CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIONES I Y III, 61, FRACCIÓN II, 62, FRACCIONES II Y V, 69, FRACCIONES I, IV, V, VII, IX Y X, 70, FRACCIÓN II, 71, FRACCIÓN III, 105, 106, ÚLTIMO PÁRRAFO, 111, FRACCIONES I, II, III, V, IX, X, XI Y XII Y PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y, POR EFECTOS, EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE TRÁNSITO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, QUE SE REFIEREN A LAS ATRIBUCIONES DE CONTROL VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL VEHICULAR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, AMBOS DE ESA ENTIDAD, SOBRE LOS VEHÍCULOS TANTO DE SERVICIO PARTICULAR COMO DE TRANSPORTE PÚBLICO, SON CONSTITUCIONALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 86 A 88 Y 90 A 95 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL REGULAR LA FACULTAD DE AUTORIZAR LOS ANUNCIOS O PUBLICIDAD QUE SE INSERTE E INSTALE EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y RECAUDAR LOS DERECHOS DERIVADOS DE TAL CONCEPTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DE ESA ENTIDAD, SON CONSTITUCIONALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y, POR EXTENSIÓN Y EFECTOS, 2 Y 3 DE LA LEY DE TRÁNSITO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, AL NO CONTENER ALGUNA DELIMITACIÓN REAL DE LAS ATRIBUCIONES EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRÁNSITO ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, NO SON CONTRARIOS AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ RELATIVA CON EFECTOS DE INAPLICACIÓN RESPECTO DEL ÁMBITO TERRITORIAL PROPIO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC DE LOS ARTÍCULOS 3, 11, FRACCIÓN III, 12, FRACCIÓN V, 14, FRACCIÓN IV (POR VÍA DE EXTENSIÓN Y EFECTOS), 33, FRACCIONES I, II, III Y V, Y 48 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, AL NO OTORGAR A LAS AUTORIDADES ESTATALES LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS RESPECTIVAS, Y A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LA COMPETENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ RELATIVA DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 4, FRACCIONES I, IX Y X, DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE NORMAS QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO BÁSICAS Y MÍNIMAS DESTINADAS A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN UNIFORME DEL SERVICIO DE TRÁNSITO EN LA ENTIDAD, SIENDO INAPLICABLES RESPECTO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, QUIEN PUEDE NO TOMARLAS EN CONSIDERACIÓN PARA EL DICTADO DE SUS NORMAS REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FACULTAD EN MATERIA DE TRÁNSITO NO INCORPORA LA DE TRANSPORTE. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: FRANCISCA MARÍA POU GIMÉNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de enero de dos mil once.
VISTOS;
para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 22/2008 y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el once de febrero de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano, quien se ostentó como síndico del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de las normas y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
a) El Congreso del Estado de Morelos.
b) El gobernador del Estado de Morelos.
c) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
Normas impugnadas:
a) La omisión legislativa en que incurre el Congreso del Estado, al no expedir la ley que sirva de base al Municipio actor para que pueda emitir la normatividad que regule la prestación del servicio público de tránsito.
b) Los artículos 3, 5, fracción IV, 10, fracción X, 11, fracción III, 12, fracción V, 13, fracciones I y III, 22, fracción III, inciso a), 26, fracciones I, IV y VI, 29, fracciones I y II, 33, fracciones I, II, III y V, 35, 48, 61, fracción II, 62, fracciones II y V, 69, fracciones I, IV, V, VII, IX y X, 70, fracción II, 71, fracción III, 86 a 95, 105, 106, último párrafo, 108, primer párrafo, 111, fracciones I, II, III, V, IX, X, XI y XII y los artículos primero, quinto y décimo transitorios, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.
c) Por extensión y efectos, los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o., fracciones I, VIII, IX, X y XV, de la Ley de Tránsito; el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; el artículo 19, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y el artículo 25, fracciones VI, VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todos del Estado de Morelos.
