CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE LA PROMOVIDA POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE SU MANDATO, SI NO FUE PROMOVIDA POR EL SÍNDICO, POR SER QUIEN CUENTA CON FACULTADES PARA REPRESENTARLO, TODA VEZ QUE TAL ACTO AFECTA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2002. MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: ISMAEL MANCERA PATIÑO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de mayo de dos mil tres.
Vistos para resolver los autos de la controversia constitucional número 47/2002, promovida por el Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Estado de Oaxaca; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el día nueve de agosto de dos mil dos ante la Administración de Correos Número Uno, en el Estado de Oaxaca, con el registro 2749, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día catorce siguiente ... ostentándose como presidente municipal y representante legal del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, promovió juicio de controversia constitucional en contra de la autoridad del Estado de Oaxaca y por el acto que enseguida se precisa:
"II. Poder demandado: Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, representado por la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca. ... IV. Acto cuya invalidez se demanda: Decreto publicado el día 29 de junio de 2002 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emitido por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, que refiere haberse dictado el 20 de junio de 2002 y por medio del cual, sin fundamento alguno, se decreta la suspensión del mandato constitucional a los ... presidente municipal y regidor de hacienda, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca."
SEGUNDO. La parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 2o., apartado A, fracción III, 8o., 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y narró como antecedentes de la demanda, en lo conducente, los que enseguida se transcriben:
"1. En seguimiento a la convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral, y en seguimiento a los usos y costumbres ancestrales de nuestra comunidad, que se fundamentan en la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Federal; el artículo 16 y el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Local; los artículos del 109 al 125 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; el artículo 10 de la ley reglamentaria del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, denominada ‘Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca’; con fecha 14 de octubre de 2001 se realizó la asamblea comunitaria para elegir a las autoridades municipales del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, para ejercer funciones durante el trienio 2002-2004, donde el ahora actor fue electo como presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, como consta en el anexo 1 de este documento. 2. Con fecha 1o. de enero de 2002, los integrantes del Ayuntamiento rendimos la protesta de ley y tomamos posesión de nuestros respectivos cargos. 3. Sin embargo, los concejales electos como suplentes, asesorados por militantes del Partido Revolucionario Institucional, crearon un Ayuntamiento paralelo encabezándolo el presidente municipal suplente ... auxiliándose de otros concejales suplentes como ... quienes con fecha 22 de abril del año en curso presentaron ante el H. Congreso del Estado de Oaxaca una solicitud de revocación del mandato para el presidente municipal y para el regidor de hacienda, argumentando puras conjeturas que en ningún momento han probado, pero que, sin embargo, fueron consideradas como válidas en el procedimiento de revocación del mandato que se inició en contra del presidente municipal y regidor de hacienda, hasta ese momento en funciones. 4. Con la misma fecha 22 de abril del año en curso se solicitó la intervención del C. Gobernador del Estado de Oaxaca para que resolviera la situación que se estaba presentando, sin embargo, no hubo respuesta alguna. 5. Con el objeto de desvirtuar los argumentos de quienes solicitaron la revocación del mandato de los concejales mencionados y para demostrar que el Congreso Estatal no posee facultades para revocar el mandato a dichos concejales que han sido elegidos por el sistema de usos y costumbres, con fecha 7 de mayo de 2002, en ejercicio de mi derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, mediante escrito dirigido al H. Congreso del Estado y suscrito por el ahora actor, solicité se me permitiera la intervención legal en el procedimiento que la LVIII Legislatura del Congreso había iniciado. Sin embargo, hasta esta fecha no ha sido atendida mi petición a mi derecho de audiencia, como lo demuestro en la copia simple del expediente del amparo de la Justicia Federal solicitado, radicado en el Segundo Juzgado de Distrito con el número 706/2002, del cual solicito a usted gire atento requerimiento para que se haga llegar copia certificada del mismo y se integre al expediente. 6. Con fecha 15 de mayo, sin haber formalizado el procedimiento de revocación del mandato de los concejales, funcionarios del Gobierno del Estado me señalaron que debía dejar de realizar funciones como presidente municipal, pues ya se había nombrado a otras personas para sustituirme, procediendo el Ejecutivo Estatal a nombrar a los respectivos suplentes a través de la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, procediendo a expedirles sus credenciales que los acreditaban como autoridades municipales de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. 