CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2002. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO TAMAYO VALENZUELA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de noviembre de dos mil tres.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional número 56/2002, promovida por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dos ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Aquiles González Navarro y el diputado Santos Antonio González Esparza, ostentándose como procurador general de Justicia del Estado de Zacatecas y representante legal del Gobierno de dicha entidad y como presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura del Estado de Zacatecas y representante jurídico de dicho cuerpo colegiado, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades:
"Demandados: Son demandados en el presente asunto: A. Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. B. Secretario de Hacienda y Crédito Público. C. Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D. La Administración de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. E. La Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. F. Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
SEGUNDO. En su demanda, el actor demandó la invalidez de los siguientes actos:
"A. La invasión de la soberanía del Estado de Zacatecas por parte del Poder Ejecutivo Federal, debido a que se están afectando las facultades constitucionales de esta entidad por determinaciones que implican violaciones a diversos artículos constitucionales que en el apartado de conceptos de invalidez se precisarán. Dicha invasión a la esfera de competencias del Estado de Zacatecas se provoca debido a que el Poder Ejecutivo Federal pretende legislar en materia de modalidades a la propiedad privada de bienes que se ubican en el territorio de esta entidad federativa. B. El oficio número 351-A-1a. 0015 de fecha 12 de junio de 2002, expedido por el titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas. C. El oficio número 325-SAT-V-E-7209 de fecha 8 de abril de 2002, emitido por el administrador de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D. El oficio número 325-SAT-V-E-6914 de fecha 25 de marzo de 2002, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. E. La implementación de los procedimientos administrativos en materia aduanera en vehículos propiedad del Estado de Zacatecas por parte del Servicio de Administración Tributaria, y que se derivan de la aplicación de los criterios contenidos en los oficios enumerados anteriormente. F. Todas las consecuencias legales y materiales que deriven de los anteriores actos."
TERCERO. El actor señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 16, 27, 49, 50, 73, fracción XXIX, inciso 1o., 80, 89, fracción I, 121, fracción II y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. El promovente narró como antecedentes de la demanda los que a continuación se transcriben:
"VI. Antecedentes de la norma general o actos cuya invalidez se demande. Lo constituyen los siguientes: Hechos: Primero. En ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión decretó la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, misma que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo del año 2001. Dicha norma, por su contenido y consecuencias, constituye una ley fiscal especial, además de formar parte de la legislación que en materia de coordinación fiscal existe en nuestro país. Esta norma general se emitió para tratar de resolver la problemática que existe en torno a la gran cantidad de vehículos de procedencia extranjera que existen en el país, y que, por lo mismo, no tienen una legal estancia en el territorio nacional. En este sentido, el ordenamiento legal mencionado establece la posibilidad de inscribir y regularizar vehículos de procedencia extranjera, señalando qué tipo de vehículos pueden ser objeto de dicha regularización; por lo cual, en el artículo segundo se señala que serán objeto de inscripción los vehículos automotores cuyos modelos sean 1993 o anteriores y posteriores a 1970, que tengan las siguientes características: a) Los vehículos automotores, camionetas Pick-up y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros, así como los señalados en el anexo único de la ley; b) Los vehículos internados al país antes del 31 de octubre de 2000; y, c) Los destinados al servicio público de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 Kg. En el artículo tercero se determinó que no podían ser objeto de inscripción los vehículos siguientes: a) Los vehículos modelos 1994 en adelante, y los vehículos 1969 y anteriores; b) Los considerados de lujo y deportivos; c) Los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del año 2000; d) Los que se encuentren embargados a la fecha de expedición de la ley; e) Los tipos vivienda; y, f) Los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país. En el artículo quinto de dicha ley se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarían con las autoridades fiscales de las entidades federativas para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere la ley mencionada. En el artículo segundo transitorio de la ley en cuestión se determinó que los propietarios o poseedores de vehículos de procedencia extranjera que no fueran objeto de inscripción contarían con el plazo de 120 días naturales para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a las entidades federativas, caso en el cual el interesado quedaría liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación. Segundo. En fecha 6 de abril del año 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, el cual, al ser una disposición de carácter reglamentaria, establece con mayor claridad y a detalle el procedimiento a seguir para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, así como regula cuestiones ya establecidas en la norma que le da origen. Tercero. En el Estado de Zacatecas hubo una gran cantidad de vehículos de procedencia extranjera que no fueron objeto de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera a que se hizo mención, en razón de no reunir los requisitos que la misma establecía, por lo que sus propietarios, acogiéndose al beneficio contemplado en el artículo segundo transitorio de dicha ley, decidieron donarlos en beneficio del Gobierno del Estado de Zacatecas. Cuarto. En ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 86, 88 y 90 del Reglamento General del Congreso del Estado; y principalmente en ejercicio de las facultades legislativas concedidas a los Estados en los artículos 121, fracción II y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la finalidad, precisamente, de regular las donaciones de vehículos de procedencia extranjera que se hacían a favor del Gobierno del Estado en términos de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, el Congreso del Estado de Zacatecas emitió el Decreto Número 61, publicado en el suplemento al Periódico Oficial de fecha 18 de mayo de 2002, donde se ratificaba que el Ejecutivo del Estado tiene la facultad para realizar el emplacamiento y expedición de tarjetas de circulación de vehículos, en este caso, de aquellos que sean de procedencia extranjera y donados por particulares al Gobierno del Estado. En términos de lo dispuesto por el artículo primero de dicho decreto, se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas a otorgar en comodato a sus anteriores propietarios los vehículos de procedencia extranjera que en tiempo y forma fueron donados al propio Gobierno del Estado. En el artículo segundo de dicho decreto se ratificó la facultad del Ejecutivo Estatal para expedir y registrar las placas de circulación vehicular respecto de los vehículos de procedencia extranjera donados en su favor en términos de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Quinto. Con fundamento en la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y el Decreto Número 61 expedido por el Congreso del Estado de Zacatecas, el Gobierno del Estado recibió en donación varios vehículos, mismos que a su vez fueron otorgados en comodato a los particulares propietarios originales. Sexto. En fecha 4 de septiembre de 2002 el representante jurídico del gobierno y la Legislatura del Estado de Zacatecas fuimos notificados por parte del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas de la existencia de las determinaciones contenidas en el oficio número 351-A-1a. 0015 de fecha 12 de junio de 2002, emitido por el titular de la Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las determinaciones contenidas en el diverso 325-SAT-V-E-7209 de fecha 8 de abril de 2002, emitido por el administrador de Comercio Exterior 4, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y del criterio contenido en el oficio número 325-SAT-V-E-6914 de fecha 25 de marzo de 2002, emitido por el administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el primero de los oficios mencionados se pretende que el Decreto Número 61 emitido por el Congreso del Estado de Zacatecas a que nos hemos referido con anterioridad, es violatorio de diversas disposiciones legales, y se amenaza al Gobierno del Estado con la aplicación de diversas sanciones contempladas en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. El motivo que aducen las autoridades hacendarias en los diversos oficios enumerados para pretender aplicar las sanciones a que hace alusión, se basa en la supuesta prohibición que existe para el Gobierno del Estado de dar en comodato los vehículos de procedencia extranjera que fueron donados a su favor, pues las autoridades federales pretenden que ‘los vehículos objeto de donación a esa entidad federativa deberán ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados, o dados en comodato o usufructo a nadie, toda vez que éstos no se encuentran legalmente en el país’. Séptimo. En cumplimiento a los criterios contenidos en los oficios señalados en el punto precedente, el Poder Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha iniciado diversos procedimientos administrativos en materia aduanera en contra de comodatarios de vehículos de procedencia extranjera propiedad del Estado de Zacatecas, y que le fueran donados a esta entidad federal en términos de las disposiciones de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, procediendo a embargarlos precautoriamente. De estos actos, también el Gobierno del Estado y la legislatura tuvimos conocimiento el día 4 de septiembre de 2002. Se anexan al presente copias certificadas de las constancias de algunos de los procedimientos administrativos en materia aduanera instaurados en contra de comodatarios de vehículos propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas. Octavo. Los actos que se combaten resultan violatorios de diversos principios de competencia contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que vulneran la soberanía del Estado de Zacatecas, por lo cual nos vemos en la necesidad de promover el presente juicio de controversia constitucional."
