CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE DESTINAR EL 5% ADICIONAL -A LAS CONTRIBUCIONES SOBRE FRACCIONAMIENTOS Y TRASLACIÓN DE BIENES INMUEBLES- A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO A COMPROBAR ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR GUBERNAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGA MENSUAL A DICHO ÓRGANO EDUCATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AL ESTABLECER SUBSIDIOS RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, DEL IMPUESTO ADICIONAL DE ESTA ÚLTIMA CONTRIBUCIÓN Y DE LOS DERECHOS GENERADOS POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR POR DEPÓSITO PARA TRÁMITES DE BAJA EN OTRO ESTADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL DISPONER QUE A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE ADQUIERAN VIVIENDA A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, O POR MEDIO DE SUS PROMOTORES, SE LES PODRÁ DESCONTAR HASTA EL 50% DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE DISPONE LA FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO PARA RECIBIR PAGOS ADELANTADOS DE LOS CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO PARA APLICAR A FAVOR DE ELLOS ESTÍMULOS FISCALES POR PRONTO PAGO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS FRACCIONES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL PREVER LAS CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MUNICIPIOS DE DICHO ESTADO PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS AL SISTEMA BANCARIO O CONTRATAR DEUDA PÚBLICA, NO VULNERAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y 3 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN TANTO QUE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE Y SERVICIOS DE PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS A QUE SE REFIEREN CORRESPONDEN AL NIVEL DE GOBIERNO ESTATAL, POR GRAVAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE PARTICULARES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 75 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ESTABLECER QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTARÁ FACULTADO, MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO, PARA EMITIR NORMAS GENERALES DE CONTENIDO FISCAL QUE OTORGUEN ESTÍMULOS Y DESCUENTOS EN IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS, CUANDO CONSIDERE QUE ESAS MEDIDAS BENEFICIAN A LA COMUNIDAD O PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, ASÍ COMO PARA DELEGAR ESA FACULTAD EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE AQUÉL ESTIME PERTINENTES, Y QUE ESOS BENEFICIOS FISCALES DEBEN SER OTORGADOS GENERALMENTE A CATEGORÍAS DE SUJETOS IDENTIFICADOS POR CARACTERÍSTICAS COMUNES ESTABLECIDAS DE ANTEMANO Y DADAS A CONOCER CON ARREGLO AL CÓDIGO FISCAL LOCAL, NO TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 44 A 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL PREVER A FAVOR DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES DESCUENTOS O ESTÍMULOS FISCALES SOBRE EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 51 A 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE ESTABLECEN CONDONACIONES O REBAJAS RESPECTO DE LOS DERECHOS QUE EL AYUNTAMIENTO COBRA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, COMO LOS QUE SE GENERAN POR LA PRESTACIÓN DE CUALQUIER TRÁMITE ANTE SUS DEPENDENCIAS, POR EL SERVICIO DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL O BIEN POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS O DESARROLLO URBANO, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, QUE PREVÉN LAS CONDICIONES EN QUE SE HARÁN DESCUENTOS EN EL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO CUANDO SU PAGO SE REALICE CON PRONTITUD, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 59 Y 65 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE PREVÉN QUE EL AYUNTAMIENTO PODRÁ CONCEDER ESTÍMULOS FISCALES EN EL IMPUESTO PREDIAL EN FORMA GENERAL Y A JUBILADOS Y PENSIONADOS CON DESCUENTOS DEL 10% AL 50% SEGÚN LA FECHA DE PAGO Y EL MONTO A PAGAR, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN UBICADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL EL BENEFICIO DE ESTAR EXENTAS DEL PAGO DE ESE TRIBUTO PARA EL MENCIONADO EJERCICIO, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 62 Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL SEÑALAR QUE LOS EXCEDENTES RELATIVOS PODRÁN SER APLICADOS POR EL AYUNTAMIENTO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CABILDO, A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD, TALES COMO OBRA PÚBLICA, GASTOS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES, Y CONFORME A LA LEGALIDAD PREVISTA EN MATERIA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA, CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 67 Y 70 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, AL DISPONER QUE TANTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PODRÁN RECAUDAR DIVERSOS INGRESOS, DEBIENDO MANEJAR ESOS RECURSOS SIN QUE SEAN UTILIZADOS PARA OTRO FIN QUE NO SEA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE AQUÉLLOS ORIGINEN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2007. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: ROBERTO LARA CHAGOYÁN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de diciembre de dos mil siete.