7. Sin haberse emitido declaración alguna por parte del Congreso del Estado para suspender o revocar el mandato de quienes veníamos fungiendo como presidente municipal y regidor de hacienda, el Ayuntamiento paralelo ya ejercía funciones, como lo demuestro con los citatorios girados a las ciudadanas ... quienes fueron citados por el presidente municipal usurpador de funciones y que, como lo demuestro con la copia certificada anexa, también contaba con un sello autorizado por la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado. 8. A pesar de que en ningún momento reconocimos la calidad de autoridades municipales a los usurpadores, que ya se les habían expedido sus credenciales y en nuestra calidad de presidente municipal y regidor de hacienda del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, con fecha 22 de mayo de 2002 nos presentamos en el Departamento de Pagos de Participaciones Municipales, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el efecto de recibir las participaciones quincenales asignadas al Municipio de Magdalena Apasco, pero con gran sorpresa recibimos la noticia del encargado de que dichas participaciones ya se habían entregado a los ... nombrados arbitrariamente por el Ejecutivo Estatal como presidente y regidor de hacienda, respectivamente, del Ayuntamiento en comento. Estos hechos procedimos a denunciarlos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, pero hasta esta fecha no se nos ha reportado avance alguno, como consta con la copia de la denuncia presentada anexa al presente. De estos hechos también procedimos a denunciarlos ante el procurador general de la República a través de la Delegación Estatal Oaxaca; así como también se procedió a hacerlo del conocimiento del ... secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a través del Servicio Postal Mexicano. 9. Es hasta el día 29 de junio del año en curso cuando se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto emitido por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, donde se establece que fue emitido con fecha 20 de junio del mismo año y por medio del cual se suspende del mandato al presidente municipal y al regidor de hacienda; decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 29 del mismo mes y año, del cual anexo un ejemplar en original y donde se notan las incongruencias jurídicas y violación a los derechos constitucionales consagrados para las comunidades y pueblos indígenas. 10. Con fecha 18 de julio del año en curso, solicité al ... presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se sirviera entregarnos copia del dictamen de comisión donde se fundamentaron para emitir el decreto, como consta en la copia donde obra el sello de recibido que se anexa al presente, pero hasta esta fecha no ha sido atendida nuestra petición. 11. Con fecha 29 de julio del año actual, fue recibida en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado la solicitud dirigida a su titular, la ... para que se sirviera expedirnos copia certificada del acta de sesión ordinaria donde se decretó la suspensión del mandato al presidente municipal y regidor de hacienda del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, como consta en el documento anexo, petición que tampoco ha sido atendida. 12. Con fecha 23 de julio del año 2002 fue recibido en la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, una solicitud donde informe del origen legal de sus decisiones de nombrar y expedir credenciales a los integrantes del Ayuntamiento que en estos momentos se encuentran usurpando funciones, como consta en el documento que se anexa para tal efecto, petición que hasta esta fecha tampoco ha sido atendida."
Se estima innecesario transcribir los conceptos de invalidez que hizo valer la parte actora, dado el sentido del presente fallo.
TERCERO. Por auto de fecha veinte de agosto del dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo, correspondiéndole el número 47/2002. Asimismo, proveyó que el expediente fuera remitido al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, por ser a quien le correspondía actuar como instructor en el procedimiento.
Así, iniciado el procedimiento en la referida fecha, el Ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, tuvo por presentado al promovente, presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Estado de Oaxaca, con la personalidad con que se ostenta, admitiendo la demanda de controversia constitucional.
De igual forma proveyó que, aunque de los antecedentes se advertía que se impugnaban diversos actos de autoridades del gobierno de la entidad, se carecía de legitimación procesal por parte de los órganos subordinados, por lo que sólo tuvo como demandadas al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, sin que a este último se le tuviera como tercero interesado.
Así, el referido Ministro con copia del oficio de demanda, del auto de presidencia de radicación y turno, así como del testimonio de este proveído, ordenó el emplazamiento de las demandadas para que produjeran su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, y mandó dar vista al procurador general de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.
Asimismo, el aludido Ministro, a fin de integrar debidamente los autos, ordenó recabar diversas copias certificadas, para lo cual requirió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al presidente del Congreso Estatal y al presidente del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, bajo el apercibimiento (a las dos últimas autoridades) que de no cumplir con ello en un lapso de diez días, entonces se les impondría una multa a cada una de mil pesos.
CUARTO. Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dos, el Ministro instructor, en relación con lo solicitado por ... quienes dijeron fungir como presidente y síndico del Municipio de Magdalena Apasco, Etla, Estado de Oaxaca, les hizo saber que en proveído de veinte de agosto de dos mil dos se tuvo a ... en representación de ese Municipio, formulando demanda de controversia constitucional contra actos del Congreso y del gobernador constitucional de la entidad, por lo que no había lugar a acordar de conformidad sus peticiones, puesto que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé la posibilidad de que en un mismo procedimiento constitucional se reconozca a la misma entidad, poder u órgano, con el doble carácter de actor, demandado o tercero interesado.