QUINTO. La parte actora manifestó como conceptos de invalidez los siguientes:
"VII. Conceptos de invalidez. Primero. Los actos cuya invalidez se reclama son violatorios del principio de competencia constitucional establecido por el artículo 124; del principio lex rei sitae establecido en la fracción II del artículo 121; así como del principio de división de poderes contemplado por los numerales 49, 50, 73, fracción XXIX, inciso 1o., 80 y 89, fracción I, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en nuestro país, y atendiendo a la disposición contemplada por el artículo 124 de la Ley Fundamental, se establece un sistema de división de competencias entre la Federación y los Estados miembros. Dicho sistema divisorio se establece con base en el principio general de que aquellas facultades que no están concedidas expresamente a los funcionarios federales por la propia Carta Magna se entenderán que forman parte de las atribuciones de los Estados. Ello significa que nuestra Ley Fundamental establece un sistema de facultades expresas para la Federación y un sistema de facultades por excepción para los Estados miembros. Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de que la Federación mexicana nació de un pacto entre Estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades en el poder central y se reservan las restantes, por ello, en este sistema el Poder Federal está integrado por facultades expresas que se les restaron a los Estados, y cualquier duda que surja acerca de la competencia que pertenece a cada ámbito, debe resolverse a favor de los Estados miembros, no sólo porque éstos conservan la zona no definida, sino también porque la limitación de las facultades de la Federación, dentro de lo que expresamente le está conferido, es principio básico de este sistema. Facultades expresamente conferidas a los Poderes Federales y facultades limitadas de los mismos poderes, son expresiones equivalentes. En efecto, los Poderes Federales no son sino representantes con facultades de que enumeradamente están dotados; cualquier ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisión que implica un acto nulo; por tanto, el límite de las facultades está donde termina su expresa enumeración. Sígase de lo dicho que las facultades federales no pueden extenderse por analogía, por igualdad, ni por mayoría de razón a otros casos distintos de los expresamente previstos. La ampliación de la facultad así ejercida significaría en realidad o un contenido diverso en la facultad ya existente o la creación de una nueva facultad; en ambos casos el intérprete sustituiría indebidamente al legislador Constituyente, que es el único que puede investir de facultades a los Poderes Federales. Tenemos pues, en nuestro país, un sistema estricto que recluye a los Poderes Federales dentro de una zona perfectamente ceñida. Ahora bien, no hay que desconocer que de conformidad con nuestro sistema de competencias constitucionales, existe otra entidad que es necesario considerar para definir la competencia entre Federación y Estados, nos referimos al ámbito de atribuciones del Municipio. Entonces, tenemos que el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se integra básicamente por las facultades conferidas expresamente a la Federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los Municipios y por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a las entidades federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios. En este sentido, véase la siguiente tesis: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.’ (se transcribe). Hasta aquí comentaremos las disposiciones que establecen la regla general para hacer la distribución de competencias entre la Federación y las entidades que forman parte de la unión. Por otro lado, el artículo 121, fracción II, de la Carta Magna establece el principio fundamental de lex rei sitae. Dicho numeral literalmente dispone: ‘Artículo 121. ...’ (se transcribe). Ello sencillamente significa que la regulación jurídica que tenga relación con cualquier bien mueble o inmueble pertenece a las leyes locales. Es decir, es a las Legislaturas de los Estados a quienes corresponde emitir la regulación jurídica sobre los diversos derechos y obligaciones que nacen para los particulares y que tengan relación con bienes muebles o inmuebles que se ubiquen en el territorio del Estado. Hay que puntualizar que en el caso de las leyes que regulan la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, también puede corresponder su emisión al Congreso de la Unión, pero sólo en aquellas materias que la Constitución Política le tiene reservadas como de su exclusiva competencia, por ejemplo, en el caso de la propiedad agraria, pues compete al Congreso Federal emitir la reglamentación sobre la misma. Pero en el caso de las materias que no están reservadas a la Federación, competerá a los Estados el regular dicho ámbito, todo ello en estricto acatamiento a la regla de competencia constitucional establecida por el artículo 124 de la Ley Fundamental. En las facultades para regular los aspectos relativos a la propiedad se incluye todo lo