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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO NÚMERO 202F1A000/ASE/1728/07 DE 14 DE JUNIO DE 2007, SUSCRITO POR EL COMISIONADO DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS QUE EL MUNICIPIO SÓLO RECIBIRÁ DOS VEHÍCULOS PARA UTILIZARLOS COMO PATRULLAS, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2007. · Registro digital (IUS): 21465
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 2233.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2007. MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de septiembre de dos mil ocho.

Vistos para resolver los autos de la controversia constitucional 53/2007, y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poder y órganos demandados y actos impugnados. José Pascual Soto Cruz, quien se ostentó con el carácter de primer síndico procurador y representante legal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, promovió controversia constitucional, a través del escrito recibido el diecisiete de julio de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el escrito inicial de controversia constitucional se demandan a las autoridades y la invalidez de los actos que a continuación se detallan:

Poder y órganos demandados:

a) Poder Ejecutivo del Estado de México.

b) Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México.

c) Secretario general de Gobierno del Estado de México.

d) Procurador general de la República.

Actos cuya invalidez se demanda:

El oficio número 202F1A000/ASE/1728/07 de catorce de junio de dos mil siete, suscrito por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, en el cual comunica al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos que el Municipio sólo tiene derecho a dos vehículos para utilizarlos como patrullas.

En la ampliación de demanda se demandan a las autoridades y la invalidez de los actos que a continuación se detallan:

Poder y órganos demandados:

a) Poder Ejecutivo del Estado de México.

b) Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México.

d) Procurador general de la República.

e) Fideicomiso de Administración, Inversión y Distribución de

Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México.

Actos cuya invalidez se demanda:

A) El oficio número 202F1A000/ASE/1728/07 de catorce de junio de dos mil siete, suscrito por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, en el cual comunica al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos que el Municipio sólo tiene derecho a dos vehículos para utilizarlos como patrullas.

B) El cumplimiento del contrato de fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México de fecha diecisiete de diciembre de dos mil cuatro y las reglas de operación del mismo, de veintinueve de diciembre de dos mil cuatro.

C) El cumplimiento de los fines del fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, establecidos en la cláusula cuarta del instrumento de diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.

SEGUNDO. Antecedentes.

Demanda

Los hechos del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:

El Estado de México celebró el contrato de fideicomiso irrevocable de administración e inversión, en el cual el fideicomitente es el Gobierno del Estado de México y el fiduciario es el Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito y como fideicomisarios las personas físicas y morales que determine el comité técnico de ese fideicomiso.

El fideicomiso citado tiene como objeto principal la coordinación de los tres niveles de gobierno para profesionalizar y hacer eficientes las funciones de los miembros de las instituciones de seguridad pública, optimizar la fuerza policial, instalar y operar el sistema de información sobre seguridad pública, es decir, hacer que las participaciones o erogaciones que hace el Gobierno Federal al Estado de México, también se hagan llegar a los Ayuntamientos.

El órgano máximo del fideicomiso es el comité técnico, el cual determina los programas y su ejecución mediante órdenes por escrito precisas y directas al fiduciario, entonces, éste debe documentar su ejecución con anexos técnicos, sin que en la operación del fideicomiso exista intermediación alguna o participación de otra autoridad, como lo pretende hacer la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México.

Ampliación de la demanda

En ésta el Municipio actor reiteró como autoridades demandas a las señaladas en su escrito inicial de demanda, a saber, Poder Ejecutivo del Estado de México, Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, procurador general de la República, y agregó como parte demandada al fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México.

Además, señaló nuevamente como acto controvertido el oficio número 202F1A000/ASE/1728/07 de catorce de junio de dos mil siete y precisó otros actos impugnados, los cuales consisten en:

El cumplimiento del contrato de fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México de fecha diecisiete de diciembre de dos mil cuatro y las reglas de operación del mismo, de veintinueve de diciembre de dos mil cuatro.

El cumplimiento de los fines del fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, establecidos en la cláusula cuarta del instrumento de diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.

Los hechos expuestos en la ampliación, en síntesis, son los siguientes:

Como consecuencia de los efectos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública que a su vez es reglamentaria del artículo 21 constitucional, además, derivado de los acuerdos que se han celebrado en esa materia entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, así como de los convenios de coordinación que se han celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de México, este último pactó un contrato de fideicomiso irrevocable de administración e inversión, en el cual es fideicomitente el gobierno de la entidad citada y fiduciario el Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito y como fideicomisarios las personas físicas y morales que determine el comité técnico del fideicomiso, en razón de su contribución directa o indirecta en preservar la seguridad pública de la entidad federativa señalada.

