DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2002, POR SÍ SOLO NO VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA QUE SÓLO REGULA LA DEROGACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SE OPONGAN A LA NORMA, LO CUAL CONSTITUYE UNA CONSECUENCIA NATURAL DE SU ENTRADA EN VIGOR. DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL EL 9 DE JULIO DE 2002, ES CONSTITUCIONAL AL FACULTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE ESA ENTIDAD PARA AUTORIZAR LA DIVISIÓN, SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS, PUES DICHA ATRIBUCIÓN ESTÁ IMPLÍCITA EN LAS QUE REGULA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. DEBEN DETERMINAR LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RELATIVA CUANDO DERIVA DE LA OMISIÓN DE LAS LEGISLATURAS DE PRECISAR QUÉ NORMAS SON IMPERATIVAS A LOS MUNICIPIOS Y CUÁLES PUEDEN APLICAR SUPLETORIAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2002. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: MARIANA MUREDDU GILABERT, CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil cinco.
Para resolver los autos de la controversia constitucional número 53/2002 promovida por el Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el tres de septiembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ernesto Piña Cárdenas y José Homero González Reyes, en su carácter de síndicos municipales del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional en contra de los siguientes poderes y autoridades:
"a) El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Jardín Hidalgo número 19 y/o Vallejo número 100, colonia Centro, en San Luis Potosí, S.L.P., como autoridad emisora. b) El C. Lic. Fernando Silva Nieto, gobernador constitucional de San Luis Potosí, y el C. Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno, ambos con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado ubicado en Jardín Hidalgo número 9, Centro, San Luis Potosí, S.L.P., como autoridades sancionadoras y ordenadoras de la publicación correspondiente. c) El C. Director del Periódico Oficial del Estado, como responsable de la publicación. d) El C. Procurador general de la República, para los efectos establecidos en la fracción IV del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional. e) Terceros interesados. No hay en el presente asunto."
De las autoridades anteriores, el Municipio reclama la expedición y promulgación de la siguiente norma:
"IV. Norma general combatida. La contenida en el Decreto 352 que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día 9 de julio del 2002, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, concretamente por lo que hace a los artículos 19, fracción XXI, y 185, en relación con el artículo segundo transitorio de la misma."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. En el Periódico Oficial correspondiente al día 7 de octubre del año 2000, en edición extraordinaria, se publicó el Decreto Número 577 emitido por la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, por virtud del cual se promulgó y dio vigencia a la denominada Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, legislación ésta que según su propio texto tiene por objeto establecer las normas que permitan ordenar los asentamientos humanos en el Estado de San Luis Potosí, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el Estado (artículo 1o.). 2. Dentro del articulado de dicha ley, resulta relevante para este asunto el contenido de los artículos 19, fracción XXI y 185, que de acuerdo al texto original, disponían: ‘Artículo 19. Los Ayuntamientos de la entidad, tendrán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones las atribuciones siguientes: ... XXI. Autorizar de acuerdo con los planes y licencias correspondientes la relotificación, autorización para la venta de lotes, cambio de densidad en el uso habitacional, relotificación y fraccionamientos de predios e igualmente expedir las demás autorizaciones que incidan en este último, y la subdivisión, y fusión predial, así como la lotificación predial en áreas privativas y comunes para la construcción de condominios horizontales, verticales y mixtos’. ‘Artículo 185. Una vez revisada la documentación y después de haberse hecho el análisis correspondiente, se someterá a acuerdo de Cabildo para que dictamine en lo conducente.’. 3. Es el caso, que por Decreto 352, la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de julio del presente año fueron reformados diversos artículos de la mencionada Ley de Desarrollo Urbano del Estado, de entre los cuales se encuentran los antes transcritos 19, fracción XXI y 185, para quedar como sigue: ‘Artículo 19. Los Ayuntamientos de la entidad, tendrán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones las atribuciones siguientes: ... XXI. Autorizar de acuerdo con la presente ley y su reglamento, la lotificación, relotificación, construcción, (sic) constitución de regímenes de propiedad en condominio, división, subdivisión y fusión de predios, cambio de intensidad en el uso habitacional y cambio de uso de suelo;’. ‘Artículo 185. Una vez revisada la documentación y después de haberse hecho el análisis correspondiente, el órgano o dirección municipal competente dictaminará lo conducente, remitiendo una copia de la autorización al Cabildo para su conocimiento.’. Luego, el artículo segundo transitorio de este decreto, textualmente dispone: ‘Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos legales que se opongan al presente decreto.’. 4. Dichas reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado resultan ser contrarias al espíritu y contenido de la Constitución Federal de la República y a la particular del Estado, en atención a que mediante una ley inconducente, se invade la esfera jurídica de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pretende inhibir la facultad autoregulatoria de los mismos. ..."