VISTOS
para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 14/2007 y
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano, síndico del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional contra los siguientes actos, normas y poderes públicos:
a) Actos y normas impugnados:
1) Los artículos 114 y 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Morelos.
2) Los artículos 3, 38, fracción XIII y 116 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos.
3) Los artículos 8, 9, 10, 12, 14 y 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos.
4) El artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
5) Los artículos 26, fracción XIX y artículo 27, fracción XLVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
6) Los artículos 2, fracción VII, 5, fracción XIX, 11 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.
7) Los artículos 4, fracción II, incisos c) y d), 11, fracción IX, 16, fracciones III y IV, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
8) La Ley de Tránsito y Transportes para el Estado de Morelos y su reglamento.
9) Los artículos 6, 23 a 28, 43 a 48, 76 a 79, 80, 81, 83, 84, 103, 104, 105, 106, 109 a 112, 116 a 118 y 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
10) El Decreto Legislativo Número 108, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil seis por el que se reforman los artículos 25, tercer párrafo, 45, primer párrafo, 79, primer párrafo y 104, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
11) El acuerdo administrativo emitido por el Ejecutivo Local por el que se otorga un subsidio fiscal en el pago de derechos por servicios de inscripción de cualquier instrumento por el que se adquiera o traslade un bien inmueble en el Estado de Morelos.
12) Los artículos 1o., 2o., 3o., 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil siete, publicada en el Periódico Oficial local el veintisiete de diciembre de dos mil seis.
13) Todos los actos y resoluciones emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mencionado Estado en aplicación de la normativa impugnada.
14) Los puntos IX y X del capítulo de considerandos y los artículos 9o., 11, 23, 28, 28.1, 29, 31, 31.6, punto 4o., 32, 32.4, inciso j), 40, puntos 1o., 3o. y 7o., 42, 43, 44 al 57, 59, 61, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75 y 76 y el 2 transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil siete, publicada en el Periódico Oficial local el veintisiete de diciembre de dos mil seis.
15) Los oficios ASG/6728/2007 y ASG/6765/2007 emitidos por el auditor superior gubernamental del Congreso del Estado de Morelos el veinticuatro de enero de dos mil siete, dirigidos al presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, así como todas las resoluciones y actos que deriven de dichos oficios.
b) Entidades demandadas:
1) El Congreso del Estado de Morelos;
2) La Auditoría Superior Gubernamental del Congreso Local;
3) El titular del Poder Ejecutivo de ese Estado;
4) El secretario de Gobierno Local;
5) El secretario de Finanzas y Planeación Local.
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:
a) El Municipio de Jiutepec señala que desde mil novecientos ochenta y cuatro la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos -en los artículos 119 a 125- ha establecido como un ingreso ordinario de los Municipios lo recaudado por concepto del "impuesto adicional", proveniente del cobro de los demás impuestos y derechos municipales, y que el artículo 123 de esta ley destinaba parte de lo recaudado por ese concepto a determinados rubros de gasto.
Así, por ejemplo, lo recaudado por concepto de impuesto adicional derivado del cobro del impuesto sobre traslado de dominio y derechos sobre fraccionamiento debía destinarse como sigue: quince por ciento para apoyo a la educación, cinco por ciento para apoyo a la universidad y cinco por ciento para un fondo de fomento a la industrialización.
b) Posteriormente, afirma que parte de estos gastos predeterminados quedaron suprimidos porque el Decreto Legislativo Número 93, publicado en el Periódico Oficial local el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, derogó el impuesto sobre la traslación de dominio. Sin embargo, estima que la verdadera derogación de los destinos de gasto que preveía el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal local se produjo con la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, que tuvo como finalidad garantizar la autonomía hacendaria de los Ayuntamientos. En su opinión, la razón de esta supresión se asocia al hecho de que el artículo 115 constitucional autorice a los Ayuntamientos para aprobar anualmente sus presupuestos de egresos, al tiempo que prohíbe que las leyes locales establezcan exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna.
