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CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA INATACABILIDAD DE SUS RESOLUCIONES ES INCONSTITUCIONAL. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES. CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ACTUACIÓN DEBE RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL. CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN. DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. INMUTABILIDAD O IRREDUCTIBILIDAD SALARIAL DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL ES CONSTITUCIONAL. JUICIO POLÍTICO. EL ARTÍCULO 93, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DISPONER QUE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN LA MATERIA DICTE EL CONGRESO LOCAL NO PROCEDERÁ MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO O EXTRAORDINARIO ALGUNO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 103, 105, 107 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUENTAN CON ELLA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUANDO SE IMPUGNA UNA REFORMA O ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL. MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SON TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO TRABAJADORES. MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SU INAMOVILIDAD JUDICIAL NO SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA EDAD MÁXIMA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, NO AFECTA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL PREVER QUE AQUÉLLOS NO SERÁN CONSIDERADOS COMO TRABAJADORES, ES CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS CUALES PUEDEN SER PRIVADOS DE SU CARGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL ESTABLECER QUE DURARÁN 6 AÑOS EN EL CARGO ANTES DE PODER SER RATIFICADOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, AL PREVER QUE EL CONGRESO LOCAL ESTARÁ FACULTADO PARA RESOLVER "SOBERANA Y DISCRECIONALMENTE" RESPECTO A LOS NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIÓN O NO RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE AQUÉLLOS, ES INCONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL, AL ORDENAR LA LIMITACIÓN TEMPORAL DE 2 AÑOS PARA EJERCER LA ABOGACÍA ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD DESPUÉS DE HABER OCUPADO EL CARGO RELATIVO, ES CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. TIENEN DERECHO A RECIBIR PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIALES. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ALEGAR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD EN SU PERJUICIO, POR PARTE DEL ARTÍCULO 57, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. PROMULGACIÓN DE LEYES O DECRETOS LOCALES. LA AUSENCIA DE LA FRASE SOLEMNE CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE REZA: "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA: (TEXTO DE LA LEY O DECRETO)", NO AFECTA LA VALIDEZ DE LA PUBLICACIÓN, SI EL GOBERNADOR DEL ESTADO UTILIZA OTRA EXPRESIÓN COMO "ANUNCIO", "INFORMO", U OTRA SIMILAR. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LAS FRACCIONES IV, VI Y VII DEL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, REFORMADAS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 2 DE FEBRERO DE 2007, QUE ESTABLECEN FACULTADES DEL PLENO DE DICHO ÓRGANO SON CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2007. · Registro digital (IUS): 21557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 563.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2007. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: ROBERTO LARA CHAGOYÁN, ÓSCAR PALOMO CARRASCO E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de enero de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 32/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California en contra del Decreto Número 274 emitido por el Congreso de la entidad y publicado el dos de febrero de dos mil siete en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; y

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y normas impugnadas. Por oficio depositado el veinte de marzo de dos mil siete y recibido el día veintinueve del mismo mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jaime Rico Jiménez, quien se ostentó con el carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y normas que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Poderes demandados:

a) Poder Legislativo del Estado de Baja California.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

c) Secretario general de Gobierno del Estado de Baja California.

d) Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California.

e) Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

f) Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

g) Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

h) Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

i) Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.

Normas y actos cuya invalidez se demanda:

1. De la Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, la aprobación del Decreto Número 274, mediante el cual se reformaron los artículos 7o., 8o., 27, 34, 35, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90, 93, 94 y 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha dos de febrero de dos mil siete.

2. De todos los Ayuntamientos en su conjunto, la aprobación tácita o expresa que debieron haber efectuado con relación al Decreto Número 274 que reformó diversos artículos de la Constitución del Estado de Baja California.

3. Del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, la promulgación del Decreto Número 274, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 7o., 8o., 27, 34, 35, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90, 93, 94 y 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha dos de febrero de dos mil siete.

4. Del secretario general de Gobierno, la autorización del Decreto Número 274, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 7o., 8o., 27, 34, 35, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90, 93, 94 y 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha dos de febrero de dos mil siete.

