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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. ES INNECESARIO AGOTAR ESE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD RESPECTO DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS CUANDO SE INSTAURE EN SU CONTRA UN JUICIO DEL ORDEN PENAL, PUES CONFORME AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS AQUÉLLOS NO TIENEN FUERO. PROCEDIMIENTO DE DESAFUERO. SUS NOTAS DISTINTIVAS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2007. · Registro digital (IUS): 20556
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1392.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2007. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de octubre de dos mil siete.

VISTOS; para resolver los autos de la controversia constitucional 33/2007, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el diecisiete de abril de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marco Antonio Adame Castillo, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del acto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil siete, dictado dentro del procedimiento especial 01/07, derivado del expediente 07/2007-2, instruido a ... Juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, por su probable responsabilidad penal en la comisión de un delito del orden común cometido por servidores públicos.

SEGUNDO. La parte actora manifestó los antecedentes del caso cuya síntesis se hace en el considerando octavo de esta resolución.

TERCERO. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los conceptos de invalidez que se resumirán en el considerando noveno de esta ejecutoria.

CUARTO. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil siete, el presidente en funciones de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional bajo el número 33/2007, y designó, por turno, como instructora en el procedimiento a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Mediante auto de diecinueve siguiente, la Ministra instructora reconoció la personalidad con la que compareció el promovente; admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada y dio vista al procurador general de la República para que emitiera la opinión que le corresponde.

QUINTO. El veinticinco de mayo de dos mil siete, el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos contestó la demanda en los siguientes términos:(1)

1. Aun cuando el poder actor considere a los artículos 11 y 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, como antiguos, seguramente por haber sufrido su última reforma por decreto publicado el diez de julio de dos mil dos, el artículo mencionado en primer término, y haber iniciado su vigencia el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el segundo de esos dispositivos, los cierto es que ambos no han sido derogados y, por tanto, constituyen derecho positivo vigente.

2. Aún más, por las razones lógico jurídicas expuestas, ni siquiera se puede hablar de derogación tácita de la ley anterior por una posterior, precisamente por no existir oposición entre los preceptos que se han venido analizando.

3. El hecho de que diversas normas, de evidente e inminente carácter procesal, regulen el procedimiento a seguir para determinar si ha lugar o no a proceder penalmente en contra de un Juez de primera instancia, derivándose de su interpretación que ese procedimiento implica o exige en primer lugar una declaratoria de procedencia por parte del Poder Legislativo y, en segundo término, la intervención del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio Público como órgano monopolizador del ejercicio de la acción penal, y en último lugar la participación del Poder Judicial a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no conlleva contradicción ni oposición alguna al artículo 136 de la Constitución Local, sino que solamente regulan la intervención de los diversos Poderes del Estado de Morelos, cada uno dentro del ámbito de su competencia, facultades y obligaciones, para resolver respecto de la posible comisión de delito común u oficial por parte de los servidores públicos del mencionado nivel jurisdiccional.

4. La circunstancia de que legalmente se encuentre establecido igual procedimiento para los funcionarios o servidores públicos investidos de fuero constitucional o no para determinar, en los términos legales precisados, si ha lugar o no a proceder penalmente en contra de unos u otros, no implica que se esté dotando de fuero constitucional a los Jueces de primera instancia, lo anterior es así, precisamente por provenir, en el particular caso, el señalado requisito de procedibilidad de las normas secundarias 11 y 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que en todo caso pudiese considerarse equiparadamente como fuero legal, a diferencia del fuero constitucional que surge del artículo 136 de la Constitución Local, sin que esto tampoco implique oposición por empate o igualdad en el procedimiento continente del referido requisito de procedibilidad, a pesar de que surta los mismos efectos, o sea, que no se puede ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos previstos en los artículos 136 y 137 de la Constitución morelense, si no se ha hecho previamente esa declaratoria de procedencia por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos.

5. El requisito de procedibilidad equiparado por razón de sus efectos con el fuero constitucional, habiéndolo denominado fuero legal, propiamente se trata de un procedimiento que obedece a razones de orden público en virtud de la investidura de los Jueces de primera instancia, interviniendo los tres Poderes del Estado de Morelos, cada uno en el ámbito de sus facultades, en el ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios de tal calidad.