c) El primero de noviembre de dos mil seis, los integrantes del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, tomaron posesión de sus cargos, y a escasos días de haber entrado en funciones la nueva administración municipal presentó ante el Congreso Local la iniciativa de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil siete, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Constitución del Estado de Morelos y siguiendo los antecedentes registrados en el Municipio.
d) El Municipio actor advierte, como una cuestión previa, que las Leyes de Ingresos en el Estado de Morelos no sólo contienen el catálogo de ingresos autorizado a los Municipios, sino también elementos tributarios que deberían estar en la Ley General de Hacienda Municipal y en el Código Fiscal. Esta situación permite, en su opinión, una intromisión inconstitucional del Poder Legislativo en los Ayuntamientos.
e) A continuación, el Municipio actor afirma que el veintisiete de diciembre de dos mil seis se publicaron en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos y la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Jiutepec, ambas para el ejercicio fiscal dos mil siete, el Decreto 108 por el que se reforman los artículos 25, tercer párrafo, 45, primer párrafo, 79, primer párrafo y 104 de la Ley General de Hacienda local y el acuerdo administrativo emitido por el Ejecutivo Estatal por el que otorga un subsidio fiscal en el pago de derechos por inscripción de cualquier instrumento por el que se adquiera o traslade un derecho real inmobiliario en el Estado.
f) Finalmente, señala que el treinta de enero de dos mil siete, su Ayuntamiento recibió los oficios ASG/6728/2007 y ASG/6765/2007, fechados el veinticuatro del mismo mes y año, emitidos por el auditor superior gubernamental del Poder Legislativo Local. Por medio del primer oficio se le requirió "información detallada de los recursos recaudados por su Municipio, en lo que se refiere al 5% pro universidad en los meses de noviembre y diciembre del año 2006, comprobando el entero de ese recurso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el recibo respectivo". Mediante el segundo oficio se le requirió "que para la entrega de la cuenta pública mensual que corresponde al año 2007, ésta deberá contener los recursos recaudados por ese Municipio respecto del 5% pro universidad, conteniendo el respectivo recibo del entero a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; en caso de que no se presente la comprobación de este recurso se entenderá que la cuenta mensual está incompleta".
TERCERO. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los argumentos que sustentan la impugnación del actor.
En su primer concepto de invalidez, el actor señala que el punto VIII del capítulo de consideraciones y los artículos 9 y 11 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Jiutepec, así como el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal local, violan los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
El actor destaca que los artículos 14 y 16 constitucionales obligan a las autoridades a emitir sus actos de forma fundada y motivada, mientras que el artículo 115, fracción IV, constitucional, establece el principio de la libre administración hacendaria en el ámbito municipal, que obliga a que determinados recursos ingresen a la hacienda municipal, prohíbe que las leyes prevean exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna y faculta a los Ayuntamientos para aprobar sus respectivos presupuestos de egresos.
El Municipio actor considera que estos principios se violan porque las normas legales impugnadas establecen un destino específico de gasto para lo que se obtiene con la recaudación del impuesto adicional. Esta determinación vulnera la facultad exclusiva que tienen los Municipios para aprobar sus respectivos presupuestos de egresos y la prohibición constitucional de que existan subsidios en favor de persona o institución alguna.
Por otra parte, considera que este mecanismo reactiva el antiguo artículo 93 de la Ley General de Hacienda Municipal que hasta mil novecientos ochenta y nueve establecía el impuesto sobre traslación de dominio como una de las bases gravables del impuesto adicional -el cual se encuentra derogado desde entonces-.
En su opinión, la obligación que establecen las normas impugnadas de subsidiar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el entero de un cinco por ciento adicional es todavía más inconstitucional que el anterior artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal local, porque a diferencia de lo que actualmente determinan las normas impugnadas, antes se establecía como destino de gasto del impuesto adicional el rubro: "pro universidad", sin indicar qué universidad debía ser la destinataria obligatoria de tales recursos.