5. Del director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, la publicación del Decreto Número 274, mediante el que se aprobaron reformas a los artículos 7o., 8o., 27, 34, 35, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90, 93, 94 y 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha dos de febrero de dos mil siete.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El poder actor adujo en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. En el primer concepto de invalidez, la parte actora aclaró que únicamente impugna normas de carácter general y no actos concretos de aplicación, por lo que, a su juicio, la procedencia de la demanda se rige por lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

Posteriormente, señaló que los artículos 27, 29, 30, 32 y 33 de la Constitución Local establecen como imperativo que el Poder Judicial debe conocer con cinco días de anticipación la discusión de proyectos o iniciativas cuyo contenido se refieran a asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la administración de justicia. Así, estimó que la reforma constitucional impugnada "padece de ineficacia jurídica", porque no le fue posible participar en el procedimiento de modificación, al no haber recibido con la anticipación correspondiente el anuncio de que se analizaría dicha reforma.

2. En el segundo concepto de invalidez, la parte actora manifestó que la Comisión de Reforma de Estado no tenía atribuciones para emitir el dictamen número 3 que quedó reflejado en el decreto impugnado. Lo anterior, porque los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California establecen que se confiere a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y a la de Reforma de Estado la atribución de realizar su función en forma de comisión, para proponer conclusiones de cara a las posibles adiciones o reformas a la Constitución Política del Estado.

Sin embargo -dice el actor-, la esfera de actuación de la Comisión de Reforma de Estado es reducida y debe concretarse a analizar aquellas actividades de su campo de atribuciones expresas, es decir, debe estudiar aquellas propuestas de reforma que deriven directa y concretamente en "modificaciones o cambios estructurales que se requieren para fortalecer el régimen democrático de la sociedad y del Estado". En cambio -agrega-, las atribuciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que se presentan en términos generales en cuanto a modificaciones a la Constitución Local, excluyendo de esa generalidad, a la excepción por su especialidad, y a la relativa materia que expresamente se consigna a favor de la Comisión de Reforma de Estado.

A su juicio, el dictamen número 3 de la Comisión de la Reforma de Estado no refleja materia alguna que tienda a fortalecer el régimen democrático de la sociedad y del Estado, pues es relativo a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la administración de justicia, lo cual escapa de su esfera de competencia y especialidad.

3. En el tercer concepto de invalidez, la parte actora sostuvo que el Ejecutivo del Estado no cumplió lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Local, ya que, por un lado, no ordenó publicar el decreto impugnado y, por otro, tampoco hizo constar si en la segunda parte del proceso de reforma existió la aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado.

Desde su punto de vista, si al Ejecutivo del Estado se le remitió el decreto anunciándole su aprobación por parte del Congreso, pero sin cumplir con la diversa aprobación de los Ayuntamientos, es indiscutible que el Ejecutivo debió hacer valer la facultad de veto que le confiere el artículo 34 constitucional, negando su sanción para devolverlo con las observaciones de rigor.

Consideró que una reforma o adición constitucional no se integra únicamente por la aprobación que el Congreso haga del decreto en que se contenga, y la correspondiente asunción que también haga la mayoría de los Ayuntamientos del Estado; a ello debe sumarse la declaración solemne que la Cámara Legislativa debe hacer, en el sentido de que existiendo la mayoría de los Ayuntamientos exigida por el artículo 112 constitucional en su aprobación, la adición o reforma es parte de la Constitución Política del Estado.

4. En el cuarto concepto de invalidez, la parte demandante señaló que el procedimiento de reforma constitucional debe culminar con la promulgación que el Ejecutivo hace de la reforma correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, párrafo octavo y 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado, vinculados con el contenido del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no aconteció en la especie.

A su juicio, la fórmula solemne literal contenida en el artículo 70 de la Constitución Federal es un elemento de forma, pero a la vez de esencia, porque su no cumplimiento exhibe la omisión de la fuerza o imperio que implica la orden o acción de ordenar al Poder Constituyente Local.

Sostiene que el titular del Ejecutivo, a manera de inicio en la publicación del Decreto Número 274, afirmó en forma escrita lo siguiente: "Eugenio Elorduy Walter gobernador del Estado de Baja California, anunció que el Congreso del Estado ha dirigido al suscrito para su publicación, el decreto número 274, cuyo texto es el siguiente..."