TERCERO. El Ayuntamiento actor señaló como violado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el siguiente concepto de invalidez:
"Único. De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas, queda claro que los Municipios de los Estados tienen a su cargo el cumplimiento de diversas obligaciones, de entre las cuales se han subrayado las que atienden a la zonificación, uso de suelo, constitución y aprobación de fraccionamientos, etcétera, lo cual como ya se ha dicho, no parece ofrecer punto de discusión. Sin embargo, lo que no parece muy claro para las autoridades demandadas, es que para el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales y legales por parte de los Municipios, a éstos les corresponde regular su funcionamiento interno, con la sola limitante de no pugnar con las leyes normativas que para cada materia establezcan las Legislaturas Federal y Estatales, según al respecto se pronuncia el artículo 115 de nuestra Constitución Federal. Es decir, que si bien los Municipios están obligados a respetar y cumplir con la normatividad que para cada materia establezcan las legislaturas, esto no quiere decir que tales legislaturas se encuentren facultadas para intervenir en el funcionamiento y organización interna de los Municipios, porque éstos se encuentran fundamentalmente gobernados a través de sus Ayuntamientos. De esta forma se pronuncia también expresamente el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí -reconociendo precisamente el mandato constitucional-, cuando reitera que ‘El Municipio Libre es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y a esta ley.’. Esta autonomía y el mando interior de los Ayuntamientos resulta incontrovertible, ya que sostener lo contrario sería tanto como contravenir la esencia municipal, que constitucionalmente se basa en el Municipio Libre, que no puede ser entendida mas que a través de la plena autonomía de su régimen interior. En efecto, es un hecho que principalmente a partir de las reformas constitucionales al artículo 115, del 17 de junio de 1999, el Estado mexicano puntualizó, enfatizó y concluyó que la esencia del Municipio es la de reconocerle un carácter ‘gubernamental’, con identificación clara de sus competencias exclusivas, es decir, en contraposición a considerarlo como una unidad administrativa más de los Gobiernos Federal o Estatal. Se aclara así que el Municipio tiene plena facultad de gobernar a través de su Ayuntamiento en las materias que le son propias, de donde le deviene la calidad de ‘libre o autónomo’. En este sentido, es de hacer notar cómo la mencionada reforma constitucional modificó la fracción I del artículo 115 constitucional, para cambiar el vocablo ‘administrar’ por el de ‘gobernar’, que implica reconocer la voluntad del Constituyente de reconocer expresamente al Municipio como un ámbito de gobierno. De lo anterior derivó también la disposición que supone la exclusión, no sólo de autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, sino de cualquier otro ente, organismo o institución que creado por los poderes federales o estatales sin base constitucional, pretenda ejercer funciones municipales. La única limitante la establece también esta fracción, que define la estructura básica de integración de los Ayuntamientos, a partir de un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que señalen las leyes estatales. Y así, se le asignaron diversas funciones específicas también contenidas en el artículo 115 constitucional, concretamente en su fracción III y se les confirió la facultad de expedir sus bandos de policía y buen gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones (fracción II). Este fortalecimiento municipal conlleva el sentido de considerar al Municipio como la célula básica de organización política, social, territorial y administrativa en nuestro país, que se traduce en otorgar una competencia reglamentaria exclusiva al Municipio en los aspectos fundamentales de su desarrollo. De esta manera, se modifica también el concepto de bases normativas por el de leyes estatales en materia municipal conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno, así como la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de los distintos reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sentado lo anterior, sostenemos que la reforma operada a los artículos 19, fracción XXI y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, invaden la esfera concedida constitucionalmente al Municipio que representamos, en la medida en que pretende introducirse oficiosamente en una facultad reservada a éste, por parte del Congreso Estatal. En efecto, si bien ha quedado clara la facultad constitucional de autorregulación de los Municipios, entendiendo por ello la capacidad jurídica de reglamentar su régimen interior en función de sus obligaciones constitucionales, lo cierto es que el Congreso del Estado de San Luis Potosí decide -a través de una ley especial de otra índole- establecer que el Cabildo del Municipio de San Luis Potosí no sea a quien orgánicamente le corresponda la aprobación de fraccionamientos, en la medida en que: a) Se extraen indebidamente los vocablos ‘fraccionamiento de predios’ en la redacción de la fracción XXI del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, pretendiendo con ello extraer de los atributos concedidos a los Ayuntamientos esta facultad. b) Al reformarse el contenido del artículo 185 de la misma Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que si bien antes de la reforma establecía claramente la facultad del Cabildo municipal para la aprobación de fraccionamientos, ahora pretende que esta facultad la ejerza algún otro ‘órgano o dirección competente’, obviamente distinto al Cabildo municipal, y pretendiendo que éste sólo tenga una ‘facultad de conocimiento.’