Las demandadas manifestaron en sus contestaciones que el fideicomiso vigente es el Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, de diecisiete de diciembre de dos mil y sus reglas de operación, de veintinueve de diciembre de dos mil cuatro, situación que, según su dicho, ignoraba.

En el acuerdo número CT.FOSEG-437-11/02/2004 el comité técnico del fideicomiso aprobó la sustitución del fiduciario, pero en ningún momento se menciona que dicho comité haya aprobado la sustitución de los fideicomisarios estableciéndose la figura de beneficiarios definiéndolos en el capítulo segundo del mismo, como aquellas personas físicas y morales que en razón de sus atribuciones, contribuyan directa o indirectamente a preservar la seguridad pública.

En el nuevo fideicomiso se establece como órgano máximo del mismo el comité técnico que es el que deberá determinar en sus anexos técnicos sus programas y ejecución de los mismos, mediante órdenes por escrito precisas y directas al fiduciario, para que cumpla sus instrucciones. Lo anterior sin intermediación de la Agencia de Seguridad Estatal o participación de otra autoridad u órgano del Gobierno del Estado de México.

TERCERO. Conceptos de invalidez.

Demanda

Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, en síntesis, son los siguientes:

a) Violación al artículo 115, fracción I, constitucional.

El oficio impugnado signado por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México viola lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el comisionado pretende actuar de manera intermedia entre el gobierno de esa entidad federativa y el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

En el artículo 1o. del Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México se establece que ésta es un organismo descentralizado del Gobierno Estatal; por tanto, el comisionado de esa agencia pretende atribuirse facultades que no le corresponden, pues en la Ley de Seguridad Pública de esa entidad, en el Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México ni en ningún otro ordenamiento jurídico se contemplan facultades para que el comisionado emita oficios como el impugnado.

El acto impugnado limita de manera arbitraria al Ayuntamiento de Ecatepec, en el derecho que tiene para participar en los recursos otorgados por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado de México, para atender los problemas de seguridad pública.

En el contrato de fideicomiso celebrado por el Gobierno del Estado de México y el Banco de Crédito Rural de Centro, Sociedad Nacional de Crédito, se prevé que los recursos que el gobierno de la entidad destina a los Ayuntamientos en el renglón de seguridad pública serán entregados directamente a los fiduciarios, sin la intervención de alguna autoridad u órgano.

Así, al dejar de observar lo expuesto, el comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad se coloca en el lugar de una autoridad intermedia entre el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Ecatepec.

b) Violación al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El oficio controvertido viola el artículo 14 constitucional, porque en el mismo, de manera arbitraria y unilateral, se determina que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, únicamente recibirá dos patrullas, sin establecer o llevar a cabo el procedimiento por medio del cual se tomó dicha resolución; además, el comisionado que suscribe el documento de mérito omitió otorgar al Ayuntamiento demandante la oportunidad de expresar sus necesidades en materia de seguridad pública o la cantidad que consideraba le correspondía de los $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México se destinaron al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSEG).

En el caso no se estableció o siguió un procedimiento para hacer la asignación justa y equitativa de la partida presupuestaria, porque los $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) de la partida presupuestal a que hace referencia el comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad en el acto controvertido y que pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de México deben ser distribuidos conforme a las decisiones del comité técnico del fideicomiso citado, determinaciones que se deben desprender del acta de sesiones de ese comité y estar documentadas con los anexos técnicos correspondientes, entonces, no es facultad del comisionado referido realizar las asignaciones de los recursos.

Conforme a los criterios establecidos en el propio acto controvertido al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos le corresponde una mayor participación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, porque el Municipio que limita con el Distrito Federal, tiene que proteger áreas naturales con altos índices de destrucción de recursos -como ejemplo Sierra de Guadalupe- el Municipio incrementó, en los últimos años, su tasa de nivel poblacional, superando la media estatal de 1.2. También registra un alto índice de marginación y cuya cantidad de vehículos para brindar el servicio de seguridad pública es insuficiente, por el aumento constante del nivel poblacional, situaciones que hacen inaceptables que los Municipios que tengan 45 patrullas, solamente pueden recibir dos más.