De este modo, considera que el Ejecutivo del Estado no cumplió con la obligación de promulgar, porque confundió esta obligación al pensar haberla cumplido por el solo hecho de comunicar que el Congreso le ha enviado un decreto para su publicación.

A su juicio, la forma bajo la cual se debió haber ejecutado la promulgación, en términos del artículo 70 constitucional, era la siguiente: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".

5. A partir del quinto concepto de invalidez, la parte actora hizo valer argumentos en relación con el fondo de las reformas constitucionales; se tratan de los siguientes:

5.1. En primer lugar, el poder actor aclaró que sólo impugna la reforma a los artículos 57, penúltimo párrafo, 58, párrafo segundo, tercero y séptimo, inciso b), 63, fracciones IV y VI, por su incorporación y la supresión de las fracciones IV y VII, 64, párrafo quinto, 65, párrafo octavo, 66, párrafo cuarto, 90, párrafo tercero y 93, último párrafo, por considerarse que estas disposiciones resultan contrarias al orden constitucional.

5.2. El penúltimo párrafo del artículo 57 de la Constitución Local que, dice: "Los Magistrados, Jueces y consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no serán considerados trabajadores para efectos de la ley especial de la materia.", resulta violatorio de las garantías referidas, en general al rubro del derecho a la seguridad social que contempla el artículo 123, apartado B), fracción XIV, de la Constitución Federal, así como de las garantías que salvaguarda el principio de inmutabilidad o irreductibilidad salarial, plasmado en el artículo 116, fracción III, último párrafo, de la Constitución.

Consideró que esta reforma priva a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de los derechos que a favor de los mismos consigna la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con lo que no tendrían garantizado el acceso a la seguridad social, el derecho al pago de prima vacacional y al pago de aguinaldo, entre otros.

5.3. Según la parte actora, la modificación al contenido del artículo 57, penúltimo párrafo, de la Constitución Estatal, se basó en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 43/99, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella se analizó la posibilidad de que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tras la separación de su cargo, tuvieran derecho al pago de la prima de antigüedad, resolviendo en síntesis que, ya que los Magistrados son depositarios de uno de los tres Poderes del Estado, y atendiendo a su relación administrativo constitucional que guardan con el Estado, no tienen derecho a las prestaciones que otorga a los trabajadores la Ley del Servicio Civil.

Expresó que en esta instancia no se demanda la calidad de trabajadores de confianza de los Magistrados del Tribunal Superior del Justicia para tener derecho a los beneficios a que se refiere la ley, sino los derechos creados o adquiridos por dichos funcionarios, al haber venido recibiendo todo el cúmulo de prerrogativas contempladas en la ley en cita.

Esos derechos adquiridos -aduce- se consolidaron a la luz de la Constitución del Estado de Baja California y de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja California, vigentes en la época en que tuvo lugar la elección de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, por lo que la disposición constitucional que ahora niega el carácter a los Magistrados de trabajadores al servicio del Poder Judicial suprime con ello los derechos a que se refiere la ley de la materia y ésta no puede aplicarse retroactivamente para regular de manera perjudicial las situaciones jurídicas que nacieron a la vida jurídica en términos de una ley anterior. Por tanto -concluyó-, la reforma no debe aplicarse a los Magistrados actualmente en funciones, ya que ello implicaría una aplicación retroactiva de la ley, misma que prohíbe el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Federal.

Apoya su argumento en la tesis «2a. LXXXIII/2001», publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de 2001, página 306, cuyo rubro dice: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."

En todo caso -añade-, la reforma podría aplicarse a quienes a partir de la vigencia de la misma llegaran a ocupar el cargo de Magistrado, pero no a quien obtuvo esa designación al amparo y bajo la tutela de un diverso ordenamiento, porque para estos individuos debe continuar rigiendo el conjunto de disposiciones vigentes al momento de su designación.

Invoca en apoyo de lo anterior, la tesis «VI.2o.109 L» que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, consultable en la página 525, bajo el rubro: "PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL. PROCEDE SI EL INTERESADO ACREDITA LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO QUE PERTENECIÓ AL RÉGIMEN CITADO, EN EL MOMENTO DE DEMANDAR SU PAGO."