Por otra parte, alega que es inconstitucional que ahora se le exija al Municipio presentar el recibo de entero correspondiente con la cuenta pública mensual, pues ello implica una intromisión en las facultades autónomas de administración del Ayuntamiento garantizadas por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. El Ayuntamiento no tiene la obligación de anexar a la cuenta pública ningún comprobante; la facultad de administrar libremente su hacienda municipal, destaca, es recogida correctamente por los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, según los cuales corresponde a los Ayuntamientos de la entidad registrar, conservar y custodiar toda la información y documentación comprobatoria de su contabilidad gubernamental, en relación con el artículo 32, tercer párrafo, de la Constitución Local, que establece que los Ayuntamientos deben entregar su cuenta pública al Congreso Estatal con la información financiera a que se refiere el artículo 7 de la Ley de la Auditoría Superior Gubernamental local. Si la citada obligación -anexar los comprobantes de los enteros que realice- estuviera establecida legalmente, además de estar viciada de nulidad, sería de imposible realización; es justamente para evitar que el Municipio esté obligado a entregar al Congreso Local la documentación comprobatoria de cada uno de sus ingresos y gastos, señala, que el Congreso Local está facultado para ordenar visitas domiciliarias y fiscalizar los recursos públicos ejercidos, en los términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
El Municipio actor considera que la facultad otorgada al órgano de fiscalización del Congreso Local para verificar mensualmente que los Municipios hayan enterado dicho subsidio y para recibir el comprobante de entero, junto con la presentación mensual de la cuenta pública, convierte a ese órgano fiscalizador en una autoridad superior al Municipio. A su juicio, un órgano de este tipo sólo debe estar facultado para ejercer sus atribuciones de revisión y auditoría sobre la presentación de la cuenta pública anual de los Ayuntamientos, pero no sobre los informes financieros mensuales, mal llamados cuentas públicas en los artículos 32, tercer párrafo y 40, fracción XXVIII, segundo párrafo, de la Constitución Local, y en el artículo 17 de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental local.
El Municipio actor, por otro lado, considera que los oficios emitidos por el auditor superior gubernamental del Congreso Local, números ASG/6728/2007 y ASG/6765/2007, no sólo vulneran la Constitución Federal, sino que rebasan incluso los límites impuestos por las normas impugnadas, porque mediante el primero de ellos se exigió a su Ayuntamiento la entrega de información detallada sobre los recursos recaudados durante el último bimestre de dos mil seis en el rubro del cinco por ciento pro universidad y la comprobación del entero de estos recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el recibo correspondiente, cuando en su opinión, el Ayuntamiento no tiene la obligación de entregar ninguna información detallada sobre la administración de sus ingresos y egresos fuera de la cuenta pública respectiva.
Por otra parte, en el segundo de los oficios se le requirió de forma confusa y errónea "entregar la cuenta pública mensual que corresponde al año 2007", junto con la documentación que compruebe "los recursos recaudados por ese Municipio del 5% pro universidad, conteniendo el respectivo recibo de entero a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", requerimiento que finaliza con la conclusión inconstitucional, según la cual "en caso de que no se presente la comprobación de este recurso se entenderá que la cuenta mensual está incompleta". Este oficio invoca como fundamento jurídico los artículos 14, fracción XI y 77, fracción X, de la Ley de la Auditoría Superior Gubernamental del Estado de Morelos, pero lo cierto es que estos artículos no lo facultan para requerir información ni documentación fuera de sus facultades de fiscalización sobre la cuenta pública anual o fuera de una orden de visita orientada a auditar el ejercicio de los recursos municipales. Por otra parte, este oficio cita los artículos 62, 63 y 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal local, los cuales, en su opinión, tampoco sirven de base para dicho requerimiento, porque mientras los primeros se refieren parcialmente al impuesto adicional del Gobierno Estatal y de los Municipios, los segundos no contemplan ninguna facultad de este tipo, aunque se refieran al impuesto adicional de los Ayuntamientos.
Finalmente, señala que en caso de que esta Suprema Corte considere que el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal Local -que predetermina el destino de pago de los recursos municipales- no quedó automáticamente derogado por las reformas de que fue objeto el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, también debería ser declarado inconstitucional por esta Suprema Corte.