Acto impugnado:
El reintegro de las cantidades que el Poder Ejecutivo haya recaudado y continúe recaudando durante el ejercicio fiscal del año dos mil ocho, incluidos los aprovechamientos derivados del cobro de multas de tránsito, así como los ingresos provenientes de autorizaciones de publicidad en el transporte público y del impuesto adicional que se cause, más los intereses legales que correspondan.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:
a) Antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal, la prestación del servicio público de tránsito en el Estado de Morelos era competencia de las autoridades estatales, como lo confirma su antecedente legislativo más inmediato, parcialmente en vigor, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, la que, en su artículo 3o. dispuso que la aplicación de dicho ordenamiento, así como la de su reglamento, correspondería al gobernador del Estado, estableciendo, asimismo, que las autoridades municipales serían competentes en los términos fijados por la ley, el reglamento y demás disposiciones legales aplicables, lo que, en los hechos, significó una entelequia, pues ni en la ley ni en el reglamento se otorgaron a los Municipios atribuciones en la materia.
Por otro lado, el reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, excedió con mucho lo dispuesto por la ley de la que derivó, pues significó legislar sin tener facultades para ello.
b) El veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, fue abrogado el reglamento antes mencionado, emitiéndose uno nuevo, en el que se legisló, igualmente, sobre ambas materias, sin que la ley de la que derivó justificara la totalidad de las disposiciones reglamentarias adoptadas.
c) A partir de las reformas de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal, se reconoció, como atribución de los gobiernos municipales, la prestación del servicio público de tránsito, instándose, asimismo, a las Legislaturas Estatales a expedir leyes en el ámbito municipal, que sirvieran de base a los Ayuntamientos para emitir la normatividad interna que organice la administración pública, sus funciones y la prestación de los servicios públicos de su competencia.
d) Con motivo de las citadas reformas, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ordenó la transferencia a los Ayuntamientos de los recursos humanos que, a nivel estatal, estaban prestando el servicio público de tránsito, la cual concluyó a finales de mil novecientos noventa y nueve, permitiendo que los Municipios prestaran, de manera directa, dicho servicio.
A este respecto, cabe señalar que aun cuando en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal se establece, como atribución de los Municipios, la prestación del servicio público de tránsito, no existe ordenamiento que regule la prestación de dicho servicio, ni el ámbito de competencia de las autoridades estatales y municipales en la materia, omisión que ha permitido al Gobierno Estatal invadir la esfera de atribuciones municipal.
e) No obstante lo anterior, a instancias de los gobiernos municipales se han incorporado algunos conceptos relativos a la prestación del servicio público de tránsito, estableciéndose en leyes tributarias infracciones y sanciones por este concepto.
f) Lejos de emitir la normatividad municipal para la prestación del servicio público de tránsito, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado han establecido un marco normativo impreciso que permite que se invada la esfera de atribuciones de los Municipios, facultando, primero, a la Secretaría de Finanzas y Planeación para "regular y controlar, administrativa y financieramente, todo lo relacionado con los trámites de licencias para conducir y actualizaciones, así como la elaboración, organización, integración y actualización del registro estatal vehicular" y, después, a la Secretaría de Seguridad Pública para "planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de vialidad y tránsito en el Estado, tomando en cuenta la opinión de los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables".
Asimismo, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial el catorce de agosto de dos mil dos, se modificaron diversas disposiciones del Código Civil del Estado, para otorgar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la facultad de administrar el registro estatal de vehículos automotores.
g) Derivado de lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, excediendo, con mucho, lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, otorga a la Dirección General de Control Vehicular diversas atribuciones en materia de tránsito, tales como "registrar cambio de domicilio de los propietarios de los vehículos automotores", "expedir placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, autorizaciones y permisos" y "autorizar el tránsito temporal de vehículos carentes de la documentación necesaria para circular".
Del mismo modo, se le confieren facultades para imponer sanciones por concepto de tránsito, lo que implica, por un lado, operar los servicios de tránsito, pues sólo así pueden detectarse infracciones e imponerse sanciones y, por otro, invadir el escaso margen que se reconoce a los Ayuntamientos, por disposición de las Leyes de Ingresos Municipales, para determinar infracciones y sanciones en la materia.
h) Como contrapartida, el Municipio de Jiutepec expidió el Reglamento de Tránsito y Vialidad, en el que reguló, de manera detallada, la prestación del servicio público de tránsito, no obstante la omisión legislativa prevaleciente, reglamento que permanece en vigor.
i) El doce de diciembre de dos mil siete se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Transporte del Estado de Morelos, la cual convalida el otorgamiento de atribuciones a las autoridades estatales en materia de tránsito.