5.4. De conformidad con el artículo 116, fracción III, último párrafo, de la Constitución Federal, los ingresos de Jueces y Magistrados se encuentran protegidos por el principio de irreductibilidad salarial, pues durante el tiempo de su encargo estas prestaciones no pueden ser disminuidas.

A su parecer, con la reforma impugnada se afectan tales derechos, ya que al negar el carácter de trabajadores del Poder Judicial a los Magistrados, impide que dichos funcionarios tengan derecho al pago de las citadas prestaciones, con lo que se está disminuyendo la remuneración que como salario integrado reciben los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, afectándose en consecuencia la disposición constitucional en cita. Para fundamentar su argumento, mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo anterior al resolver las controversias constitucionales 19/2005 y 42/2006.

Agregó que la jurisprudencia 43/99 señala que la negativa al pago de prima de antigüedad a los Magistrados del Tribunal Superior del Estado que concluyeron su gestión, no se contrapone a la garantía de irreductibilidad salarial, porque la prima de antigüedad es un derecho que sí puede afectarse sin apartarse de aquella garantía, dado que para el reclamo al pago de dicha prima es indudable que el reclamante ya haya cesado en sus labores. Pero ello -dice-, no acontece ni con la prima vacacional ni con el aguinaldo, porque su impago se produce durante la gestión de los Magistrados. En consecuencia, la reforma en esta parte resulta violatoria del principio de inmutabilidad salarial a que se refiere el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal.

6. En el sexto concepto de invalidez, la parte demandante argumentó que resulta inconstitucional la creación del párrafo segundo del artículo 58 de la Constitución Local, toda vez que tal precepto señala que el Congreso estará facultado para resolver soberana y discrecionalmente respecto a los nombramientos, ratificación o no ratificación y remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y que las decisiones en estos puntos tendrán el carácter de definitivas e inatacables, por lo que no procederá juicio, recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario alguno en contra de dichas determinaciones.

En ese sentido, explicó que el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, establece que los Magistrados una vez ratificados únicamente podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de Servidores Públicos de los Estados. Por tanto, a su juicio, una disposición que pretenda restringir a los Magistrados el derecho para defenderse tratándose de su permanencia en el cargo, resulta ilegal, ya que del citado precepto constitucional no se deriva la facultad para poder limitar tal derecho de los Magistrados.

Añadió que esa prohibición -la no procedencia de juicio o recurso alguno respecto a las resoluciones de nombramientos o remociones de Magistrados- no resulta aplicable para el juicio de amparo, según se desprende de la exposición de motivos de la reforma. Sin embargo, afirmó que con dicha prohibición se reduce en gran medida la procedencia de recursos, incluso del juicio de amparo, en contra de decisiones del Congreso antes aludidas, ya que la redacción del artículo impugnado en donde se incluyeron las palabras "soberana y discrecionalmente", proporciona lo necesario -en su entender- para que se actualice la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

Según el actor, la reforma pierde de vista que la única ley que puede prever causales de improcedencia en el juicio de garantías es la Ley de Amparo y la Constitución Federal. En otras palabras, el Congreso del Estado invadió competencias del Congreso Federal y, en consecuencia, violó el artículo 73 del Pacto Nacional.

Asimismo, aclaró que todos los Magistrados que actualmente integran el Tribunal Superior de Justicia ya fueron ratificados y, por ende, alcanzaron la inamovilidad judicial, por lo que no les sería aplicable la reforma en lo que se refiere a ratificación o no ratificación, al no ser sujetos de dicho procedimiento. Únicamente -dice- sería aplicable por lo que hace al punto de remoción de Magistrados, en cuyo caso tendrían expedito su derecho para ocurrir en demanda de garantías.

7. En el séptimo concepto de invalidez, la demandante estimó que el Decreto Número 274 es violatorio en forma directa de los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque afecta el derecho a la inamovilidad judicial que adquieren los Magistrados de los Estados, una vez que concluye el término para el que fueron nombrados y que además son ratificados por el órgano competente; y la garantía de la sociedad para contar con Magistrados independientes y, por ello, libres de cualquier presión en su actuar.