6. Con el actuar constitucional que faculta y obliga la fracción IV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, nunca se procedió en la forma que sostiene la parte actora, ya que en ningún momento se pretende evitar la constitución de una causa penal en contra del Juez de primera instancia cuya conducta fue objeto del ejercicio de la acción penal, sino que, como ya se dijo, simplemente se observan y respetan las garantías constitucionales de seguridad y legalidad jurídica, actuando dentro de un marco constitucional y legal, observando el debido proceso legal, cumpliendo sus formalidades esenciales de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en forma debidamente fundada y motivada.

7. Si se pretende que no se siga el debido proceso legal, excluyendo a los Jueces de primera instancia del previo requisito de procedibilidad, deberá el Poder Legislativo reformar, en los términos adecuados, los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

8. La falta de notificación al Ministerio Público de la declinación de competencia en favor del Pleno del Tribunal Superior de Justicia quedó subsanada porque la intervención de aquél se dio en la etapa de averiguación previa, amén de que nunca combatió este último la omisión de la que ahora se duele la parte actora.

9. Se omite decir por qué razones lógico jurídicas el Poder Ejecutivo prescindió cumplir con las disposiciones de los códigos sustantivo y procesal que en materia penal invoca; asimismo, no se vierte razonamiento tendente a demostrar la ilegalidad del acto reclamado en relación a haber sido resuelto por mayoría de razón, lo que resulta imposible dilucidar aun forzando en grado extremo el análisis de la causa de pedir, que sobre el particular se pudiese derivar, ya que no se impuso pena alguna como se advierte de la resolución combatida, menos aún se puede hablar de que la misma haya sido impuesta por mayoría de razón, precisamente por no haberse impuesto pena alguna.

10. Para dilucidar la mayoría de razón invocada como ilegal sustento del acuerdo reclamado, en virtud de que la parte actora considera que no debió intervenir el poder demandado y menos aplicar los artículos 11 y 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, se debe decir que la competencia negada al Pleno del Tribunal Superior de Justicia deriva de la fracción IV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y, por ello, es lógico y legal el conocimiento tenido por el Pleno del mencionado tribunal.

11. Atendiendo en forma amplia el concepto constitucional de mayoría de razón, aplicado al particular caso en virtud del procedimiento que se debe seguir para ejercitar acción penal en contra de un Juez de primera instancia, se deben armonizar los artículos 136 y 137 de la Constitución Local con los artículos 11 y 22 de la ley de responsabilidades mencionada, resultando así procedente el requisito previo consistente en la declaratoria de procedencia que imprescindiblemente debe emitir el Congreso Estatal, en tratándose de los servidores públicos previstos en ambos preceptos constitucionales, aun cuando ese imperativo de declaración de procedencia, respecto de unos funcionarios, provenga de la mencionada Constitución morelense y, en relación con los aludidos Jueces de primera instancia, provenga de las referidas normas secundarias.

12. La aplicación de las normas positivas vigentes bajo ninguna circunstancia se debe traducir en evasión de responsabilidades penales; en todo caso, solamente se observa el debido proceso atendiendo sus formalidades esenciales de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, entre las que se encuentra como requisito previo la legal declaratoria de procedencia que debe emitir el Congreso del Estado, calificándose de legal dicha declaratoria porque proviene de normas secundarias en tratándose de Jueces de primera instancia, diferenciándose por tal razón del desafuero constitucional proveniente del artículo 136 de la Constitución Local, aun cuando en ambos casos se traigan aparejadas las mismas exigencias y efectos intraprocesales.

13. La falta de notificación del acuerdo de declinatoria de competencia debía y debe ser combatida por la fiscalía a través de los medios ordinarios de impugnación previstos por el Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos, al no haberlo hecho así dentro del plazo legal previsto para ello, queda firme el señalado acto; amén de que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de intervenir en las actuaciones seguidas ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que tampoco se hubiere inconformado con esa falta de notificación.

14. El argumento emitido por la actora en el segundo concepto de invalidez respecto de la violación al artículo 17, segundo párrafo, de la Carta Magna, es absolutamente deficiente en razón de que no contiene un agravio propiamente expresado, limitándose a señalar de manera breve diversos principios derivados del mencionado artículo, y nunca se señala de qué forma se vulneran éstos en la resolución impugnada.

15. No existe oposición ente los artículos 144 y 145 de la Constitución Local, en razón de que el primero de dichos preceptos remite a los artículos 136 y 145 de la misma Constitución morelense, siendo el caso que dentro del señalado dispositivo 145 se encuentran comprendidos los Jueces de primera instancia, lo que robustece de manera por demás plena el criterio vertido en el acuerdo reclamado.