Asimismo, de la documental que obra a fojas trescientos veintiséis y trescientos veintisiete, se aprecia que el presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca interpuso recurso de reclamación en contra del proveído dictado el veinte de agosto de dos mil dos, mediante el cual se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional.
QUINTO. Las autoridades demandadas, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y el presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en representación de la propia legislatura, contestaron oportunamente la demanda y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes; no siendo necesaria la transcripción del contenido de sus escritos respectivos, ni menos aún el relativo a la opinión que emitió el procurador general de la República, en atención al sentido del fallo.
SEXTO. Concluidos los trámites relativos, el Ministro instructor, por auto del veintinueve de octubre de dos mil dos, señaló las diez horas del seis de diciembre del mismo año para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, a que se refiere el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Por resolución de veintidós de noviembre de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el expediente del recurso de reclamación 278/2002-PL, se declaró procedente pero infundado dicho recurso, confirmándose el acuerdo de veinte de agosto del citado año, por el cual el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional.
OCTAVO. Una vez que se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que asistió el delegado del procurador general de la República, el Ministro instructor dispuso que se procediera a la elaboración del proyecto de resolución con el que se diera cuenta a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Previo dictamen del Ministro instructor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que los autos del juicio de controversia constitucional fueran dados de baja de la Subsecretaría de Acuerdos del Tribunal Pleno, y que fueran remitidos a la Primera Sala, a la que se encuentra adscrito dicho Ministro, cuyo presidente de ésta ordenó que tales autos se enviaran al Ministro instructor para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional 47/2002, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto cuarto en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que aun cuando se trata de una controversia suscitada entre un Municipio y el Poder Legislativo y Ejecutivo de un Estado, por actos que se atribuyen a estos últimos, lo cierto es que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, al no proceder examinar las cuestiones de constitucionalidad propuestas.
SEGUNDO. La demanda de controversia constitucional, en relación con los actos que enseguida se precisan, fue promovida oportunamente de acuerdo con lo siguiente:
El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
Ahora bien, en el presente asunto se impugna el decreto publicado el día veintinueve de junio de dos mil dos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emitido por la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, en virtud del cual se decreta el inicio del procedimiento de revocación del mandato, entre otros, del ... presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, con apego a diversos preceptos de la Ley Orgánica Municipal, disponiéndose el respeto a su garantía de audiencia, así como la suspensión de su mandato hasta en tanto se resuelva en definitiva, por lo que resulta evidente que se trata de un acto concreto y no de una norma, toda vez que prevé una situación jurídica particular y determinada al referirse exclusivamente al inicio del procedimiento de revocación y de suspensión de dicho mandato en el citado Ayuntamiento y (entre otros) un funcionario específico, es decir, dicho decreto no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de los que goza una norma general, y por lo que hace a su publicación y al apoyo que se otorgue para el cumplimiento de su contenido, también resulta indiscutible que se trata de actos concretos.
Consecuentemente, atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 antes transcrito, sobre la forma en que debe computarse el plazo, como se tratan de actos concretos, es de treinta días a partir del siguiente al en que conforme a la ley del acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Así, el término de treinta días comenzó a correr a partir del día lunes primero de julio de dos mil dos, pues conforme a lo dispuesto en el artículo único transitorio del decreto impugnado, éste entraría en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el día sábado veintinueve de junio de ese año, por lo que resulta correcto iniciar el cómputo a partir de la fecha inicialmente indicada, el cual concluyó hasta el día veintiocho de agosto del referido año, dado que en él no se toman en cuenta los días sábados seis y trece, y domingos siete y catorce de julio, por ser inhábiles, de igual modo los días del dieciséis al treinta y uno del propio mes de julio, por corresponder al primer periodo vacacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los diversos sábados de los días tres, diez, diecisiete y veinticuatro, y domingos cuatro, once, dieciocho y veinticinco, todos estos del mes de agosto de dos mil dos, por ser también inhábiles; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. de la ley reglamentaria, en relación con los diversos 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, el análisis de la oportunidad de la demanda se rige por el término de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, por lo que de acuerdo con lo relatado con anterioridad, resulta que la demanda se presentó ante la oficina de correos correspondiente el día nueve de agosto de dos mil dos, esto es, al décimo séptimo día hábil de los treinta que tenía para ello, de ahí que resulte evidente su oportuna presentación.
Tiene aplicación al presente asunto la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyo contenido es:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, abril de 2002
"Tesis: P./J. 17/2002
"Página: 898
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia.
"Reclamación 662/2001-PL, deducida de la controversia constitucional 155/2001. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 17/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil dos."
TERCERO. Tomando en consideración que el análisis de las causales de improcedencia en las controversias constitucionales es una cuestión que debe ser analizada de oficio, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala procede a analizar la que en su criterio se actualiza en la especie.