De esta forma, se asigna competencia al Ejecutivo Local para expedir placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, autorizaciones y permisos; determinar o modificar rutas, horarios, desplazamientos, enlaces, enrolamientos, tablas de distancia, paradas, paraderos, ascenso y descenso de pasajeros; autorizar, denegar o revocar la publicidad en vehículos de transporte público; e imponer sanciones por concepto de infracciones de tránsito.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
1) Si bien es cierto que el servicio público de tránsito es reconocido, como atribución municipal, en los artículos 114 Bis, fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos y 24, fracción II, inciso h), 75, 123, fracción XI, 132, párrafo primero, 133, párrafo primero y 138, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal, con fundamento en los cuales el Municipio de Jiutepec ha expedido su Reglamento de Tránsito y Vialidad, no menos cierto es que no se cuenta con una base normativa que permita que la prestación de dicho servicio sea uniforme en la entidad, mediante el establecimiento de un marco jurídico que distribuya las atribuciones que, en esta materia, corresponden a las autoridades estatales y municipales.
De esta forma, la única base con la que cuenta el Municipio para la prestación del servicio público de tránsito, deriva de las disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos municipal, en las que sólo se le faculta para determinar infracciones e imponer sanciones por este concepto.
Luego, ante la posible consecuencia jurídica que ha producido la expedición de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, vigente a partir del trece de diciembre de dos mil siete, en el sentido de estimar que el mencionado Reglamento de Tránsito y Vialidad haya quedado abrogado, se vulnera la esfera de atribuciones del Municipio en esta materia, al pretender reducirle las facultades que, en su favor, establece la Ley de Ingresos municipal, sin que esté de más señalar que, a través de un ordenamiento tributario, no se satisface la necesidad de contar con una legislación en la que se regule y organice la prestación del servicio público de tránsito que sirva de base al Municipio para emitir su propia normatividad.
Si a la omisión legislativa anterior se agrega el hecho de que la Legislatura Local, lejos de cumplir con su responsabilidad de emitir leyes municipales que regulen la prestación de los servicios públicos, ha venido trasladando inconstitucionalmente tales funciones al Ejecutivo Estatal, se acentúa la vulneración a la esfera de atribuciones municipal.
Por lo anterior, se solicita a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiera al Congreso del Estado para que, en determinado plazo, expida la normatividad que constitucionalmente está obligado a emitir en materia de tránsito municipal.
2) Los artículos 3, 5, fracción IV, 10, fracción X, 11, fracción III, 12, fracción V, 22, fracción III, inciso a), 26, fracciones I, IV y VI, 29, fracciones I y II, 33, fracciones I, II, III y V, 35, 48, primero, quinto y décimo transitorios, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, así como, por extensión y efectos, los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o., fracciones I, VIII, IX, X y XV, de la Ley de Tránsito y Transportes, hoy Ley de Tránsito del Estado de Morelos violan lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, por lo siguiente:
I. Se desconoce al Municipio actor como autoridad en materia de tránsito municipal, al no contenerse en ley disposición que reconozca tal carácter y asignarse al Ejecutivo del Estado facultades para dictar disposiciones legales y administrativas en materia de tránsito municipal.
II. Se otorgan facultades al gobernador del Estado para fijar rutas, horarios, frecuencias, tablas de distancia, paradas, paraderos, sitios, terminales, bases, desplazamientos, enlaces y enrolamientos, así como para autorizar la conurbación de Municipios, el libre ascenso y descenso de pasajeros y realizar modificaciones en la operación de los servicios de transporte público, ejerciéndose tales facultades en el territorio del Municipio actor, basándose en su Reglamento de Tránsito y Vialidad, así como en las disposiciones de la Ley de Ingresos en las que se establecen multas e infracciones.
III. Se convalida la atribución del Ejecutivo Local para prestar el servicio público de tránsito en el Estado, así como para autorizar enlaces y enrolamientos, incrementar el otorgamiento de extensiones de rutas o variaciones de frecuencias, autorizar extensiones de bases de sitio de automóviles de alquiler, determinar infracciones e imponer sanciones.