16. Resulta errónea la apreciación efectuada por la parte actora de la resolución combatida por vía de controversia constitucional, inclusive el propio artículo 145 de la Constitución Local hace la debida separación de dichas responsabilidades y de los procedimientos a seguir, señalando además que para el caso de que los Jueces de primera instancia incurran en responsabilidad penal serán juzgados en la forma que establecen las leyes respectivas, los que pueden ser separados de sus funciones en términos de la ley de responsabilidades, y esta separación cuando provenga de una responsabilidad penal, igualmente requiere del tantas veces señalado requisito previo de procedibilidad consistente en la declaratoria de procedencia por parte del Congreso Estatal, a lo que debe agregarse imperativamente que el artículo 144 de la Constitución morelense remite a los artículos 136 y 145, y al comprenderse en este último los mencionados Jueces, también éstos quedan incluidos en el procedimiento previsto por los artículos 11 y 22 de la mencionada ley de responsabilidades y, por ello, no se asimila la responsabilidad administrativa con la penal, como lo aduce la parte actora.

17. No se desconocen las facultades constitucionales del Ministerio Público, al contrario, se le reconocen y por tal razón se emitió la correspondiente resolución al pliego continente del respectivo ejercicio de la acción penal.

18. Como refiere el poder actor, para el caso de que se volviese a ejercer acción penal en contra de alguien que tenga la calidad de Juez de primera instancia y se encuentre en funciones, se debe decir que resulta insalvable seguir el procedimiento previsto por los artículos 11 al 16 de la ley de responsabilidades en cita, así como lo dispuesto por los preceptos 144 y 145 de la Constitución Local, mientras no sean éstos reformados o abrogados, lo que implica el cumplimiento de la garantía del debido proceso observando sus formalidades esenciales de conformidad a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

19. También deviene infundada la controversia constitucional porque la resolución impugnada no invade atribución o competencia alguna de la parte actora, ni del Congreso del Estado, además de que el contenido de la demanda se refiere a aspectos de legalidad y no de constitucionalidad desnaturalizando la génesis jurídica de dicha acción.

SEXTO. Por diverso proveído de treinta de mayo de dos mil siete, la señora Ministra instructora consideró pertinente llamar como tercero interesado al Congreso del Estado de Morelos, a quien ordenó emplazar con copia de la demanda para que manifestara lo que a su interés conviniera.

El diecinueve de julio el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos desahogó la vista ordenada en los siguientes términos:(2)

1. La litis consiste en determinar si los Jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos gozan de fuero, de forma tal que se haga necesario un procedimiento especial para retirar la inmunidad procesal para que se pueda ejercer acción penal.

2. Los Jueces de primera instancia son susceptibles de ser sometidos a juicio político y, en cambio, tratándose de responsabilidad penal, no es necesario un procedimiento de formación de causa ante el Congreso del Estado, conforme lo dispuesto en los artículos 40, fracción XLI, y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

3. Lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Morelos no significa que los Jueces de primera instancia deban sujetarse al requisito de procedibilidad si incurren en una conducta sancionada por las leyes penales, ya que esta disposición regula la responsabilidad de tipo administrativo de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, además de que sería ilógico que todos los demás funcionarios y empleados que menciona este mismo artículo también tuvieran que someterse al requisito de desafuero para ser enjuiciados penalmente.

4. La Constitución Política del Estado de Morelos tiene una jerarquía normativa superior a la de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y si aquélla no instituye algún tipo de inmunidad procesal para los Jueces de primera instancia, debe estarse al catálogo de servidores públicos que limitativamente establece dicha Norma Fundamental Local, para que sean sujetos del procedimiento de declaración de procedencia, cuando incurran en una conducta ilícita de carácter penal.

SÉPTIMO. El procurador general de la República opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia, la cual consideró que fue formulada en forma oportuna y por persona legitimada, y que la misma debía declararse fundada, esencialmente, por lo siguiente:(3)

1. El artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos instituye quiénes son los sujetos que, previo a la incoación de un procedimiento penal, se les tiene que declarar, por parte del Congreso Local, si ha lugar o no a la formación de la causa, entre los cuales, por cierto, no se encuentran los Jueces de primera instancia.

2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos regula los procedimientos a seguirse tratándose de responsabilidades política, administrativa y penal, pero en su artículo 25 destaca que esta última será exigida conforme a las leyes aplicables.