En efecto, en relación con diversos actos que se demandan a autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, la demanda de controversia constitucional no fue presentada dentro del término legal de treinta días que para tal efecto establece el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así es, consta en el auto admisorio de la demanda que el Ministro instructor tomó en consideración algunas manifestaciones de la parte actora contenidas en el capítulo de antecedentes, para de ese modo estimar que "también se impugnaban diversos actos atribuidos a autoridades del gobierno de la entidad y toda vez que en la presente litis constitucional carecen de legitimación procesal los órganos subordinados ... con fundamento en el artículo 10, fracción II, del propio ordenamiento legal, se tiene como demandadas en este juicio al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.".
Las manifestaciones tomadas en cuenta por el Ministro instructor para desprender otros actos demandados por la actora, son los que se identifican con los números 6 (seis) y 8 (ocho) de la demanda, y cuyo texto es:
"6. Con fecha 15 de mayo, sin haber formalizado el procedimiento de revocación del mandato de los concejales, funcionarios del Gobierno del Estado me señalaron que debía dejar de realizar funciones como presidente municipal, pues ya se había nombrado a otras personas para sustituirme, procediendo el Ejecutivo Estatal a nombrar a los respectivos suplentes a través de la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, procediendo a expedirles sus credenciales que los acreditaban como autoridades municipales de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. ... 8. A pesar de que en ningún momento reconocimos la calidad de autoridades municipales a los usurpadores que ya se les habían expedido sus credenciales, y en nuestra calidad de presidente municipal y regidor de hacienda del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, con fecha 22 de mayo de 2002 nos presentamos en el Departamento de Pagos de Participaciones Municipales, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para el efecto de recibir las participaciones quincenales asignadas al Municipio de Magdalena Apasco, pero con gran sorpresa recibimos la noticia del encargado de que dichas participaciones ya se habían entregado a los ... nombrados arbitrariamente por el Ejecutivo Estatal como presidente y regidor de hacienda, respectivamente, del Ayuntamiento en comento. Estos hechos procedimos a denunciarlos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, pero hasta esta fecha no se nos ha reportado avance alguno, como consta con la copia de la denuncia presentada anexa al presente. De estos hechos también procedimos a denunciarlos ante el procurador general de la República, a través de la Delegación Estatal de Oaxaca; así como también se procedió hacerlo del conocimiento del ... secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a través del Servicio Postal Mexicano."
Como puede apreciarse de lo anterior, la parte actora se inconforma contra los hechos siguientes:
a) Que el quince de mayo de dos mil dos, funcionarios del Gobierno del Estado (de Oaxaca) le señalaron que debía dejar de realizar funciones como presidente municipal, pues ya se había nombrado a otras personas para sustituirlo, y
b) Que con fecha veintidós de mayo de dos mil dos, al presentarse en el Departamento de Pagos y Participaciones Municipales, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, para recibir sus participaciones quincenales asignadas al Municipio de Apasco, Etla, Oaxaca, el encargado le indicó que ya habían sido entregadas a otras personas.
Es decir, la parte actora demandó como actos concretos el señalamiento que se le hizo de dejar de realizar funciones de presidente municipal, al haberse nombrado a otras personas para sustituirlo, y la falta de entrega de las participaciones quincenales asignadas al Municipio de Magdalena Apasco, advirtiéndose que la actora se ostentó sabedora del primero de tales actos el día quince de mayo de dos mil dos, y del segundo el veintidós siguiente, por lo que el término de treinta días que se prevé en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia para la presentación de la demanda, cuando se trata de actos, como acontece en el caso, fenecieron, respectivamente, los días veintiséis de junio y tres de julio, ambos del referido año, descontándose respecto del primero de dichos términos los días dieciocho y veinticinco de mayo, uno, ocho, quince y veintidós de junio, por ser sábados; así como los días diecinueve y veintiséis de mayo, dos, nueve, dieciséis y veintitrés de junio, por ser domingos. Y respecto del segundo de dichos términos, descontándose los días veinticinco de mayo, uno, ocho, quince, veintidós y veintinueve de junio, por ser sábados; así como los días veintiséis de mayo, dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de junio, por ser domingos, todos de dos mil dos, dado que son inhábiles.
En las relacionadas condiciones, es indudable que respecto de los actos señalados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, por haberse presentado fuera del plazo de treinta días indicado en el artículo 21, fracción I, ambas disposiciones de la ley reglamentaria, por lo que, consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento con apoyo en el artículo 20, fracción II, de la referida ley.
De igual forma en el presente asunto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 1o., 10, fracción I y 11 de la ley reglamentaria de que se trata.
Dichas disposiciones establecen lo siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las di
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17677-816c21e1/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-la-promovida-por-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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