La determinación del número de patrullas correspondiente al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos -dos- soslaya las circunstancias que deberían hacer procedente el aumento de patrullas, pues el Municipio demandante es el más poblado del Estado de México y su índice de delincuencia aumentó, no obstante los esfuerzos del Gobierno Municipal para frenarlo. Los grandes Municipios, en cuanto a población, mayor industria y comercio necesitan ejercer mayor vigilancia en su territorio, lo que no implica afirmar que otros Municipios que no son conurbados necesitan menos patrullas.

c) Violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La violación al artículo 16 de la Constitución se actualiza, pues del oficio impugnado no se desprende fundamentación alguna, es decir, su emisor no expresó artículo alguno para apoyar su acto y el contenido de éste, el comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad solamente refirió que en el presupuesto de egresos del Estado de México se destinaron $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a fin de apoyar a los Municipios.

Lo anterior, ayuda a confirmar que la Agencia Estatal de Seguridad carece de todo tipo de competencia y facultades para la emisión del acto impugnado, pues en todo caso la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública debe efectuarlo el fiduciario, previa aprobación del comité técnico del fideicomiso constituido por el Gobierno del Estado de México el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

En el oficio controvertido se señaló que éste se emite "para dar cumplimiento a esta disposición jurídica"; sin embargo, aun cuando se anunció ese precepto, de la lectura del acto controvertido no se desprende a cuál numeral se refiere ni a que ordenamiento pertenece el mismo.

El oficio controvertido también carece de motivación, pues en éste no se expresan los hechos, motivos o circunstancias por las cuales la autoridad que lo emite toma su decisión. La demandante cita en apoyo a sus alegaciones las jurisprudencias de los siguientes rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGALES." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO."

Finalmente, la actora solicita que en términos de lo previsto en el artículo 40 de la ley reglamentaria de la materia se supla la deficiencia de los conceptos de invalidez que hizo valer.

Ampliación de demanda

En síntesis, el Municipio actor hizo valer lo siguiente:

La parte demandante alega que el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal al emitir el oficio impugnado actuó como autoridad intermedia y ejerciendo funciones que corresponden al fiduciario del fideicomiso vigente, lo que viola la autonomía del Municipio y lo previsto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución.

Especifica el demandante que el comisionado demandado no puede sustentar su actuar en ninguna norma legal, ya sea en la Ley de Seguridad Pública del Estado de México o en el reglamento interior de esa agencia o en algún otro ordenamiento legal.

El actor argumenta que el acto controvertido limita su derecho a participar de los fondos otorgados por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado de México para atender los problemas de seguridad pública, porque el fideicomiso vigente en forma clara y precisa señala que el comité técnico es el órgano del fideicomiso encargado para aprobar la disposición de recursos, el cual también determina los criterios de distribución de los recursos, todo ello por conducto del fiduciario, pues de no ser así, y suponiendo sin conceder que fuera facultad de la agencia demandada, no tendría razón de ser la existencia del fideicomiso.

La actora nuevamente alega que el acto controvertido viola lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, pues en éste de manera arbitraria, unilateral y sin competencia se determina que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos solamente recibirá dos patrullas, sin establecer el procedimiento que se llevó a cabo para tomar esa decisión, ni tampoco las razones o motivos de ese sentido, máxime que en el oficio no se hace referencia al fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, ni a sus reglas de operación, lo que resulta importante porque ese fideicomiso es el cual jurídicamente cuenta con las facultades que pretende apropiarse la Agencia de Seguridad Estatal, sin que el Gobierno del Estado o el comité técnico del fideicomiso realicen un extrañamiento hacia esa agencia.

También alega que la agencia demandada dispone del patrimonio del fideicomiso el cual, conforme a la ley debe manejar el fiduciario para ejecutar la facultad del fideicomitente; además de que jamás se dio la oportunidad al Municipio actor de expresar sus necesidades en materia de seguridad pública.

El actor argumenta que el fideicomiso vigente no cambia mucho del anterior y que en éste no se da ninguna intervención a la Agencia de Seguridad Estatal, al efecto transcribe las cláusulas números uno, cuatro, cinco, siete, nueve y diez del fideicomiso.

Así, considera la demandante que las facultades del comité son aprobar las erogaciones para sufragar los costos de los programas de seguridad pública; instruir al fiduciario para que cubra las erogaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso en materia señalada; competencias que se complementan con el contenido de las reglas de operación vigentes que tienen por objeto establecer la mecánica operativa general en la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso.

A fin de reforzar sus afirmaciones transcribe las reglas segunda, cuarta, sexta, novena, décimo tercera, décimo cuarta, décima séptima y décima octava, y concluye que del contenido de esas reglas se desprende la conducta antijurídica de la agencia citada con la emisión del acto impugnado.