En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor argumenta que la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec para el ejercicio fiscal dos mil siete, viola los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
En su opinión, los artículos 42 y 43 de dicha ley restringen indebidamente las facultades que tienen el presidente municipal y el tesorero del Ayuntamiento, pues condicionan la validez de las resoluciones fiscales de estos funcionarios a que sean aprobadas por el resto de los miembros del Ayuntamiento, contra lo establecido por los artículos 9o., segundo párrafo, 33, 38 y 68, fracciones VI, VII y VIII del Código Fiscal local y 41, fracciones VI y XX, 75 y 82, fracciones II y XXVI, de la Ley Orgánica Municipal.
El Municipio actor se queja de que el artículo 43 de la Ley de Ingresos de su Municipio, por una parte, le reconoce la facultad para otorgar estímulos fiscales, pero por el otro, le prohíbe modificar las resoluciones del Poder Legislativo por las que directamente determina el otorgamiento de estímulos, descuentos y exenciones a los ingresos ordinarios de su Municipio. Esta situación, afirma, refleja una intromisión en la potestad de su Municipio para percibir los ingresos que corresponden a su hacienda, elaborar su presupuesto de egresos e incluso definir las políticas tributarias que más le convengan y, en general, interfiere con las funciones de gobierno y administración hacendaria que le reservan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 65 y 75 de su Ley de Ingresos.
El actor afirma que las disposiciones de dicha ley deben ser declaradas inconstitucionales porque en sus artículos 2o. transitorio y 62 sujetan a un destino específico los excedentes que llegara a tener el Ayuntamiento en sus recursos ordinarios. También los artículos 67, 70 y 76 de la misma, sujetan a un destino específico los ingresos de las dependencias de su Municipio llamadas Desarrollo Integral para la Familia y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Además, el artículo 76 reglamenta cómo debe realizar sus registros, asientos y cuentas contables, lo cual es en su opinión algo que debe determinar el Ayuntamiento en ejercicio de su facultad de administración tributaria y presupuestaria.
El Municipio actor afirma que no corresponde al Congreso Local alterar arbitrariamente el sistema normativo, la estructura orgánica y la suma de atribuciones fiscales que son conferidas al Ayuntamiento de Jiutepec por el Código Fiscal y la Ley Orgánica Municipal, ambos del Estado de Morelos, en los términos establecidos por el artículo 115 de la Constitución Federal. En su opinión, es el Ayuntamiento y no el Congreso Local el facultado para determinar los beneficios fiscales -denominados estímulos, descuentos, condonaciones, prestación de servicios o campañas gratuitas- dado que la competencia para valorar la oportunidad de otorgarlos, su duración, límites, montos, requisitos y repercusiones es del Municipio actor, en función de los ingresos que efectivamente vaya recaudando en el curso de un ejercicio fiscal y de sus políticas concretas.
Otra determinación de la Ley de Ingresos que el Municipio actor estima inconstitucional es la que ordena que los excedentes de los ingresos en su Municipio durante el dos mil siete se destinen a obras o acciones públicas. Lo anterior al margen de que dicho imperativo puede considerarse una obligación general de todo gobierno, constituye una cuestión presupuestal que sólo a los Ayuntamientos corresponde decidir. Dicha determinación, afirma, es una intromisión injustificada que impide a su Municipio, por ejemplo, destinar recursos extras a su deuda pública o al pago de pasivos generados por resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento.
El Municipio actor afirma que el Congreso Local llegó al extremo de fijar reglas acerca de la forma en que deben llevarse los registros contables en su Municipio, aspecto que se encuentra a su juicio claramente cubierto por su autonomía para administrar la hacienda municipal.
El actor afirma que todas las vulneraciones que denuncia se desprenden claramente del contenido de los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 65, 67, 70, 75, 76 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos.
En su tercer concepto de invalidez, el Municipio actor afirma que la Ley de Ingresos de su Municipio para el dos mil siete viola los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal. De esta ley impugnada destacan especialmente los artículos 28, primer párrafo, 28.1, 29, 36, 31.6, 32, 32.4 y 71.