Lo anterior, porque el Congreso del Estado, a través de un procedimiento, pretende continuar con una evaluación que constitucionalmente ha concluido, en lo que se refiere a los Magistrados que actualmente integran el Tribunal Superior de Justicia, quienes ya han sido objeto de ratificación, mediante resoluciones judiciales emitidas por el Poder Judicial Federal.

Sostiene que la evaluación sobre la actividad judicial de los Magistrados es y se presenta como un requisito esencial para determinar si al concluir el periodo para el que fueron nombrados, siguen gozando de los atributos y exigencias necesarias para ameritar el nombramiento original. Así, la no ratificación no debe ser consecuencia de una actuación arbitraria del órgano encargado de ella, sino, al contrario, sometida tal actividad a la práctica de las reglas lógicas y jurídicas necesarias para poder advertir si realmente el Magistrado sujeto a evaluación merece o no la ratificación.

Desde su punto de vista para los Magistrados propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, que fueron ratificados en su oportunidad, ya no procede esa evaluación permanente.

Advirtió el poder actor que no pasa inadvertido para él, el contenido de la tesis de jurisprudencia P./J. 106/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no resulta del todo aplicable al caso concreto, por lo que no puede ser el sostén de la evaluación permanente que se pretende exista, aun después de la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Consideró que quienes exhibieron la tesis en la exposición de motivos realmente la mutilaron, olvidando que no siempre la cita parcial o incompleta de un criterio puede servir para cumplir con el principio de fundamentación.

Desde su perspectiva, a partir de una correcta interpretación de la tesis referida se tiene que la Suprema Corte justifica la evaluación permanente tomando en cuenta la posibilidad de que el órgano encargado de evaluar al Magistrado, al concluir en la ratificación de éste, incurra en un error de apreciación en su juzgamiento, por lo que ante esta posibilidad y sólo en este caso, el Magistrado, a pesar de la ratificación indebida que a su favor se haya dado por el órgano competente para hacerlo, debe ser permanentemente evaluado.

En el caso particular -dice- no existe la incertidumbre a que se refiere la Suprema Corte y, por tanto, no se manifiesta la necesidad de una evaluación permanente en su función, concretándose particularmente y de manera plena el enunciado que se observa en el artículo 116, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución.

En consecuencia -estimó-, ya no existe duda que la ratificación que se hizo a favor de los Magistrados fue en términos correctos, por lo que una evaluación permanente como la que se establece en la reforma se traduce, ya no en una necesidad justificada, sino al contrario, en una molestia constante a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y, consecuentemente al órgano en sí mismo, desde el momento en que un poder distinto al Judicial se inmiscuye en el funcionamiento propio de la actividad jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Consideró, en suma, que la evaluación permanente violenta de manera directa una norma individualizada: la sentencia ejecutoria de la autoridad judicial federal que se manifiesta como cosa juzgada, y que, por tanto, es una verdad absoluta.

8. En el octavo concepto de invalidez, la parte actora señaló que en tanto los Magistrados que actualmente conforman el Tribunal Superior de Justicia ya fueron ratificados en dicho cargo, y con ello arribaron a la inamovilidad judicial, la disposición contenida en el artículo 58, párrafo séptimo, inciso b), de la Constitución del Estado de Baja California, que prescribe el retiro del Magistrado del referido órgano jurisdiccional al cumplir quince años en el cargo, no resulta aplicable a los mismos, porque las reglas que deben considerarse para el supuesto del retiro en el cargo son las disposiciones que estaban vigentes en el momento que se expidió el nombramiento de cada Magistrado en particular. De otro modo, se estaría reconociendo una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los Magistrados ya inamovibles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.

Sostiene que el artículo 94, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previene que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarán 15 años en el cargo, pero que esta regulación que no es aplicable a los Magistrados que sirven a los Poderes Judiciales de los Estados, por no consignarse nada en ese sentido. Además, no es posible hacer una aplicación extensiva de esa disposición por analogía, dado que los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia se equiparan homólogamente a los Magistrados de Circuito, pero no a los Ministros.

9. En el noveno concepto de invalidez, la parte actora adujo que el decreto impugnado es inconstitucional, porque incorpora nuevas disposiciones al artículo 63 de la Constitución Local, referido a las facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.