. c). Luego, al pretenderse a través del artículo segundo transitorio, que se deroguen todas las disposiciones que se opongan a estas reformas a la ley de desarrollo urbano, podría pensarse que cualquier otro dispositivo legal que confiera facultades al Cabildo municipal para aprobar fraccionamientos quedaría automáticamente derogado. Con lo anterior, se ataca por lo más profundo a la autonomía municipal al tiempo en que se le pretende disminuir la capacidad decisoria del Ayuntamiento (Cabildo ), que es en todo caso la autoridad máxima del Gobierno Municipal, según al respecto se establece en la fracción I del artículo 115 constitucional. Queda también evidenciado de los incisos anteriores, que el Congreso Estatal se excede en sus funciones al pretender establecer normas que regulen la manera como internamente deben los Ayuntamientos cumplir con la obligación municipal de aprobar fraccionamientos, lo que constituye claramente un ataque a la autonomía municipal, constitucionalmente protegida, al tiempo en que contradice a la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, que en su artículo 12 reconoce la soberanía municipal del Ayuntamiento, al establecer textualmente: ‘Artículo 12. En cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. La competencia que otorga al Gobierno Municipal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la presente ley y demás ordenamientos, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva’. También se transgrede la mencionada Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, concretamente en sus artículos 29 y 31 (transcritos líneas arriba), porque de él se deriva la reiterada facultad de autoregulación interna del Municipio. Resulta también de particular importancia observar la contradicción que estas reformas conllevan con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, concretamente en sus fracciones I, II, VIII, IX, XXVI, XXX y XXXV, toda vez que en él se establece textualmente: ‘Artículo 70. El presidente municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el bando de policía y buen gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las resoluciones del Ayuntamiento que estén apegadas a derecho; II. Promulgar y ordenar conforme lo establece la presente ley, la publicación de los reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por el Cabildo; ... VIII. Vigilar que las dependencias administrativas municipales se integren y funcionen legalmente, atendiendo las actividades que les están encomendadas con la eficiencia requerida; ... IX. Coordinar las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, proponiendo al Ayuntamiento la creación de organismos especiales para la prestación o la concesión de dichos servicios cuando así lo estime conveniente; ... XXVI. Determinar el trámite de los asuntos, oficios y solicitudes en general que se presenten al Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas las peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como ordenar se notifiquen los acuerdos a los interesados; ... XXX. Realizar el control y vigilancia en materia de fraccionamientos, sobre construcción de obras públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, planificación y alineamiento de edificaciones y calles; ... XXXV. Expedir, previa aprobación del Cabildo en los términos de esta ley, licencias de uso de suelo para dividir o subdividir inmuebles y para fraccionar en los términos de la ley de la materia.’. Entonces, si conforme a la descrita fracción XXXV el presidente municipal sólo está facultado para expedir licencias de fraccionamiento previa aprobación del Cabildo municipal, resulta contradictoria la disposición reformada a la fracción XXI del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que claramente pretende excluir al Cabildo de esa atribución, sucediendo lo mismo con la reforma al numeral 185 de esta Ley de Desarrollo Urbano, que extrae la facultad aprobatoria de fraccionamientos para otorgar al Cabildo municipal sólo una participación de mero conocimiento. La conclusión necesaria que se desprende de lo argumentado hasta ahora, es que las multicitadas reformas a los artículos 19 y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado que aquí se combaten, no sólo intervienen positivamente en esferas que no son de su competencia, como es el introducirse en el ámbito de regulación interna del Ayuntamiento, sino que además, abiertamente contradicen leyes estatales positivas que norman la estructura orgánica del Municipio. Y esto además, de infiltrarse -también indebidamente- en una materia que no es de su competencia, porque la Ley de Desarrollo Urbano del Estado no tiene como explícita función ni objeto la de establecer la materia orgánica municipal, según se lee de su propio artículo primero. Y si a todo esto se le suma que conforme al artículo segundo transitorio de las reformas que aquí se impugnan, se derogan todas las disposiciones legales que contravengan a estas modificaciones, el resultado podría entenderse que se tendrían que entender derogadas todas y cada una de las disposiciones que otorgan al Cabildo municipal la facultad de aprobar fraccionamientos, implicándose en consecuencia una derogación automática a la fracción XXXV del artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal, así