En su opinión, los artículos 28, 28.1, 29, 31, 31. (sic) y transitorios séptimo y octavo de la ley impugnada, no definen las cuotas, tasas o tarifas aplicables a algunos de los ingresos que contempla y delegan la determinación de los mismos a su Ayuntamiento. Sin embargo, ésta es en realidad una facultad indelegable del Congreso Local y la negativa de dicho Congreso a ejercerla vulnera la Ley de Coordinación Fiscal.
Por otra parte, el Municipio actor considera que la Ley de Ingresos de su Municipio vulnera los mencionados preceptos constitucionales por las siguientes razones: establece la supletoriedad de otros ordenamientos cuando no se regulen determinadas hipótesis relacionadas con las facultades municipales; autoriza indistintamente la aplicación de reglamentos de tránsito estatal o municipal y de convenios celebrados entre su Ayuntamiento y el Estado, a pesar de que no existe acto jurídico que faculte a las autoridades estatales a prestar el servicio municipal de tránsito; permite la injerencia de la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado en materia de tránsito; regula cuestiones referentes a esta materia que no deben contenerse en esta ley y establece que un convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Jiutepec es el fundamento que permite al Gobierno Estatal cobrar los ingresos por servicios catastrales, a pesar de que dicho convenio no existe y de que el artículo 115, fracción IV, constitucional, establece claramente que a los Ayuntamientos les corresponde percibir los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Finalmente, el Municipio actor se queja de que el artículo 32, subnúmero 32.4, inciso j), de la ley impugnada, determine que las multas impuestas por las infracciones cometidas en los lotes baldíos sean accesorias del cobro del impuesto predial, cuando esos conceptos no están vinculados.
En su cuarto concepto de invalidez, el Municipio actor afirma que el artículo 40 de la Ley de Ingresos de su Municipio para el dos mil siete viola los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.
En su opinión, el artículo 40 de la ley impugnada, contra lo ordenado por la fracción II del artículo 115 constitucional, niega personalidad jurídica a su Ayuntamiento, porque establece que si el Gobierno Municipal pretende obtener ingresos derivados de financiamiento, debe informar previamente de ello al Poder Ejecutivo Local, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como obtener la aprobación de la Legislatura Local. Asimismo, denuncia que esta disposición legal autoriza al Ayuntamiento a obtener créditos de instituciones bancarias, siempre y cuando el periodo de dichas deudas no rebase el periodo de la administración municipal. Su Ayuntamiento no requiere en su opinión de la aprobación del Congreso Local ni del Poder Ejecutivo Local para obtener financiamiento cuyo pago se acuerde para el periodo presente o posterior a la administración municipal en turno.
En opinión del Municipio actor, en esta misma violación a la fracción II del artículo 115 de la Constitución, incurren los artículos 114 y 115, fracción IV, cuarto párrafo, de la Constitución Local, los artículos 3, 38, fracción XII y 116 de la Ley Orgánica Municipal local y los artículos 7, 8, 9, 10, 14 y 17 de la Ley de Deuda Pública local, porque todas estas disposiciones niegan a su Ayuntamiento personalidad jurídica para celebrar actos jurídicos con las instituciones públicas o privadas, trasladando la misma al Poder Ejecutivo o al Legislativo del Estado en los casos en que el Municipio intente obtener financiamiento. Estas disposiciones, afirma, implican una intromisión en la facultad autónoma de su Ayuntamiento para determinar la necesidad de contratar deuda pública y celebrar los actos jurídicos necesarios para ese fin, dentro o fuera del Estado de Morelos.
En su quinto concepto de invalidez, el Municipio actor alega que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 36, fracción I y 115 de la Constitución Federal.