3. El artículo 29, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la entidad para conocer de las causas penales por ilícitos comunes u oficiales de los Jueces, pero conforme al artículo 136 de la Constitución del Estado no es necesario que en estos casos se exija que se agote el requisito de procedibilidad que establece esta disposición legal para otros servidores públicos.

4. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, que establece que si la conducta de los servidores públicos constituye delito, se sancionará como tal, independientemente de la responsabilidad política y administrativa en que hubieren incurrido.

5. En el caso concreto no es aplicable el artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que éste se refiere a la responsabilidad política de ciertos servidores, entre los cuales sí se encuentran los Jueces de primera instancia, pero en el caso se está en presencia de una responsabilidad de carácter penal que no requiere de declaración de procedencia de la causa.

6. La demandada pretende desnaturalizar la responsabilidad penal que le fue imputada al Juez de primera instancia, hace nugatoria la exacta aplicación de la ley penal y violenta los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada.

Previos los trámites legales correspondientes, se radicó el presente expediente en esta Segunda Sala para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h),(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001,(6) toda vez que se plantea un conflicto suscitado entre dos Poderes de un mismo Estado, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ambos del Estado de Morelos, asunto en el cual se estima innecesario someterlo a la consideración del Tribunal Pleno (el cual conforme dicho acuerdo sólo debe conocer de los casos cuyas características particulares requiera su intervención) tanto porque no se impugnan normas generales, como porque no se trata de un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, en la medida en que existe una disposición legal local perfectamente aplicable, que si bien no fue invocada por las partes, resuelve con nitidez la problemática planteada.(7)

SEGUNDO. Oportunidad. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, a continuación se analiza si la controversia constitucional fue presentada oportunamente.

La demanda se promovió dentro del plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, porque el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil siete, dictado dentro del procedimiento especial 01/07, derivado del expediente 07/2007-2, fue notificado, según manifiesta la parte actora sin prueba en contrario, el dos de marzo de dos mil siete,(9) y el escrito inicial se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecisiete de abril siguiente, es decir, al vigésimo séptimo día de dicho periodo legal, conforme al siguiente calendario:

Ver calendario

TERCERO. Legitimación activa. A continuación, procede realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Comparece a promover la demanda de controversia constitucional, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, Marco Antonio Adame Castillo, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, y acredita dicha personalidad con el Periódico Oficial del Estado de Morelos de veintinueve de septiembre de dos mil seis, el cual contiene el bando solemne que lo declara gobernador de la entidad para el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil seis al treinta de septiembre de dos mil doce.(12)

Este servidor público se encuentra autorizado para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos conforme lo dispuesto en el artículo 57(13) de la Constitución Política de dicha entidad federativa, del cual se deduce que corresponde al gobernador la titularidad del Poder Ejecutivo de la citada entidad; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11(14) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que el citado funcionario cuenta con la legitimación activa necesaria para promover la presente controversia constitucional.

Además, al reclamar el acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que negó la orden de presentación que solicitó la Procuraduría General de Justicia del mismo Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, es incuestionable que en la especie el titular de este poder sí está autorizado para impugnar tal determinación, porque la misma afecta las atribuciones de una dependencia que se encuentra subordinada al gobernador del Estado en términos del artículo 74(15) de la Constitución Política de esa entidad federativa.

CUARTO. Legitimación pasiva. Acto continuo, se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada.

Suscribe la contestación de la demanda Ricardo Rosas Pérez, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con el carácter de representante de ese órgano jurisdiccional, y acredita dicho cargo con la copia certificada del acta del Pleno extraordinario celebrado el dieciocho de mayo de dos mil seis.(16)

Ahora, de los artículos 27, primer párrafo y 35, fracción I,(17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad puede advertirse que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado de Morelos, en todas aquellas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local; y que es atribución de su presidente representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal.

Cabe aclarar que si bien de los preceptos legales mencionados no se advierte a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local, para acudir ante otros órganos jurisdiccionales, en atención a la última parte del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se presume que quien comparece a juicio cuenta con la representación legal y con la capacidad para hacerlo, máxime que no obra en autos prueba en contrario que desvirtúe lo aquí expuesto.(18)

QUINTO. Legitimación de la parte tercero interesada. El Congreso del Estado de Morelos compareció, en su carácter de tercero interesado, por conducto del diputado David Irazoque Trejo, presidente de la mesa directiva de ese cuerpo colegiado, personalidad que acreditó con la copia certificada del acta de la sesión de la junta previa, con motivo de la elección de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos celebrada el veintinueve de agosto de dos mil seis.(19)

Además, el carácter de tercero interesado que se le atribuyó al Congreso del Estado de Morelos deriva de la circunstancia de que, como más adelante se verá, la controversia en el presente asunto radica esencialmente en determinar si el Poder Legislativo debe o no tener injerencia previamente a la instauración de una causa penal en contra de los Jueces de primera instancia en dicho Estado, ya que la razón esencial por la cual se dictó la resolución reclamada por la actora, consistió en que no se agotó el señalado requisito de procedibilidad ante el órgano hoy designado como tercero interesado.