como a todas aquellas disposiciones que se han comentado que conceden a los Ayuntamientos su capacidad autoregulatoria en materia de aprobación de fraccionamientos, porque irían en contra de las reformas apuntadas. Este es el caso, por ejemplo, de los artículos relativos del Reglamento Interior del Municipio Libre de San Luis Potosí, que ya se han transcrito líneas arriba, que en materia de fraccionamientos sólo concede a la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano del Municipio de la capital del Estado, la facultad de vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, uso de suelo, obras de construcción y otros análogos, de donde se desprende que ésta carece de facultades para aprobar fraccionamientos, precisamente porque tal facultad había sido encomendada desde la Constitución y hasta las leyes municipales, al Cabildo municipal sin duda alguna. Entonces, si bien no se acepta que tales derogaciones se hubiesen producido de facto sólo por efecto de las reformas que aquí se combaten -porque claramente la Ley Orgánica Municipal prevalece sobre la de desarrollo urbano, al ser ley conducente para el establecimiento de la función orgánica municipal- lo cierto es que así podría confundirse y entenderse por la ciudadanía en general, lo que desde luego produce otro desafortunado efecto, que es el de crear incertidumbre jurídica a los gobernados, lo cual constituye también violación constitucional. Por tanto, si con anterioridad a las reformas combatidas, los artículos 19 y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano guardaban absoluta congruencia con las exigencias constitucionales y legales antes apuntadas, al establecer con toda claridad que la aprobación de fraccionamientos correspondía al Cabildo municipal (Ayuntamiento), resulta que las reformas operadas a estas disposiciones sólo vienen a amenazar, confundir y contradecir a todo el sistema legal conducente, al tiempo en que pretenden claramente entrometerse en las facultades autoregulatorias de los Municipios que se ejercen a través de sus Ayuntamientos. Y si bien en las reformas combatidas no se establece competencia específica a ninguna otra autoridad concreta para la aprobación de fraccionamientos, lo cierto es que define claramente que el Cabildo municipal sólo tendrá facultad para ‘conocer’ de las aprobaciones que obviamente otras autoridades les informe. Y si se asume en defensa de esta acción de controversia constitucional que la facultad de definir qué autoridad en específico deba tener la facultad de aprobar fraccionamientos en San Luis Potosí corresponde al Cabildo municipal, esto no es óbice para que dejen de considerarse como inconstitucionales las combatidas reformas, ya que no se desprende de su texto que el Cabildo municipal intervenga en la aprobación de fraccionamientos, sino que por el contrario, se desprende claramente que el Cabildo recibirá sólo para su conocimiento las aprobaciones que en este sentido se emitan. En este tenor, si bien resulta defectuosa y ambigua la cuestión debatida, si se declaran con precisión los efectos concretos y específicos en los cuales el Cabildo municipal puede intervenir en la aprobación de fraccionamientos, estableciéndose que su única intervención será la de y para conocimiento, lo que no deja duda de que hasta ahí llegarían las facultades del Cabildo municipal en esta materia. Esta afirmación, en concreto, es la que patentiza de mejor manera la intromisión del Congreso Estatal en la autorregulación interna de los Municipios. Y si a esto se suma que el artículo 19, en su fracción XXI (reformado) extrae abiertamente la atribución del Cabildo municipal en lo relativo a la aprobación de fraccionamientos, no queda duda alguna de que en esta materia el Cabildo (Ayuntamiento) no podría ya intervenir sino sola y exclusivamente para conocer de las aprobaciones de fraccionamientos que se le presenten. De esta manera, la única forma de entender las cosas -conforme a las reformas que se impugnan- sería que el Cabildo municipal tiene la facultad de definir qué autoridad en específico tendría la competencia para aprobar fraccionamientos, siempre y cuando no fuera él mismo el que se autodesignara, porque de cualquier manera sus facultades se limitarían al conocimiento de las aprobaciones que se emitieran, pero nunca las de autorizar en forma directa fraccionamientos, porque tal facultad ha sido específicamente extraída por las reformas que aquí se combaten. Y así las cosas, el Ayuntamiento tendría obligaciones constitucionales y legales (en materia de fraccionamientos) que simplemente no puede cumplir sino sólo conocer. Y si se quiere, estirando al máximo las cosas, tendría que aceptarse que el Cabildo municipal tuviera por cumplidas esas obligaciones con el solo y único acto de designar a quien haga el trabajo y de conocer de sus resultados. Violándose con ello la exigencia constitucional de que el Ayuntamiento ejerza el Gobierno Municipal de la manera exclusiva, a que se contrae la fracción I del artículo 115, por la carencia de facultades devenida de las reformas que aquí se impugnan. Es por esto, por lo que se ejerce la presente controversia constitucional, por lo que se solicita a esta H. Suprema Corte de Justicia declare que las modificaciones operadas a la fracción XXI del artículo 19 y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, son abiertamente inconstitucionales, por invadir la esfera propia y exclusiva del Ayuntamiento de la capital del Estado y decrete su invalidez y, por tanto, su total inoperancia y vigencia."