La parte actora argumenta que es el fideicomiso vigente el que debe darle cuentas de la parte que le corresponde de los cien millones de pesos, que se determinaron como recursos recibidos por el fideicomiso de parte del Gobierno del Estado de México, como apoyo a los programas de seguridad pública de los Municipios, por lo cual demanda a ese fideicomiso a que cumpla con su objetivo y entregue esos recursos al actor.

Por otra parte, alega que el acto impugnado no contiene ningún precepto legal que lo fundamente y que éste carece de razones y motivos, porque únicamente señala que en el presupuesto de egresos del Estado de México se destinaron $100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) al Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, a fin de apoyar a los Municipios y estableció una serie de supuestos criterios de asignación de los recursos.

Sin embargo, a su juicio, la agencia demandada realiza actos de autoridad, por medio de los cuales dispone del patrimonio del fideicomiso sin facultades para ello; además, conforme al contrato que rige al fideicomiso, corresponde a este mismo la disposición de su patrimonio.

La impetrante de invalidez alega que las demandadas en sus contestaciones pretenden dar una fundamentación y motivación al acto controvertido, sin que sea posible que en la contestación puedan purgar los vicios del oficio impugnado; por tanto, concluye la actora, se debe declarar la nulidad del acto atacado y ordenarse a la parte demanda entregar al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, las cantidades que corresponden en materia de seguridad pública, previa comprobación de ello en las actas de las sesiones del comité técnico del fideicomiso, en el cual se hubiese realizado la aprobación correspondiente.

CUARTO. Artículos constitucionales que el poder actor señala como violados. Los preceptos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil siete, los Ministros integrantes de la Comisión del Primer Periodo de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 53/2007 y por razón de turno designaron como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

En el mismo proveído los Ministros referidos admitieron la demanda de controversia constitucional; reconocieron con el carácter de demandados únicamente al titular del Poder Ejecutivo y al comisionado de la Agencia de Seguridad, ambos del Estado de México, al primero por ser el titular de la administración pública estatal, y al segundo por atribuírsele actos propios.

Asimismo, los Ministros de la Comisión del Primer Periodo de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proveído indicado, determinaron no reconocer el carácter de demandado al secretario General de Gobierno del Estado de México, pues esa secretaría es un órgano subordinado del Poder Ejecutivo Local, por lo que de ser el caso, ese poder debe instruir al titular de esa dependencia del Ejecutivo Estatal el cumplimiento de la resolución dictada en la controversia constitucional.

Igualmente, los Ministros integrantes de la comisión referida decidieron no ha lugar a tener como autoridad demandada al procurador general de la República, pues éste de conformidad con el artículo 10, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia tiene la calidad de parte en las controversias constitucionales.

En consecuencia, en el acuerdo de mérito se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(1)

El Ministro instructor por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil siete requirió -dentro del plazo de tres días- al secretario Técnico del fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, a fin de que enviara a este Alto Tribunal las documentales solicitadas al secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México por el presidente municipal de Ecatepec de Morelos de la citada entidad federativa; documentos consistentes en copias certificadas de las actas de sesiones del comité técnico del fideicomiso, en las cuales se aprobó el uso, destino y forma de distribuir los cien millones de pesos que corresponden al fondo referido, según la apreciación de la Agencia de Seguridad Estatal, así como los anexos técnicos en los cuales se documentaron los programas y forma de asignación de los recursos mencionados o en su caso manifestara el impedimento legal para cumplir el requerimiento.(2)

Mediante proveído de once de octubre de dos mil siete, el Ministro instructor acordó sobre la ampliación de la demanda, en el sentido de admitir ésta, en el mismo acuerdo ordenó requerir -por el plazo de tres días- al comité técnico del fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de México, a fin de que informara en cuál persona recae la representación del mismo, para estar en aptitud de proveer sobre la legitimación pasiva de ese fideicomiso.(3)

El Ministro instructor en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil siete determinó no tener como autoridad demandada al fideicomiso Fondo de Administración, Inversión y Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, pues éste es un organismo auxiliar de la administración pública estatal, en consecuencia, carece de legitimación procesal pasiva, por no ser un poder, ente u organismo de gobierno de los señalados en la fracción I del artículo 105 constitucional.(4)

El trece de agosto de dos mil ocho, el Ministro instructor, mediante dictamen, solicitó al Ministro presidente del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitir la controversia constitucional 53/2007 a la Primera Sala, a la cual se encuentra adscrito el Ministro citado en primer término, pues el asunto es competencia de esa Sala.(5)

El Ministro presidente dictó proveído el trece de agosto de dos mil ocho, en el sentido de ordenar el envío del asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal; el Ministro presidente de la Sala referida, el dieciocho de agosto de dos mil ocho ordenó avocarse al conocimiento del asunto y devolver los autos al Ministro instructor.(6)

SEXTO. Contestaciones de la demanda y de su ampliación, y opinión del procurador general de la República.