SEXTO. Legitimación del procurador general de la República. Este servidor público está legitimado para intervenir en este asunto por ser parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV,(20) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. Causas de improcedencia. Toda vez que las partes en la presente controversia constitucional no hicieron valer causales de improcedencia y debido a que este órgano de control constitucional tampoco advierte se actualice una de ellas, se pasa al estudio de las cuestiones fundamentalmente planteadas.

OCTAVO. Antecedentes. Con el objeto de tener una mayor claridad para el estudio de fondo, es conveniente dar noticia de los antecedentes que informan al caso y del contenido del acto impugnado.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente, en concreto, y de la demanda promovida por el representante del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se advierten los siguientes hechos:

1. El cinco de abril del dos mil seis, se inició la averiguación previa SC/11a./2186/06-04, con motivo de la denuncia de hechos, posiblemente constitutivos de delito, formulada por el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos y del secretario general de Acuerdos de dicho Consejo, en contra del Juez de primera instancia ...(21)

2. Una vez desahogadas las diligencias tendentes a la integración de la averiguación previa, y en virtud de que la representación social investigadora consideró que se encontraban acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de ... el diez de enero de dos mil siete se procedió a ejercer acción penal en contra del denunciado de referencia, con pedimento de la orden de presentación correspondiente, a la Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado indicado, bajo el número de consignación 21.(22)

3. El dieciocho de enero del dos mil siete, la titular del Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos determinó, en lo que interesa, lo siguiente:(23)

"Auto de radicación. Jojutla, Morelos, a 18 dieciocho de enero de 2007 dos mil siete.

"Se da cuenta al titular de los autos con el oficio de consignación 21 veintiuno, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de la Subprocuraduría Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitando acción penal en contra de ... como probable responsable del delito denominado delitos cometidos por los servidores públicos, cometido en agravio de la sociedad y Víctor Vargas Manjarrez.

"En términos de lo dispuesto por el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado, obliga al juzgador a analizar lo correspondiente a la competencia para conocer de determinado asunto, en el presente caso, la suscrita juzgadora, teniendo en cuenta los hechos motivo de la indagatoria, es competente para conocer de la misma, toda vez que la posible sanción a aplicar se encuentra justificada con pena privativa de la libertad, habida cuenta que los hechos motivo de la indagatoria ocurrieron dentro del ámbito de competencia de este tribunal, sin embargo, al tener en cuenta lo que establece el artículo 29 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que a la letra dice:

"‘Artículo 29. Corresponde al Pleno del tribunal:

"‘...

"‘Fracción IV. Conocer de las causas por delitos comunes u oficiales de los Jueces.’

"La suscrita juzgadora, considera que este juzgado es incompetente para conocer de la presente causa porque como se desprende del artículo anterior le corresponde al Pleno del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocer de las causas de delitos oficiales de los Jueces, entiéndase por éstos, los actos u omisiones en que incurren los funcionarios y empleados, que en este caso, sean del Poder Judicial del Estado, durante su encargo o con motivo del mismo y que redunden en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, en esas condiciones, al tener en cuenta la averiguación previa SC/11a./2186/06-04, el fiscal investigador, ejercitó acción penal en contra del indiciado ... por el delito denominado delitos cometidos por los servidores públicos, por lo tanto, acorde a las constancias que integran el sumario, se advierte que el funcionario antes señalado, se encuentra desempeñando un cargo público, como lo es de Juez del Juzgado Primero Penal de primera instancia del primer distrito judicial del Estado, asimismo, se le imputa un delito oficial, previsto por el artículo 297, fracción I del Código penal vigente en el Estado, la época de la comisión del delito (2003), que a la letra dice:

"‘Artículo 297. Son delitos contra la administración de justicia, los cometidos por los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes:

"‘I. Conocer de negocios p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20556-2dc2010f/procedimiento-de-declaracion-de-procedencia-es-innecesario-agotar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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