CUARTO. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y remitirlo al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como instructor.
Mediante proveído de la misma fecha que el anterior, el Ministro instructor tuvo por presentados a los síndicos municipales con la personalidad que ostentan, promoviendo la controversia constitucional; admitió la demanda y reconoció el carácter de demandados a las siguientes autoridades del Estado de San Luis Potosí: a) al Congreso, b) al gobernador constitucional y c) al secretario general de Gobierno; no así al director del Periódico Oficial del Estado por tratarse de una autoridad subordinada jerárquicamente al secretario general de Gobierno; ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera; además con fundamento en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Ministro instructor a recabar pruebas para mejor proveer, requirió al presidente del Consejo Electoral del Estado de San Luis Potosí para que remitiera las constancias de mayoría y validez otorgadas a los promoventes que los acreditara como síndicos municipales y también requirió al presidente del Congreso Estatal para que, al contestar la demanda, remitiera el ejemplar del Periódico Oficial de nueve de julio de dos mil dos, así como copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
QUINTO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta de octubre de dos mil dos, el diputado Malaquías Guerra Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en representación del Congreso del Estado, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, anexando copias certificadas de diversas pruebas documentales, entre ellas las relativas a los antecedentes del proceso legislativo de la norma impugnada que fueron requeridas. Asimismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno, en ausencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado y por su propio derecho, por escritos de la misma fecha que el anterior, dio contestación a la demanda de controversia constitucional.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, adujo en su contestación a la demanda lo siguiente:
"Razones y fundamentos por los que se sostiene la validez de las normas controvertidas. Primero. Como las acciones de controversia constitucional, por su propia naturaleza, sólo pueden tener por materia las violaciones a la Constitución Federal que se aleguen, en el caso el examen de las normas impugnadas únicamente debe hacerse a la luz de lo previsto en las disposiciones constitucionales que se invocan en la demanda, esto es, las contenidas en las fracciones I, primer párrafo; II, segundo párrafo y V del artículo 115 constitucional. Pues bien, es cierto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, constitucional, los Municipios se encuentran facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia; intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, tal y como lo destaca el Ayuntamiento promovente. Pero también es cierto que dicho precepto constitucional no otorga a los Municipios de manera expresa y explícita la facultad de autorizar fraccionamientos urbanos, y esto tiene relevancia para la cuestión que nos ocupa, porque al ser esto así, las reformas a los artículos 19, fracción XXI y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano, no resultan contrarias a lo dispuesto por esa fracción V del citado artículo 115, pues aun cuando de acuerdo con las mismas ya no corresponderá a los Ayuntamientos autorizar los fraccionamientos, sino a la autoridad que ellos designen, el hecho relevante es que dichas reformas no están privando a tales órganos de gobierno de ninguna atribución que aquel precepto constitucional les haya otorgado, lo que desde luego es lo más importante a la hora de examinar la validez de tales reformas. Y como además ningún otro precepto de la Constitución Federal le confiere de manera expresa a los Municipios esa facultad de autorizar fraccionamientos urbanos, es claro que, en contra de lo que sostiene el demandante, las reformas a los mencionados artículos 19, fracción XXI y 185 de la citada ley, tampoco son contrarias a lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, constitucional. En efecto, es verdad que de acuerdo con la mencionada fracción I de ese artículo 115, la competencia que la propia Constitución Federal otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva; sin embargo, como no es esa Ley Fundamental la que le otorga al Gobierno Municipal la competencia para autorizar fraccionamientos, tal facultad no corresponde ejercerla de manera exclusiva a los Ayuntamientos en términos de esa fracción I del citado artículo 115, sino que bien puede quedar a cargo de algún otro órgano inferior de gobierno. Consecuentemente, si bien es cierto que con motivo de las reformas a los artículos 19, fracción XXI y 185 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, no corresponde a los Ayuntamientos la facultad de autorizar fraccionamientos, sino al órgano o dirección municipal que éstos designen en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19161-9abb6cb7/desarrollo-urbano-de-san-luis-potosi-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AUTORIDADES MUNICIPALES. NO ESTAN OBLIGADAS A ABSOLVER PERSONALMENTE POSICIONES EN JUICIOS SEGUIDOS CONTRA ELLAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). (s/clave)
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