipios del Estado de Jalisco, está afectando la hacienda pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, y por ello, necesariamente se están violando en perjuicio de dicho Municipio las disposiciones legales que a este respecto se encuentran establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, en su caso, a este respecto, no debe olvidarse que para la determinación del coeficiente de participación a cada uno de los diversos Municipios y dentro de la variable contribuciones municipales, sólo deben tomarse en consideración los ingresos que se deriven de contribuciones, según se establece en el inciso c) del punto 2 de la fracción I del artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. A continuación y a fin de demostrar lo inequitativo de los coeficientes de participación que fueron aprobados por la Legislatura del Estado de Jalisco, se hace un ejercicio en donde si dentro del concepto contribuciones municipales sólo se toma en consideración lo que cada Municipio del Estado de Jalisco percibe por el cobro de contribuciones, excluyéndose los productos y los aprovechamientos, al Municipio de Zapopan, Jalisco, le correspondería un coeficiente de participación de 15.70457085%, esto es, superior al porcentaje de 14.54344294% que apareció en el Decreto 19869, que se combate mediante esta demanda de controversia constitucional (se adjunta documento anexo). Del ejercicio anterior salta a la vista que si dentro de los coeficientes de participación que se fijaron por el Congreso del Estado de Jalisco dentro del Decreto 19869, en la variable ingresos propios, se hubieran excluido los rubros de productos y aprovechamientos, dado que éstos quedan fuera del concepto de contribuciones, al Municipio de Zapopan, Jalisco, le corresponde un coeficiente de participaciones del 15.70457085%, esto es, un coeficiente mayor de participaciones al 14.54344294% que fue determinado por la Legislatura del Estado de Jalisco; en consecuencia, con el acto de autoridad que se reclama en esta demanda de controversia constitucional, sí se afecta la hacienda pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, y con ello el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio del propio Municipio. Luego entonces, si como se ha demostrado dentro del cuerpo de este escrito, la actuación de las autoridades demandadas se realizó en contravención de las disposiciones legales que se desprenden del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga facultades para la realización de los actos en la forma que fueron emitidos y autorizados, y sí por el contrario esos actos se autorizaron con violación a lo dispuesto por el precepto constitucional antes referido, esa actuación rompe con el Pacto Federal en los términos que antes se ha apuntado y por ello resulta violado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que antes se hizo referencia, en perjuicio del Municipio de Zapopan, Jalisco. Por lo que al momento de resolverse en definitiva esta demanda de controversia constitucional, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación debe proceder a dictar sentencia definitiva en la que se declaren procedentes y fundados los conceptos de invalidez que aquí se hacen valer y, por ello, se declare la ilegalidad de todos y cada uno de los actos que aquí se han demandado y, por tanto, se concluya que no pueden producir los efectos jurídicos que se les pretende dar y, en su caso, se ordene a las autoridades demandadas a que procedan a modificar el acto reclamado para efectos de que se establezca el verdadero coeficiente de participación que le corresponde al Municipio de Zapopan, Jalisco, en los términos en que ha quedado debidamente demostrado dentro del cuerpo de este escrito de demanda. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que en su momento deban ejercitarse en contra de los diversos funcionarios públicos que han intervenido en la realización de los distintos actos demandados, dado el abuso de poder en que han incurrido dichos funcionarios con su actuación ilegal. En apoyo con los diversos argumentos que como conceptos de invalidez se han hecho valer en el cuerpo de este escrito, se citan a continuación diversas tesis y jurisprudencias que al efecto sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que a la letra dicen: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.’ (se transcribe). ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.’ (se transcribe). ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.’ (se transcribe)."

QUINTO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y por razón de turno se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. Mediante proveído de esa misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, sin reconocerle el carácter de autoridad demandada que le atribuyó el Municipio actor.

SÉPTIMO. El gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, al contestar la demanda, sustancialmente manifestaron:

a) Que se debe sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el decreto impugnado no viola el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, pues con apoyo en dicho dispositivo de la Ley Fundamental, el Poder Legislativo Estatal fijó las bases y montos de las participaciones federales que corresponden a los Municipios del Estado de Jalisco para el año dos mil tres. El precepto constitucional de mérito no impone ni señala a las Legislaturas Locales cómo determinar aquellas bases y montos, de ahí que no exista transgresión al numeral en comento.

b) Debe sobreseerse en la controversia constitucional con fundamento en el artículo 19, fracción VI, de la ley de la materia, toda vez que existe un remedio previsto en la ley ordinaria. En efecto, el artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios prevé que cuando el Estado o algún Municipio contravengan lo establecido por esa ley, o violen el contenido del o los convenios de coordinación fiscal, previa la manifestación expresa de dicha contravención por la parte afectada a la autoridad infractora, podrá presentar su inconformidad por escrito ante el Congreso del Estado, para que previo análisis, se dictamine sobre la procedencia de las medidas correctivas. Como consecuencia de lo anterior, resulta la evidencia de la existencia de un medio de defensa ordinario al que puede acudir aquella autoridad que se considere afectada, recurso o medio de defensa que en el presente caso no se agotó.

OCTAVO. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en su contestación, en esencia adujo:

a) Para llevar a cabo los actos que se demandan, se tomó como fundamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dos del Municipio de Zapopan, Jalisco, por lo que en ningún momento fue vedado, limitado, alterado o modificado el derecho que tienen los Municipios a recibir las participaciones federales.

b) Los actos que reclama el actor no pueden ser considerados como ilegales, ya que el propio artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional faculta a las Legislaturas de los Estados a cubrir las participaciones federales con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen, sin especificar la forma en la que deben distribuirse las participaciones federales, dado que dicha facultad se confiere a las Legislaturas Locales, quienes deben expedir las normas generales correspondientes. Por tanto, la actuación del Congreso del Estado de Jalisco no puede estar fuera del marco constitucional, pues se encuentra debidamente sustentada en el precepto en comento.

c) Mediante el decreto impugnado se establecieron los coeficientes de distribución en forma proporcional y equitativa, y no en forma arbitraria y caprichosa, puesto que se observó lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios.

d) El parámetro a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios es para determinar el factor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17909-a2e1b0d0/controversia-constitucional-el-articulo-22-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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