9.1. Antes de la reforma, el referido artículo 63, en su fracción VI, in fine, establecía como facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la elección de secretarios de estudio y cuenta a propuesta de los propios Magistrados, basado en la sana lógica de que los Magistrados deben elegir a sus propios secretarios, derivado del puesto de confianza que desempeñan. A partir de la reforma, esa facultad se suprime y ahora se regula en la fracción IV de ese artículo, quedando establecido que los Magistrados eligen al personal jurisdiccional -donde quedan comprendidos los secretarios de estudio y cuenta-, pero no a instancia del Magistrado, sino con base en la lista que al efecto presente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

9.2. La fracción VI del artículo 63 establece un lapso de tres años como periodo de duración en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (antes de la reforma era de dos años), con posibilidad de reelección por otro periodo de igual tiempo. A juicio del poder actor, esa cuestión atañe al sistema interno de integración del Poder Judicial, que como tal, únicamente corresponde a dicho poder su regulación, por ser los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia quienes con mayor precisión conocen y saben las necesidades que requiere la institución en la que laboran.

Más aún: en la página 26 de la exposición de motivos se advierte que los diputados, a su gusto, decidieron ampliar el periodo de duración en la función de presidente del Tribunal Superior de Justicia, por lo que esta parte de la reforma también adolece de la fundamentación y motivación que debe preceder a la norma, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como de fundamentación y motivación reforzada, resultando palpable la violación al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, y por supuesto a los principios de autonomía e independencia que genéricamente engloba el artículo 116, fracción III, del mismo catálogo de leyes.

9.3. Se suprimió lo que hasta antes de la reforma regulaba la fracción IV del numeral 63 de la Constitución Local. Esta fracción disponía que correspondía al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer de los juicios de responsabilidad que debieran seguirse a los funcionarios públicos que gocen de fuero, previa declaratoria en ese sentido.

9.4. También se eliminó la facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que estaba establecida en la fracción VII del artículo 63, relativa al conocimiento de las inconformidades de Jueces, secretarios, actuarios y cualquier personal del Poder Judicial, a excepción de los Magistrados, respecto de los recursos administrativos de queja o visitas de inspección que concluyeran imponiendo cualquier sanción por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

9.5. En el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Constitución Local, los diputados determinaron que las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura tienen el carácter de definitivas e inatacables, por lo que no procede en su contra recurso ni juicio alguno; no se sabe -dice el poder actor- si se refieren al juicio de amparo, ya que la exposición de motivos de la reforma nada dice al respecto, pero considera que esa es la interpretación que habrá de adoptarse.

10. En el décimo concepto de invalidez, la parte actora señaló que le causa perjuicio la modificación del párrafo quinto del artículo 64 de la Constitución del Estado, que se refiere a la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el cual pasó de siete a cinco miembros, tres de los cuales son ajenos al Poder Judicial, nombrados por el Congreso y los otros dos integrantes son el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, además de un consejero supernumerario en términos del artículo 8o. transitorio de la reforma, coloca al Poder Judicial en una situación de dependencia respecto de otro poder, el Legislativo.

Esta disminución en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial aprobada por el Congreso del Estado, sin duda resulta violatoria del principio de autonomía e independencia judicial, recogido a través del principio de división de poderes, cuya proyección en el ámbito de las atribuciones de las autoridades exige el respeto a la no intromisión, no dependencia y no subordinación entre cada una de las entidades, tal como reiteradamente lo ha venido sosteniendo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto es así, a su juicio, dado que si se tiene en cuenta que al tenor del artículo 65, párrafo tercero, de la Constitución reformada en el Estado, para que las sesiones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sean válidas, basta la presencia de tres consejeros, debiendo estar presentes siempre el presidente o el consejero secretario. Con esta disposición, puede suceder que habiendo recaído la designación como consejero secretario en uno de los tres integrantes nombrados por el Consejo de la Judicatura, con su asistencia sumada a la de los otros dos consejeros designados por el Congreso, van a decidir aspectos en cuanto a la vida jurídica del Poder Judicial sin que dicho poder pueda oponerse, debido a la minoría numérica con que cuenta.

De este modo, señala el actor, si el Poder Legislati

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21557-f5aff442/consejo-de-la-judicatura-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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