El Municipio actor afirma en primer lugar que el artículo 36, fracción I, de la Constitución Federal, establece la facultad de los Municipios de registrar en el catastro municipal las propiedades, industrias, profesiones o trabajos de los ciudadanos, facultad que deriva de la obligación de registro que tienen los particulares. La fracción IV del artículo 115 constitucional, por su parte, confiere a los Municipios la facultad de administrar libremente su hacienda, que se compone de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor. Dicha disposición garantiza a los Municipios la percepción, en todo caso, de las contribuciones (incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados) sobre la propiedad inmobiliaria o sobre su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Finalmente, señala que la fracción V, inciso d), de este último artículo constitucional, establece la atribución de los Gobiernos Municipales de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de sus competencias, atribución que les permite otorgar licencias y permisos para construcciones, así como formular, aprobar y administrar la zonificación y planificación del desarrollo urbano municipal.
En su opinión, los artículos 1o., 2o., 3o., 10, 11, 16 y 19 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para dos mil siete vulneran las normas constitucionales citadas, porque autorizan al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a recaudar los ingresos provenientes del cobro de los impuestos sobre hospedaje y sobre los servicios de parques acuáticos y balnearios, así como los derechos generados por la prestación de los servicios catastrales, los servicios de registro de contratos de arrendamiento y otros contratos relativos a inmuebles, así como los servicios técnicos en materia inmobiliaria y de Registro Público de la Propiedad, incluyendo sus recargos. Estos servicios se encuentran contemplados, a su vez, en los artículos 23 al 28, 43 a 47, 76 a 79 y 103 a 106 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por lo que también solicita que se declaren inconstitucionales. Con base en lo anterior, el Municipio actor pide que se le reintegren los montos recaudados por el Ejecutivo Local por tales conceptos y sus accesorios a partir del primero de enero de dos mil siete. También solicita el reintegro de los montos recaudados por el cobro del impuesto adicional o por concepto de derechos de legalización de firmas, certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas, previstos en los artículos 59 al 64 y 109 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pues a su juicio, se trata de contribuciones de naturaleza municipal.
El Municipio actor se queja, por otra parte, de que la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para dos mil siete faculta al Poder Ejecutivo Local para determinar subsidios, estímulos fiscales y destinarlos a fideicomisos públicos, cuando se trata de cuestiones de definición municipal.
Además, considera que el Decreto 108, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil seis, por el que se reforman los artículos 25, tercer párrafo, 45, primer párrafo, 79, primer párrafo y 104, fracción I, de la Ley General de Hacienda local violan las normas constitucionales citadas, porque establecen el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre servicios de parques acuáticos y balnearios y los derechos por servicios catastrales. Sin embargo, advierte el Municipio, "los ingresos por la prestación de servicios catastrales no se encuentran autorizados en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año 2007, de manera que, pese a ello, y ante la reciente reforma producida a tales ingresos, se estima que aún así, el Poder Ejecutivo Local ejercerá inconstitucionalmente la recaudación de dichos servicios municipales".
El actor considera que los recursos generados por el cobro de estos impuestos deben ingresar a su hacienda municipal porque las actividades gravadas (hospedaje y servicios de parques acuáticos y balnearios) presuponen que los sujetos de las mismas son propietarios o poseedores de bienes inmuebles, y la fracción IV del artículo 115 constitucional, asegura que los impuestos sobre los mismos serán una fuente de ingreso municipal. En su opinión, estos impuestos se asemejan al impuesto predial, que tiene el propósito de gravar la posesión de los bienes inmuebles.
La Ley de Catastro Municipal local atribuye la prestación del servicio de catastro a los Municipios y no existe en la misma -ni en ningún otro ordenamiento- disposición que faculte al Poder Ejecutivo Local para prestar este servicio por sí mismo, ni existe convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado que lo permita. Por el contrario, afirma que su Ayuntamiento se encuentra prestando este servicio de forma continua y regular en los términos establecidos por los artículos 14, 16, 31, fracción IV, 36, fracción I y 115 de la Constitución Federal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley General de Hacienda Municipal. Enfatiza que el artículo 104 de la Ley General de Hacienda local, reformado por el Decreto Legislativo 108, publicado en el Periódico Oficial local el veintisiete de diciembre de dos mil siete, debe ser declarado inconstitucional porque autoriza al Poder Ejecutivo Estatal a percibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios catastrales, en franca oposición a lo que establece la mencionada Ley del Cat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20767-dbffb2fc/controversia-constitucional-el-articulo-11-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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