Contestación de la demanda de la Agencia de Seguridad Estatal:

Causales de improcedencia

I. La demandada hace valer la causal de improcedencia que contiene el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, pues a su parecer no se invade la esfera competencial del actor, porque el acto cuya invalidez se reclama lo realizó con apego a las competencias atribuidas por la ley.

Señala que la materia de las controversias constitucionales es la protección al ámbito de atribuciones que en la Constitución se establecen para los órganos originarios del Estado, es decir, para los que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes, referidos en los artículos 40, 41 y 49, en relación con los preceptos 115, 116 y 122, todos de la Carta Magna. Entonces, esa protección no está dirigida a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental, lo cual no significa que no se encuentren sujetos a control, porque el medio de control se aplica para preservar el orden establecido en la Constitución.

Sustenta sus afirmaciones en las jurisprudencias de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA VÍA."

Con base en lo anterior, la demandada argumenta que es necesario examinar si en la esfera de competencias del Municipio actor se encuentra la de determinar estrategias y lineamientos para el ejercicio, seguimiento y control del Fondo de Seguridad Pública del Estado de México, las cuales son facultades inherentes del comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, atribuciones que fueron plasmadas en el oficio controvertido.

II. El comisionado demandado también hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley de la materia, pues el actor recibió el veinte de septiembre de dos mil siete la cantidad de vehículos contenida en el oficio impugnado, por lo que la Agencia de Seguridad ha dado cumplimiento a la transferencia de recursos en especie, del Fondo de Seguridad Pública de los Municipios.

Sobre el tema, el demandado concluye que al actualizarse la causal de improcedencia relatada debe decretarse el sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

Contestación a los hechos

El comisionado demandado sostiene que del contenido del artículo 115 de la Constitución no se desprende que el Municipio actor tenga facultad alguna para planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones en materia de seguridad pública.

La parte demandada expone el contenido de los artículos: 116 de la Constitución Federal; 4, 34 y 65 de la Constitución del Estado de México; 1, 3, 16 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5, fracción XV, del Acuerdo por el que se crea la Agencia de Seguridad Estatal y 4, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal.

Agrega que de la interpretación sistemática de los artículos referidos y atendiendo al objeto de tutela de las controversias constitucionales, éstas deben de promoverse cuando se susciten conflictos entre entidades, poderes y órganos del Distrito Federal, por una invasión de esferas de competencias que contravenga la Constitución Federal, es decir, para que proceda el juicio de controversia constitucional es necesario que el ámbito de quien promueva se vea afectado por un acto concreto, por lo que la expedición del oficio cuya invalidez se reclama se desprenden los lineamientos que siguió para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad, entonces, el ámbito competencial del Municipio actor no fue invadido.

Por otra parte, la demandada precisa que ad cautelam contesta los hechos de la demanda de controversia constitucional, lo que no implica que acepte los mismos.

a) Afirma que es cierto que el Gobierno del Estado de México celebró contrato de fideicomiso irrevocable de administración e inversión en el cual figura como fideicomitente el Gobierno del Estado de México y como fiduciario el Banco de Crédito Rural del Centro, Sociedad Nacional de Crédito, firmado el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Sin embargo, a su juicio la afirmación de la parte actora, en el sentido de que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos contribuye directa o indirectamente a preservar la seguridad pública del Estado de México, es una situación que debe ser demostrada por el Municipio actor, pues no es un hecho propio de la demandada.

La demandada aclara que debe tomarse en consideración que el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro se firmó el convenio de sustitución de fiduciario y modificatorio del contrato original de fideicomiso, en el cual tiene el carácter de fideicomitente el Gobierno del Estado de México y de fiduciario Banco Santander Serfín y como fideicomisario al propio fideicomitente.

El comisionado demandado, precisa que conforme a lo anterior que al momento de que se emitió el oficio controvertido ya no se encontraba vigente el contrato de fideicomiso que invoca la demandante como base de su acción.

Además, manifiesta que en la cláusula primera del nuevo contrato de sustitución se establece como beneficiarios a las personas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21465-a7b95771/controversia-constitucional-el-oficio-numero-202f1a000-ase-1728 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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