Luego, al otorgarse en ambos ordenamientos facultades al Poder Ejecutivo Estatal para dictar disposiciones legales y administrativas en materia de tránsito municipal, so pretexto de la prestación del servicio público de transporte, se invade el ámbito de competencia que, sobre esta materia, establece en favor del Municipio actor, el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal.
Del mismo modo, si el gobernador del Estado puede determinar, de manera unilateral, rutas, itinerarios, recorridos, horarios, frecuencias, tablas de distancia, paradas, paraderos, sitios, terminales, bases, desplazamientos, enlaces y enrolamientos en el territorio municipal, de poco valen las atribuciones que se otorgan al Municipio en materia de planeación, programación, dirección, control, vigilancia e, incluso, presupuestación, necesarias en la prestación de dicho servicio público.
Tampoco es dable admitir que el Ejecutivo Local tenga facultades para determinar la conurbación de los Municipios, en tratándose de servicios de transporte público, pues ello implica que se autoricen nuevos derroteros de vehículos autorizados o concesionados, con el consecuente incremento indiscriminado del tránsito municipal.
De esta forma, por extensión y efectos, se demanda igualmente:
a) La invalidez del acto de aplicación de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, contenido en los artículos quinto y décimo transitorios, que autoriza al gobernador del Estado a emitir, en periodos determinados, reglamentos mediante los cuales reitere su intromisión en el ámbito de competencia que, en materia de tránsito, corresponde al Municipio actor.
b) El reintegro de las cantidades que, por tal concepto, esté recaudando el Ejecutivo del Estado, incluyendo los intereses legales respectivos, ante el provecho indebido de los ingresos municipales.
c) La invalidez del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que confiere al secretario de Seguridad Pública la facultad de "planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de vialidad y tránsito en el Estado, tomando en cuenta la opinión de los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones legales aplicables", así como la del artículo 19, fracción I, del reglamento interior de dicha dependencia, que faculta, a su vez, al director de área de la Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico para planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de tránsito y vialidad en el Estado.
3) Los artículos 13, fracciones I y III, 61, fracción II, 62, fracciones II y V, 69, fracciones I, IV, V, VII, IX y X, 70, fracción II, 71, fracción III, 105, 106, párrafo último, 108, párrafo primero, 111, fracciones I, II, III, V, IX, X, XI y XII, y primero transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, así como, por extensión y efectos, el artículo 4o., fracción XV, de la Ley de Tránsito y Transportes, hoy Ley de Tránsito del Estado de Morelos violan lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, por lo siguiente:
I. Se autoriza a la Dirección General de Control Vehicular, como autoridad de tránsito, para suspender y cancelar licencias y permisos de conducir de uso particular, así como para resguardar placas, tarjetas de circulación, permisos y licencias de conducir, lo que implica, por un lado, operar el tránsito municipal en el territorio del actor y, por otro, determinar infracciones, imponer sanciones y recaudar contribuciones por tal concepto, con lo cual se vulnera lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, que otorga al Municipio, de manera exclusiva, la facultad para prestar el servicio público de tránsito, y la fracción IV, inciso a), del mismo dispositivo constitucional, que le autoriza a recaudar las contribuciones y demás ingresos que la legislatura establezca en su favor, así como la Ley de Ingresos y el Reglamento de Tránsito y Vialidad, bajo los cuales el Municipio ha venido prestando dicho servicio, determinando infracciones, imponiendo sanciones y recaudando las respectivas contribuciones.
II. Se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para determinar infracciones e imponer sanciones, en tratándose del servicio de transporte público, lo que choca con determinaciones que el Municipio adopta en cuanto al tránsito municipal, incluso, respecto de los conductores del servicio de transporte público. Así, por ejemplo, para advertir el uso de documentación falsa, la ausencia de documentación para circular o circular con vehículo distinto del autorizado, circular sin una o las dos placas o sin autorización o permiso para prestar el servicio público de transporte, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, rebasar los límites de velocidad, conducir con negligencia o impericia que ponga en peligro la seguridad, los bienes o la vida de los usuarios, de los peatones o de terceros, entre otros.
Lo anterior genera anarquía y confusión e incide negativamente sobre la prestación del servicio público de tránsito, dado que, como se ha mencionado, no se establece un marco de coordinación entre las atribuciones que, en materia de transporte público, corresponden a las autoridades estatales y aquellas que, en tratándose del tránsito municipal, competen al Municipio actor.