que se refiere a la imposición de modalidades, pues dichas modalidades constituyen limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, pues repercuten en cuanto a los derechos de usar, gozar y disponer, y necesariamente deben estar reguladas por las leyes locales o federales en sus respectivos ámbitos de competencia. De ahí que compete a los Estados miembros el establecer las limitaciones al derecho de propiedad (que se conoce como modalidades) respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio y cuya regulación legal no competa al Congreso de la Unión. Esto es, si bien es cierto que el Congreso de la Unión está facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada a través de las leyes que expida, también lo es que dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el interés público que legitime constitucionalmente la imposición de la modalidad incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los Congresos de los Estados en virtud del principio contenido en el artículo 124 de la Constitución Federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de éstos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Así, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible, la imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ahí que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las Legislaturas Locales son las competentes para dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el interés público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal contempladas por el artículo 73 de la Ley Fundamental. Para apoyar este criterio citaremos la siguiente tesis pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). De lo hasta ahora expuesto tenemos que, haciendo una interpretación conjunta de los artículos 121, fracción II y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia de las Legislaturas Locales el emitir las normas generales que regulen el uso, goce y disponibilidad de todos los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio siempre que el interés público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal contempladas por el artículo 73 de la Carga Magna. Y es en este contexto que las Legislaturas de los Estados tienen competencia exclusiva para imponer las modalidades que dicte el interés público en relación con los bienes que se ubican en su territorio. Ello es de esta manera debido a que es evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible, y la imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 50, 73, fracción XXIX, inciso 1o., 80 y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país existe un sistema de división de poderes que tiene por objeto lograr un equilibrio entre ellos para así evitar arbitrariedades. De esta manera, este sistema de división de poderes distribuye determinadas tareas entre los tres que existen. Así, el Poder Legislativo tiene la función primordial de crear leyes para regular las situaciones generales, abstractas e impersonales. Al Poder Ejecutivo le corresponde, principalmente, la aplicación de dichas leyes en el ámbito de las esferas administrativa y de gobierno propias de su competencia. Y al Poder Judicial corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional, entendida ésta como la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, determinada situación jurídica controvertida, aplicando el derecho al caso concreto. Acordes con las disposiciones contenidas en el artículo 27 constitucional y todos los numerales precedentemente señalados, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, sea este federal o estatal, el imponer modalidades a la propiedad privada. Esto significa que es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo regular todos los aspectos relativos a la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, entre los que se incluye la imposición de restricciones a los derechos de uso, goce y disfrute en que consiste dicho derecho. Es decir, como el artículo 27 constitucional establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, y como la regulación del derecho de propiedad está contenida en los Códigos Civiles federales y locales, es claro que de acuerdo con el texto constitucional, son exclusivamente los legisladores, ya federal o ya locales, los que pueden imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Entonces, sólo el Poder Legislativo puede regular las modalidades que se establecen al derecho de propiedad, pudiendo las Legislaturas Locales, en principio, establecer modalidades a la propiedad privada dentro de sus esferas de competencia, con la sola limitación de no violar ninguna disposición constitucional, ni federal cuando haya concurrencia de competencias. En este sentido: ‘PLANIFICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. MODALIDADES A LA PROPIEDAD.’ (se transcribe). Haciendo una síntesis de todo lo hasta ahora expuesto, podemos establecer que es competencia exclusiva del Poder Legislativo de los Estados el imponer las modalidades que dicte el interés público respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio y que no sean materia de regulación por parte del Congreso de la Unión. No obstante estas claras disposiciones constitucionales, el Poder Ejecutivo Federal, en los actos que ahora se combaten, pretende imponer modalidades al derecho de propiedad que el Gobierno del Estado de Zacatecas tiene respecto de los vehículos de procedencia extranjera que le fueron donados por particulares en términos de las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera. En efecto, de una transcripción del contenido de dichos actos se pretende limitar el derecho de usar, gozar y disponer de dichos vehículos que pertenecen en propiedad al gobierno, pues literalmente se establece que: ‘los vehículos objeto de donación a esa entidad federativa deberán ser destinados estrictamente al ejercicio de las funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados, no pudiendo ser enajenados, donados, o dados en comodato o usufructo a nadie’. Esta determinación de las autoridades federales demandadas impone una modalidad al derecho de propiedad no contemplada por ninguna ley federal o local, pues implica una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la modalidad impuesta trae como consecuencia una limitación o transformación del derecho de propiedad sobre los automotores donados al Estado. Esto es, la modalidad a la propiedad privada se aclara con mayor precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que produce en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la modalidad que se está imponiendo a la propiedad del Gobierno del Estado se traducen en la extinción parcial de los atributos del propietario, ya que no se sigue gozando en virtud de las limitaciones estatuidas de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho, que son las de usar, gozar y disponer del bien material del derecho de propiedad. Lo anterior se deriva del propio concepto de ‘modalidad’, pues por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una disposición que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho y que sus efectos consisten en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando en virtud de las limitaciones estatuidas de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho. De lo anterior puede estimarse que la imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales inherentes y consustanciales a ella, como lo son el derecho a usar la cosa, el de disfrutar de la misma y el de disponer de ésta, de manera que sólo a través de estos elementos puede existir la posibilidad de que se impongan las referidas modalidades. Para mayor claridad en cuanto al concepto de ‘modalidad’ se citará la siguiente tesis: ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. SU IMPOSICIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTÁ REFERIDA A LOS DERECHOS REALES QUE SE TENGAN SOBRE LA COSA O EL BIEN.’ (se transcribe). Es en este orden de ideas que los actos combatidos resultan inconstitucionales por varias razones que enseguida se expondrán. En primer lugar, dichos actos resultan violatorios del sistema de competencia constitucional para regular el derecho de propiedad establecido por los artículos 121, fracción II y 124 de la Constitución, pues como ya expusimos, corresponde exclusivamente a la Legislatura del Estado de Zacatecas el emitir las normas generales que regulen el uso, goce y disponibilidad de todos los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen en su territorio, siempre que el interés público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión; y es en este contexto que la Legislatura de este Estado tiene competencia exclusiva para imponer las modalidades que dicte el interés público en relación con los bienes que se ubican en su territorio y que son de su propiedad, y entre los que se encuentran aquellos que le fueron donados por particulares en el contexto de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Debido a ello, las autoridades ejecutivas federales ahora demandadas carecen de competencia para imponer modalidades a la propiedad exclusiva del Gobierno del Estado de Zacatecas. Cabe acotar y señalar que el Congreso de la Unión, en la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, y seguramente en acatamiento de las disposiciones constitucionales aludidas, no impuso ninguna modalidad al derecho de propiedad de los Estados sobre los vehículos de procedencia extranjera que recibieran en donación. Por otro lado, dichos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17911-50520ab4/controversia-constitucional-es-improcedente-contra-los-actos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS PREVÉ UNA VÍA LEGAL APTA PARA SOLUCIONAR UNA POSIBLE CONTRAVEN (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE LA PROMOVIDA POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE SU MANDATO, SI NO FUE P (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2002, POR SÍ SOLO NO VIO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. CONTROVERSIA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (P./J. 10/99)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (155)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis