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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ES UN ACUERDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA EMITIDA EN UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DE PLAZO CUMPLIDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL ACUERDO DE 1o. DE FEBRERO DE 2007 EXPEDIDO POR EL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE FEBRERO SIGUIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE CONTINÚA CON EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE ESOS SERVIDORES PÚBLICOS INICIADO POR DIVERSO ACUERDO DE 25 DE ABRIL DE 2006 Y SE DEJAN SIN EFECTOS LAS PARTES DE ÉSTE QUE EL TRIBUNAL EN PLENO DECLARÓ INVÁLIDOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2006, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2007. · Registro digital (IUS): 20529
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 483.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2007. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de septiembre de dos mil siete.

VISTOS Y, RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el ocho de marzo de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Aquiáhuatl Hernández, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, promovió demanda de controversia constitucional en representación del Poder Judicial de la entidad, en la que impugnó los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"... con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover controversia constitucional, en contra del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con domicilio oficial en el Palacio Legislativo, sito en calle Allende número treinta y uno de la ciudad de Tlaxcala; por la emisión del acuerdo de fecha primero de febrero del año dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día ocho de febrero del año dos mil siete, los actos derivados del citado acuerdo llevados a cabo por el honorable Congreso del Estado de Tlaxcala."

SEGUNDO. El actor narró como antecedentes del caso, en síntesis, los siguientes:

1. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de enero de dos mil siete, emitida dentro de la controversia constitucional 107/2006, emitió el acuerdo de primero de febrero de dos mil siete que se combate.

2. Que el Congreso Estatal publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el acuerdo que se impugna el ocho de febrero de dos mil siete.

3. Que dicho Congreso por acuerdo de primero de febrero de dos mil siete, no sólo ratifica el procedimiento de evaluación inmerso en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, sino que además continúa con este procedimiento facultando al presidente de la Comisión Especial de Evaluación para solicitar a los Magistrados de plazo cumplido, los informes escritos y de no haber inconveniente legal o material alguno, expedientes, libros o legajos que se estimen necesarios para cumplir con su obligación de evaluación.

TERCERO. El tribunal actor hizo valer como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

a) Que desde la primera controversia constitucional 4/2005 se demostró que la pretensión del Congreso Estatal ha sido la de separar a los integrantes del Poder Judicial para poner personas idóneas a sus intereses, que con dicho actuar se violenta el principio de división de poderes y la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ya que utiliza el proceso de evaluación como un instrumento de presión hacia los integrantes del Poder Judicial Estatal.

Asimismo, señala que se violenta el espíritu de los artículos 116 de la Constitución Federal y 84 de la Constitución Estatal, en los que se indica el tiempo y la forma en que debe realizarse el procedimiento de evaluación de los integrantes del Poder Judicial, señalando que esta evaluación se debe realizar antes de que concluya el periodo de duración del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del órgano jurisdiccional.

b) Señala que el Congreso Estatal carece de facultades para seguir realizando las actividades que lleva a cabo, ya que en ninguna disposición se le conceden facultades para evaluar, dictaminar y ratificar a los miembros del Poder Judicial Estatal de manera continua y permanente; y que permitir una situación semejante colocaría a los integrantes del Poder Judicial en una dependencia total respecto al Poder Legislativo Estatal; asimismo, que la independencia y autonomía, que es el espíritu del artículo 116 constitucional, se volviera nugatoria ante esta situación.

Aunado a que el artículo 84 de la Constitución Estatal señala que el procedimiento de evaluación deberá estar inmerso en una ley, esto es, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

c) Que el Congreso siempre se ha manejado por simples acuerdos y no apegado a la normatividad que él creó, olvidando que el Estado de derecho rige para todos, empezando por sí mismo; que cuando el Congreso del Estado legisla para otros, legisla también para sí, las libertades que reconoce y los derechos que alienta se convierten por obra de la Constitución y de la ley, en límites de su poder, en marco de su actuación, en meta de sus funciones.

d) Reitera que al actuar sin facultades legales dicho Congreso, es con la finalidad de desintegrar el Poder Judicial Estatal y ubicar a personas afines a sus intereses dentro de la estructura del órgano jurisdiccional del Estado.

e) Que la resolución dictada por este Alto Tribunal, el ocho de enero de dos mil siete, en la controversia constitucional 107/2006, reconoció la validez del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, expedido por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, mediante el cual se fijaron las bases para que la Comisión Especial de Diputados de dicho Congreso realizara la evaluación y ratificación de los Magistrados de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa; sin embargo, al expresarse en el artículo tercero del acuerdo impugnado que, "... se declara la ratificación de la Comisión de Evaluación y todo el procedimiento que se ha llevado a cabo ... y se faculta al presidente de la Comisión Especial para solicitar a los Magistrados de plazo cumplido los informes escritos ..."; incurre en violación a lo dispuesto por el numeral 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que si bien es cierto que el acuerdo citado fue declarado válido, el acuerdo que ahora se combate resulta violatorio de la disposición constitucional antes citada, porque la validez proviene de un acuerdo que norma un procedimiento, en este caso la evaluación de los Magistrados de plazo cumplido, cuando no existía disposición constitucional local y norma secundaria que contemplara dicho procedimiento; sin embargo, el Congreso demandado, el veinticinco de septiembre de dos mil seis, reformó tanto la Constitución Política Estatal de Tlaxcala como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de esta manera estableció en el artículo 54 de la primera norma citada, facultades del Congreso, en su fracción XXVII, lo siguiente: "Nombrar, y, en su caso, reelegir previa evaluación a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de plazo cumplido, o removerlos en los términos previstos en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado."

f) Agregando que con base en los artículos 84 constitucional y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Tlaxcala, es fácil llegar a la conclusión que el acuerdo de primero de febrero del año en curso violenta lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el poder demandado al emitir el acuerdo que se impugna pretende obviar la existencia de una norma legal, como en el caso lo es la Constitución Política del Estado de Tlaxcala que delimita en su artículo 84 el actuar de la legislatura.

g) Menciona que la autoridad emisora del acto despliega su actuación fuera del marco de la ley, ya que la Constitución Local nos remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ésta señala en el citado artículo 12 que los Magistrados durarán en el cargo seis años y que la reelección o ratificación se realizará previa evaluación objetiva a los mismos.

h) Que si el marco constitucional local y la norma secundaria establecen lineamientos concretos es obvio que el Congreso pretende evadir su responsabilidad constitucional, pues basta recordar que todos y cada uno de los legisladores al tomar posesión de su cargo protestaron guardar y hacer cumplir la Constitución del Estado y la Constitución Federal, y en el caso que nos ocupa, con el acuerdo de primero de febrero de dos mil siete, están dejando de cumplir con ambas Constituciones y con las leyes que de ellas emanan, toda vez que olvidan aplicar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, máxime que ambas disposiciones locales establecen con claridad que los Magistrados durarán en su cargo seis años, y en el caso que nos ocupa los Magistrados de plazo cumplido agotaron su periodo en febrero de dos mil cinco, ahora, si la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señalan que la reelección o ratificación se realizará previa evaluación, es claro que el actuar del Congreso Local debió desplegarse una vez dadas las circunstancias de hecho que permitían al mencionado Congreso actuar en ese sentido, se reitera en el año de dos mil cinco; pero al no hacerlo conforme a derecho correspondía, es evidente que le precluyó su facultad para emitir su resolución, y ahora pretenden retrotraer los efectos de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violentando la propia disposición local transcrita, así como la ley orgánica referida.

En otras palabras, el Congreso violenta el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que señala "Los diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos", dado que realizaron una reforma a la Constitución Política del Estado el veinticinco de septiembre de dos mil seis, y en esa misma fecha también reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y ahora resulta que pretendiendo "evitar la fatiga", aprueban un acuerdo que pretende sustituir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en supuesto cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello violar lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

i) Que el acuerdo que se combate violenta el artículo 84 de la Constitución Estatal vigente, mismo que en su párrafo cuarto hace el señalamiento de que el procedimiento de reelección o ratificación se realizará previa evaluación y que dicho procedimiento se establecerá en la ley orgánica correspondiente; de tal manera que el Texto Constitucional Local vigente señala de manera expresa que el procedimiento de evaluación de los Magistrados de plazo cumplido debe estar inmerso en una ley y no en otro instrumento legislativo, además dejando claro que ese procedimiento deberá estar contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal.

j) Concluyendo, por lo anterior, que el acuerdo que se combate violenta también las disposiciones de los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales hacen alusión a la debida fundamentación y motivación.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima infringidos son 14, 16 y 116.

QUINTO. Por auto de nueve de marzo de dos mil siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que le correspondió el número 28/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda, reconoció el carácter de demandado en la presente controversia constitucional al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, emplazándolo por el término de treinta días hábiles para su contestación; y, de conformidad con la ley que rige el procedimiento de las controversias constitucionales, se dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, al contestar la demanda respectiva, en síntesis, señaló:

1. Que sí es cierto que se inició un procedimiento de evaluación para resolver si los Magistrados de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala son ratificados o no, previa evaluación objetiva; y que para ello se emitió el Decreto Número 71, que creó conforme a sus facultades constitucionales y legales, una comisión especial para ese efecto; que también el veinticinco de abril de dos mil seis se emitió por el Congreso estatal un acuerdo que establece el procedimiento para evaluar a los Magistrados de plazo cumplido. Que todo se hizo siguiendo los lineamientos ordenados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dictó al resolver la controversia constitucional 4/2005.

2. Que también es cierto que el uno de febrero de dos mil siete emitió el acuerdo que ahora se impugna, en cumplimiento a la ejecutoria de la controversia constitucional 107/2006; agregando que la presente controversia es notoriamente improcedente, porque sobre el particular ya existe cosa juzgada, y que el Congreso sólo está tratando de cumplir con lo que se le ordena.

3. Por otra parte, señala que el actor carece de personalidad y de legitimación, porque no fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el año de dos mil siete, por lo que se impugna la personalidad del que se dice representante del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Magistrado Luis Aquiáhuatl Hernández, ya que se ostenta como presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia y lo pretende acreditar con la copia certificada del acta de la sesión de Pleno (ordinaria) iniciada el quince de febrero de dos mil seis y concluida el diecisiete del mismo mes y año; así como con la constancia expedida por la Secretaría General de Acuerdos del propio tribunal, de uno de marzo de dos mil siete, en la cual se hace constar su personalidad que ostenta como presidente del mismo tribunal; documentos que resultan insuficientes y no idóneos para acreditar su personalidad que pretende se le reconozca por este Alto Tribunal.

Asimismo, que no pasa inadvertido para el Congreso del Estado de Tlaxcala demandado, que el promovente haya acudido frente a los demás Magistrados propietarios integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al argumento de la retroactividad de la ley en su beneficio, es decir, que la reforma al establecer el término de dos años para el encargo de presidente le aplicaba en su beneficio, que no en su perjuicio y, por lo mismo, que de facto debía continuar en el encargo por el término de dos años establecido en la reforma, pero esto se estima que no es exacto, porque el presidente en todo caso debe ser electo de entre los Magistrados propietarios y, en este sentido, a los demás Magistrados propietarios que no se encontraban en el desempeño del encargo de presidente, la aplicación retroactiva de la ley vigente les perjudica, al hacerles nugatorio su derecho a ser electo presidente, cualquiera de ellos, por el término de dos años y con el derecho a poder ser reelecto por una sola vez y, en tales condiciones, en este caso concreto, la aplicación retroactiva de la ley no puede regir como principio general, porque a uno lo beneficia, pero a los demás los perjudica.

Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHOS Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."

Concluye que al no justificar el promovente que ha sido electo presidente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en vigor y a lo establecido en el artículo 84 de la propia Constitución Local reformada; pide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare improcedente la presente controversia, por estar planteada por quien carece de personalidad para hacerla valer.

4. Que la esencia de los conceptos de invalidez en donde el actor pretende eludir la evaluación que ya se llevó a cabo y se remite a una evaluación que fue anulada, así como la aplicación del nuevo artículo 84 de la Constitución Local, que entró en vigor en septiembre de dos mil seis; tal argumento constituye cosa juzgada, porque así lo estableció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia 107/2006, pues dejó asentado que no es aplicable tal reforma, ya que el Congreso optó por el procedimiento de evaluación.

5. Reitera que el Congreso sólo trata de cumplir con la ejecutoria de mérito y que sería lamentable que por cada acto tendente a cumplir una ejecutoria de este Alto Tribunal surja una nueva controversia. Que es improcedente la presente, ya que, por su parte, sólo se dictaron los acuerdos necesarios para concluir con el dictamen final de evaluación en cumplimiento a las ejecutorias ya mencionadas; y que, con relación a las argumentaciones sobre el nuevo artículo 84 de la Constitución Local, esa cuestión ya había sido tratada por el Pleno de este Alto Tribunal.

6. Que no tiene razón el actor, al señalar en forma repetitiva invasión a la autonomía del Poder Judicial, a la independencia y a la división de poderes y después de narrar argumentos genéricos, así como los antecedentes del caso, insiste en que ya hubo una evaluación, concluyendo básicamente en que se debe aplicar el artículo 84 de la Constitución Local cuya reforma fue aprobada en el mes de septiembre de dos mil seis.

7. Que con el Congreso aprobó el acuerdo de uno de febrero de dos mil siete, no se violan los artículos 14, 16 y 116 de la Carta Magna, ni la división de poderes, ni la separación de éstos, ni la independencia y autonomía de los mismos; que todo ello es falso, pues sólo se trata de evaluar a los Magistrados de plazo cumplido como se ha ordenado por este Alto Tribunal.

8. Que no obstante ello, cabe afirmar que en el caso ya se hizo una evaluación posterior, porque así fue ordenado por este Alto Tribunal; que el Congreso sí tiene facultades para evaluar y no se viola el artículo 116 de la Carta Magna, ni el principio de inamovilidad, ya que la evaluación era necesaria porque así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no es aplicable el artículo 84 de la Constitución Local que invoca el actor, pues el Congreso no tiene otro propósito que cumplir con la Carta Magna, la Constitución Local y las leyes que lo rigen, en consecuencia, no ha precluido el derecho de esta soberanía para evaluar a los Magistrados de plazo cumplido, como se alega por el demandante, ya que la primera evaluación quedó anulada con motivo de la controversia 4/2005.

9. Que el Congreso emitió un acuerdo para evaluar a los Magistrados, el veinticinco de abril de dos mil seis; que también emitió otro el uno de febrero de dos mil siete, en cumplimiento de la ejecutoria de la controversia 107/2006 y que la comisión evaluadora emitió otro más el seis de febrero de dos mil siete, que se regularizó el procedimiento, solicitando informes por segunda vez a los Magistrados de plazo cumplido, pues inclusive con cierta benevolencia se les dio otra oportunidad en tal aspecto, pero cuatro de ellos siempre fueron contumaces. Que se optó por el procedimiento de evaluación en cumplimiento a la ejecutoria de la controversia 4/2005 y, por ello, no es aplicable en el caso la reforma a la Constitución Local, principalmente los nuevos artículos 54 y 84.

10. Que en tales condiciones, pide el sobreseimiento de esta controversia o, en su caso, declararla infundada, pues no se puede caer en el principio de la prueba diabólica, por la semejanza respectiva en el sentido de que por cada ejecutoria que el Congreso trate de cumplir surja una nueva controversia, pues el actor siempre alegaría invasión de poderes, violación a la autonomía del Poder Judicial y llegaríamos al absurdo de abstenernos en cumplir las ejecutorias para no violar el artículo 116 constitucional y así los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala nunca serían evaluados, ya que sólo reconocen del Congreso las facultades para nombrarlos, pero no para evaluarlos.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, en síntesis, manifestó:

1. Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, la cual fue presentada en tiempo y por persona legitimada para ello.

2. En relación con las causas de improcedencia que hace valer el Congreso del Estado de Tlaxcala, considera que son infundadas; la primera prevista en la fracción IV del artículo 19 de la ley reglamentaria del artículo 105, porque si bien es cierto que existe una identidad de partes tanto en la controversia constitucional 107/2006 y en la que aquí se analiza, no existe tal identidad por lo que hace a los actos impugnados; la segunda, que se refiere a la falta de personalidad y legitimación de la actora, también es improcedente ya que ésta acreditó su personalidad con copias certificadas del acta de sesión ordinaria de pleno de quince de febrero de dos mil seis y con la constancia expedida por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, por lo que, el hecho de que los Magistrados propietarios no hayan sesionado en la primera quincena del mes de febrero del año en curso, a efecto de elegir entre ellos a un presidente, no implica que quien acude al medio de control constitucional no cuente con dicha personalidad.

3. Por último, en cuanto al único concepto de invalidez que hace valer la parte actora, considera que es inoperante en atención a que se constriñe a determinar la constitucionalidad de un acuerdo emitido por el Congreso del Estado Tlaxcala, en cumplimiento a una ejecutoria emitida por el Pleno de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 107/2006, y en la que se sujeta a dicha autoridad demandada a resolver de acuerdo con lo ordenado en la resolución de mérito, por lo que se debe declarar la validez del acuerdo de primero de febrero de dos mil siete.

OCTAVO. Agotado en sus términos el trámite relativo, el treinta de mayo de dos mil siete, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ambos del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Procede analizar la certeza de los actos cuya invalidez se reclama.

El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala señala como actos impugnados en el presente asunto los siguientes:

"... acuerdo de fecha primero de febrero del año dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día ocho de febrero del año dos mil siete los actos derivados del citado acuerdo llevados a cabo por el honorable Congreso del Estado de Tlaxcala."

Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de primero de febrero de dos mil siete, toda vez que a fojas sesenta y dos a sesenta y cuatro de autos obra un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de ocho de febrero de dos mil siete, donde se publicó el acuerdo de referencia.

Por otra parte, debe destacarse que el actor también impugna "los actos derivados del citado acuerdo llevados a cabo por el honorable Congreso del Estado de Tlaxcala", pero no precisa cuáles son los actos a los que se refiere; sin embargo, de las constancias que acompañó a su oficio de demanda se advierte la existencia de los oficios de nueve, doce y dos del veinte, todos de febrero de dos mil siete (fojas 66 a 80 del expediente principal), emitidos por el diputado presidente de la Comisión Evaluadora del Congreso Local, mediante los cuales requiere al Poder Judicial de la entidad diversos informes y remita documentales; debe considerarse que dichos oficios también son impugnados en el presente asunto.

TERCERO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Para efectos de la oportunidad de la demanda, tratándose de actos como el que se impugna en esta vía constitucional, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Para hacer el cómputo del plazo de treinta días señalado en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, se toma en consideración que el poder actor se hace sabedor del acuerdo de primero de febrero de dos mil siete, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad el jueves ocho de febrero de dos mil siete, por lo que el plazo aludido inició el día hábil siguiente, que fue el viernes nueve del mismo mes y concluyó el viernes veintitrés de marzo de dos mil siete, en virtud de que deben descontarse los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del citado mes de febrero, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de marzo, todos de dos mil siete, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el diecinueve de marzo, en el que por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suspendieron las labores en este Alto Tribunal. Por tanto, como la demanda fue presentada el ocho de marzo de dos mil siete, ha de concluirse que es oportuna por lo que hace a dicho acuerdo.

Asimismo, por lo que hace a los oficios de nueve, doce y dos del veinte, todos de febrero de dos mil siete, debe considerarse que su impugnación fue oportuna debido a que fueron emitidos con posterioridad a la fecha de publicación del acuerdo mencionado.

CUARTO. A continuación se procede al análisis de la legitimación de quien promueve.

El artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, a la letra indica:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

En el presente asunto, suscribe la demanda Luis Aquiáhuatl Hernández, quien se ostenta como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Judicial de dicha entidad, personalidad que cuestiona el Poder Legislativo de la entidad, señalando el aludido Magistrado que no fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el año de dos mil siete, por lo que se impugna la personalidad como representante del Poder Judicial de la entidad, pues los documentos con los que pretende acreditar su personalidad resultan insuficientes y no idóneos. Asimismo, que no debió haber aplicado en su beneficio las reformas legales que establecen el término de dos años para el encargo de presidente, porque éste en todo caso debe ser electo de entre los Magistrados propietarios, pues de lo contrario se perjudica a estos últimos y les hace nugatorio su derecho a ser electos como presidentes.

Del examen efectuado a las diversas constancias que integran el expediente, se advierte que, de fojas veinticuatro a cincuenta, obra el acta de sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, iniciada el quince de febrero de dos mil seis, y concluida el diecisiete del mismo mes y año.

De dicha acta (foja 42 de autos) se desprende que el Magistrado Luis Aquiáhuatl Hernández fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a partir del diecisiete de febrero de dos mil seis, por el periodo de un año, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad citada,(3) vigente al momento de la elección.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que los artículos 84, párrafo tercero, de la Constitución Local(4) y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala,(5) actualmente vigentes, prevén que el presidente del tribunal durará en su encargo dos años, sin embargo, dichas normas no tienen disposición transitoria aplicable al presidente que se encontraba en ejercicio al momento de su reforma, por lo que es claro que éste debió culminar su periodo conforme a las normas vigentes al momento de su elección.

Tomando en cuenta lo anterior, si el Magistrado presidente fue nombrado el diecisiete de febrero de dos mil seis, por el plazo de un año, como qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20529-84aded05/controversia-constitucional-procede-cuando-el-acto-impugnado-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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