De esta forma, por extensión y efectos, se demanda igualmente:
a) La invalidez del acto de aplicación de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, contenido en los artículos quinto y décimo transitorios, que autoriza al gobernador del Estado a emitir, en periodos determinados, reglamentos mediante los cuales reitere su intromisión en el ámbito de competencia que, en materia de tránsito, corresponde al Municipio actor.
b) El reintegro de las cantidades que, por tal concepto, esté recaudando el Ejecutivo del Estado, incluyendo los intereses legales respectivos, ante el provecho indebido de los ingresos municipales.
c) La invalidez del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, que le autoriza a suspender y cancelar licencias y permisos de conducir de uso particular; resguardar, a título de sanción, placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías, autorizaciones, permisos y licencias de conducir de uso particular; y permitir la práctica de operativos de revisión tanto de vehículos como de documentación que autorice su circulación.
4) Los artículos 86 a 95 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos violan lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Federal, toda vez que facultan a la Dirección General de Transporte para autorizar la publicidad en el transporte público de carga y de pasajeros, clasificando, incluso, el tipo de publicidad de que se trata; evaluar frases, objetos, imágenes o dibujos que contengan dicha publicidad; y revocar las autorizaciones que se otorguen con documentos carentes de idoneidad, así como cuando se modifiquen los términos autorizados.
Como se observa, so pretexto de regular el servicio de transporte público en el Estado y aprovechando las omisiones normativas antes señaladas, se vulnera el ámbito competencial que, en materia de tránsito, corresponde al Municipio actor.
Por lo anterior, se demanda la invalidez de tales disposiciones y el reintegro de las cantidades que, por tal concepto, esté recaudando el Ejecutivo del Estado, incluyendo los intereses legales respectivos, ante el provecho indebido de los ingresos municipales.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son: 14, 16 y 115.
QUINTO. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 22/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de catorce de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno, a los que ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al contestar la demanda manifestaron, en esencia, lo siguiente:
a) Se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en la fracción II del artículo 21 de la referida ley.
Se advierte de la demanda de controversia constitucional que, respecto de los ordenamientos legales denominados Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, actualmente denominada Ley de Tránsito del Estado de Morelos; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; y Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la actora se abstiene de precisar actos concretos de aplicación, por lo que resulta jurídicamente evidente que el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional, debe computarse a partir de la fecha de sus respectivas publicaciones, y de éstas, a la fecha de su presentación, transcurrió el plazo de treinta días para su impugnación.
b) El Municipio actor carece de legitimación ad causam, toda vez que no se ha realizado acto alguno que invada su órbita de competencia, lo que genera que la actora carezca del derecho a demandar la invalidez de los actos que les atribuye.
c) Se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, en razón de no haber realizado acto alguno que constituya una invasión a la esfera competencial del Municipio actor.
d) En ningún momento se ha incurrido en violación a los dispositivos constitucionales 14, 16 y 115, ya que los dos primeros contienen garantías individuales a favor de los gobernados, por lo que resulta patente que los derechos ahí consignados están instituidos a favor de particulares y no de los entes oficiales, tampoco se contraviene el último de los numerales citado, ya que no se ha atentado contra la esfera de competencia del Ayuntamiento actor.
e) En cuanto al primer concepto de invalidez, no resulta legitimación pasiva, toda vez que cuando se reclama una omisión legislativa, no resulta obligatorio ni necesario llamar a juicio a la autoridad que debió llevar a cabo la promulgación y el refrendo, por ser evidente que tales actos no se han realizado.
f) Es erróneo que con la expedición de los artículos 3, 5, fracción IV, 10, fracción X, 11, fracción III, 12, fracción V, 22, fracción III, inciso a), 26, fracciones I, IV y VI, 29, fracciones I y II, 33, fracciones I, II, III y V, 35, 48, primero, quinto y décimo transitorios, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, se viole en su perjuicio la facultad de prestar el servicio público de tránsito, por lo siguiente:
1. Tales disposiciones legales regulan y se refieren al servicio público de transporte, lo cual es distinto al servicio público de tránsito.
2. Las disposiciones impugnadas regulan el servicio público de transporte, por lo que no necesariamente deben hacer referencia al Municipio, como autoridad en materia de tránsito.
3. Es falso que las normas impugnadas atribuyan al gobernador del Estado de Morelos y al secretario de la misma entidad, facultades para dictar disposiciones legales en materia de tránsito municipal.
4. Es errónea la apreciación del actor, en cuanto a que se violan sus atribuciones constitucionales, al otorgar facultades al Poder Ejecutivo para fijar o determinar itinerarios, rutas, horarios, frecuencias, distancias o tablas de distancias, paradas, paraderos, sitios, terminales, bases, desplazamientos, enlaces y enrolamientos, la conurbación de Municipios, el libre ascenso y descenso de pasajeros y sus modificaciones en la operación de los servicios de transporte público, incremento del otorgamiento de extensiones de ruta o variaciones de frecuencia, autorización de extensiones de bases, de sitios de automóviles de alquiler, determinación de infracciones y aplicación de sanciones, toda vez que dichas facultades no están incluidas en el servicio público de tránsito municipal, sino que se encuentran relacionadas y son propias del servicio público de transporte, competencia de las autoridades estatales.
5. En cuanto al contenido de los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos, actualmente denominada Ley de Tránsito del Estado de Morelos, también se refieren al servicio público de transporte, por lo que reitera el contenido de los argumentos antes referidos, y respecto de los artículos 5o. y 7o. de la misma ley, si bien se refieren a la prestación del servicio público de tránsito, encuadra en aquellas que, respecto de tal servicio, tiene la autoridad estatal.
6. Al ser infundada la impugnación respecto de las disposiciones legales que regulan el servicio público de transporte, carece de fundamento la impugnación del acto de aplicación que deriva de los artículos quinto y décimo transitorios de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, consistente en la emisión de las disposiciones reglamentarias.
7. La actora se abstiene de precisar los conceptos de cuyas cantidades recauda el Poder Ejecutivo Local y que solicita su reintegro.
g) Los artículos 13, fracciones I y III, 61, fracción II, 62, fracciones II y V, 69, fracciones I, IV, V, VII, IX y X, 70, fracción II, 71, fracción III, 105, 106, párrafo último, 108, párrafo primero, 111, fracciones I, II, III, V, IX, X, XI y XII, y primero transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, no violan lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, por lo siguiente:
1. La actora se abstiene de impugnar de manera específica y concreta, cada una de las disposiciones legales señaladas, toda vez que sólo afirma que determinan infracciones e imponen sanciones derivadas del servicio de transporte público, que se traslapan con las mismas determinaciones que el Ayuntamiento decide y aplica en materia de tránsito municipal.
2. Los artículos 61, 62, 69, 70, 105, 106, 108 y 111 impugnados, no autorizan al Poder Ejecutivo Local para determinar infracciones e imponer sanciones derivadas del servicio de transporte público, pues de su lectura se advierte que se refieren al servicio público de transporte, lo cual es distinto al servicio público de tránsito.
3. Es infundado que el contenido de las fracciones I, II y III del artículo 13 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos contravenga lo dispuesto por el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste no otorga de manera exclusiva a los Municipios la prestación del servicio público de tránsito.
Así, corresponde a las autoridades estatales, emitir y aplicar las normas que regulen el registro y control vehicular; autorización de su circulación; emisión de placas, calcomanías, hologramas y licencias de conducir; en tanto que a los Municipios les corresponde la emisión de las normas relativas a la administración, organización, planeación y operación del servicio, a fin de que se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular, comprendiendo la emisión de normas relativas al sentido de circulación en avenidas y calles; señalamientos y dispositivos para el control de tránsito; seguridad vial; horario para la prestación de los servicios administrativos y distribución de facultades entre las diversas autoridades de tránsito municipales.
4. Es infundado que con la expedición de las disposiciones que se reclaman, se transgreda el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio, por ser evidente que si dicho reglamento es contrario a la Ley de Transporte del Estado de Morelos, el Municipio deberá adecuar sus disposiciones reglamentarias, atendiendo a la jerarquía existente entre ambos ordenamientos.
5. Carece de fundamento legal la impugnación del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, pues corresponde a las autoridades estatales expedir, suspender
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22838-a8a52334/controversia-constitucional-los-articulos-13-fracciones-i-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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